AC665-2021 (2017-00464-01)<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC665-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25286-31-10-001-2017-00464-01 <\/p>\n
(Aprobado en secion virtual de primero de octubre de dos mil veinte)1 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., primero (01) de marzo de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda con la cual Jaiber Andr\u00e9s Far\u00edas Acero pretende sustentar el recurso de casaci\u00f3n que interpuso contra la sentencia del 20 de junio de 2018, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, en el proceso verbal que le instaur\u00f3 Leidy Yuliana Pineda Alvarado. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
Leidy Pineda pide que se declare que entre ella y Jaiber Far\u00edas existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho y su sociedad patrimonial, desde el 26 de septiembre de 2010 hasta el 10 de noviembre de 2016. <\/p>\n
B. Fundamentos de hecho <\/p>\n
Aduce que entre ella y el convocado se estableci\u00f3 una convivencia permanente, continua y estable por m\u00e1s de seis a\u00f1os, durante los cuales cohabitaron bajo el mismo techo, compartieron gastos del hogar, se brindaron ayuda econ\u00f3mica y espiritual permanente, se comportaron en sus familias y socialmente como pareja y procrearon dos hijos. <\/p>\n
Mas, por la infidelidad y el abandono definitivo del hogar com\u00fan por el demandado, adivino su disoluci\u00f3n, quedando por disolverse y liquidarse una sociedad patrimonial de hecho con activos que en la demanda se relacionan. <\/p>\n
C. Posici\u00f3n del demandado <\/p>\n
En su oportuna contestaci\u00f3n, el interpelado, tras manifestar que eran ciertos total o parcialmente algunos hechos y oponerse a las pretensiones, propuso como excepciones de m\u00e9rito la \u201ccosa juzgada\u201d, \u201cineptitud de la demanda\u201d, \u201ccarencia de legitimaci\u00f3n en causa\u201d, \u201cprescripci\u00f3n extintiva\u201d y \u201cfraude procesal\u201d. <\/p>\n
En particular, sostuvo que, ante la Comisar\u00eda Primera de Familia de Funza y mediante acta de conciliaci\u00f3n n\u00b0 4337 del 1\u00ba de marzo de 2013, las partes hab\u00edan reconocido su uni\u00f3n marital, que comprendi\u00f3 el periodo del 23 de septiembre de 2010 hasta el 1\u00ba de marzo de 2013. Adem\u00e1s, que la sociedad patrimonial se disolvi\u00f3 y liquid\u00f3 mediante acta 1806-13 de conciliaci\u00f3n del 20 de junio de 2013. <\/p>\n
D. Primera instancia <\/p>\n
La clausur\u00f3 el Juzgado de Familia de Funza, con sentencia del 6 de diciembre de 2017, por la cual declar\u00f3 la existencia de la uni\u00f3n marital de hecho peticionada, desde el 23 de septiembre de 2010 hasta el 10 de noviembre de 2016, as\u00ed como la existencia de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, su disoluci\u00f3n y estado de liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
E. Segunda instancia <\/p>\n
El recurso de apelaci\u00f3n formulado contra el fallo de primera instancia fue desatado por el Tribunal, con sentencia del 20 de junio de 2018. All\u00ed modific\u00f3 el numeral primero del fallo apelado. Se dispuso que la uni\u00f3n marital inici\u00f3 el 21 de junio de 2013 y finaliz\u00f3 el 10 de noviembre de 2016. Y el numeral 2\u00ba, en cuanto a que la sociedad patrimonial formada por raz\u00f3n de la segunda uni\u00f3n marital, solo se puede declarar entre el 21 de junio de 2013 y hasta el 10 de noviembre de 2016. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Luego de precisar la finalidad de la conciliaci\u00f3n como medio alternativo de soluci\u00f3n de conflictos, sus efectos de cosa juzgada, su m\u00e9rito ejecutivo, as\u00ed como su alcance al punto de impedir que el asunto conciliado pueda luego ser objeto de una nueva decisi\u00f3n de m\u00e9rito, examina las actas de conciliaci\u00f3n de fechas 1\u00ba de marzo y 20 de junio de 2013, mediante las cuales Leidy Yuliana y Jaiber Andr\u00e9s acordaron, en la primera, reconocer la uni\u00f3n marital de ellos desde el 23 de septiembre de 2010 hasta el 1\u00ba de marzo de 2013, y en la segunda, disolverla y liquidar la sociedad patrimonial surgida. <\/p>\n
Respecto de la primera, asevera que era id\u00f3nea para que las partes obtuvieran el reconocimiento de la familia de hecho y su estado civil de compa\u00f1eros permanentes. Por ello, la sentencia apelada no pod\u00eda pronunciarse sobre esta tem\u00e1tica en el l\u00edmite temporal definido por las partes, dado el sello de cosa juzgada de que est\u00e1 revestida la conciliaci\u00f3n. Adem\u00e1s, que de esta no se desprende que las partes hayan acordado que la terminaci\u00f3n de la uni\u00f3n marital hubiese ocurrido el 1\u00ba de marzo de 2013. Y que, en todo caso, esa situaci\u00f3n \u00abno imped\u00eda analizar si la declaraci\u00f3n judicial de uni\u00f3n marital era viable despu\u00e9s del 1\u00ba de marzo de 2013\u00bb, realidad que encuentra acreditada con otras pruebas que, pese a ese acuerdo conciliatorio, denotaban que la uni\u00f3n marital de hecho se hab\u00eda prolongado por m\u00e1s tiempo. <\/p>\n
En cuanto al alcance del acuerdo de conciliaci\u00f3n celebrado por los contendientes el 20 de junio de 2013, resalt\u00f3 su eficacia de cara a los efectos econ\u00f3micos de la uni\u00f3n marital previamente reconocida, de modo que esa fecha constituye el hito de terminaci\u00f3n de la uni\u00f3n marital. No obstante lo cual, asevera el ad quem que despu\u00e9s volvieron a estructurarse los elementos esenciales de esa forma de familia, pues la pareja prosigui\u00f3 con la convivencia com\u00fan, hasta el punto de que el demandado pidi\u00f3 que se le exonerara de la cuota de alimentos fijada en el acta de ese 20 de junio, la actora qued\u00f3 en estado de embarazo habiendo nacido el segundo hijo com\u00fan de la pareja el 9 de diciembre de 2014, viajaron juntos a San Andr\u00e9s en enero de 2015, cambiaron de residencia en febrero a la Villa del Tr\u00e9bol donde sigui\u00f3 el hogar establecido: \u00abla uni\u00f3n marital volvi\u00f3 a renacer despu\u00e9s de junio de 2013, con los elementos que le son propios\u2026 Proyecto familiar que para el Tribunal s\u00f3lo vino a frustrarse\u00bb despu\u00e9s, con el abandono del hogar por parte del compa\u00f1ero, el 10 de noviembre de 2016. <\/p>\n
Para el ad quem es, entonces, viable el reconocimiento de esta segunda uni\u00f3n marital de hecho dentro de ese periodo de tiempo posterior, lo que adem\u00e1s avala, desde el punto de vista jur\u00eddico, con fallo de la Corte Constitucional C-257 de 2015. Y, subsecuentemente, la sociedad patrimonial con tiempo suficiente para presumirla. <\/p>\n
Con soporte en esa argumentaci\u00f3n concluye \u00abque es procedente reconocer la uni\u00f3n marital que revivi\u00f3 entre Leidys Juliana y Jaiber Andr\u00e9s, seg\u00fan lo probado, desde el 21 de junio de 2013 hasta el 10 de noviembre de 2016, y como la nueva familia se prolong\u00f3, como es evidente, por un espacio mayor a dos a\u00f1os, en aplicaci\u00f3n de la presunci\u00f3n que establece el literal a) del art\u00edculo 2\u00ba, Ley 54 de 1990, modificado por el art\u00edculo1o de la Ley 979 de 2005, deber\u00e1 ser reconocida la sociedad patrimonial subyacente, que entre los compa\u00f1eros se form\u00f3, la cual se declarar\u00e1 disuelta y en estado de liquidaci\u00f3n\u00bb <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Se formularon cuatro cargos contra la sentencia del Tribunal, que la Corte resumir\u00e1 y a continuaci\u00f3n determinar\u00e1 las razones t\u00e9cnicas que impiden su estudio de fondo y conducen a su inadmisibilidad. <\/p>\n
A. PRIMER CARGO <\/p>\n
Agrega que no es de recibo que el Tribunal haya dado paso a una segunda sociedad patrimonial con unos extremos que no hab\u00edan sido solicitados en la demanda, ni controvertidos en la contestaci\u00f3n, a m\u00e1s de que la parte motiva de la providencia impugnada discrepa de la resolutiva, porque en la primera ratifica el efecto de la cosa juzgada, pero al decidir revive la sociedad patrimonial. <\/p>\n
Agrega que tambi\u00e9n viol\u00f3 la Ley 979 de 2005, a causa de error en derecho al crear una segunda uni\u00f3n marital de hecho. Y por ende una segunda sociedad patrimonial, con fundamento en unos extremos que no fueron pretendidos en la demanda ni en su contestaci\u00f3n. <\/p>\n
Seg\u00fan el recurrente, una cosa es la convivencia y otra bien distinta que de ella se deriven derechos patrimoniales, porque despu\u00e9s de ser disuelta y liquidada la sociedad patrimonial, la convivencia puede pervivir. <\/p>\n
B. SEGUNDO CARGO <\/p>\n
En este cargo se acusa la sentencia de violar indirectamente normas sustanciales \u00abpor error de derecho en cuanto al desconocimiento probatorio\u201d, de las actas de conciliaci\u00f3n de constituci\u00f3n de la uni\u00f3n marital y de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial, de las declaraciones del demandado y de testigos de ambas partes, as\u00ed como de la prueba documental referente a la historia del conflicto familiar. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el desconocimiento probatorio de las actas de conciliaci\u00f3n, expresa que el art\u00edculo 66 de la Ley 640 de 2001 determina que el acuerdo conciliatorio hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada. Pero en el fallo se advierte una incoherencia entre la parte motiva y la resolutiva, al crear el Tribunal una segunda uni\u00f3n marital entre los mismos compa\u00f1eros y en consecuencia una segunda sociedad patrimonial, lo cual genera la inseguridad jur\u00eddica cuestionada. <\/p>\n
En su parecer, no es procedente una segunda uni\u00f3n con los efectos patrimoniales entre los mismos compa\u00f1eros o excompa\u00f1eros, pues atenta contra la seguridad que brinda la cosa juzgada en cuanto a que los compa\u00f1eros deben tener la certeza de que al haber liquidado la sociedad patrimonial quedan individualizados sus bienes, as\u00ed como los que adquieran en el futuro. <\/p>\n
En cuanto a la omisi\u00f3n de las declaraciones, indica que el ad quem desconoci\u00f3 la del demandado quien explic\u00f3 que, despu\u00e9s de liquidar su sociedad patrimonial, mantuvo y mantiene con Roc\u00edo Guzm\u00e1n Bautista una nueva relaci\u00f3n. Aserci\u00f3n que, explica, corroboran testimonios de la parte demandante (Mar\u00eda Luc\u00eda Acero Acero) y del demandado (Ligia Alfonso P\u00e9rez y Jaime P\u00e9rez Orozco). Afirman que la demandante se fue vivir con sus padres por 15 d\u00edas, luego a Ibagu\u00e9 por tres meses, despu\u00e9s regres\u00f3 a Funza para vivir con su hermano hasta septiembre de 2013, rompi\u00e9ndose la permanencia y singularidad esenciales en la uni\u00f3n marital, pues esa separaci\u00f3n no se origin\u00f3 por aspectos laborales o acad\u00e9micos sino porque la demandante no pretend\u00eda continuar con la relaci\u00f3n con su excompa\u00f1ero. De ah\u00ed que, agrega la censura, resulta errado el fundamento f\u00e1ctico para que el \u00abTribunal decida reiniciar una nueva uni\u00f3n marital de hecho cuando es claro que desde la liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial jam\u00e1s establecieron la permanencia de esa relaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Lo que, en criterio del recurrente, tambi\u00e9n queda demostrado con los documentos, que el Tribunal no apreci\u00f3, referentes a la historia del conflicto en la comisaria de familia donde se evidencian esas desavenencias, impropias de una pareja estable que propenda a la solidaridad, documentos que no fueron apreciados por el Tribunal y en los que la demandante asevera que Jaiber Andr\u00e9s Far\u00edas Acero \u00abvive en el piso de arriba y ella en el piso de abajo dentro de la misma casa seg\u00fan acuerdo verbal al que hab\u00edan llegado, las fechas referidas del conflicto son despu\u00e9s de junio de 2013, a causa de los constantes cambios de domicilio de la demandante se observa que tambi\u00e9n cambia la comisar\u00eda que conoce de las denuncias\u00bb. <\/p>\n
C. TERCER CARGO <\/p>\n
Con estribo en la causal tercera de casaci\u00f3n, acusa la sentencia del Tribunal de no ser coherente con los hechos, pretensiones, excepciones propuestas por el demandado o que el juez debe reconocer de oficio. <\/p>\n
Se\u00f1ala que en los hechos y en las pretensiones la demandante solicita la declaraci\u00f3n respecto de una relaci\u00f3n que corre del 26 de septiembre de 2010 al 10 de noviembre de 2016; que en la contestaci\u00f3n se pretende desvirtuar tal pretensi\u00f3n con los documentos allegados, en particular, las actas de conciliaci\u00f3n que circunscriben dicha uni\u00f3n al per\u00edodo comprendido entre el 23 de septiembre de 2010 y el 20 de junio de 2013 cuando se liquid\u00f3 la sociedad patrimonial. <\/p>\n
Arguye que el Tribunal no tuvo en cuenta las excepciones de cosa juzgada, carencia de legitimaci\u00f3n en la causa, prescripci\u00f3n ni la solicitud de que se valoraran esos documentos y se profiriera sentencia anticipada. <\/p>\n
D. CUARTO CARGO <\/p>\n
Con apoyo en la causal cuarta del art\u00edculo 336 del CGP acusa la sentencia del Tribunal de contener decisiones que hacen m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n del apelante \u00fanico, pues a pesar de aceptar la cosa juzgada en el acta de constituci\u00f3n de la uni\u00f3n marital no hace lo mismo con la de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial que tambi\u00e9n tiene el mismo efecto, esto es, que los excompa\u00f1eros tienen patrimonios individuales, a pesar de mantener una relaci\u00f3n s\u00f3lo de tipo familiar pero no patrimonial. Para el censor, lo gravoso consiste en que argumentando una segunda uni\u00f3n da vida a una segunda sociedad patrimonial. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
A. El C\u00f3digo General del Proceso, si bien morigera aspectos t\u00e9cnicos del recurso de casaci\u00f3n, no elimina las exigencias que tradicionalmente le han acompa\u00f1ado en vista de que, como recurso extraordinario, requiere que los fundamentos de las acusaciones exhiban precisi\u00f3n, claridad, completitud, a la vez que armon\u00eda con las bases fundamentales de la sentencia, de modo que la funci\u00f3n de la Corte en sede de casaci\u00f3n no quede confundida con una tercera instancia, en la que, panor\u00e1micamente, suele revisarse con amplitud la causa litigiosa. <\/p>\n
La tarea de la Corte se ha reducido, en el \u00e1mbito de la casaci\u00f3n, a un control de legalidad de la sentencia impugnada, en cuanto a si esta se ajusta a las normas sustanciales o procesales en su caso, todo de cara a las causales espec\u00edficas establecidas como motivos de casaci\u00f3n, en el marco de la senda que el recurrente traza a la Corte, dado lo dispositivo del recurso. No obstante, hoy hay que precisar que, debido a lo previsto en el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009 y el nuevo C\u00f3digo General del Proceso, tiene esta Corte, en el marco de ese recurso dispositivo y extraordinario, precisa facultades oficiosas, atinentes, de un lado, a \u201cla selecci\u00f3n de sentencias objeto de su pronunciamiento para los fines de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia, protecci\u00f3n de los derechos constitucionales y control de legalidad de los fallos\u201d. Y de otro, a la protecci\u00f3n del orden o el patrimonio p\u00fablicos, y los derechos y garant\u00edas constitucionales (\u00faltimo inciso del art\u00edculo 336 CGP). <\/p>\n
Con todo, no es de extra\u00f1ar que este c\u00f3digo general contin\u00fae la senda del anterior y positivice directrices jurisprudenciales, que, como exigencias t\u00e9cnicas t\u00edpicas del recurso, la jurisprudencia de esta Sala ha ido decantando y que le imprimen a este medio de impugnaci\u00f3n una naturaleza protot\u00edpica que lo distinguen con nitidez de la instancia. As\u00ed, en lo que concierne a los requisitos que la demanda de casaci\u00f3n debe cumplir, es de destacar en esta oportunidad, algunos de ellos previstos en el art\u00edculo 344 en concordancia con el 336: <\/p>\n
1. La formulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida. <\/p>\n
Atiende este requisito a la pregonada autonom\u00eda de las causales de casaci\u00f3n, sobre todo, como ocurre en esta demanda, cuando unas est\u00e1n dirigidas al ataque de vicios in procedendo y otras a los vicios in judicando, lo que impide su yuxtaposici\u00f3n, lo que, valga decirlo, puede presentarse por excepci\u00f3n y con algunas limitantes, en la violaci\u00f3n directa e indirecta de normas sustanciales. <\/p>\n
2. Los fundamentos de las acusaciones deben plantearse en forma clara, precisa y completa. La claridad hace referencia a que la argumentaci\u00f3n sea inteligible. La precisi\u00f3n apunta al tino, lo que impide que prospere una acusaci\u00f3n desenfocada o ayuna de simetr\u00eda con los fundamentos del fallo. Y la completitud resalta la necesidad de combatir todos los pilares jur\u00eddicos y f\u00e1cticos del fallo -o del segmento del que se discrepa-, de forma que el censor destruya la presunci\u00f3n de acierto y legalidad con que viene revestida la sentencia impugnada a la Corte. <\/p>\n
3. Si encamina el recurrente su acusaci\u00f3n por la v\u00eda directa (causal primera), el cargo debe quedar circunscrito a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica, lo que significa que no puede entrar en discrepancias con aspectos f\u00e1cticos (probatorios) definidos por el juzgador. <\/p>\n
4. Si su acusaci\u00f3n la basa en errores del Tribunal en el campo de las pruebas, debe determinar (lo que incluye la demanda y la contestaci\u00f3n) aquellas que fueron objeto de pifia y exponer los argumentos tendientes a demostrarlo. Si ese error probatorio es de derecho, debe indicar las normas de esa estirpe que considera infringidas con explicaci\u00f3n de la raz\u00f3n de dicha infracci\u00f3n. Y si es por error probatorio de hecho, debe tener en cuenta que para ser \u00e9ste considerado en casaci\u00f3n, debe ser ostensible o que salte a la vista, esto es, que con un simple cotejo entre lo que la prueba indica y lo que el Tribunal dedujo o dej\u00f3 de deducir de ella, brille la falencia, sin esforzados razonamientos. <\/p>\n
5. Cuando la causal de casaci\u00f3n invocada se sustenta en infracciones de normas sustanciales, es determinante que el recurrente se\u00f1ale -por lo menos- una de esa categor\u00eda, esencial en la litis, en el fallo o en la parte de este de la que discrepa el censor. Ha dicho una y otra vez la Corte que la norma sustancial es aquella que \u201cfrente a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que ella contempla, declara, crea, modifica o extingue derechos subjetivos, o impone obligaciones a las personas\u201d (S.C. de 30 oct. 1970, G.J. CXXXVI, p\u00e1g. 68). Posteriormente, complement\u00f3 la descripci\u00f3n, se\u00f1alando que no tienen tal calidad aquellas que \u201csin embargo de encontrarse en los c\u00f3digos sustantivos, se limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos, o a describir los elementos integrantes de estos, o a hacer enumeraciones o enunciaciones, como tampoco la tienen las disposiciones ordinativas o reguladoras de la actividad in procedendo\u201d (sentencia del 24 de octubre de 1.975, G.J. Tomo CLI, p\u00e1gina 254 <\/p>\n
6. Si se opta por acusar la sentencia de disonancia (causal tercera) o violaci\u00f3n del principio de la no reformatio in pejus (causal cuarta), no son admisibles disquisiciones jur\u00eddicas o probatorias (lit. b, #2\u00ba del art. 344 CGP). <\/p>\n
La fundamentaci\u00f3n clara y precisa de un cargo expuesto al amparo de la causal tercera supone determinar qu\u00e9 tipo de inconsonancia le achaca el recurrente a la sentencia combatida (extra petita, ultra petita o infra petita; o incongruencia f\u00e1ctica) con una labor de comparaci\u00f3n entre las pretensiones de la demanda (o en su caso, las excepciones aducidas o que el juzgador debe reconocer de oficio) y las decisiones adoptadas; o entre la causa petendi y los hechos alegados por el fallador como aducidos en la demanda, cotejo del cual debe aflorar la incongruencia, sin que para ello sea menester apelar a cuestiones probatorias o de infracci\u00f3n normativa, propias de otras causales, lo que, por lo dem\u00e1s, introducir\u00eda un elemento de confusi\u00f3n, en detrimento de la precisi\u00f3n y claridad exigidas. <\/p>\n
En adici\u00f3n, debe recordarse que al amparo de art\u00edculo 347 del C\u00f3digo General del Proceso, la Sala puede inadmitir una demanda de casaci\u00f3n (o un cargo) \u201ccuando los errores procesales aducidos no existen o, dado el caso, fueron saneados, o no afectaron las garant\u00edas de las partes, ni comportan una lesi\u00f3n relevante del ordenamiento\u201d. Lo que para el vicio in procedendo de incongruencia, causal que contempla el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 336 ib\u00eddem, significa que desde la misma demanda de casaci\u00f3n est\u00e1 habilitada la Corte para verificar si en efecto est\u00e1 presente el error procesal delatado, para descartarlo por estar saneado o ser intrascendente. <\/p>\n
B. Aplicadas las anteriores directrices a los cargos, encuentra la Corte: <\/p>\n
1. En el primero, preliminarmente se advierte que no tiene la calidad sustancial, ni es norma que se haya aplicado o debido aplicar, la prevista en el art\u00edculo 243 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, que alude a la cosa juzgada constitucional en relaci\u00f3n con los fallos de la Corte Constitucional. Y, debido a la requerida precisi\u00f3n a que antes se aludi\u00f3, no puede se\u00f1alarse como violada una ley completa o un c\u00f3digo, sino que ha de determinarse cu\u00e1l de las normas contempladas all\u00ed, de estirpe sustancial, fue la que result\u00f3 violada por el Tribunal. En consecuencia, no es de recibo en el primer cargo que se mencionen como violadas las leyes 640 de 2001 y 979 de 2005. <\/p>\n
De otra parte, dejando de lado la equivocaci\u00f3n en la causal invocada, pues no es la primera sino la segunda la que se desarrolla, de todos modos se involucran o yuxtaponen elementos de la causal tercera, relativa a la incongruencia de la sentencia, cre\u00e1ndose una mixtura inadmisible, por la confusi\u00f3n que genera, en contra de la requerida precisi\u00f3n y claridad del ataque en casaci\u00f3n. Al rompe, pues, se advierte que en este cargo se entremezclan yerros probatorios y causales de casaci\u00f3n cuya autonom\u00eda desde siempre ha predicado la Corte. <\/p>\n
En efecto, tras indicar que aduce la causal primera, esto es, la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, entra a controvertir aspectos f\u00e1cticos que el Tribunal tuvo en cuenta, referidos a las actas de conciliaci\u00f3n, que afirma haber sido mal apreciadas por el Tribunal, porque teniendo el valor de plena prueba, no les hizo producir los efectos de cosa juzgada, con lo cual mezcla un error de hecho que introduce al comienzo para luego derivarlo hacia el error de derecho, en tanto reclama un efecto jur\u00eddico de \u201cplena prueba\u201d propio del yerro probatorio de derecho. <\/p>\n
Y no para all\u00ed la confusi\u00f3n, pues el recurrente deja entrever su discrepancia con la conclusi\u00f3n del Tribunal en cuanto a las fechas que este tom\u00f3 para determinar el per\u00edodo de la uni\u00f3n marital, dado que tales extremos temporales -afirma- no hab\u00edan sido solicitados en la demanda ni controvertidos en la contestaci\u00f3n; cr\u00edtica que se enmarca propiamente en el \u00e1mbito de la incongruencia, vicio in procedendo de que trata la tercera de las causales de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Y esa misma falencia la repite en el cargo segundo, sobre el que, de entrada, se advierte una notoria falta de precisi\u00f3n en el tipo de error probatorio que le imputa al Tribunal, pues alude a un error de derecho – caso en el cual no se indicaron normas probatorias ni menos las razones de su trasgresi\u00f3n- pero la equivocaci\u00f3n es detallada como desconocimiento probatorio, esto es, referido a la omisi\u00f3n de la prueba, prototipo del error de hecho probatorio. <\/p>\n
Suponiendo que es este entonces el invocado, dicho yerro debe impactar en la norma sustancial invocada como infringida por el Tribunal; pero en este cargo se menciona s\u00f3lo una norma que no existe, el art\u00edculo 66 de la ley 640 de 2001, quedando hu\u00e9rfano el cargo de un elemento esencial de su estructuraci\u00f3n cu\u00e1l es la denuncia de la norma sustancial, punto a partir del cual la Corte ejerce su labor de control de legalidad en sede casacional. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, en el error de hecho la labor del recurrente debe dirigirse a precisar la prueba, determinar lo que en ella se descubre y a continuaci\u00f3n contrastarla con lo que el Tribunal de ella dedujo, a efectos de exaltar la evidencia del yerro. <\/p>\n
Sin embargo, en lo que hace a las actas, el recurrente admite que fueron vistas por el Tribunal, s\u00f3lo que, al crear una improcedente segunda uni\u00f3n marital con su consiguiente sociedad patrimonial, gener\u00f3 esa corporaci\u00f3n una inseguridad jur\u00eddica que atenta contra la cosa juzgada, afirmaci\u00f3n que queda hu\u00e9rfana de demostraci\u00f3n en cuanto a si la omisi\u00f3n fue parcial, es decir, si cercen\u00f3 el Tribunal el contenido de las actas de conciliaci\u00f3n, o si le agreg\u00f3 contenido inadmisibles, debiendo el censor advertir de forma definida y exacta, sin acudir a generalizaciones o asertos sin desarrollo argumental. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con las omisiones de las declaraciones de parte y de testigos, se resalta el desenfoque del recurrente en los argumentos expuestos por el fallador en cuanto a que la pareja hab\u00eda continuado conviviendo como familia de hecho, a partir de episodios (exoneraci\u00f3n de la cuota de alimentos, embarazo y nacimiento del segundo hijo, viaje a San Andr\u00e9s, mudanzas) pues no recibieron ataque alguno. En otras palabras, si el ataque en casaci\u00f3n consiste en derribar las argumentaciones f\u00e1cticas y conclusiones del Tribunal y, solo despejado ese camino pude la censura dirigirse a demostrar las omisiones del Tribunal, ese pilar del fallo, y del cual deduce el juzgador la existencia de una segunda uni\u00f3n marital qued\u00f3 inc\u00f3lume. <\/p>\n
Por \u00faltimo, en ese segundo cargo se hace referencia a discusiones de la pareja que provocaron la intervenci\u00f3n de comisar\u00edas de Familia, pero, nuevamente, el argumento queda expuesto sin desarrollo alguno acerca de la trascendencia de que dichas discusiones evidenciaran lo que persigue el censor, la inexistencia de la segunda uni\u00f3n, pues lo que dedujo de all\u00ed el Tribunal fue que esas medidas administrativas tendientes a que cesaran las conductas de violencia intrafamiliar se produjeron en el marco del agrietamiento que condujeron a la ruptura definitiva el 10 de noviembre de 2016, argumento este que qued\u00f3 inc\u00f3lume tambi\u00e9n. <\/p>\n
3. En cuanto concierne a los cargos tercero y cuarto, se advierte que el recurrente incluy\u00f3 apreciaciones probatorias, contra lo previsto en el literal b), numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En el cargo tercero, al exponer la raz\u00f3n probatoria de la excepci\u00f3n expuesta en la contestaci\u00f3n, sustentada en los documentos allegados con ella, en particular, las actas de conciliaci\u00f3n, sobre todo la \u00faltima en donde se liquid\u00f3 la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes. Y en el cuarto, al cuestionar al Tribunal por no extender el sello de la cosa juzgada a la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes que el juzgador encontr\u00f3 conformada en la segunda uni\u00f3n. <\/p>\n
4. Una anotaci\u00f3n final. Las distintas formas de presentar la cr\u00edtica esencial que el recurrente eleva al fallo, mediante el uso promiscuo de cuatro causales de casaci\u00f3n, denotan una imprecisi\u00f3n generalizada de la demanda, que en realidad tiende frustr\u00e1neamente a bosquejar un argumento t\u00edpicamente jur\u00eddico, que no fue desarrollado ni respecto del cual se formularon interpretaciones o siquiera invocaciones de normas sustanciales pertinentes, argumento este referido a que una vez disuelta la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, as\u00ed ellos volvieran a conformar otra uni\u00f3n marital, esta segunda no genera una sociedad patrimonial entre ellos. Pero visto est\u00e1 que esta tem\u00e1tica no se encuentra en las normas sobre cosa juzgada, que fueron las que se invocaron y que, tambi\u00e9n por falta de idoneidad t\u00e9cnica, impide a la Corte interpretar extensivamente la demanda como si se acudiera a la violaci\u00f3n directa de normas sustanciales. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: INADMITIR los cargos formulados contra la sentencia del 20 de junio de 2018, proferida por la Sala de Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca en el asunto indicado en el ep\u00edgrafe de esta providencia. <\/p>\n
Segundo: En su oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al tribunal de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 El 25 de noviembre de 2020 fecha posterior a la aprobaci\u00f3n de la presente providencia, la apoderada del recurrente present\u00f3 memorial allegando la transacci\u00f3n realizada entre las partes, reiterado el 27 de noviembre siguiente. <\/p>\n
21 <\/p>\n
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AC665-2021 (2017-00464-01) FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente AC665-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25286-31-10-001-2017-00464-01 (Aprobado en secion virtual de primero de octubre de dos mil veinte)1 Bogot\u00e1 D. C., primero (01) de marzo de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda con […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[34],"tags":[],"class_list":["post-53779","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53779","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53779"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53779\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53779"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53779"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53779"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}