AC668-2021 (2014-00716-02)<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC668-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001 31 03 005 2014 00716 02 <\/p>\n
(Aprobado en secion virtual de primero de octubre de dos mil veinte) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (01) de marzo de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte sobre la admisibilidad de la demanda con la que Jaime Rafael Barreto Barreto dice sustentar el recurso de casaci\u00f3n que formul\u00f3 contra la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2017 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, en el proceso verbal de nulidad absoluta promovido por el aqu\u00ed recurrente contra Sonia Cha\u00edn de Ochoa, Sabrina, Natalia, Vanessa, Edgar y Jos\u00e9 Miguel Ochoa Cha\u00edn, Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A. e Inos S.A.S. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
A. Pretensi\u00f3n <\/p>\n
Pretende el demandante que, frente a las convocadas, se declare la nulidad absoluta de los negocios jur\u00eddicos contenidos en las escrituras p\u00fablicas n\u00b0 332 del 25 de enero de 2001, otorgada ante la Notar\u00eda 10\u00aa de Barranquilla y n\u00b0 4390 del 23 de diciembre de 2011 de la Notar\u00eda 12\u00aa de Barranquilla, inscritas en el folio inmobiliario 040-0121101 de la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos de Barranquilla <\/p>\n
Consecuencialmente, que se ordene a su favor la restituci\u00f3n de la posesi\u00f3n del inmueble sobre que versan los actos declarados nulos, as\u00ed como la cancelaci\u00f3n de las inscripciones correspondientes. <\/p>\n
B. Causa petendi <\/p>\n
De modo sint\u00e9tico, en la demanda presentada a reparto el 10 de noviembre de 2014, y su reforma, indica Jaime Rafael Barreto Barreto que, fallecido Edgar Ochoa Ochoa, demandante dentro de un previo proceso de petici\u00f3n de dominio y reivindicatorio que curs\u00f3 contra Barreto, la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite y herederos de Ochoa vendieron a la sociedad INOS SAS, los gananciales y derechos herenciales sobre bienes de ese causante, y, en particular, el Lote Dos B, que hace parte de la Zona 2 del globo general del terreno denominado San Marcos, identificado con matr\u00edcula inmobiliaria 040-0121101. Negocio convenido en la mencionada escritura p\u00fablica No. 332 del 25 de enero de 2001. <\/p>\n
Esa compraventa es contraria a lo establecido en el art\u00edculo 60 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil en concordancia con el art\u00edculo 1969 de\u00f1 c\u00f3digo civil, dado que los derechos litigiosos solo pueden ser objeto de sucesi\u00f3n procesal, por lo que esa operaci\u00f3n jur\u00eddica est\u00e1 afectada de nulidad absoluta. En adici\u00f3n, con dicha venta se incumpli\u00f3 el convenio y\/o contrato de tenencia suscrito el 3 de septiembre de 1996 por el entonces demandante Edgar Ochoa Ochoa y el se\u00f1or Barreto, entonces en su calidad de demandado, a la saz\u00f3n absuelto en el proceso reivindicatorio, que vers\u00f3 sobre el inmueble de este proceso. <\/p>\n
Aduce que tambi\u00e9n es absolutamente nulo el acto jur\u00eddico contenido en la escritura p\u00fablica 4390 del 23 de diciembre de 2011 (trasferencia de dominio a t\u00edtulo de beneficio en fiducia mercantil de Inos Ltda. a Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A) otorgada en la Notar\u00eda 12\u00aa de Barranquilla, porque la fiduciaria adquirente- cesionaria, a sabiendas de la existencia de la demanda de pertenencia y su medida cautelar inscrita en el folio mencionado (040-0121101)-, celebr\u00f3 el anterior negocio jur\u00eddico, cuando su objeto o el derecho negociado era litigioso. <\/p>\n
C. Posici\u00f3n de los demandados <\/p>\n
En diversos escritos los demandados se opusieron a las pretensiones. Aclararon algunos hechos y negaron otros, pero en especial formularon como excepci\u00f3n de m\u00e9rito, a la vez que previa, entre otras, la prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n y, en el caso de la Sociedad Acci\u00f3n Fiduciaria S.A., su falta de legitimaci\u00f3n. <\/p>\n
D. Primera instancia <\/p>\n
El Juzgado de conocimiento, que lo fue el Quinto Civil del Circuito de Barranquilla, puso fin a la instancia con providencia del 2 de diciembre de 2016, que calific\u00f3 luego de sentencia anticipada (auto del 15 de febrero de 2017), en la cual declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n de nulidad de la escritura p\u00fablica n\u00b0 332 de fecha 25 de enero de 2001, otorgada por la Notar\u00eda 10\u00aa de Barranquilla as\u00ed como la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n en causa por pasiva alegada por la Sociedad Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A. <\/p>\n
E. Segunda instancia <\/p>\n
Contra este fallo la parte actora formul\u00f3 en tiempo recurso de apelaci\u00f3n. Sus reproches se dirigieron a se\u00f1alar que la falta de legitimaci\u00f3n en la causa no fue propuesta como excepci\u00f3n previa no obstante lo cual fue declarada en la sentencia anticipada; que la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n resultaba improcedente; y que el juzgado no se detuvo a constatar los vicios de ineficacia de los negocios jur\u00eddicos cuestionados. <\/p>\n
El Tribunal desat\u00f3 la alzada con la sentencia impugnada en casaci\u00f3n, en la que, para confirmar la del juzgado, explic\u00f3 en esencia que hoy los jueces, en tributo a la econom\u00eda procesal, tienen el deber de dictar sentencia anticipada (art\u00edculo 278 CGP y 95 y 187 CPC) cuando encuentren demostrada, entre otras figuras, la prescripci\u00f3n o falta de legitimaci\u00f3n en la causa. Identific\u00f3 que el problema a resolver es el de si de cara a las pruebas se encuentran estructurados los elementos de esas excepciones acogidas por el juzgado. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, record\u00f3 que la Ley 791 de 2002 redujo a 10 a\u00f1os la prescripci\u00f3n veintenaria extintiva y entr\u00f3 en vigencia el 27 de diciembre de 2002, al paso que el negocio jur\u00eddico cuestionado fue celebrado el 25 de enero de 2001, pero que por lo dispuesto en el art\u00edculo 41 de la Ley 153 de 1887, el prescribiente pod\u00eda acogerse al nuevo t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n, esto es 10 a\u00f1os, solo que el plazo comenzar\u00eda contarse a partir de la vigencia de la ley mencionada. Y constat\u00f3 que eso fue lo que hicieron los demandados cuando formularon la excepci\u00f3n declarada. <\/p>\n
Por tanto, concluy\u00f3 preliminarmente el Tribunal que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n comenz\u00f3 desde el 27 de diciembre de 2002 y se consolid\u00f3 en el mismo d\u00eda de 2012, la parte demandada lo aleg\u00f3 en tiempo y el juzgado, por tanto, no aplic\u00f3 indebidamente la ley 791 de 2001. <\/p>\n
Con esas bases, pas\u00f3 a examinar si dicho t\u00e9rmino fue interrumpido, como lo alega el apelante. Verific\u00f3 que la demanda no se present\u00f3 dentro del plazo decenal, y es precisamente esa actuaci\u00f3n la que sirve de detonante para la interrupci\u00f3n, tanto en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil como en el General del Proceso, siempre que el auto admisorio de la demanda se notifique al demandado dentro del a\u00f1o siguiente a la notificaci\u00f3n de esa providencia al demandante. En consecuencia, se\u00f1al\u00f3 la Corporaci\u00f3n colegiada que la alegaci\u00f3n del demandante -en cuanto a que en un proceso diferente se interrumpi\u00f3 esa prescripci\u00f3n extintiva- es inoperante porque este fen\u00f3meno s\u00f3lo se activa con el ejercicio de la acci\u00f3n durante el t\u00e9rmino definido y con la acci\u00f3n adecuada, es decir, aquella tendiente a procurar la declaraci\u00f3n de nulidad del negocio jur\u00eddico reprochado y no con una distinta. Ni es cierto que dicha acci\u00f3n tan s\u00f3lo se pod\u00eda instaurar a la terminaci\u00f3n del proceso reivindicatorio que cursaba en contra del hoy demandante. <\/p>\n
Finalmente, la Sala estima que al haber quedado demostrada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n en la forma antes mencionada, no es necesario el an\u00e1lisis sobre la segunda excepci\u00f3n, la de la falta de legitimaci\u00f3n en la causa. Pero, en todo caso, responde a la cr\u00edtica del recurrente en cuanto a que s\u00ed fue efectivamente formulada por la fiduciaria en el escrito de excepciones previas; y aun cuando no lo hubiese sido, como la legitimaci\u00f3n en la causa por activa o por pasiva es un presupuesto procesal de la pretensi\u00f3n, el juez de oficio debe estudiarla. <\/p>\n
II. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
La demanda formula un cargo por nulidad procesal, otros dos por incongruencia y dos m\u00e1s por violaci\u00f3n indirecta de normas sustanciales a consecuencia de errores de hecho, cargos en los cuales la Corte encuentra insuperables defectos t\u00e9cnicos que impiden su admisi\u00f3n, seg\u00fan las explicaciones que siguen. <\/p>\n
Dado que la sentencia impugnada se profiri\u00f3 en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, es este estatuto del que rige el tr\u00e1mite del recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
En consecuencia, previamente debe advertirse que en este estadio procesal la Corte analiza la conformidad de la demanda sin avanzar en su estudio de fondo, seg\u00fan las previsiones de los art\u00edculos 344 y 346 de ese estatuto ritual, atinentes a los requisitos que debe cumplir ese libelo y a las consecuencias de su desatenci\u00f3n, sin dejar de lado que, a\u00fan cumplidos, es dable que ejerza la facultad de selecci\u00f3n adversa prevista en el art\u00edculo 347. O que propiamente la seleccione de oficio y no por solicitud de parte, si interesa a los fines establecidos en el segundo inciso del art\u00edculo 16 de la Ley 270 de 1996, con la modificaci\u00f3n introducida por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009, y el \u00faltimo inciso del art\u00edculo 336. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Con fundamento en la causal prevista en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, en este cargo se acusa la sentencia del Tribunal de haberse dictado en un juicio viciado de nulidad por haberse incurrido en la irregularidad prevista en el numeral 6\u00ba del art\u00edculo133 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, por haberse omitido la oportunidad para alegar de conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Esa omisi\u00f3n se present\u00f3 cuando el a quo profiri\u00f3 la sentencia, privando al demandante de la oportunidad de explicar la raz\u00f3n por la cual hab\u00eda operado la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
La causal de casaci\u00f3n alegada expresamente exige que el vicio constitutivo de la nulidad procesal que da pie a su aducci\u00f3n no hubiese sido saneado (art. 336, #5 CGP). Por consiguiente, con independencia de la procedencia y validez de que se dicte sentencia anticipada sin o\u00edr a las partes sus alegatos, cuesti\u00f3n ya definida por la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n (cfr. SC2534-2019, de 10 jul 2019, rad. n\u00b0 11001-02-03-000-2018-03956-00, SC3955-2019; SC3955-2019 de 26 sep 2019, rad. n\u00b0 11001-02-03-000-2018-02393-00; SC2365-2019 de 2 jul 2019, rad. n\u00b0 11001-02-03-000-2017-03193-00, entre muchas otras) lo cierto es que, habi\u00e9ndose presentado en la primera instancia el fen\u00f3meno que de irregular califica el recurrente, tuvo \u00e9ste la oportunidad para aducirlo como constitutivo de nulidad y no lo hizo. Y bien se sabe que \u201cno podr\u00e1 alegar la nulidad \u2026quien despu\u00e9s de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla\u201d (inciso segundo del art\u00edculo 135 CGP). <\/p>\n
Esta sola circunstancia impide que el cargo pueda ser admitido para su estudio de fondo. <\/p>\n
CARGOS SEGUNDO Y TERCERO <\/p>\n
En el cargo segundo se acusa la sentencia del Tribunal de ser incongruente citra o infra petita, porque el Tribunal \u201cignor\u00f3 apreciar y estudiar, sin raz\u00f3n aparente, la solicitud de constataci\u00f3n y\/o reconocimiento de los vicios de ineficacia plena del negocio jur\u00eddico cuya nulidad se demand\u00f3 en principio\u201d (f. 27, c. Corte), pero a la que luego, con memorial del 8 de junio de 2016, se adicion\u00f3 la aludida solicitud de ineficacia plena. <\/p>\n
Esta ineficacia la retrotrae el censor a la escritura 2783 de 1980, otorgada notar\u00eda 2\u00aa de Barranquilla, cuando el causante Edgardo Ochoa pretendi\u00f3 adquirir el inmueble sobre que versaron las escrituras pretensamente nulas, pero sin el cumplimiento de requisitos esenciales para su validez, porque los poderes otorgados por los titulares se refieren a transferencia de acciones y no a enajenaci\u00f3n de un cuerpo cierto. En consecuencia, prosigue el censor, al no tener en cuenta este antecedente, la sentencia recurrida no guarda consonancia con las pretensiones. <\/p>\n
Agrega que su solicitud de ineficacia plena la reiter\u00f3 adem\u00e1s cuando pidi\u00f3 adici\u00f3n del fallo, la cual fue negada porque ya se hab\u00eda interpuesto el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Y en el cargo tercero, tambi\u00e9n con fundamento en la tercera causal de casaci\u00f3n, se acusa la sentencia por incongruente en la modalidad extra petita. <\/p>\n
Al efecto, recuerda el censor que las pretensiones consistieron en la declaratoria de nulidad absoluta de los negocios jur\u00eddicos de que trata las escrituras p\u00fablicas 332 del 25 de enero de 2001 otorgada en la notar\u00eda 10\u00aa de Barranquilla y 4390 del 23 de diciembre de 2011 otorgada en la notar\u00eda 12\u00aa de esa misma ciudad con las consecuenciales pretensiones de restituci\u00f3n de la posesi\u00f3n y cancelaci\u00f3n de las inscripciones en el folio de matr\u00edcula correspondiente. <\/p>\n
Pero la sentencia recurrida, que confirm\u00f3 en esto la del juzgado de primera instancia, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n previa de prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n de \u201cnulidad de la escritura p\u00fablica n\u00famero 332\u201d, lo cual no fue objeto de controversia ni es lo mismo que lo pedido. <\/p>\n
CONSIDERACIONES SOBRE ESTOS CARGOS <\/p>\n
De acuerdo con el art\u00edculo 347 del C\u00f3digo General del Proceso, aunque la demanda de casaci\u00f3n cumpla los requisitos formales, puede ser inadmitida, entre otros casos, cuando \u201clos errores procesales aducidos no existen o, dado el caso, fueron saneados, o no afectaron las garant\u00edas de las partes, ni comportan una lesi\u00f3n relevante del ordenamiento\u201d. <\/p>\n
Los errores procesales pueden ser enmendados por diversas v\u00edas, como las nulidades o los recursos. Los cometidos en el fallo propiamente dicho pueden corresponder a la inobservancia por parte del juez por no ce\u00f1irse, por exceso o por defecto, a los contornos delineados en la demanda (hechos y pretensiones) y las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio. En alg\u00fan tiempo, como yerros procesales que son, pudieron haber sido considerados como modalidad de exceso de poder constitutivo de nulidad procesal, pero hoy tienen una fisonom\u00eda propia que se ampara con la regla de la congruencia o consonancia de los fallos. <\/p>\n
En efecto, las facultades decisorias de \u00f3rgano jurisdiccional est\u00e1n delimitadas. En la decisi\u00f3n proferida debe existir identidad entre lo resuelto y aquellas cuestiones que en la oportunidad debida plantearon los litigantes como objeto de la controversia, sin perjuicio de los poderes oficiosos que normas especiales instituyen en los jueces. Si el fallador guarda silencio sobre las excepciones incurre en un vicio de actividad que se plasma en haber omitido ejercer de manera plena la funci\u00f3n jurisdiccional dentro de la \u00f3rbita que le corresponde y cuya secuela inmediata es el pronunciamiento de una sentencia diminuta o m\u00ednima petita. <\/p>\n
En el cargo segundo plantea el recurrente una incongruencia citra petita, que la hace consistir en que el Tribunal, cuando confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del Juzgado, incurri\u00f3 en dicho vicio al no estudiar una solicitud del recurrente. Pero la Corte advierte que no fue ella elevada en la demanda o en las oportunidades que el C\u00f3digo establece para su adici\u00f3n o reforma, si no tiempo despu\u00e9s. <\/p>\n
En efecto, la demanda (fls. 1 a 9, c.1) fue objeto de una reforma (fls. 92 a 113, c. 1) que el juzgado admiti\u00f3 mediante providencia del 14 de octubre de 2015 en la que precis\u00f3, con respecto a las pretensiones, que ellas se circunscrib\u00edan a la de nulidad absoluta de la compraventa contenida en la escritura p\u00fablica 332 del 25 de enero de 2001 otorgada notar\u00eda 10\u00aa de Barranquilla, y la compraventa de que trata la escritura p\u00fablica 4390 el 23 de diciembre de 2011 otorgada en la notar\u00eda 12 de Barranquilla, con la restituci\u00f3n del inmueble objeto de esas negociaciones. <\/p>\n
En consecuencia, si, ya conformada la litiscontestatio, en posterior memorial presentado del 7 de junio de 2016 (fls. 1 a 10, c. 2), hizo el actor algunas peticiones referidas a ineficacia o inexistencia de una escritura de 1980, resulta claro que la omisi\u00f3n en la que pudo haber incurrido el juzgado no es constitutiva de un error procesal. Por tanto, m\u00e1s all\u00e1 de toda otra consideraci\u00f3n, el cargo no est\u00e1 llamado a ser admitido en aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el mentado art\u00edculo 347, no sin antes complementar que, si el Tribunal encontr\u00f3 demostrada la prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n, hubo de denegar las pretensiones, por lo cual, se pronunci\u00f3 sobre todas ellas. <\/p>\n
Igual suerte corre el tercer cargo, porque el error in procedendo que se le endosa al fallo del Tribunal no existe, conclusi\u00f3n categ\u00f3rica a la que llega la Corte, tomando en cuenta el curso del proceso y, lo que es m\u00e1s importante, las consideraciones del Tribunal, pues con ellas puede comprenderse a qu\u00e9 se refiri\u00f3 cuando confirm\u00f3 la sentencia anticipada de primera instancia. Dijo esa colegiatura: <\/p>\n
Min. 60: \u201cSi bien es cierto el negocio jur\u00eddico del cual se pretende la declaratoria de nulidad fue celebrado con anterioridad a la vigencia de la ley 791 de 2002, esto es, el 25 de enero \u2026 Ello no implica necesariamente que la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n para invocar la nulidad de \u00e9ste se regir\u00e1 por el t\u00e9rmino de 20 a\u00f1os, toda vez que\u2026 <\/p>\n
Min 69: \u2026 \u201cDe igual forma al momento de proponer las excepciones previas expresamente alegaron la aplicaci\u00f3n de la ley 791 de 2002 haciendo referencia a que ya hab\u00eda operado el t\u00e9rmino de 10 a\u00f1os para demandar la nulidad del contrato cuestionado\u2026 <\/p>\n
Min 71: \u201cDe esta forma, no es v\u00e1lido el razonamiento del recurrente al se\u00f1alar que hab\u00eda operado la interrupci\u00f3n del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n, alegando la existencia de un proceso judicial distinto al que hoy nos convoca, habida cuenta que este fen\u00f3meno tan s\u00f3lo opera con el ejercicio de la acci\u00f3n durante el t\u00e9rmino definido, aclarando que debe tratarse de la acci\u00f3n adecuada, es decir ,de aquella tendiente a procurar la declaratoria de nulidad del negocio jur\u00eddico reprochado y no de una actuaci\u00f3n distinta\u2026 <\/p>\n
Min 74: \u2026\u201dResuelve: 1\u00ba) Confirmar la providencia apelada de fecha dos de diciembre de 2016 proferida por el juzgado quinto civil del circuito de Barranquilla al interior del proceso verbal de nulidad de contrato seguido por el doctor Jaime Rafael Barreto Barreto contra la sociedad\u2026INOS \u2026\u201d <\/p>\n
F\u00e1cilmente se comprende que el error en que incurri\u00f3 el juzgado y que el Tribunal no enmend\u00f3 a pesar de la advertencia del apelante, no constituye propiamente una raz\u00f3n para que se configure la causal de incongruencia que se alega en el cargo tercero, pues sensatamente debe entenderse, de cara a los razonamientos del Tribunal, que con claridad se refer\u00eda a la nulidad del contrato y no a la nulidad formal de la escritura. <\/p>\n
En consecuencia, por no encontrar estructurados los errores procesales, ninguno de los dos cargos puede ser admitido a tr\u00e1mite. <\/p>\n
Se acusa la sentencia del Tribunal de violaci\u00f3n indirecta de normas sustanciales como consecuencia de error de hecho por indebida valoraci\u00f3n de la escritura p\u00fablica 332 del 25 de enero de 2001. Por pretermitir los fallos judiciales proferidos en el proceso previo entre el recurrente y Edgar Ochoa, esto es, la sentencia del 29 de marzo de 1996 del Juzgado 6\u00ba Civil del Circuito de Barranquilla, la del 25 de agosto de 1998 de la Sala civil del Tribunal Superior de Barranquilla y la sentencia de la Corte Suprema de fecha 30 de noviembre de 2005. Estos fallos dan certeza de la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n de la nulidad que ac\u00e1 pide declarar contra, entre otros, la escritura p\u00fablica 332 mencionada. <\/p>\n
Manifiesta el recurrente que el Tribunal infringi\u00f3, por aplicaci\u00f3n indebida, los art\u00edculos 2535 inc. 1\u00ba, 2536 modificado por el 8\u00ba de la Ley 791 de 2002 y 94 del C\u00f3digo General del Proceso. Y por falta de aplicaci\u00f3n los art\u00edculos 2530, 2539, 95#3\u00ba, 133#6\u00ba, 176, 281, 372, 373 y concordantes del C\u00f3digo General del Proceso, en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 1740, 1741, 1742 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
En primer lugar, indica que valor\u00f3 equivocadamente la escritura 332 del 25 de enero de 2001, atribuy\u00e9ndole una \u201cinteligencia y\/o capacidad probatoria por adici\u00f3n que \u00e9sta no contiene\u201d. <\/p>\n
Con miras a desarrollar este aserto, indica que el ad quem viol\u00f3 indirectamente los numerales 1\u00ba y 2\u00ba del art\u00edculo 2535. Del primero recalca que el lapso de tiempo no es absoluto ni inexorable pues puede ser objeto de interrupci\u00f3n y suspensi\u00f3n, seg\u00fan lo dispone el art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso. Y del segundo (\u201cse cuenta este tiempo desde que la obligaci\u00f3n se haya hecho exigible\u201d) aplicable a la prescripci\u00f3n entre deudores y acreedores y tambi\u00e9n al presente caso, \u201ccuando se ejercita la acci\u00f3n judicial no s\u00f3lo como principal o aut\u00f3noma o accesoria\u201d. Pero adem\u00e1s el Tribunal viol\u00f3 \u201cdisposiciones adjetivas de perentoria observancia, de la audiencia de juzgamiento (art\u00edculo 372 y 323 CGP) y los alegatos de partes, art\u00edculo133 numerales5 y 6 en concordancia con los art\u00edculos 166, 303 del CGP\u201d . <\/p>\n
En segundo lugar, el Tribunal cometi\u00f3 graves errores in procedendo \u201cal restarle y\/o valor probatorio a evidencias sobre la ocurrencia de procesos judiciales (demandas de pertenencia) dentro de las mismas partes y objeto, dentro de cuyo tr\u00e1mite se demand\u00f3 como accesoria la nulidad del negocio jur\u00eddico que nos ocupa, las cuales en derecho son prueba de la interrupci\u00f3n de la acci\u00f3n de prescripci\u00f3n\u201d (f. 40). <\/p>\n
En procura de su demostraci\u00f3n, se\u00f1ala el recurrente que en el tr\u00e1mite del proceso de pertenencia entre las mismas partes y objeto, que curs\u00f3 en el Juzgado 13 Civil del Circuito de Barranquilla y culmin\u00f3 con providencia de la Corte Suprema de Justicia del 8 de mayo de 2015, se solicit\u00f3 como \u201cpretensi\u00f3n accesoria\u201d la nulidad que se ventila en este proceso, piezas que de haber valorado correctamente el Tribunal, hubiera considerado la ocurrencia de la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
Asimismo, y en tercer lugar, la sentencia incurri\u00f3 en error de hecho al omitir los fallos judiciales proferidos por el Juzgado Sexto Civil de Circuito, la Sala Civil del Tribunal de Barranquilla y la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema, dentro del proceso mixto petitorio de dominio y reivindicatorio, que se hab\u00eda iniciado en 1990 y termin\u00f3 el 30 de noviembre de 2005. El Tribunal desconoci\u00f3 que el negocio jur\u00eddico que se tilda de nulo tiene como objeto un derecho litigioso -el de ese proceso que dio origen a las sentencias mencionadas-, y no apreci\u00f3 en conjunto el recaudo probatorio y, consecuencialmente, no observ\u00f3 los requisitos de posibilidad y licitud que debe reunir el objeto de todo acto jur\u00eddico, que contrasta con la carencia de la calidad de sucesores procesales de los transferentes socios de la sociedad demandada INOS SAS. En suma, el Tribunal dej\u00f3 de apreciar que estos socios no detentaban derecho subjetivo alguno sobre el inmueble. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, alega el recurrente que debe aplicarse la funci\u00f3n positiva de la cosa juzgada a la presente acci\u00f3n de nulidad por cuanto la sentencia recurrida incurri\u00f3 en yerro de hecho al apreciar y valorar distorsionando en su contenido medios probatorios. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Dentro de las exigencias formales que la demanda de casaci\u00f3n debe cumplir, la Corte resalta ahora el atinente a la precisi\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n. Es lo que de manera puntual y para todas las causales establece, entre otros requisitos m\u00e1s, el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso: \u201cla demanda de casaci\u00f3n deber\u00e1 contener\u20262. la formulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa\u2026\u201d <\/p>\n
La precisi\u00f3n implica \u201ctino\u201d, es decir, que el ataque se dirija propiamente al fundamento arg\u00fcido por el Tribunal para decidir como lo hizo. Esa precisi\u00f3n involucra adem\u00e1s \u201csimetr\u00eda\u201d, entendida \u201ccomo armon\u00eda de la demanda de casaci\u00f3n con la sentencia en cuanto a la plenitud del ataque, es decir, porque aquella combate todas y cada una de las apreciaciones jur\u00eddicas y probatorias que fundamentan la resoluci\u00f3n\u2019 (Auto No. 174 de 8 de agosto de 2003, citando G.J. CCLV-116)\u201d (CSJ AC-226-2004 del 19 de octubre de 2004, rad. 66682-31-03-001-2002-00051-01). Pero s\u00f3lo ellas y no otras, pues si desv\u00eda su ataque a aspectos ajenos incurrir\u00eda en \u201cdesenfoque\u201d o \u201cdesatino\u201d, dado que si el recurrente debe dirigir su embate a los argumentos de la sentencia, resulta del todo inoficioso a m\u00e1s de confuso esgrimir otros delineados a su mejor conveniencia, pero con olvido de las aludidas bases jur\u00eddicas o f\u00e1cticas del fallo que combate. <\/p>\n
Sobre este \u00faltimo aspecto de la regla t\u00e9cnica que se examina, dijo la Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
El fen\u00f3meno del desatino de la acusaci\u00f3n ocurre \u201ccuando la argumentaci\u00f3n del recurrente se enfoca hacia aspectos que no fueron desarrollados por el fallador, es decir cuando van por caminos dis\u00edmiles\u201d, por lo que las razones del casacionista \u201ccarecen de la virtualidad necesaria para enervar el soporte de la sentencia impugnada, siendo inane la censura formulada. Precisamente a este defecto, que supone que el recurrente dirija su labor impugnaticia hacia fundamentos diferentes de los tenidos en cuenta por el fallador y no frente al soporte real de la decisi\u00f3n, de antiguo, en la esfera casacional se le conoce como desenfoque o desatino del cargo, que, por la misma raz\u00f3n anotada, le resta todo m\u00e9rito de prosperidad a la censura.\u201d (Sentencia del 18 de octubre de 2000, exp. 5638) <\/p>\n
En el com\u00fan de las veces, el desenfoque de la impugnaci\u00f3n se establece al momento del estudio de fondo de la cuesti\u00f3n litigiosa, esto es, en el fallo propiamente dicho, siempre y cuando el sentenciador de casaci\u00f3n haya verificado que la acusaci\u00f3n se orient\u00f3 en sentido muy diverso de los fundamentos tenidos en cuenta por el Tribunal. <\/p>\n
Sin embargo, cuando al momento del examen de la admisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n resulta claramente tangible el desenfoque de la acusaci\u00f3n, cuando \u00e9ste sobresale en forma palmaria, cuando ese desatino se constata sin mayor esfuerzo por parte del juzgador, puede entonces entenderse que el casacionista dej\u00f3 de lado la insoslayable carga de la precisi\u00f3n exigida para la formulaci\u00f3n del cargo, y por tanto su demanda \u2013en tales circunstancias- se torna inadmisible, en la medida en que desatendi\u00f3 los c\u00e1nones formales contemplados por la ley procesal, particularmente el deber de ser preciso en el ataque o en la impugnaci\u00f3n (CSJ AC 323-2000, del 15 de diciembre de 2000, rad. 760013110008-1996-8690-02. Subraya ahora la Sala) <\/p>\n
En el cargo que se examina plantea el recurrente que el Tribunal cometi\u00f3 error de hecho en la apreciaci\u00f3n de la escritura p\u00fablica 332 del 25 de enero de 2001, pues le atribuy\u00f3 una inteligencia y\/o capacidad probatoria por adici\u00f3n que \u00e9sta no contiene, aserto que plantea sin ofrecer argumentaci\u00f3n alguna que lo desarrolle. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el error de hecho cometido por el Tribunal por no haberse percatado de que la nulidad ac\u00e1 perseguida tambi\u00e9n lo fue como pretensi\u00f3n accesoria en proceso anterior entre las mismas partes y sobre el mismo bien, no encuentra la Corte precisi\u00f3n en la determinaci\u00f3n de la prueba, carga del recurrente exigida en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso1 en concordancia con el art\u00edculo 344 que tambi\u00e9n en forma ostensible repite: \u201csi se invoca un error de hecho manifiesto, se singularizar\u00e1 con precisi\u00f3n y claridad, indic\u00e1ndose en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son en concreto las pruebas sobre las que recae\u201d. <\/p>\n
Por consiguiente, si el recurrente alega como base de su acusaci\u00f3n que el Tribunal dej\u00f3 de ver una pretensi\u00f3n accesoria elevada en proceso anterior, dirigida a que se declarara la nulidad de la mentada escritura p\u00fablica 332, se esperar\u00eda que, como m\u00ednimo, en tributo a la referida precisi\u00f3n, quedara determinado e identificado el documento (demanda o escrito) en el que tempestivamente se introdujo dicha pretensi\u00f3n en el proceso referenciado, que lo fue de pertenencia, sin que quede la acusaci\u00f3n en el p\u00f3rtico de la casaci\u00f3n, como suele decirse, debido a la falta de precisi\u00f3n y argumentaci\u00f3n de cara a lo que la prueba en efecto denota. <\/p>\n
Y en relaci\u00f3n con los fallos judiciales proferidos dentro del proceso mixto de petici\u00f3n de dominio y reivindicatorio, de cuya omisi\u00f3n tambi\u00e9n se acusa al Tribunal, lo que intenta decir el impugnante es que tales procesos tienen relaci\u00f3n estrecha con la acci\u00f3n de nulidad de este litigio, y repite la raz\u00f3n por la cual considera que el negocio jur\u00eddico de la escritura 332 es nulo, aspectos completamente ajenos al que es puntualmente objeto de ataque, referido a la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n, incurriendo por tanto en notorio desenfoque. <\/p>\n
QUINTO CARGO <\/p>\n
Hasta donde se puede entender, en este cargo se acusa la sentencia de haber incurrido en error de hecho por indebida apreciaci\u00f3n de la prueba, lo que condujo al Tribunal a declarar probada la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva de Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A. <\/p>\n
En procura de su demostraci\u00f3n, indica que en la escritura p\u00fablica 4390 del 23 de diciembre de 2011 otorgada notar\u00eda 12 de Barranquilla, figura la mentada sociedad como adquirente del patrimonio aut\u00f3nomo y por consiguiente est\u00e1 legitimada en la causa por pasiva dentro del tr\u00e1mite del presente proceso. El Tribunal dej\u00f3 de apreciarlo. Como tampoco apreci\u00f3 el certificado de tradici\u00f3n y libertad en la que consta la inscripci\u00f3n de dicha escritura, a pesar de fungir el inmueble como derecho litigioso. <\/p>\n
Asimismo, no apreci\u00f3 que Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A. carec\u00eda de derecho subjetivo sobre el inmueble, como tampoco lo ostentaban los socios transferentes de derecho sucesoral a INO SAS, quienes ni siquiera detentaban la posesi\u00f3n al haber sido vencidos en precedente proceso reivindicatorio. <\/p>\n
Luego de reproducir fragmento de jurisprudencia de esta Sala, se\u00f1ala el censor que en esa contrataci\u00f3n se actu\u00f3 con mala fe; que el Tribunal al dejar de apreciar en su conjunto la prueba, no observ\u00f3 que el negocio jur\u00eddico de compraventa pura y simple sobre la causa litigiosa burla a la administraci\u00f3n de justicia, en quebranto del art\u00edculo 1969 del C\u00f3digo Civil; que la traslaci\u00f3n del dominio contemplada en el art\u00edculo 1549 del C\u00f3digo Civil estaba sometida a una condici\u00f3n suspensiva en tanto que era un derecho litigioso. <\/p>\n
A pesar de lograr entenderse que el cargo busca confutar la excepci\u00f3n que reconoci\u00f3 el ad quem, de falta de legitimaci\u00f3n de Acci\u00f3n Fiduciaria S.A., achac\u00e1ndole el censor la comisi\u00f3n de yerros de hecho, tanto por no valorar en conjunto la prueba, como por equivocarse en la apreciaci\u00f3n de las escrituras pretensamente nulas, prevalece la confusi\u00f3n y no la claridad y precisi\u00f3n que se exige en el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso en los fundamentos de la acusaci\u00f3n, como requisito de la demanda de casaci\u00f3n, seg\u00fan a espacio se explic\u00f3 en l\u00edneas precedentes. <\/p>\n
El recurrente, en efecto, alude a la falta de valoraci\u00f3n en conjunto de la prueba (falencia que constituye un yerro de derecho), a la ausencia de derecho subjetivo de INOS SAS sobre el inmueble objeto del contrato en que aquella particip\u00f3, a que ese objeto era una cosa litigiosa, a la carencia de la calidad de sucesores procesales de los transferentes socios de INOS SAS a esta sociedad, a no detentar estos ni siquiera la posesi\u00f3n, a m\u00e1s de no haber observado los principios de la autonom\u00eda de la voluntad privada. En fin, un plexo de afirmaciones deshilvanadas que le hicieron dejar de lado aspectos esenciales de la causal aducida, el principal de los cuales, y con el cual basta para inadmitir el cargo, es el atinente a la ausencia en este de normas sustanciales, que habiendo sido esenciales al fallo o debiendo serlo, en concepto del recurrente fueron infringidas por el Tribunal en el aspecto espec\u00edfico que est\u00e1 combatiendo, esto es, el atinente a la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva que el ad quem reconoci\u00f3 como excepci\u00f3n previa aducida por Acci\u00f3n Fiduciaria S.A. <\/p>\n
Es lo que regula el precepto mencionado que, siguiendo la senda trazada por el decreto 2651 de 1991, estableci\u00f3 en el par\u00e1grafo primero que \u201ccuando se invoque la infracci\u00f3n de normas sustanciales ser\u00e1 suficiente se\u00f1alar cualquiera disposici\u00f3n de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa\u201d. <\/p>\n
La anterior omisi\u00f3n impide a la Corte, como tribunal de casaci\u00f3n, ejercer la funci\u00f3n nomofil\u00e1ctica que le fue deferida, en el estricto marco planteado por el recurrente, sin derivar hacia una instancia adicional. Ello es suficiente para inadmitir a tr\u00e1mite el cargo. <\/p>\n
Y como ninguno es apto, se sigue de ah\u00ed la inadmisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. INADMITIR la demanda presentada tendiente a sustentar la impugnaci\u00f3n formulada. <\/p>\n
SEGUNDO. ORDENAR la devoluci\u00f3n del expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 Dice el precepto: \u201cson causales del recurso extraordinario de casaci\u00f3n: \u2026 2. la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, como consecuencia de error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n o de una determinada prueba <\/p>\n
<\/p>\n
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AC668-2021 (2014-00716-02) FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente AC668-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001 31 03 005 2014 00716 02 (Aprobado en secion virtual de primero de octubre de dos mil veinte) Bogot\u00e1, D. C., primero (01) de marzo de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte sobre […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[34],"tags":[],"class_list":["post-53781","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53781","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53781"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53781\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53781"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53781"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53781"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}