STC901-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC901-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-00633-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 28 de mayo de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Gelen Abellyth Su\u00e1rez Paredes contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y la sociedad Educasalud Ltda, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Descongesti\u00f3n de la misma ciudad, los ciudadanos Alberto Gabriel Restrepo Orlandi y Mercedes Helen Restrepo Orlandi, y, dem\u00e1s intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la dignidad humana y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad accionada, dentro del proceso ordinario laboral que promovi\u00f3 contra Educasalud Ltda, Alberto Gabriel y Mercedes Helen Restrepo Orlandi, identificado con el radicado 2011-00285-00 <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se ordene a la Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, \u00abdej[ar] sin efecto la providencia del 23 de octubre de 2019 (\u2026) por medio de la cual se cas\u00f3 la sentencia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, y en sede de instancia se revoc\u00f3 parcialmente la sentencia del Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 [y] la providencia de 22 de enero de 2020 (\u2026) mediante la cual se neg\u00f3 la adici\u00f3n de [aquel fallo]\u00bb, y en consecuencia, \u00abproferir una sentencia mediante la que se valore correctamente las pruebas procesales aportadas al proceso (\u2026) se liquide el auxilio de cesant\u00edas sobre la suma de $900.000 que fue el salario realmente devengada (\u2026) en los a\u00f1os 2022. 2003 y 2005, (\u2026), adicionar la sentencia proferida respecto a la sanci\u00f3n moratoria generada por el no pago de las cesant\u00edas a la terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n laboral (\u2026) se le reconozca un d\u00eda de salario por cada d\u00eda de mora a partir de la terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n laboral, es decir desde el 12 de enero de 2011, generados por la falta de pago de las prestaciones sociales, en especial el auxilio de cesant\u00edas (\u2026) aclarar el punto tercero de la sentencia proferida dentro del proceso de la referencia, en cuanto decret\u00f3 la prescripci\u00f3n parcial en relaci\u00f3n con la sanci\u00f3n moratoria por la no consignaci\u00f3n al fondo de cesant\u00edas del auxilio de cesant\u00edas, pero no indic\u00f3 hasta que fecha operaba la prescripci\u00f3n (\u2026) reconocer[le] un d\u00eda de salario por cada d\u00eda de mora, desde el 15 de febrero de 2008, hasta el 11 de enero de 2012, valores que corresponden a la sanci\u00f3n moratoria por la falta de consignaci\u00f3n de cesant\u00edas, durante la vigencia de la relaci\u00f3n laboral\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reclamos, aduce en compendio, que dentro del referido juicio pretendi\u00f3 que se declarara que tuvo un contrato de trabajo a t\u00e9rmino indefinido con la sociedad demandada desde el 21 de marzo de 2002 al 12 de enero de 2011, percibiendo al momento de su retiro un sueldo promedio de $2`406.000,oo cuando la relaci\u00f3n laboral concluy\u00f3 sin justa causa, por lo que, en consecuencia, deb\u00eda su empleador cancelarle 187 d\u00edas de salario; que se declarara que su patrono no aport\u00f3 para su pensi\u00f3n entre el 1\u00ba de noviembre de 2002 y el 30 de mayo de 2004, por lo que deb\u00eda pagar ese dinero a su fondo, y, que por haber realizado aportes a salud y pensiones entre el 30 de mayo de 2004 y el 12 de enero de 2011 calculados sobre un salario inferior al realmente devengado, deb\u00eda completarlos; as\u00ed mismo, que le fueron pagadas cesant\u00edas por lo trabajado entre el 21 de marzo de 2002 y el 31 de diciembre de 2005, junto con la multa de un d\u00eda de salario por cada d\u00eda de mora; se declarara que su patrono le adeudaba a la fecha de terminaci\u00f3n del contrato de trabajo $6\u00b4865.944 por concepto de salarios y prestaciones, incluidas las cesant\u00edas causadas entre el 1\u00ba de noviembre de 2002 y el 30 de mayo de 2004, y que deb\u00eda, en consecuencia, pagarle como sanci\u00f3n un d\u00eda de salario por cada d\u00eda de mora; que su empleador no le inform\u00f3 por escrito dentro de los 60 d\u00edas siguientes a la terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n laboral el estado de pagos de cotizaci\u00f3n de seguridad social y parafiscales, por lo que deb\u00eda pagarle como sanci\u00f3n moratoria desde el d\u00eda 61 un d\u00eda de salario por cada d\u00eda de mora; sumas todas estas que deb\u00edan ser indexadas desde su fecha de exigibilidad hasta la de su pago, con solidaridad en el pago de Mercedes Helen y Gabriel Restrepo Orlandi. <\/p>\n
Narra que en sentencia del 21 de octubre de 2013, el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1 conden\u00f3 a la demandada a pagar \u00abPRIMERO: (\u2026) los aportes al sistema integral de seguridad social en pensiones desde el 1 de noviembre de 2002 al 30 de mayo de 2004 sobre el salario m\u00ednimo legal, as\u00ed como al pago de la diferencia entre las sumas aportadas a partir del a\u00f1o 2008, para incluir como salario base de cotizaci\u00f3n, la suma de $340.000 por medios de transporte y a partir del 16 de abril de 2009, para incluir la suma de $344.000 por medios de transporte y $300.000 de bonos sodexo, como ingreso base de cotizaci\u00f3n\u00bb; adem\u00e1s, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n respecto a la sanci\u00f3n por no consignaci\u00f3n del auxilio de cesant\u00edas con anterioridad al a\u00f1o 2005 y solidaria en el pago a Mercedes Helen Restrepo Orlandi hasta por el l\u00edmite de sus aportes a la sociedad demandada; y, absolvi\u00f3 a la empresa por las dem\u00e1s pretensiones. <\/p>\n
Sostiene que apel\u00f3 esa decisi\u00f3n y en sentencia del 8 de mayo de 2014 la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral del Tribunal Superior del Bogot\u00e1 resolvi\u00f3 revocar el numeral primero de la misma, para en su lugar, absolver a la sociedad demandada y confirmar el resto de lo decidido, determinaci\u00f3n que atac\u00f3 mediante el recurso extraordinario de casaci\u00f3n y fue casada parcialmente por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por lo que en fallo sustitutivo del 23 de octubre de 2019 se resolvi\u00f3: \u00abPRIMERO: Modificar el numeral primero de la sentencia emitida por el Juzgado Catorce Laboral de Descongesti\u00f3n del Circuito de Bogot\u00e1, el 21 de octubre de 2013, para en su lugar ordenar a la demandada a pagar a favor de la accionante los aportes al sistema integral de seguridad social en pensiones as\u00ed: 1.-Desde el 1\u00ba de noviembre de 2002 hasta el 30 de mayo de 2004, sobre un salario m\u00ednimo mensual legal vigente para cada a\u00f1o 1. Desde el 22 de diciembre de 2007 hasta el 15 de abril de 2009, sobre la diferencia en relaci\u00f3n al IBC cotizado (900.000) y respecto del realmente devengado ($1\u00b4200.000). 3. Desde el 16 de abril de 2009 hasta el 30 de abril de 2010, sobre la diferencia en relaci\u00f3n al IBC cotizado ($1\u00b4300.000) y respecto del realmente devengado ($1\u00b4600.000). 4. Desde el 1\u00ba de mayo de 2010 hasta el 12 de enero de 2011, sobre la diferencia en relaci\u00f3n al IBC cotizado (1\u00b4500.000) y respecto del realmente devengado (1\u00b4800.000). SEGUNDO: Revocar parcialmente el numeral segundo de la sentencia emitida por el Juzgado Catorce Laboral de Descongesti\u00f3n del Circuito de Bogot\u00e1, el 21 de octubre de 2013, para en su lugar, condenar a EDUCASALUD LTDA a pagar a favor de la demandante Gelen Su\u00e1rez Paredes, la suma de $954.962 por concepto de auxilio de cesant\u00edas causadas en los periodos; i) del 21 de marzo de 2002 al 31 de diciembre de 2002; ii) de 1\u00ba de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2003; y iii) del 1\u00ba de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2005. TERCERO: Declarar parcialmente probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, en especial en relaci\u00f3n con la sanci\u00f3n moratoria por la no consignaci\u00f3n del auxilio de cesant\u00edas en el fondo correspondiente. Frente a las dem\u00e1s se tienen por no probadas. CUARTO: En lo dem\u00e1s se mantiene la decisi\u00f3n del a quo, con las modificaciones introducidas por el Tribunal\u00bb. <\/p>\n
Manifiesta que solicit\u00f3 adici\u00f3n de la precitada decisi\u00f3n, porque ning\u00fan pronunciamiento se hizo respecto de la sanci\u00f3n moratoria generada porque al momento de la terminaci\u00f3n del contrato no se le pagaron directamente las cesant\u00edas correspondientes al 2002, 2003 y 2005; el pago de la fracci\u00f3n de salarios y prestaciones sociales que se le deb\u00edan al momento de la terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n laboral; la mora generada por el no pago de los aportes a la seguridad social; y, el pago de la sanci\u00f3n por la mora en hab\u00e9rsele comunicado dentro de los 60 d\u00edas siguientes a la terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n laboral el pago de los aportes al sistema de seguridad social. Del mismo modo, agrega, pidi\u00f3 aclaraci\u00f3n sobre hasta cuando operaba la prescripci\u00f3n declarada sobre la sanci\u00f3n moratoria por la no consignaci\u00f3n de las cesant\u00edas; solicitudes de adici\u00f3n y aclaraci\u00f3n resueltas desfavorablemente mediante decisi\u00f3n del 22 de enero de 2020. <\/p>\n
Afirma que en lo decidido se incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, al haberse liquidado las cesant\u00edas de los a\u00f1os 2002, 2003 y 2005 con base en un ingreso inferior su ingreso de la \u00e9poca, ya que se consider\u00f3 que para la fecha de causaci\u00f3n de aquellas cesant\u00edas devengaba un salario m\u00ednimo, pasando por alto que exist\u00eda una certificaci\u00f3n laboral donde se indicaba que para el 25 de julio de 2003 ella devengaba $900.000 mensuales; adem\u00e1s, se comput\u00f3 err\u00f3neamente el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n generada por la no consignaci\u00f3n de sus cesant\u00edas al fondo, as\u00ed como la sanci\u00f3n por el no pago de las mismas luego de terminado el v\u00ednculo laboral, ignor\u00e1ndose que \u00abla actitud morosa se prorrog\u00f3 hasta el 11 de enero de 2011, \u00e9poca en la que termin\u00f3 la relaci\u00f3n laboral, por lo cual se caus\u00f3 un d\u00eda de salario por cada d\u00eda de mora en dicho lapso de tiempo\u00bb, pero en vez de ello, el Alto Tribunal de Casaci\u00f3n Laboral se refiri\u00f3 \u00fanicamente al periodo de mora transcurrido hasta el 16 de febrero de 2006, sin reparar en la morosidad presentada desde el d\u00eda siguiente y hasta la fecha de cancelaci\u00f3n el contrato de trabajo. <\/p>\n
Asevera que no se tuvo en cuenta que al finalizar su contrato de trabajo, su patrono no le pag\u00f3 directamente las cesant\u00edas que le deb\u00eda de los a\u00f1os 2002, 2003 y 2005, por lo que debi\u00f3 ser sancionado con el pago de un d\u00eda de salario por cada d\u00eda de mora desde el 12 de enero de 2011 y hasta por dos a\u00f1os; de otro lado, la Corporaci\u00f3n criticada tampoco se pronunci\u00f3 sobre la reliquidaci\u00f3n de las prestaciones sociales ni sobre la sanci\u00f3n moratoria generada por el no pago de la fracci\u00f3n de las prestaciones sociales, tras declararse \u00abincompetente por falta de legitimidad\u00bb, porque supuestamente esas inconformidades no fueron expuestas al apelarse la sentencia de primera instancia, de modo que en la sentencia de casaci\u00f3n no se pod\u00eda reprochar al Tribunal de Bogot\u00e1 no haberse manifestado sobre el particular, empero, dice, esos reparos fueron planteados en \u00ablos p\u00e1rrafos 9\u00ba y 10\u00ba del memorial del recurso de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Finalmente asegura, que a pesar de que el Alto Tribunal de Casaci\u00f3n estableci\u00f3 que los aportes a pensiones se hicieron por un valor inferior al devengado, no \u00aborden\u00f3 ninguna sanci\u00f3n econ\u00f3mica por ese hecho. Tambi\u00e9n se ignor\u00f3 que desde el 21 de marzo de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2003 y en el 2005, no se hicieron aportes a pensiones\u00bb, raz\u00f3n por la que, al estudiar el material probatorio, dicha autoridad \u00abhizo una valoraci\u00f3n defectuosa del mismo, rest\u00e1ndole eficacia jur\u00eddica a una serie de piezas procesales con las cuales se demostr\u00f3 que en el periodo correspondiente a los a\u00f1os 2002, 2003 y 2005 no se consignaron al fondo de cesant\u00edas valor alguno por concepto de auxilio de las cesant\u00edas, que el salario b\u00e1sico de esa \u00e9poca era de $900.000, que a la terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n no se cancelaron las cesant\u00edas de dichos periodos, ni la fracci\u00f3n de la prima de servicio ,de vacaciones ni los intereses de cesant\u00edas, todas estas correspondientes al 2010 y 2011\u00bb, situaciones \u00e9stas que, en su criterio, justifican la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a). La Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte manifest\u00f3, que para la fijaci\u00f3n del salario tenido en cuenta para el c\u00e1lculo de las cesant\u00edas de la gestora del amparo de los a\u00f1os 2002, 2003 y 2005, \u00abse advirti\u00f3 que al momento de liquidar dicha obligaci\u00f3n, al plenario no se alleg\u00f3 prueba de los salarios que le fueron cancelados a la trabajadora demandante en esos periodos, raz\u00f3n por la cual deb\u00eda cuantificarse teniendo en cuenta el salario m\u00ednimo legal mensual vigente\u00bb. <\/p>\n
Respecto al no reconocimiento de la sanci\u00f3n por la consignaci\u00f3n de las cesant\u00edas en los precitados a\u00f1os, sin que supuestamente se especificara cu\u00e1les de esos valores hab\u00edan prescrito, indic\u00f3 que con sustento en los art\u00edculo 98 y 99 de la Ley 50 de 1990, se explic\u00f3 que aquel castigo nac\u00eda por el incumplimiento del empleador en pagar la prestaci\u00f3n en el respectivo fondo, dentro del plazo fijado por la ley, es decir, antes del 15 de febrero del a\u00f1o siguiente al de generaci\u00f3n de las cesant\u00edas, de manera que al haberse probado que para el 15 de abril de 2011, cuando se present\u00f3 la demanda, hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de tres (3) a\u00f1os desde la causaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n de consignar esos valores, hab\u00eda operado el fen\u00f3meno extintivo. <\/p>\n
b). La Procuradora 26 Judicial II para el Trabajo y la Seguridad Social estim\u00f3, que no exist\u00edan \u00abdesatinos\u00bb atribuibles a lo decidido por la autoridad jurisdiccional accionada. <\/p>\n
c). La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 inform\u00f3, que el expediente del asunto hab\u00eda sido remitido al juzgado de primera instancia el 27 de febrero de 2020, por lo que no pod\u00eda suministrar el informe requerido para la tutela; no obstante, se atuvo a lo que plasm\u00f3 en las decisiones que profiri\u00f3 dentro del decurso cuestionado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia accedi\u00f3 parcialmente a la protecci\u00f3n, para lo cual consider\u00f3 que, \u00abla Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n laboral, al momento de efectuar la liquidaci\u00f3n del monto de las cesant\u00edas por los a\u00f1os 2002, 2003 y 2005, no tuvo en cuenta la certificaci\u00f3n laboral expedida por EDUCASALUD LTDA., el 25 de julio 2003, mediante la cual se dio a conocer que GELEN ABELLYTH devengaba, desde el 21 de marzo de 2002 y hasta ese momento, la suma de $900.000\u00b0\u00b0, documento que, a decir de la accionante, obraba dentro del expediente, a folios 30 y 199, y del cual aport\u00f3 copia como anexo, lo que llev\u00f3 a la accionada a pregonar que tal c\u00e1lculo lo har\u00eda teniendo en cuenta \u201cel salario m\u00ednimo mensual legal vigente\u201d. <\/p>\n
La afirmaci\u00f3n de la accionante en relaci\u00f3n con la existencia de dicha certificaci\u00f3n salarial en momento alguno fue desvirtuada o tachada de falaz por la Sala en menci\u00f3n, al momento de descorrer el traslado de la demanda de tutela, sino que se limit\u00f3 a indicar que, en relaci\u00f3n con el salario tenido en cuenta para efectos de la fijaci\u00f3n del valor de las cesant\u00edas por los a\u00f1os 2002, 2003 y 2005, \u201cse advirti\u00f3 que al momento de liquidar dicha obligaci\u00f3n, al plenario no se alleg\u00f3 prueba de los salarios que le fueron cancelados a la trabajadora demandante en esos per\u00edodos, raz\u00f3n por la cual deb\u00eda cuantificarse teniendo en cuenta el salario m\u00ednimo legal mensual vigente, lo cual de ning\u00fan (sic) manera desconoce alg\u00fan derecho fundamental, por el contrario hace posible concretar la condena ante la falta de prueba en este puntual aspecto, carga probatoria que le correspond\u00eda a la parte actora y que no cumpli\u00f3\u201d. <\/p>\n
Pero si lo anterior no fuera suficiente, acontece que de la copia de los fallos de primera y segunda instancia emitidos por el Jugado 14 Laboral del Circuito de Descongesti\u00f3n de la capital de la Rep\u00fablica y la Sala Laboral de Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, expedidos el 21 de octubre de 2013 y el 8 de mayo de 2014, respectivamente, aportados por la accionante, se advierte que ambas instancias relacionaron como prueba documental la certificaci\u00f3n laboral antes referida, existente precisamente en el folio 199, como se evidencia en las p\u00e1ginas 21 \u2013\u00faltimo p\u00e1rrafo- y 22 \u2013primer p\u00e1rrafo- de la sentencia del juzgado y en el sexto inciso de la parte considerativa de la decisi\u00f3n del tribunal. <\/p>\n
Por consiguiente, ha de tenerse como cierta la aseveraci\u00f3n de GELEN ABELLYTH, m\u00e1xime cuando, pese a que se solicit\u00f3 por correo electr\u00f3nico al Juzgado 19 Laboral del Circuito de la capital de la Rep\u00fablica el env\u00edo de copia de la demanda laboral y sus anexos, como de los folios 196 al 205 de la actuaci\u00f3n, con el prop\u00f3sito de verificar la existencia de dicha certificaci\u00f3n, hasta el momento de la emisi\u00f3n de la presente sentencia, ello no se ha materializado, lo que no obsta para que, con fundamento en el art\u00edculo 20 del Decreto 2591 de 1991 (presunci\u00f3n de veracidad), se tenga por cierta dicha aserci\u00f3n, con la consecuencia penal que su falsedad conllevar\u00eda: comisi\u00f3n del delito de fraude procesal. <\/p>\n
Consecuencia de lo anterior orden\u00f3, \u00abDEJAR SIN EFECTO el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia de casaci\u00f3n emitida el 23 de octubre de 2019, por la Sala de Descongesti\u00f3n N\u00b0 1 de la Sala de Casaci\u00f3n laboral, la que deber\u00e1, dentro de los quince (15) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de la presente sentencia, proceder a pronunciarse sobre el tema, para lo cual deber\u00e1 solicitar la devoluci\u00f3n del expediente al juzgado de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
Resolvi\u00f3, adem\u00e1s, \u00abSegundo: NEGAR la tutela en relaci\u00f3n con las dem\u00e1s pretensiones de la accionante\u00bb, para lo cual consider\u00f3 que \u00abla Sala de Descongesti\u00f3n Laboral N\u00b0 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral s\u00ed se pronunci\u00f3 en torno a la sanci\u00f3n moratoria por el no pago o consignaci\u00f3n de las cesant\u00edas, determinando que \u00e9sta hab\u00eda prescrito\u00bb; y en cuanto a las quejas porque supuestamente se omiti\u00f3 pronunciamiento sobre la liquidaci\u00f3n de salarios y prestaciones sociales adeudadas para el momento de la cancelaci\u00f3n del contrato de trabajo, causados porque se hab\u00edan calculado sobre un salario inferior al realmente devengado, y, de otra parte, porque no obstante se hab\u00eda probado la mora en el pago de los aportes al sistema general de seguridad social, no se hab\u00eda impuesto la sanci\u00f3n moratoria respectiva, consider\u00f3 que \u00abello no se ajusta a la realidad, ya que la Sala de Descongesti\u00f3n N\u00b0 1 s\u00ed lo hizo, cosa distinta es que determinara que sobre el particular no hab\u00eda lugar a pronunciamiento por falta de legitimidad, en raz\u00f3n a que \u201cel ad quem no pudo haber incurrido en los errores de hecho 4, 5, 7, y 8 [aducidos en el cargo segundo de la demanda de casaci\u00f3n], comoquiera que, al no haber sido planteados en el recurso de apelaci\u00f3n, tampoco fueron objeto de pronunciamiento por parte del juez de segunda instancia\u201d\u00bb.. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la promotora, censurando espec\u00edficamente que \u00abel a quo, no se percat\u00f3 que la sentencia atacada contiene un error en los supuesto l\u00f3gicos de su raciocinio, pues la condena de las cesant\u00edas se dio porque hasta la fecha no se ha acreditado el mismo, lo [cual] implica una mora patronal, y esta conlleva la sanci\u00f3n moratoria por la no cancelaci\u00f3n de las prestaciones sociales. Sin embargo, a la accionante no se le reconoci\u00f3 valor alguno por dicho concepto, a pesar de haberse planteado dicho t\u00f3pico en la demanda de casaci\u00f3n. Es evidente que, a partir de la terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n laboral existe la mora patronal por la falta de pago del auxilio de cesant\u00edas, la cual, conforme lo prev\u00e9 el articulo 249 CST; es una prestaci\u00f3n social, por tanto, procede indemnizaci\u00f3n moratoria del art\u00edculo 65 del CST. Circunstancia que no fue valorada por el juez de tutela tampoco. <\/p>\n
Desestima, el juez de tutela, la circunstancia que, la sanci\u00f3n moratoria empez\u00f3 acorrer desde el 12 de enero de 2011, \u00e9poca de terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n laboral. por ende, el 15 de abril de 2011 se interrumpi\u00f3 la prescripci\u00f3n trienal sobre la misma, pues la demanda se radic\u00f3 en dicha fecha, es decir, tres meses despu\u00e9s de haber iniciado el termino de prescripci\u00f3n. Raz\u00f3n por la que, dicha sanci\u00f3n no se encuentra prescripta, por ende, debi\u00f3 condenarse a pagar un d\u00eda de salario por cada d\u00eda de mora, esto a partir del 12 de enero de 2011 y hasta por dos a\u00f1os. Ello en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 65 del C\u00f3digo Sustantivo de Trabajo. Situaci\u00f3n que no fue definida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, pues en sede de instancia decret\u00f3 la prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n moratoria generada por otra circunstancia, la no consignaci\u00f3n al fondo de Cesant\u00edas\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla, la acci\u00f3n de tutela frente a decisiones judiciales es improcedente, debido al respeto que corresponde garantizar a la autonom\u00eda de la actividad jurisdiccional, no obstante, por v\u00eda jurisprudencial se ha establecido su viabilidad excepcional y extraordinaria, siempre que no existan mecanismos judiciales para atacar la decisi\u00f3n, el reclamo se eleve con prontitud y exista causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte al puntual motivo de inconformidad expuesto en la impugnaci\u00f3n por la ciudadana Gelen Abellyt Su\u00e1rez Paredes, se constata que recae, en lo fundamental, contra la sentencia dictada el 23 de octubre de 2019 por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuya aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n fue negada en prove\u00eddo del 22 de enero de 2020, con que se cas\u00f3 el fallo del 8 de mayo de 2014 de la Sala Laboral de Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, emitida en el marco del proceso ordinario laboral que aquella promovi\u00f3 contra Educasalud Ltda, Mercedes Helen Restrepo Orland\u00ed y Gabriel Restrepo Orland\u00ed, pues seg\u00fan su criterio, en dicho fallo de casaci\u00f3n se omiti\u00f3 sancionar a los demandados con un d\u00eda de salario por cada d\u00eda de mora, por el no pago al momento de la terminaci\u00f3n del contrato laboral de lo correspondiente a las cesant\u00edas de los a\u00f1os 2002, 2003 y 2005, calculado desde el precitado hito, pese a ser un pago diferente de la sanci\u00f3n causada por la no consignaci\u00f3n en su momento de esas mismas cesant\u00edas en el respectivo fondo, pago \u00e9ste que se declar\u00f3 prescrito. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisados los argumentos que sustentan el escrito de impugnaci\u00f3n y aqu\u00e9llos expuestos en la determinaci\u00f3n criticada, no se advierte que deba modificarse la decisi\u00f3n constitucional de instancia que concedi\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional, por cuanto lo fallado, en cuanto al reclamo de la se\u00f1ora Su\u00e1rez Paredes en la r\u00e9plica presentada, no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas esenciales cuya protecci\u00f3n invoca la promotora de la queja constitucional, tal y como pasa a verse: <\/p>\n
3.1. En la sentencia de instancia emitida por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte a continuaci\u00f3n del fallo de casaci\u00f3n antes citado, se consider\u00f3 frente al tema objeto de inconformidad que, \u00aben cuanto a la sanci\u00f3n por la no consignaci\u00f3n de cesant\u00edas, de conformidad con lo establecido por los art\u00edculos 98 y 99 de la Ley 50 de 1990, se tiene que el origen de la misma es el incumplimiento del empleador al no consignar las cesant\u00edas a un fondo creado para tal fin y dentro del plazo m\u00e1ximo previsto por la Ley, que se recuerda es el 14 de febrero del a\u00f1o subsiguiente a cuando se deben consignar. <\/p>\n
Dicho de otra manera, una cosa es el incumplimiento del plazo fijado por la ley para que el empleador cumpla con la obligaci\u00f3n de consignar el monto de las cesant\u00edas causadas a 31 de diciembre del a\u00f1o inmediatamente anterior, caso en el cual se impone dicha sanci\u00f3n, y otra muy distinta, es que las cesant\u00edas se causan cuando termina el contrato de trabajo, que es propiamente el momento desde el cual surge la obligaci\u00f3n de satisfacer las sumas causadas por este concepto, raz\u00f3n por la cual, el t\u00e9rmino de la prescripci\u00f3n para la sanci\u00f3n por no consignaci\u00f3n del auxilio de la cesant\u00edas, se contabiliza anualmente, a partir del 15 de febrero de cada a\u00f1o. <\/p>\n
Refuerza lo anterior, lo dicho por la Corte en sentencia CSJ SL, 1 feb. 2011, Rad 35603, en la cual se sostuvo: <\/p>\n
[\u2026] <\/p>\n
La sanci\u00f3n moratoria del art\u00edculo 99-3 de la Ley 50 de 1990, surge a la vida jur\u00eddica el 15 de febrero de cada anualidad, pues es antes de ese d\u00eda que el empleador debe consignar el valor liquidado del auxilio de cesant\u00eda. Entonces, si el empleador no consigna en la fecha se\u00f1alada, la dicha sanci\u00f3n moratoria empieza su vigencia desde entonces, es decir, se hace exigible. Y si ya se tiene la fecha de exigibilidad, la prescripci\u00f3n de la misma est\u00e1 regulada por los art\u00edculos 488 del C. S. del T. y 151 del C. P. del T. y de la S.S. <\/p>\n
Ahora, si a la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo, el empleador no ha cumplido con su deber de consignar dentro de los t\u00e9rminos de ley, surge otra obligaci\u00f3n a su cargo, cual es la de pagar directamente al trabajador esa prestaci\u00f3n. Pero desde este momento, conforme lo tiene adoctrinado la jurisprudencia de la Corte, la omisi\u00f3n de dicho pago directo acarrea para el empleador la sanci\u00f3n moratoria prevista en el art\u00edculo 65 del C. S. del T., de manera que \u00e9sta reemplaza la causada por la falta de consignaci\u00f3n, es decir, que la sanci\u00f3n moratoria por la no consignaci\u00f3n del auxilio de cesant\u00eda, corre hasta la terminaci\u00f3n del contrato, momento en el cual el empleador debe pagar, no solo los saldos adeudados, sino el causado en la respectiva anualidad en la que finaliza el v\u00ednculo contractual laboral. (Subraya la Sala) <\/p>\n
Por lo tanto, los t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n de la sanci\u00f3n por no consignaci\u00f3n de cesant\u00edas, se cuentan desde su fecha de exigibilidad, esto es de manera anualizada. As\u00ed atendiendo que la demandada propuso la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, se tiene que esta prospera, por cuanto en el expediente no obra prueba tendiente a demostrar la interrupci\u00f3n de este fen\u00f3meno, y la demanda inaugural se present\u00f3 el 15 de abril de 2011, cuando ya hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de tres a\u00f1os desde la causaci\u00f3n de la obligaci\u00f3n de consignar la prestaci\u00f3n en menci\u00f3n, as\u00ed: <\/p>\n
3.2. Sobre el mismo punto razon\u00f3 la autoridad jurisdiccional accionada al manifestarse sobre la solicitud de aclaraci\u00f3n presentada por la actora, que \u00abrespecto de la indemnizaci\u00f3n moratoria por la no consignaci\u00f3n o pago del auxilio de la cesant\u00eda correspondiente a los a\u00f1os 2002, 2003 y 2005. Se recuerda que sede de casaci\u00f3n en el cargo primero se analiz\u00f3 el tema de la falta de pago del auxilio de la cesant\u00eda de los a\u00f1os 2002, 2004 y 2005, en donde se resolvi\u00f3 casar la decisi\u00f3n del ad quem por la errada valoraci\u00f3n de la plantilla obrante a folio 215 del expediente, ya que conforme \u00e9sta el empleador solo consign\u00f3 la cesant\u00eda en forma proporcional desde el 16 de abril de 2004 hasta el 31 de diciembre de esa misma anualidad, por considerar que con anterioridad a esa data no ten\u00eda esa obligaci\u00f3n, pues la demandante no contaba con v\u00ednculo laboral, qued\u00e1ndole pendiente por reconocer las correspondientes a: i) del 21 de marzo de 2002 al 31 de diciembre de 2002; ii) del 1\u00ba de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2003; y iii) del 1\u00ba de enero de 2005. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Ahora, en relaci\u00f3n con la indemnizaci\u00f3n moratoria por la no consignaci\u00f3n de cesant\u00edas, regulada en los art\u00edculos 98 y 99 de la Ley 50 de 1990, se indic\u00f3 que esta se originaba en el incumplimiento del empleador al no consignar las cesant\u00edas a un fondo creado para tal fin y dentro del plazo m\u00e1ximo previsto por la Ley, que se recuerda es el 14 de febrero del a\u00f1o subsiguiente a cuando se deben consignar, es decir, es que a partir de esa data se causa dicha sanci\u00f3n, empezando su vigencia y exigibilidad, raz\u00f3n por la cual desde esa fecha aplica la prescripci\u00f3n regulada en los art\u00edculos 488 del CST y 151 CPTSS. <\/p>\n
Por lo anterior, se explic\u00f3 como la demanda inaugural se present\u00f3 el 15 de abril de 2011, la indemnizaci\u00f3n moratoria del auxilio de la cesant\u00eda de los a\u00f1os 2002, 2003 y 2005, se encontraba prescrita, pues hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de tres a\u00f1os, entre la exigibilidad de la misma y la data en que se radic\u00f3 la demanda (\u2026). Con lo cual, en el numeral tercero de la sentencia de casaci\u00f3n CSJ SL4608-2019, proferida por esta Sala el 23 de octubre del a\u00f1o mencionado, se declar\u00f3 parcialmente probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, en especial en relaci\u00f3n con la sanci\u00f3n moratoria por la consignaci\u00f3n del auxilio de las cesant\u00edas de los periodos 2002, 2003 y 2005 en el fondo correspondiente\u00bb. <\/p>\n
3.3. De este modo, a diferencia de lo considerado por la accionante en la impugnaci\u00f3n, no cabe duda que la decisi\u00f3n emitida por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia se soport\u00f3 en un razonable entendimiento de las normas sustanciales aplicables al caso concreto, al tamiz de jurisprudencia emitida sobre la tem\u00e1tica en particular, por lo que el mero disentimiento con la interpretaci\u00f3n normativa y jurisprudencial realizada por la autoridad del asunto, no permite per se la intromisi\u00f3n del juez constitucional para modificar o invalidar lo resuelto. <\/p>\n
Como qued\u00f3 visto, para arribar a la determinaci\u00f3n cuestionada, el Alto Tribunal accionado consider\u00f3 que para la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda ya hab\u00eda prescrito la sanci\u00f3n por no haberse consignado oportunamente en el fondo respectivo las cesant\u00edas causadas a favor de la accionante, por haber transcurrido tres (3) a\u00f1os contados a partir del d\u00eda 15 de febrero del a\u00f1o inmediatamente siguiente al de exigibilidad de cada una de dichas prestaciones, de manera que para la fecha de terminaci\u00f3n del contrato ninguna sanci\u00f3n era posible aplicar, por haberse extinguido la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
3.4. As\u00ed las cosas, como la sola divergencia conceptual, o el no compartir el sentido de la decisi\u00f3n anotada, no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional, no cabe duda que en el presente caso la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, pues, como lo ha se\u00f1alado invariablemente la Sala de tiempo atr\u00e1s, \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC825-2020). <\/p>\n
4. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC901-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC901-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-00633-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de febrero de dos mil veintiuno) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 28 de mayo de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[33],"tags":[],"class_list":["post-53720","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53720","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53720"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53720\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53720"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53720"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53720"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}