AC730-2021 (2016-00317-01)<\/p>\n
<\/p>\n
AC730-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001 31 03 002 2016 00317 01 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Procede la Corte a resolver lo que corresponde sobre la admisi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n propuesto por la demandante frente a la sentencia de 18 de febrero de 2020, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso reivindicatorio promovido por Ingenier\u00eda y Construcci\u00f3n Incor S.A.S., frente al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Jamund\u00ed, Arlington Polanco, Carlos Mario Moncada Bustamante, Isabel Ca\u00f1averal, Jhon Alexander Trujillo Banguero y \u00d3scar David Pineda e indeterminados. <\/p>\n
1.-ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La accionante pidi\u00f3 la reivindicaci\u00f3n de un lote de terreno ubicado en Jamund\u00ed, Valle, supuestamente pose\u00eddo por los convocados, a quienes pidi\u00f3 condenar a pagarle los frutos naturales o civiles que aquel hubiera podido producirle con mediana inteligencia y cuidado, a justa tasaci\u00f3n de peritos, desde el 30 de septiembre de 2016 cuando entraron a poseerlo en forma irregular y ser exonerada de retribuirles las expensas necesarias, al ser detentores de mala fe (fls. 58 a 67, c.1). <\/p>\n
2.- El juez de primer grado deneg\u00f3 los pedimentos y el superior, al desatar la alzada propuesta por la impulsora, refrend\u00f3 tal decisi\u00f3n (fls. 23 a 34, c. 8). <\/p>\n
3.- Formul\u00f3 recurso de casaci\u00f3n la gestora, el que le fue concedido mediante auto de 11 de agosto de 2020 (fls. 36 y 38 a 41, c.8). <\/p>\n
Al efecto, el magistrado sustanciador estim\u00f3 que se reun\u00edan las exigencias legales, entre ellas el inter\u00e9s econ\u00f3mico porque lo denegado en ambas instancias supera mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Las normas procesales consagran varios supuestos a observar al momento de conceder el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, ya que solo procede contra determinadas sentencias, cuando lo interpone en tiempo un litigante legitimado para hacerlo y, en caso de tratarse de reclamaciones netamente econ\u00f3micas, si la resoluci\u00f3n desfavorable al opugnador excede de 1.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, a lo que se suman los ordenamientos consecuenciales a la ejecutabilidad de las mismas, conforme las instrucciones dadas por los art\u00edculos 334 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Por ende, la labor del encargado de establecer su viabilidad exige un estudio concienzudo que, de resultar insuficiente y as\u00ed advertirlo la Corte en un riguroso examen preliminar, amerita la devoluci\u00f3n de las actuaciones para su escrutinio en forma. <\/p>\n
Ahora bien, en los pleitos de contenido esencialmente patrimonial el art\u00edculo 339 ib\u00eddem consagra que cuando \u00absea necesario fijar el inter\u00e9s econ\u00f3mico afectado con la sentencia, su cuant\u00eda deber\u00e1 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n\u00bb, precepto que contiene una carga para el opugnador de acreditar el monto del detrimento que le ocasiona la sentencia, salvo que lo estime determinable con los elementos obrantes en el expediente, en cuyo caso es labor del funcionario constatarlo sin que le est\u00e9 permitido decretar medios de convicci\u00f3n adicionales a los existentes, ya que el recurrente asume los efectos adversos de su desidia. <\/p>\n
Y aun cuando el inciso final del art\u00edculo 342 ejusdem contempla que \u00abla cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n fijada por el tribunal no es susceptible de examen o modificaci\u00f3n por la Corte\u00bb, eso no quiere decir que las falencias de quien concede el recurso queden salvadas puesto que pasarlas por alto ser\u00eda tanto como permitir que la Corporaci\u00f3n ejerza competencia sobre asuntos que en realidad le est\u00e1n vedados, en desmedro del debido proceso. <\/p>\n
En CSJ AC6081-2017, reiterado en AC4032-2019 se dijo en relaci\u00f3n con el aparte transcrito que <\/p>\n
[e]sta \u00faltima regla no puede entenderse como un imperativo para que esta Corporaci\u00f3n admita todos los recursos que lleguen a su conocimiento, con independencia de la afectaci\u00f3n al inter\u00e9s patrimonial del actor, pues ello llevar\u00eda a vaciar el contenido y la finalidad del acto de admisi\u00f3n, as\u00ed como la exigencia de un quantum en la afectaci\u00f3n, que simplemente se ver\u00edan soslayados en los casos en que el fallador tomara una decisi\u00f3n equivocada o apartada del material probatorio obrante en el expediente, con la consecuente afectaci\u00f3n de los principios de legalidad e igualdad. <\/p>\n
A\u00f1adiendo que <\/p>\n
[p]ara evitar lo expuesto, se hace necesario acudir al principio de conservaci\u00f3n o efecto \u00fatil, seg\u00fan el cual debe privilegiarse la interpretaci\u00f3n que permita que una norma tenga efectos sobre las que no, en concreto, de los art\u00edculos 338 y 342 del nuevo estatuto procesal, para concluir que ciertamente la Corte, en ning\u00fan caso, podr\u00e1 fijar o definir el valor de la resoluci\u00f3n desfavorable para el actor, ya que ello qued\u00f3 exclusivamente en manos de los tribunales. Sin embargo, cuando advierta una situaci\u00f3n que merece ser valorada por dichos cuerpos colegiados, podr\u00e1 solicitarles que examinen su propia decisi\u00f3n, indicando las razones para ello (Cfr. AC5274, 18 ag. 2016, rad. n.\u00b0 2011-00248-01). <\/p>\n
2.- En el sub judice, el Magistrado sustanciador estim\u00f3 que a la demandante le asist\u00eda inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n porque lo que le fue negado en las instancias super\u00f3 los 1000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, conclusi\u00f3n que obtuvo tras dar por sentado que: <\/p>\n
(\u2026) la pretensio\u0301n reivindicatoria descansa sobre un bien inmueble ubicado en la carrera 11 con calle 15, barrio \u201cLos Libertadores\u201d del municipio de Jamundi\u0301, Valle del Cauca, distinguido con folio de matri\u0301cula inmobiliaria No. 370-63520 de la Oficina de Registro de Instrumentos Pu\u0301blicos de esta ciudad, cuyo avalu\u0301o catastral, para el an\u0303o 2016, ascendi\u0301a al valor de $390.090.000,oo, segu\u0301n certificado suscrito por el Tesorero Municipal de esa municipalidad. Igualmente, se pidio\u0301 perjuicios \u201cpor el dan\u0303o emergente y el lucro cesante consolidado\u201d, estimados bajo juramento en veinte (20) salarios mi\u0301nimos legales mensuales vigentes, por cada mes transcurrido, desde el 30 de septiembre de 2016 y mientras subsista la posesio\u0301n irregular, los cuales, en conformidad con el arti\u0301culo 206 del Co\u0301digo General del Proceso, constituyen prueba de su monto como quiera que no fueron objetados dentro del traslado respectivo (se resalta). <\/p>\n
A partir de esa comprensi\u00f3n, que no guarda correspondencia con el texto de la demanda, actualiz\u00f3 tales detrimentos mes a mes hasta el 20 de febrero de 2020 y obtuvo un total de $634\u2019385.036, rubro que sum\u00f3 al aval\u00fao catastral que ten\u00eda en 2016 el predio objeto de reivindicaci\u00f3n ($390\u2019090.000), lo que arroj\u00f3 un valor global de $1.024\u2019475.036. <\/p>\n
No obstante, tal funcionario no repar\u00f3 en que la tasaci\u00f3n hecha por la reclamante en el juramento estimatorio fue imprecisa ya que solamente cobij\u00f3 el periodo comprendido entre el 1\u00ba y el 30 de septiembre de 2016, tanto as\u00ed que en ese ac\u00e1pite fij\u00f3 el valor total de la indemnizaci\u00f3n en $13\u2019790.000, sin ofrecer ning\u00fan otro dato o elemento del cual se pudiera inferir que esa suma corresponde a lo que ha dejado de percibir por cada mensualidad durante el lapso en que ha estado desprovista del predio pretendido. <\/p>\n
N\u00f3tese que cuando hizo el juramento estimatorio expres\u00f3 lo que sigue: <\/p>\n
Conforme al art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso, estimo la indemnizaci\u00f3n de los da\u00f1os y perjuicios sufridos a la fecha en que se interpone la demanda, con base en los siguientes conceptos: <\/p>\n
Indemnizaci\u00f3n de perjuicios por el da\u00f1o emergente y el lucro cesante consolidado en virtud a la mala fe absolutamente clara de los Demandados (\u2026) que corresponden al valor total dejado de recibir por renta del inmueble durante todo el tiempo que lo ha usufructuado, con el l\u00edmite establecido desde el 30 de septiembre de 2016, es decir un (1) mes, al momento de presentar la presente demanda, veinte (20) S.M.M.LV, mutiplicado por un (1) mes, lo ue equivale a $13\u2019790.000,oo. Total indemnizaci\u00f3n $13\u2019790.000.oo. <\/p>\n
Tales circunstancias fueron inadvertidas por el Magistrado sustanciador, a pesar de su notable incidencia en la verificaci\u00f3n de la afrenta padecida por la censora, dado que solo despu\u00e9s de despejarlas pod\u00eda conocer la magnitud del agravio que le irrog\u00f3 el fallo del Tribunal y as\u00ed saber si ten\u00eda inter\u00e9s para combatirlo por esta senda extraordinaria. <\/p>\n
Quiere decir que fue precipitada la decisi\u00f3n de conceder el embate debido a que no se escudri\u00f1\u00f3 sobre el inter\u00e9s econ\u00f3mico requerido para que la opugnante pudiera acceder a este remedio especial, pues no se comprob\u00f3 debidamente que su detrimento patrimonial excediera de 1.000 salarios m\u00ednimos legales vigentes, resultando insuficiente la pesquisa del encargado de establecer la viabilidad del ataque para concederlo, toda vez que este lo calcul\u00f3 sin atender los l\u00edmites trazados por la actora en el libelo, principalmente en los hechos y las pretensiones sobre los que gir\u00f3 el litigio que se resolvi\u00f3 en la providencia que se busca cuestionar en casaci\u00f3n, por lo que lo indicado es la devoluci\u00f3n de las actuaciones al Tribunal para que haga el escrutinio en debida forma. <\/p>\n
As\u00ed lo ha precisado consistentemente la Sala en vigencia del actual ordenamiento adjetivo, como se record\u00f3 en AC7929-2017 al se\u00f1alar que <\/p>\n
(\u2026) la decisi\u00f3n de admitir la impugnaci\u00f3n extraordinaria concedida, supone un examen exhaustivo de que los pasos previos al arribo del expediente a la Corte se cumplieron correctamente; de no ser as\u00ed, volver\u00e1 al ad-quem con el fin de que subsane los aspectos que tornan prematura su concesi\u00f3n, pues como invariablemente lo ha dispuesto la Corporaci\u00f3n, ese es el proceder pertinente cuando presupuestos como la cuant\u00eda del inter\u00e9s \u2013 en el evento que corresponda establecerla-, no se ha examinado o lo ha sido sobre supuestos notablemente equivocados (CSJ AC 31 jul. 2012, rad. 2012-00264-01; reiterado en AC6721-2014; AC1188-2015 y AC3910-2015, entre muchos otros). <\/p>\n
3.- As\u00ed, se declarar\u00e1 que el recurso fue concedido de forma prematura y se devolver\u00e1n las diligencias al remitente. <\/p>\n
III.- DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar prematuro el pronunciamiento de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, al conceder el recurso de casaci\u00f3n formulado por Ingenier\u00eda y Construcci\u00f3n Incor S.A.S. <\/p>\n
Segundo: Devolver la actuaci\u00f3n a la oficina de origen para que agote la actuaci\u00f3n pertinente. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
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