AC616-2021 (2011-00042-01)<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC616-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 23001-31-03-001-2011-00042-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de doce de noviembre de dos mil veinte) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (01) de marzo de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda con la que la se\u00f1ora Crisotemis Mahuad Hern\u00e1ndez dice sustentar el recurso de casaci\u00f3n que formul\u00f3 contra la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda, en el proceso verbal (simulaci\u00f3n) de la recurrente frente a Betty Sof\u00eda Pupo Garc\u00eda, Jorge Jos\u00e9 y Juan Ricardo Mahuad Fern\u00e1ndez, herederos determinados e indeterminados de Alicia Torres de Cohn, Blanca Gaviria de Correa y Juan Pablo Vega Villegas, con intervenci\u00f3n de Luisa Cecilia Vega Torres como heredera determinada de la mentada Alicia Torres de Cohn. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
En relaci\u00f3n con las siguientes compraventas, contenidas en escrituras p\u00fablicas corridas en la Notar\u00eda 2\u00aa de Monter\u00eda e inscritas en el folio respectivo de la oficina de registro de esa ciudad, pretende la demandante que se declaren parcialmente simuladas puesto que ella fue la compradora por intermedio de su padre Jorge Mahuad Sebba, y no quienes figuran como adquirentes, as\u00ed: 1.) La contenida en la escritura 3460 de 2009, por la cual Jorge Jos\u00e9 y Juan Ricardo Mahuad Fern\u00e1ndez y Crisotemis Mahuad dijeron comprar un inmueble de matr\u00edcula inmobiliaria 140-0017388; 2.) La contenida en la escritura p\u00fablica 3151 de 2009, por la cual Sof\u00eda Betty Pupo Garc\u00eda dijo comprar un inmueble de matr\u00edcula inmobiliaria 140-70318; y 3.) La contenida en la escritura p\u00fablica 1249 del 14 de mayo de 2010, con la cual Jorge Jos\u00e9 y Juan Ricardo Mahuad Fern\u00e1ndez dijeron comprar el inmueble de matr\u00edcula inmobiliaria 140-80266. <\/p>\n
En consecuencia, que se declare que la \u00fanica compradora fue Crisotemis Mahuad Fern\u00e1ndez, que se ordene a los demandados restituirle los inmuebles y pagar los frutos de estos bienes, y adem\u00e1s, que se ordene en los registros del caso. <\/p>\n
En subsidio, y con las mismas pretensiones consecuenciales mencionadas, la actora pide que se declare que Jorge Jos\u00e9 y Juan Ricardo Mahuad y Sof\u00eda Betty Pupo Garc\u00eda se enriquecieron sin causa a su costa, cuando dijeron adquirir los referidos bienes inmuebles. <\/p>\n
B. Fundamentos f\u00e1cticos <\/p>\n
En sustento de esas pretensiones, se indica en el libelo y su reforma que Jorge Mahuad estuvo casado con Neila Hern\u00e1ndez de cuya uni\u00f3n sobreviven dos hijas: Marta y Crisotemis. Luego del fallecimiento de su c\u00f3nyuge, Jorge Mahuad inici\u00f3 vida marital con Nelfi Fern\u00e1ndez Pupo hasta cuando \u00e9l muri\u00f3 en julio de 2010. De esa uni\u00f3n existen dos hijos extramatrimoniales: Jorge Jos\u00e9 y Juan Ricardo Mahuad Fern\u00e1ndez. <\/p>\n
Jorge Mahuad, en vida, fue el consultor y consejero en los negocios de su hija Crisotemis y fue as\u00ed como esta consign\u00f3 en la cuenta de aquel $300.000.000 con el fin de invertirlos en la adquisici\u00f3n de inmuebles en Monter\u00eda -los de este pleito-, que realmente compr\u00f3 Crisotemis; pero como su padre fue quien estando en Monter\u00eda -ella reside en Caucasia- adelant\u00f3 las adquisiciones para la actora, elabor\u00f3 las escrituras a nombre bien de los tres hermanos o ya de Sof\u00eda Betty Pupo Garc\u00eda. <\/p>\n
C. Tr\u00e1mite en la instancia <\/p>\n
Admitida la demanda por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Monter\u00eda, en escritos separados y en tiempo Juan Ricardo Mahuad Fern\u00e1ndez (f. 40, c. 1), Jorge Jos\u00e9 Mahuad Fern\u00e1ndez (f. 55), Sof\u00eda Betty Pupo Garc\u00eda (f. 74), Blanca Romelia Gaviria de Correa (f. 123), Juan Pablo Vega Villegas (f. 131) se opusieron a las pretensiones. Calificaron de temeraria la demanda. Sin embargo, no propusieron excepciones. <\/p>\n
Surtido el tr\u00e1mite propio de la instancia, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Monter\u00eda, mediante fallo del 25 de septiembre de 2018, deneg\u00f3 las pretensiones al no hallar prueba de que era de la demandante el dinero que adujo le pertenec\u00eda y con el cual se compraron los inmuebles, a m\u00e1s de advertir contradicciones en fechas, en la declaraci\u00f3n del contador Jos\u00e9 Ricaurte Casta\u00f1eda y la demandante, y no evidenciar empobrecimiento que se aduce en las pretensiones subsidiarias. <\/p>\n
Este fallo fue objeto de apelaci\u00f3n interpuesta por la actora, en lo fundamental porque la valoraci\u00f3n probatoria no corresponde con la realidad procesal. <\/p>\n
D. Tr\u00e1mite en la segunda instancia <\/p>\n
Con sentencia proferida en audiencia oral llevada a cabo el 29 de enero de 2019, el Tribunal Superior de Monter\u00eda anunci\u00f3 el sentido del fallo , con la confirmaci\u00f3n de la denegaci\u00f3n de las pretensiones adoptada por la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
Tuvo en cuenta que los argumentos expuestos por el apelante se refirieron a la valoraci\u00f3n de la prueba documental y la sustentaci\u00f3n testimonial dada a la misma, punto sobre los cuales concluy\u00f3 que, analizado el alcance dado por el a quo a los extractos bancarios suministrados y los testimonios de Armando Tejada, Jos\u00e9 Ricaurte Casta\u00f1eda y Enelsa Yadira Barrios, no evidenciaba el error que el apelante le atribuye. Por el contrario, de su an\u00e1lisis conjunto, as\u00ed como de los testimonios de Jos\u00e9 \u00c1ngel Pertuz Campo, Jennifer Escobar Correa, Deogracia Bracamonte Noriega, Fanny Correa Ru\u00edz, Ricardo Polo Rodr\u00edguez y Eduar Luis Beltr\u00e1n Pe\u00f1a, se dedujo que no se estaba acreditada la simulaci\u00f3n pretendida, en vista de que no se demostr\u00f3 el concierto simulatorio. <\/p>\n
Adem\u00e1s, del examen sobre las cr\u00edticas que el apelante hizo del fallo del a quo, se adentr\u00f3 en otros pormenores probatorios, dirigidos a resaltar, primero, que en su interrogatorio, la demandante afirm\u00f3 que la suma de $300.000.000 que sirvieron para la adquisici\u00f3n de los inmuebles provinieron de un pago hecho por Armando Tejada a su padre Jorge Mahuad en enero de 2010, pero la evidencia demostraba que la transacci\u00f3n tuvo lugar en abril de 2009; segundo, que no se demostr\u00f3 el origen de la suma ni la persona que realiz\u00f3 la transacci\u00f3n; tercero, que el testimonio de quien afirma haber realizado la consignaci\u00f3n (Armando Tejada) tiene varias inconsistencias que el Tribunal resalt\u00f3, referidas a que en la promesa de contrato de \u00e9ste con la actora, y por la cual dijo haber hecho dos pagos al padre de la demandante, no figuraba este como parte del mismo ni autorizado para recibir y por el contrario, el pago deb\u00eda hacerse mediante conciliaci\u00f3n en una cuenta discriminada en el contrato que no guarda relaci\u00f3n alguna con las reportadas como de titularidad de Jorge Mahuad Sebba. Prosigue el Tribunal indicando que el testigo no tiene registro documental de los pagos, omiti\u00f3 precisar las fechas, tipo de cuenta, no acredit\u00f3 el mal estado de salud que lo llev\u00f3 a no pagar el precio en las fechas pactadas, no justific\u00f3 la raz\u00f3n por la cual hizo pagos a personas ajenas al contrato, ninguno de esos abonos fue por $300,000,000. <\/p>\n
A modo de conclusi\u00f3n preliminar, el Tribunal indica que si no qued\u00f3 demostrado el supuesto f\u00e1ctico que soporta la tesis de la simulaci\u00f3n, esto es, que el dinero consignado el 15 de abril de 2009 por Armando Tejada en la cuenta corriente de Jorge Mahuad pertenec\u00eda en realidad de la demandante, producto de la promesa que celebr\u00f3 con aquel, la pretensi\u00f3n simulatoria no se abre paso. <\/p>\n
Seguidamente, se refiere a los testimonios practicados a petici\u00f3n de la demandante (Jos\u00e9 Ricaurte Casta\u00f1eda, Enelsa Yadira Barrios Arrieta) que no resultaron suficientes para acreditar esos supuestos f\u00e1cticos. Como tampoco los recaudados a petici\u00f3n de los demandados (Jos\u00e9 \u00c1ngel Pertuz Campo, Jennifer Escobar, Deogracia Bracamonte, Fanny Correa, Ricardo Polo, Eduar Beltr\u00e1n) que se centraron en demostrar la validez de los negocios y la solvencia de los contratantes. <\/p>\n
II. DEMANDA DE CASACI\u00d3N. CARGO \u00daNICO <\/p>\n
El recurrente manifiesta que el Tribunal incurri\u00f3 en la violaci\u00f3n indirecta del art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso porque \u201clos efectos que emanan de la prueba recaudada son distintos a los que le atribuye el fallador de instancia\u201d (f 11, c. Corte). <\/p>\n
Luego de recordar los fundamentos de la sentencia combatida, identifica dos ejes que se propone combatir: el primero referido a la titularidad de los recursos con los cuales se pag\u00f3 el precio de los inmuebles y, el segundo, atinente a que no se cumplen los presupuestos sobre los cuales se edifica la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el primero, se\u00f1ala que al valorarse la declaraci\u00f3n de Armando Tejada no se tuvo en cuenta otros medios probatorios como los extractos bancarios y lo expresado por Juan Ricardo Mahuad Fern\u00e1ndez quien, al referirse a la compraventa del inmueble de la carrera 40 entre calles 3 y 4 (el primero mencionado), indic\u00f3 que el pago que correspond\u00eda hacer a Crisotemis lo hizo su padre, pero no por ser acaudalado sino porque en su cuenta estaba depositado el dinero que Tejada hab\u00eda consignado y que era de Crisotemis, consignaci\u00f3n que obedeci\u00f3 al contrato de promesa que obra en el proceso en documento autenticado. Agrega el recurrente que tampoco tuvo en cuenta el Tribunal los tiempos en que Tejada y la demandante rindieron su declaraci\u00f3n, siete a\u00f1os despu\u00e9s de la celebraci\u00f3n del negocio, lo que justifica imprecisiones que no desdibujan el alcance de lo dicho. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la ausencia de prueba sobre el origen de los recursos, argumento del Tribunal para restarle credibilidad a Tejada, dice el recurrente que ello no es un indicio en contra de la demandante, por cuanto aunque es cierto que no existe en el plenario el documento, ello es atribuible al banco que no cumpli\u00f3 con la obligaci\u00f3n de conservarlo por los 10 a\u00f1os que prescribe la norma (art. 28 de la ley 935-05 y conc). <\/p>\n
Expresa que si el fallador tiene a la mano copia del volante de consignaci\u00f3n donde dice que el se\u00f1or Armando Tejada hizo la consignaci\u00f3n y si este dice que la causa de esta obedece a un contrato con la demandante; si se cuestiona que los pagos estipulados en el contrato con la demandante no estaban previstos por ese valor y que la cuenta en la que deb\u00eda hacerse el pago era otra, se concluye que el fallador no integr\u00f3 el contrato con el testimonio completo el se\u00f1or Tejada, y el dicho del contador Jos\u00e9 Ricaurte, que si bien no es testigo directo, s\u00ed recibe informaci\u00f3n y su dicho da cuenta del cr\u00e9dito que tiene la se\u00f1ora Mahuad a su favor, y que a partir de 2009 empez\u00f3 a declarar renta. En palabras del casacionista \u201cEsto tiene una explicaci\u00f3n elemental y que antes no ten\u00eda por qu\u00e9 declarar y ahora en 2009, hab\u00eda recibido una suma importante de dinero que le obligaba a cumplir con esa obligaci\u00f3n fiscal, lo cual coincide con el dicho de Crisotemis en su interrogatorio, que si bien por el lapso transcurrido incurre en una imprecisi\u00f3n, \u00e9sta no le resta credibilidad\u201d (f. 18). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, el se\u00f1or Tejada informa que en raz\u00f3n de sus padecimientos no pag\u00f3 en los t\u00e9rminos convenidos. Pero el Tribunal dice que no hay prueba de la enfermedad, con lo cual vulnera el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, pues basta ver y escuchar el video en donde rinde declaraci\u00f3n Tejada, para darse cuenta de su notoria condici\u00f3n. <\/p>\n
Insiste en que si el fallador de instancia hubiera tomado en conjunto los elementos de prueba, f\u00e1cil hubiera corregido que el dep\u00f3sito que hizo Tejada en la cuenta de Jorge Mahuad correspond\u00eda a un pago parcial del precio pactado en la promesa que hab\u00eda acordado con la demandante. <\/p>\n
En cuanto a los movimientos bancarios para el momento en que se realizaron los contratos de compraventa cuestionados, a los que la Sala le resta credibilidad porque no est\u00e1 acreditado que el dinero pertenezca a la demandante, la censura insiste en lo mismo: si se hubiese hecho la valoraci\u00f3n integral de la prueba recaudada, y si se hubiese interpretado conforme a la l\u00f3gica y las reglas de la experiencia, hubiera el Tribunal arribado a otra conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Otra prueba m\u00e1s queda por fuera del an\u00e1lisis conjunto, a\u00f1ade el recurrente, y es la de la precoz actividad ganadera de los hermanos Mahuad quienes lo demostraron con registro de marca, lo que no es indicativo, porque lo que s\u00ed demuestra que se tiene ganado es el registro en la base de datos del ICA, entidad que certifica que los hermanos Mahuad no figuran en dicho registro ni figuran como comerciantes, todo lo cual, repite la censura, no se valor\u00f3 conforme a las reglas de la l\u00f3gica y en contrav\u00eda del art\u00edculo 176 del CGP. <\/p>\n
En cuanto a que no qued\u00f3 demostrado el acuerdo simulatorio, dice el recurrente que \u201cefectivamente no existe prueba que indique que existe desacuerdo entre los vendedores y compradores, pero es que las cosas en derecho no todas son iguales aunque se parezca, pues, en el caso que ac\u00e1 nos ocupa, no hay necesidad que exista ese contubernio, pues, en nada afecta a los vendedores, porque en la enajenaci\u00f3n como tal es real, no se requiere que ellos est\u00e9n enterados los efectos del contrato luego de ellos\u201d (f. 21) <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
Usualmente, se ha predicado del recurso de casaci\u00f3n su car\u00e1cter extraordinario, por cuanto son contadas y determinadas las sentencias contra las cuales procede, los motivos o causales son taxativos, y la \u00f3rbita de acci\u00f3n del juez (Corte) llamado a decidirlo se encuentra circunscrita a lo que el recurrente plantee en el cargo, lo cual es una expresi\u00f3n del marcado car\u00e1cter dispositivo que le ha caracterizado y que hoy se encuentra degradado, gracias a la prevalencia de la justicia material, en gracia de la cual la Corte tiene poderes oficiosos. <\/p>\n
Pero ello no significa que el recurrente est\u00e9 exento de cumplir puntuales requisitos, orientados los m\u00e1s a mostrar claridad y precisi\u00f3n en los fundamentos de las acusaciones, lo que, de entrada, impide el entremezclamiento de v\u00edas, o la mixtura de errores de hecho y de derecho sobre una prueba en un mismo cargo, o la invocaci\u00f3n de causales en un mismo cargo, etc. <\/p>\n
Por eso es que, con m\u00e1s tino y pedagog\u00eda que la legislaci\u00f3n anterior, el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso prescribe los requisitos que la demanda de casaci\u00f3n debe cumplir para ser formalmente admitida, algunos de car\u00e1cter accesorio tendientes a la determinaci\u00f3n del proceso y de la sentencia contra la cual se interpone el recurso extraordinario, que en este caso se encuentran cumplidos, y otros de \u00edndole sustancial o fundamental. <\/p>\n
Circunscribi\u00e9ndose esta vez la Corte a la violaci\u00f3n de normas sustanciales, la directa o indirecta como consecuencia de errores de hecho y de derecho en el campo probatorio (causales primera y segunda previstas en el art\u00edculo 336 CGP), el mentado art\u00edculo 344 exige, como regla de principio, algo esencial, porque a partir de all\u00ed se despliega la funci\u00f3n nomofil\u00e1ctica y de tutela del derecho objetivo que la ley asigna en sede casacional a la Corte: el se\u00f1alamiento de al menos una norma de car\u00e1cter sustancial que constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada. <\/p>\n
En este caso, el recurrente, a lo largo de su denso escrito de sustentaci\u00f3n, desarrollado a la manera de un alegato de instancia, s\u00f3lo menciona una norma pero que no es sustancial -esto es, no es reguladora de una situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta en cuanto crea, modifica o extingue derechos entre los implicados en la relaci\u00f3n- sino de \u00edndole estrictamente probatoria, claramente destinada al juez, y es la contenida en el art\u00edculo 176 del CGP: \u201cLas pruebas deber\u00e1n ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondr\u00e1 siempre razonadamente el m\u00e9rito que le asigne a cada prueba\u201d. <\/p>\n
Con lo cual la censura apuntala el desarrollo argumentativo que plantea a la Corte, que no es el de presentar la demostraci\u00f3n de errores de hecho evidentes, sino el de recriminar al Tribunal un yerro de derecho, precisamente por haber violado ese precepto probatorio, al no haber enlazado elementos significativos de las diversas probanzas, con las cuales se arguye que el Tribunal hubiera podido llegar a una conclusi\u00f3n diferente. Esta fenomenolog\u00eda corresponde m\u00e1s bien a un error de derecho por no apreciar las pruebas en conjunto. <\/p>\n
Pero si esto no fuera suficiente, el recurrente admite que un puntal de la sentencia, cual es el de que no hubo concierto simulatorio entre la que se dice real compradora y vendedores, en efecto no est\u00e1 demostrado en el plenario. Lo anterior significa que ese pilar o soporte de la sentencia ha quedado sin combate, sin ataque eficaz, y por ende enhiesto. Y ese fundamento por s\u00ed mismo le presta base suficiente al fallo porque, como de tiempo atr\u00e1s ha venido indicando la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
La simulaci\u00f3n relativa por interposici\u00f3n ficticia de persona, ori\u00e9ntase a hacer figurar como parte de un negocio jur\u00eddico a una persona que en verdad no lo es, en vez o en lugar del real titular del inter\u00e9s, dando la simple apariencia de una realidad diferente, con el designio consciente, convergente y deliberado \u201cde ocultar la genuina identidad de los titulares de la relaci\u00f3n creada\u201d (cas. civ. sentencia de 30 de julio de 1992, exp. 2528), en cuyo caso, se simula la posici\u00f3n o situaci\u00f3n jur\u00eddica de parte, contratante o sujeto negocial, esto es, el acuerdo simulandi, versa o recae \u00fanica y exclusivamente sobre el extremo subjetivo de la relaci\u00f3n jur\u00eddica contractual. <\/p>\n
En t\u00e9rminos de la Sala, esta modalidad del negocio simulatorio, \u201cconsiste en hacer figurar como parte contratante a quien en verdad no lo es, con el fin concertado de ocultar la identidad de quien real y directamente est\u00e1 vinculado con la relaci\u00f3n negocial, por lo tanto, ese intermediario o testaferro es un contratante imaginario o aparente, y en la que no se disimula el contrato propiamente dicho, el cual en t\u00e9rminos generales permanece intacto, sino las partes que lo celebran, pero para que este fen\u00f3meno se configure cabalmente, no basta que en el negocio act\u00fae una persona para ocultar al verdadero contratante, sino que se requiere que concurran las circunstancias que caracterizan la simulaci\u00f3n, una de las cuales es el concierto estipulado \u2018\u2026de manera deliberada y consciente entre los contratantes efectivo y aparente con la contraparte para indicar qui\u00e9nes son los verdaderos interesados y el papel que, por fuerza precisamente de esa inteligencia simulatoria trilateral, le corresponde cumplir al testaferro, esto bajo el entendido que cual ocurre por principio en todas las especies de simulaci\u00f3n, la configuraci\u00f3n de este fen\u00f3meno tampoco es posible en el \u00e1mbito de los extremos subjetivos del contrato si no media un \u2018pacto para simular\u2019 en el cual consientan el interponente, la persona interpuesta y el tercero, pacto cuyo fin es el de crear una falsa apariencia ante el p\u00fablico en cuanto a la real identidad de aquellos extremos y que no necesita para su formaci\u00f3n, que se produzca en un momento \u00fanico, habida consideraci\u00f3n que su desarrollo puede ser progresivo y, por ejemplo, terminar consum\u00e1ndose mediante la adhesi\u00f3n por parte de un tercero adquirente a la farsa fraguada de antemano por quien enajena y su testaferro, aceptando por consiguiente las consecuencias que su interposici\u00f3n conlleva\u2019 (G.J. Tomos CXXXVIII, CLXVI p\u00e1g. 98, y CLXXX p\u00e1g. 31, entre otras)\u201d (cas. civ. sentencia de 28 de agosto de 2001, Exp. 6673). ( SC de 16 dic 2010, rad. n\u00b0. C-47001-3103-005-2005-00181-01). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, se anota lo siguiente: no es la ocasi\u00f3n para acometer un examen de fondo. La desestimaci\u00f3n de esa caracter\u00edstica esencial de la simulaci\u00f3n -que ahora plantea el recurrente-, entra\u00f1a una variaci\u00f3n de la pretensi\u00f3n simulatoria, para entrar en terrenos propios de otras figuras que no fueron sugeridas a lo largo del tr\u00e1mite de este proceso. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. INADMITIR la demanda tendiente a sustentar la impugnaci\u00f3n formulada. <\/p>\n
SEGUNDO. Ordenar la devoluci\u00f3n del expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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