AC661-2021 (2015-00231-01)<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC661-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 41001-31-10-002-2015-00231-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de noviembre de dos mil <\/p>\n
veinte) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (01) de marzo de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda con la que Andr\u00e9s Alberto \u00c1lvarez Castro dice sustentar el recurso de casaci\u00f3n que formul\u00f3 contra la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de me iba, en el proceso verbal (impugnaci\u00f3n de paternidad) que entabl\u00f3 frente a la menor Mar\u00eda Camila \u00c1lvarez Maya y en el cual hizo presencia el Ministerio P\u00fablico. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
Pretende el demandante que se declare que la menor Mar\u00eda Camila \u00c1lvarez Maya, nacida el 1\u00ba de marzo de 2002 en Bogot\u00e1 no es su hija, que se condene por perjuicios a Catalina Maya Perdomo, y se inscriba la sentencia en el registro civil de nacimiento de la menor. <\/p>\n
B. Fundamentos f\u00e1cticos <\/p>\n
Aduce que Andr\u00e9s Alberto \u00c1lvarez y Catalina Maya Perdomo contrajeron matrimonio cat\u00f3lico el 14 de octubre de 2000 y durante su vigencia naci\u00f3 Mar\u00eda Camila en la fecha y ciudad mencionadas. <\/p>\n
Tiene serias dudas sobre su paternidad pues la ni\u00f1a no se parece a \u00e9l en lo f\u00edsico, y su c\u00f3nyuge y madre de la peque\u00f1a, durante el matrimonio de los dos, procre\u00f3 con otro se\u00f1or una ni\u00f1a. <\/p>\n
Esas razones le suscitan vacilaciones y es por ello que decide impugnar la paternidad de modo que un juez establezca la verdad. Dudas que le motivaron a solicitar a la Fundaci\u00f3n Arthur Stanley Gellow un estudio en el que se estableci\u00f3 que no era el padre de Mar\u00eda Camila. Pero es un resultado que, a m\u00e1s de no brindar seguridad, pues no pudo establecer el control de calidad del laboratorio que practic\u00f3 la prueba, tampoco es una prueba fehaciente desde el punto de vista legal porque no se le ha dado el tr\u00e1mite establecido en la ley 721 de 2001, esto es, su contradicci\u00f3n en juicio. <\/p>\n
El actor aporta el dictamen. Con base en precedente de la Corte Constitucional (T-160\/13), manifiesta que no se ha cumplido con la obligaci\u00f3n de correrle traslado de ese resultado a la curadora de la menor. <\/p>\n
C. Tr\u00e1mite en la primera instancia <\/p>\n
Admitida la demanda, y luego de cierta incertidumbre generada por el efecto diferido con que se surti\u00f3 la apelaci\u00f3n de un auto, el juzgado consider\u00f3 \u201ccontestada la demanda en forma extempor\u00e1nea\u201d (f. 80, c. 1), no dio traslado de las excepciones de m\u00e9rito y s\u00ed de la prueba de ADN aportada con la demanda. <\/p>\n
En t\u00e9rmino, la interpelada adujo que esa misma prueba se hab\u00eda querido hacer valer en cinco procesos con id\u00e9nticos fines al presente, uno de los cuales se tramit\u00f3 en el juzgado que conoce de esta causa (segundo de Familia de Neiva), cuando se declar\u00f3 que la acci\u00f3n estaba caducada rechaz\u00e1ndose entonces aquella demanda. En suma, arguy\u00f3 que se adelantaba una actuaci\u00f3n frente a una cosa juzgada. <\/p>\n
El juzgado puso fin a la primera instancia con sentencia del 20 de junio de 2017, en la que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de cosa juzgada, neg\u00f3 las pretensiones de la demanda y conden\u00f3 en costas al actor. <\/p>\n
Este fallo fue objeto de apelaci\u00f3n interpuesta por la parte actora, en lo fundamental porque: la prueba de ADN no otorga la certeza del ciento por ciento; la caducidad declarada con auto de rechazo a la demanda no genera cosa juzgada; y porque el juzgado no tuvo en cuenta los eventos de infidelidad de la madre de la menor. <\/p>\n
D. Tr\u00e1mite en la segunda instancia <\/p>\n
Con sentencia proferida en audiencia oral llevada a cabo el 20 de noviembre de 2018, el Tribunal Superior de Neiva desat\u00f3 la alzada con sentencia en la que modific\u00f3 la del a quo para declarar \u201cprobada la excepci\u00f3n de caducidad de la acci\u00f3n y no la de cosa juzgada\u201d (subraya la Corte). <\/p>\n
Agreg\u00f3 que no ten\u00eda asidero el argumento del demandante en torno a sus dudas, pues no obstante que a la prueba de ADN no se le otorga certidumbre absoluta y debe ser apreciada en conjunto con otras probanzas, ese argumento lo extrapola el demandante para soslayar los efectos de la caducidad. <\/p>\n
El Tribunal consider\u00f3 irrelevantes los argumentos de la apelaci\u00f3n referidos a la infidelidad de la madre de la demandada. En cuanto a la excepci\u00f3n de cosa juzgada que el juez de primera instancia acogi\u00f3 por haberse declarado en anterior auto dictado en otro proceso, el Tribunal le halla raz\u00f3n al apelante, con base en el art\u00edculo 97 del CPC que guarda armon\u00eda con el art\u00edculo 278 del CGP. Pero agreg\u00f3 que no por ello puede predicarse la inexistencia de la caducidad de la acci\u00f3n, la cual no depende de la declaraci\u00f3n del juez sino del tiempo transcurrido. <\/p>\n
II. DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
En el primer cargo, soportado en la causal primera de casaci\u00f3n, se deduce que la sentencia es directamente violatoria de los art\u00edculos 216 y 248 del C\u00f3digo Civil, modificados por los art\u00edculos 4 y 11 de la Ley 1060 de 2006, por una \u201cinterpretaci\u00f3n errada\u201d al haber considerado el Tribunal que la prueba de ADN del 1\u00ba de junio de 2010 marcaba el comienzo del conteo de los 140 d\u00edas de caducidad para impetrar la impugnaci\u00f3n de la paternidad, en contrav\u00eda de lo dispuesto en la Sala de Casaci\u00f3n Civil (SC5630 de 8 de mayo de 2014), pues dicha prueba no le ofrece al demandante una certeza absoluta, pues no hab\u00eda sido objeto de contradicci\u00f3n en juicio. <\/p>\n
En el cargo segundo, anclado en la misma causal, se arguye que se viola directamente el art\u00edculo 303 del C\u00f3digo General del Proceso debido a que el Tribunal \u201cconsider\u00f3 al fallar desfavorablemente las pretensiones de la demanda, que operaba el fen\u00f3meno jur\u00eddico de la cosa juzgada\u201d siendo improcedente porque no existi\u00f3 ning\u00fan proceso, porque el auto que rechaz\u00f3 la demanda en uno anterior aparej\u00f3 el archivo del expediente. En suma, en ninguno de los procesos se produjo sentencia. <\/p>\n
En el cargo tercero, desarrollado tambi\u00e9n por la v\u00eda directa, se aduce que el Tribunal viol\u00f3 los art\u00edculos 44 y 14 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el 25 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia (los ni\u00f1os tienen derecho a tener una identidad, y a conservar los elementos que la constituyen como el nombre) y 7\u00ba del CGP, por cuanto el ad quem \u201cexcluy\u00f3 en su totalidad al apreciar las garant\u00edas fundamentales de la que son titulares los menores, en relaci\u00f3n con establecido en los art\u00edculos 44 y 14 superiores, en lo referente a la prevalencia del derecho constitucional a conocer su verdadera filiaci\u00f3n y a tener una familia, de la que son titulares los menores; y aplicar estas prerrogativas al momento de realizar el estudio del caso en concreto\u201d (f. 28, c. Corte). <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
En la teor\u00eda general de los recursos, es lugar com\u00fan enfatizar en el inter\u00e9s (o legitimaci\u00f3n, como tambi\u00e9n se denomina) que debe ostentar la parte que hace uso de ellos en un proceso judicial. Como medios de impugnaci\u00f3n de decisiones que causan agravios a la parte que los utiliza, es indudable que ella debe estar asistida de un inter\u00e9s serio, leg\u00edtimo y actual en la modificaci\u00f3n, aclaraci\u00f3n o revocaci\u00f3n de la decisi\u00f3n atacada, y por tanto, habr\u00e1 de aducir los argumentos tendientes a fundamentar su impugnaci\u00f3n en esos precisos contornos en que le es perjudicial la decisi\u00f3n, sea en la ofensa, la injusticia, o ya en el perjuicio material o moral que la decisi\u00f3n le irroga. <\/p>\n
Ese inter\u00e9s, por tanto, debe manifestarse en los argumentos esgrimidos para la defensa de la posici\u00f3n del perjudicado y, en esa medida, la parte vencida con evidente inter\u00e9s en revocar la decisi\u00f3n judicial que le fue adversa debe ofrecer los argumentos destinados a controvertirla en coherencia con los derechos que aduce le han sido vulnerados. <\/p>\n
As\u00ed, por v\u00eda de ejemplo, en el marco del recurso de revisi\u00f3n, ha dicho esta Corporaci\u00f3n que <\/p>\n
\u2026el juzgador ha de indagar, de entrada, por dicha legitimaci\u00f3n, la cual, sea de adelantarse, no se limita al concepto gen\u00e9rico que de legitimaci\u00f3n se tiene en punto al derecho de impugnaci\u00f3n, sino que, como habr\u00e1 de verse, tiene un contenido a\u00fan m\u00e1s amplio y peculiar. Efectivamente, dentro de la teor\u00eda general de los recursos hay un postulado que inspira la filosof\u00eda de entregar a las partes la posibilidad de enjuiciar las decisiones jurisdiccionales, que es el de la legitimaci\u00f3n, uno de cuyos perfiles es el llamado inter\u00e9s para recurrir, que en trasunto se circunscribe al perjuicio, agravio o desmedro que la providencia criticada le irroga al impugnador. Traduce, m\u00e1s el\u00edpticamente, que sin perjuicio no hay recurso, desde luego que \u00e9ste no est\u00e1 instituido con un criterio antojadizo sino como remedio porque se propende obtener la enmienda de decisiones que han sido producidas con desviaci\u00f3n jur\u00eddica. <\/p>\n
La legitimaci\u00f3n que ahora se analiza, en cambio, no detiene su examen en auscultar el posible perjuicio que la sentencia apareje al litigante recurrente, sino que, yendo m\u00e1s lejos, hace imperioso que el juzgador entre a examinar si el recurrente puede o no incoar la causal que aduce, de donde se infiere que es perfectamente probable que el censor est\u00e9 agraviado por la sentencia, pero no est\u00e1 legitimado para formular el recurso de revisi\u00f3n por la causal que alega. (Auto 103 de 7 de noviembre de 1990, G.J. CCIV, 62, segundo semestre. Reiterado, entre otros, en autos de 12 de octubre de 2007, exp.1434, AC369-2016. Reproducido en AC6984-2017 de 24 oct, rad. n\u00b0. 11001-02-03-000-2017-02288-00) <\/p>\n
En la misma l\u00ednea, la Corte, en alguna oportunidad, ciertamente escasa en el foro, indic\u00f3 que \u201cno es dable arg\u00fcir de un codemandado recurrente pueda aducir argumentos ajenos a su inter\u00e9s para lograr la defensa de otro codemandante\u201d (SC-144-2001 de 27 jul., rad. n\u00b0. 6708) <\/p>\n
Adem\u00e1s, por descontado se da que los argumentos tendientes a controvertir la decisi\u00f3n combatida deben guardar coherencia con los pilares en los que esta se sostiene. En el plano del recurso de casaci\u00f3n, tal exigencia est\u00e1 indicada en el art\u00edculo 344 del CGP cuando, en punto de los requisitos de la demanda de casaci\u00f3n, enfatiza que los fundamentos de la acusaci\u00f3n deben exponerse clara y completamente. Pero, adem\u00e1s, en forma precisa, lo que da a entender que el recurrente debe atinar a combatir los argumentos en que el Tribunal funda su decisi\u00f3n, y no a otros que, de incurrir en tal desatino, tornan desenfocado el cargo. <\/p>\n
Valgan las anteriores explicaciones para resaltar que, en el cargo segundo, el recurrente alega la violaci\u00f3n del art\u00edculo 303 del C\u00f3digo General del Proceso porque, el Tribunal consider\u00f3 que operaba el fen\u00f3meno jur\u00eddico de la cosa juzgada. Pero, como se pudo advertir en el resumen del fallo cuestionado, esa Corporaci\u00f3n acogi\u00f3 otra excepci\u00f3n, la de caducidad \u201cy no la de cosa juzgada\u201d como expl\u00edcitamente lo dijo en el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia. <\/p>\n
En consecuencia, adem\u00e1s de haberse separado de las conclusiones extra\u00eddas por el Tribunal, la proposici\u00f3n de este cargo denota una total falta de simetr\u00eda o enfoque sobre lo que ese juez colegiado arguy\u00f3 y concluy\u00f3. Y a\u00fan m\u00e1s, revela falta de inter\u00e9s del actor para protestar este aspecto en la casaci\u00f3n, que justamente el Tribunal le acogi\u00f3 cuando en la alzada hubo de reprocharle al juzgado haberse equivocado con el acogimiento de dicha excepci\u00f3n. <\/p>\n
Y este mismo razonamiento, el de la carencia de inter\u00e9s, es el que se impone para la desestimaci\u00f3n del tercer cargo, porque las normas constitucionales que el recurrente arguye que fueron excluidas, en realidad otorgan unas garant\u00edas o derechos a su contraparte, la menor en cuyo favor se consagran tales prerrogativas fundamentales, y no a \u00e9l como demandante (cfr. AC de 7 ag 2011, rad. n\u00b0.11001-31-03-013-2001-00021-01, SC de 30 jun 2005, rad. n\u00b0. 11001-3103-030-1989-5028-01). As\u00ed lo hace ver constantemente en el cargo. <\/p>\n
Pero por si fuera poco, en punto de la violaci\u00f3n de normas sustanciales de que trata la primera de las causales de casaci\u00f3n del art\u00edculo 336 del CGP, el art\u00edculo 344 del CGP exige algo esencial, porque a partir de all\u00ed se despliega la funci\u00f3n nomofil\u00e1ctica y de tutela del derecho objetivo que la ley asigna en sede casacional a la Corte: el se\u00f1alamiento de al menos una norma de car\u00e1cter sustancial que constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada. <\/p>\n
En numerosas ocasiones ha insistido la Corte en que una norma es de derecho sustancial cuando \u201cen raz\u00f3n de una situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta, declara, crea, modifica o extingue relaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas entre las personas implicadas en tal situaci\u00f3n\u201d. Y no tienen tal calidad aquellas que \u201csin embargo de encontrarse en los c\u00f3digos sustantivos, se limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos, o a describir los elementos integrantes de estos, o a hacer enumeraciones o enunciaciones, como tampoco la tienen las disposiciones ordinativas o reguladoras de la actividad in procedendo\u201d (sentencia del 24 de octubre de 1.975, G.J. Tomo CLI, p\u00e1gina 254). <\/p>\n
Esas normas que declaran, modifican o extinguen derechos subjetivos y potestades de las personas respecto de concretas situaciones jur\u00eddicas, es dable encontrarlas no escritas como en la costumbre mercantil o en principios generales del derecho no positivizados, o redactadas en decretos con fuerza material de ley, en leyes en sentido material y formal y, por supuesto, entre otras muchas expresiones normativas, en normas contenidas en la Carta Fundamental, siempre que su contenido corresponda con el aludido concepto de norma sustancial, y por ende, pueda ser cabalmente aplicado al caso sometido a decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
Y es que los preceptos de la Carta que consagran derechos, sobre todo los que establecen prerrogativas fundamentales inherentes a las personas, ostentan categor\u00eda sustancial en tanto que de su aplicaci\u00f3n pueden surgir situaciones jur\u00eddicas espec\u00edficas atinentes a la creaci\u00f3n, modificaci\u00f3n o extinci\u00f3n de derechos; pero no significa ello que su invocaci\u00f3n en un cargo sea suficiente para colegir su idoneidad formal. Porque las disposiciones constitucionales, por su alcance totalizador, suelen ser de textura abierta o indeterminada, lo que de suyo implica que en no pocas ocasiones para su aplicaci\u00f3n debe mediar un desarrollo legal en los que el caso decidido en la sentencia deba o haya debido ser subsumido en la hip\u00f3tesis abstracta establecida en la ley expedida como desarrollo del canon constitucional. Esa ley (y m\u00e1s precisamente, el precepto respectivo) ser\u00eda, entonces, la que debe aducir el recurrente como infringida. <\/p>\n
Claro, puede suceder asimismo que el precepto superior discipline cabalmente el caso sometido a juicio, esto es, contenga una hip\u00f3tesis y su consecuencia, y en este evento, como se ha sostenido en forma recurrente, es menester la aplicaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. Pero, se reitera, lo determinante es que la norma constitucional que se dice vulnerada, pueda ser efectivamente aplicada de manera directa al litigio (cftr. AC de 10 abril 2000, rad. 0484). <\/p>\n
En el caso del derecho a la personalidad (art\u00edculo 14 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica) y del cat\u00e1logo de derechos fundamentales que los ni\u00f1os (art\u00edculo 44 ib\u00eddem), resulta evidente que a la par de su hondo contenido sustancial resalta en ellos su abstracci\u00f3n a punto tal que, para este caso solos no sirven como fundamento para la definici\u00f3n de una acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de la paternidad. Para ser gr\u00e1ficos, rep\u00e1rese tan s\u00f3lo en el art\u00edculo 22 superior (La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento) y m\u00edrese como a partir de dicho postulado se desgajan derechos e instituciones de muy dis\u00edmil tesitura (por ejemplo, violencia intrafamiliar, derecho a la restituci\u00f3n de tierras, etc.) que son los que en concreto deben aducirse para el caso de que sean ellos los esenciales en la causa litigiosa decidida en la sentencia combatida. <\/p>\n
Los anteriores argumentos son suficientes para concluir que los cargos segundo y tercero no est\u00e1n llamados a ser admitidos a tr\u00e1mite. <\/p>\n
Ahora bien, en lo que respecta al primer cargo, debe resaltarse que el recurrente, ampar\u00e1ndose en fragmentos de precedentes judiciales, formula una interpretaci\u00f3n distinta de la que la Corte ha venido sosteniendo inveteradamente en relaci\u00f3n con la caducidad de la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 216 del C\u00f3digo Civil (y normas concordantes como el precepto 248), al tenor del cual \u201cpodr\u00e1n impugnar la paternidad del hijo nacido durante el matrimonio o en vigencia de la uni\u00f3n marital de hecho, el c\u00f3nyuge o compa\u00f1ero permanente y la madre, dentro de los ciento (140) d\u00edas siguientes a aquel en que tuvieron conocimiento de que no es el padre o madre biol\u00f3gico\u201d. <\/p>\n
En efecto, estima el recurrente que por la marcada infidelidad de quien fuera su esposa y madre de la menor demandada, dud\u00f3 de su paternidad y por eso se vio impelido a solicitar la pr\u00e1ctica del examen o estudio de identificaci\u00f3n humana con marcadores gen\u00e9ticos (ADN), realizado por fuera y antes del proceso, examen que arroj\u00f3 como resultado la exclusi\u00f3n de su paternidad. Pero como no hab\u00eda sido debatido en juicio, no constituye prueba fehaciente desde el punto de vista legal y por tanto, el inicio del t\u00e9rmino de caducidad no puede ser el de la fecha de dicho examen. En otras palabras, la interpretaci\u00f3n que propone, ampar\u00e1ndose en fragmentos o precedentes de esta Corporaci\u00f3n, conduce a entender que solamente \u00e9l puede tener conocimiento de que no es el padre, cuando tenga certeza legal de ello, lo cual se logra con una prueba judicial debidamente debatida en juicio. <\/p>\n
Sin embargo, basta leer la abundante jurisprudencia de la Corte sobre el particular para concluir que esa especie de simbiosis de jurisprudencia -en la que se mezcla la necesidad de controvertir en juicio la prueba de ADN, es decir, de que esta haya podido ser objeto de contradicci\u00f3n, con el conocimiento particular de la exclusi\u00f3n resultante de un examen de ADN realizado por fuera de actuaci\u00f3n judicial-, no ha sido en manera alguna fijada por la Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Y como a ello se reduce el cargo, es menester hacer uso de lo previsto en el art\u00edculo 347 del C\u00f3digo General del Proceso, y en consecuencia, en lo que respecta a este, inadmitirlo a tr\u00e1mite no s\u00f3lo porque no hay transgresi\u00f3n alguna al ordenamiento jur\u00eddico en detrimento del recurrente (numeral tercero) sino porque existe identidad esencial del caso con jurisprudencia reiterada de esta Corporaci\u00f3n (numeral primero), a lo que se agrega que el precedente a que hace referencia el recurrente fue sacado enteramente de contexto. <\/p>\n
De las muchas providencias, se resaltan los siguientes pasajes de algunas de ellas que corroboran que ese conocimiento cierto de la exclusi\u00f3n de paternidad no requiere, para tener entidad suficiente para iniciar el conteo del t\u00e9rmino caducidad, que el examen haya sido controvertido en juicio: <\/p>\n
a) \u201cLa Corte tiene precisado que el inter\u00e9s para impugnar el reconocimiento surge es a partir del momento en que sin ning\u00fan g\u00e9nero de duda se pone de presente o se descubre el error, por ejemplo, con el \u2018conocimiento\u2019 que el demandante \u2018tuvo del resultado de la prueba gen\u00e9tica sobre ADN (\u2026), Que determin\u00f3 que respecto de la demandada su paternidad se encontraba cient\u00edficamente excluida\u2019 (CSJ, SC del 12 de diciembre de 2007, rad. n\u00b0. 2000-01008-01) (fallo reproducido en SC12907-2017 de 25 ag. Rad. n\u00b0. 05615-31-84-002-2011-00216-01, as\u00ed como en SC 1493-2019 de 3\u00ba abr. Rad. n\u00b0. 68679-31-84-002-2009-00031-02) <\/p>\n
b) \u201cDel referido an\u00e1lisis se infiere que el ad quem no err\u00f3 al interpretar el art\u00edculo 248 del C\u00f3digo Civil, por el contrario, sus planteamientos se ajustan al genuino sentido de esa norma, comoquiera que, en lo referente al lapso extintivo, tuvo en cuenta profusa jurisprudencia, a tono con la cual, \u00e9ste deb\u00eda contabilizarse a partir del surgimiento del inter\u00e9s actual para promover la acci\u00f3n, que hall\u00f3 estructurado desde que el demandante tuvo conocimiento cierto de que el menor accionado no pudo tenerlo a \u00e9l por padre, conforme a los resultados de la prueba cient\u00edfica que acompa\u00f1\u00f3 con su demanda\u201d (CSJ SC 3366-2020 de 21 sep. Rad. n\u00b0. 25754 31 10 001 2011 00503 01) <\/p>\n
c) \u201cEs preciso determinar cu\u00e1l es el hecho, el acto o la situaci\u00f3n a partir de la que se puede considerar que el progenitor supo con una probabilidad rayana en la certeza, sobre la ausencia del nexo biol\u00f3gico con quien aparentemente detenta la condici\u00f3n de hijo y, por lo tanto, empieza a contabilizarse el t\u00e9rmino legal para impugnar el v\u00ednculo filial. <\/p>\n
Por ello, es preciso distinguir entre la simple duda acerca de la existencia de la relaci\u00f3n parental y la certidumbre sobre su apariencia, pues es a partir de este \u00faltimo suceso que se debe contar el t\u00e9rmino de caducidad para promover la acci\u00f3n de que se trata, vale decir, que el derecho a impugnar la paternidad s\u00f3lo surge cuando el demandante es consciente de que no es el verdadero padre (CSJSC 12 dic 2007, rad. 2000-01008-01, reiterada en SC11339-201, rad. 2011-00395-01\u201d (SC2350-2019 de 28 jun. Rad. n\u00b0. 85001318400120140032801). <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. INADMITIR la demanda de casaci\u00f3n en el asunto identificado en el ep\u00edgrafe de esta providencia. <\/p>\n
SEGUNDO. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC661-2021 (2015-00231-01) FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente AC661-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 41001-31-10-002-2015-00231-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintis\u00e9is de noviembre de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D. C., primero (01) de marzo de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[34],"tags":[],"class_list":["post-53777","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53777","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53777"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53777\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53777"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53777"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53777"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}