AC731-2021 (2019-00065-01)<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
AC731-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 73411-31-84-001-2019-00065-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Resuelve la Corte sobre la admisi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n propuesto por la demandada frente a la sentencia de 22 de julio de 2020, corregida por auto de 7 de septiembre siguiente, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro del proceso de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho y sociedad patrimonial de Julio Carrillo contra Ruth Janeth Monta\u00f1ez Jim\u00e9nez. <\/p>\n
I.-ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
i. Mediante libelo radicado el 21 de marzo de 2019, el accionante pidi\u00f3 declarar la existencia de la relaci\u00f3n familiar entre el 1\u00ba de abril de 1991 y el 13 de julio de 2018, as\u00ed como la consecuencia econ\u00f3mica por el mismo lapso. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. La llamada formul\u00f3 la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 54 de 1990, aduciendo que el v\u00ednculo termin\u00f3 en 2017. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. El funcionario de primer grado estim\u00f3 las pretensiones, decisi\u00f3n que la convocada apel\u00f3 para que se reconociera la defensa de fondo. <\/p>\n
<\/p>\n
iv. El 22 de julio de 2020, el superior confirm\u00f3 integralmente, sin que la vencida interpusiera recurso de casaci\u00f3n dentro del t\u00e9rmino legal de 5 d\u00edas que finaliz\u00f3 el 29 de ese mes; sin embargo, el d\u00eda 31 siguiente lo formul\u00f3. <\/p>\n
<\/p>\n
v. El 6 de agosto el Tribunal neg\u00f3 la impugnaci\u00f3n extraordinaria, mientras que el 7 de septiembre accedi\u00f3 a la solicitud de la actora de corregir el fallo; sin embargo, el 5 de octubre, al desatar la reposici\u00f3n de la demandada contra el primer auto, le concedi\u00f3 aquella al considerar que la providencia posterior reactiv\u00f3 el t\u00e9rmino para tal fin, am\u00e9n de que el pleito versa sobre el estado civil y, por tanto, no se requiere justipreciar el inter\u00e9s econ\u00f3mico. <\/p>\n
II.-CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Las normas procesales consagran varios supuestos para conceder el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, pues solo tiene cabida frente a determinadas sentencias seg\u00fan el art\u00edculo 334 del C\u00f3digo General del Proceso, entre ellas \u00ablas dictadas en toda clase de procesos declarativos\u00bb, con la advertencia de que \u00abtrat\u00e1ndose de asuntos relativos al estado civil solo ser\u00e1n susceptibles de casaci\u00f3n las sentencias sobre impugnaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n de estado y la declaraci\u00f3n de uniones maritales de hecho\u00bb, lo que complementa el art\u00edculo 338 ib\u00eddem al precisar que <\/p>\n
Cuando las pretensiones sean esencialmente econ\u00f3micas, el recurso procede cuando el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv). Se excluye la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones populares y de grupo, y las que versen sobre el estado civil. <\/p>\n
Por ende, su viabilidad exige un estudio concienzudo del juzgador de segundo grado, que de resultar insuficiente o inadecuado y as\u00ed advertirlo la Corte al realizar el examen preliminar de rigor, precisa el retorno de las actuaciones para su reexamen, salvo que amerite la inadmisi\u00f3n autom\u00e1tica. <\/p>\n
As\u00ed lo ha precisado consistentemente la Sala en vigencia del actual ordenamiento adjetivo, como se record\u00f3 en AC7929-2017 al se\u00f1alar que <\/p>\n
(\u2026) la decisi\u00f3n de admitir la impugnaci\u00f3n extraordinaria concedida, supone un examen exhaustivo de que los pasos previos al arribo del expediente a la Corte se cumplieron correctamente; de no ser as\u00ed, volver\u00e1 al ad-quem con el fin de que subsane los aspectos que tornan prematura su concesi\u00f3n, pues como invariablemente lo ha dispuesto la Corporaci\u00f3n, ese es el proceder pertinente cuando presupuestos como la cuant\u00eda del inter\u00e9s \u2013 en el evento que corresponda establecerla-, no se ha examinado o lo ha sido sobre supuestos notablemente equivocados (CSJ AC 31 jul. 2012, rad. 2012-00264-01; reiterado en AC6721-2014; AC1188-2015 y AC3910-2015, entre muchos otros). <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Ley 54 de 1990 regula las uniones maritales de hecho, que son constitutivas de un estado civil para sus integrantes como compa\u00f1eros permanentes, seg\u00fan se reconoci\u00f3 desde CSJ AC 18 jun. 2008, rad. 2004-00205-01. La misma compilaci\u00f3n prev\u00e9 que el v\u00ednculo puede ir acompa\u00f1ado o no de un lazo societario, seg\u00fan el cumplimiento de algunos supuestos, cuya determinaci\u00f3n puede adelantarse a la par. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que cuando se busca simult\u00e1neamente la declaratoria de existencia de \u00abuni\u00f3n marital de hecho\u00bb y de \u00absociedad patrimonial\u00bb, las decisiones del fallo en cada campo tienen una incidencia particular para los fines del recurso de casaci\u00f3n, ya que si queda completamente superada cualquier controversia sobre la conformaci\u00f3n de la primera, entonces la discusi\u00f3n trasciende de la esfera del \u00abestado civil\u00bb para quedar encasillada en un componente netamente cremat\u00edstico, el cual debe ser cuantificado en aras de establecer el detrimento econ\u00f3mico que el fallo cuestionado le inflige al opugnador y si excede el tope que habilita dicho medio de contradicci\u00f3n. <\/p>\n
En ese entendido, en CSJ AC 3 oct. 2012, rad. 2010-00451-01, que si bien fue proferido en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil conserva peso al coincidir con los patrones del actual estatuto ritual, se record\u00f3 que <\/p>\n
Es pac\u00edfico el criterio seg\u00fan el cual lo atinente a la existencia de la aludida \u201ccomunidad de vida\u201d guarda relaci\u00f3n con \u201cel estado civil\u201d de las personas, mientras que lo concerniente a la \u201csociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes\u201d, tiene un cariz \u201cecon\u00f3mico\u201d, car\u00e1cter \u00e9ste que dimana a partir de su misma integraci\u00f3n, que al tenor del canon 3\u00ba de la \u201cLey 54 de 1990\u201d, est\u00e1 compuesta por el \u201cpatrimonio o capital producto del trabajo, ayuda y socorro mutuos\u201d (\u2026) En el sub lite, lo resuelto en primera y segunda instancia guarda simetr\u00eda respecto de la s\u00faplica de \u201cdeclarar la uni\u00f3n marital de hecho\u201d, de donde se infiere que en ese \u00e1mbito no se cierne agravio para la impugnante (\u2026) En cambio, la pretensi\u00f3n de reconocer la \u201cexistencia de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes\u201d, result\u00f3 enervada, al acoger el ad quem la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n (\u2026) En ese contexto, para establecer la procedencia del \u201crecurso de casaci\u00f3n\u201d, no era viable su examen bajo los par\u00e1metros de si el proceso versaba \u201csobre estado civil\u201d, sino en el \u00e1mbito de la decisi\u00f3n desfavorable a la recurrente, que como se indicara recay\u00f3 sobre un aspecto \u201cecon\u00f3mico\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Tra\u00eddos los anteriores planteamientos al presente debate, en la providencia confutada se observa que, en lo ata\u00f1edero a la pretensi\u00f3n declarativa de existencia de una uni\u00f3n marital de hecho, el extremo demandado no se opuso, pues orient\u00f3 su defensa de fondo a discutir la fecha en que finaliz\u00f3, a partir de lo cual sostuvo que se produjo la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n para reclamar la existencia de la sociedad patrimonial; y al fracasar su alegato ante el juzgado, acudi\u00f3 en apelaci\u00f3n ante el Tribunal por la misma raz\u00f3n, pero este ratific\u00f3 lo resuelto inicialmente. <\/p>\n
Por lo tanto, los reparos de la censura quedan circunscritos al reconocimiento de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, lo que indiscutiblemente tiene un cariz econ\u00f3mico y obliga a justipreciar el detrimento ocasionado con la providencia de segundo grado. <\/p>\n
En tal sentido, en AC1423-2020, la Corte dijo que <\/p>\n
(\u2026) si el litigio se restringe a determinar el hito final de la uni\u00f3n marital de hecho (o el fenecimiento del plazo que prev\u00e9 el art\u00edculo 8 de la Ley 54 de 1990, seg\u00fan el criterio que se esgrima), y no la existencia misma de ese lazo familiar, debe concluirse que el agravio que el fallo del tribunal caus\u00f3 al impugnante extraordinario no tiene relaci\u00f3n con la determinaci\u00f3n de su estado civil, sino con las implicaciones patrimoniales de esa declaraci\u00f3n judicial, aspecto este que, en puridad, es esencialmente econ\u00f3mico. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Por lo expuesto el ad quem se precipit\u00f3 al conceder el ataque bajo el criterio que la providencia de m\u00e9rito versaba sobre el \u00abestado civil\u00bb, sin tener en cuenta las variables que lo sustra\u00edan de dicho campo y exig\u00edan un an\u00e1lisis desde la \u00f3ptica de las repercusiones dinerarias al atacante. <\/p>\n
III.-DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar prematuro el pronunciamiento de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 al conceder el recurso de casaci\u00f3n formulado por Ruth Janeth Monta\u00f1ez Jim\u00e9nez. <\/p>\n
Segundo: Devolver la actuaci\u00f3n a la oficina de origen para que agote la actuaci\u00f3n pertinente. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC731-2021 (2019-00065-01) AC731-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 73411-31-84-001-2019-00065-01 Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veintiuno (2021). Resuelve la Corte sobre la admisi\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[34],"tags":[],"class_list":["post-53789","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53789","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53789"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53789\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53789"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53789"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53789"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}