AC732-2021 (2021-00184-00) <\/p>\n
AC732-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n 11001-02-03-000-2021-00184-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Procede la Corte a resolver el recurso de queja interpuesto por el accionante, frente al auto de 8 de octubre de 2020, por medio del cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, neg\u00f3 conceder el de casaci\u00f3n de la sentencia emitida el 31 de enero de 2020, dentro del proceso verbal de pertenencia promovido por Eduardo Rojas Hurtado contra Credigane Electrodom\u00e9sticos S.A. y personas indeterminadas. <\/p>\n
I.-ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El accionante pidi\u00f3 declarar que adquiri\u00f3, por prescripci\u00f3n ordinaria, el dominio del apartamento 202, garaje y dep\u00f3sito 202 que hacen parte del Edificio Los Cerezos Propiedad Horizontal, distinguido con el n\u00ba 9-35 de la Calle 78 de Bogot\u00e1 y disponer la inscripci\u00f3n de la sentencia en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos o, en subsidio, que los obtuvo por la usucapi\u00f3n extraordinaria. <\/p>\n
2.- El a quo desestim\u00f3 el petitum, termin\u00f3 el pleito y conden\u00f3 en costas al prescribiente (1 ago. 2019), quien apel\u00f3 tal decision. <\/p>\n
3.- El Tribunal confirm\u00f3 esa decisi\u00f3n y conden\u00f3 en costas al recurrente. <\/p>\n
4.- Frente a la anterior decisi\u00f3n, el accionante interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, cuya concesi\u00f3n le fue negada por auto de 8 de octubre de 2020 con sustento en que no cumple el inter\u00e9s para recurrir que asciende a 1.000 salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes, ya que para el 2015, el predio sobre el que recay\u00f3 la pretensi\u00f3n estaba avaluado en $236\u2019603.000 y en 2016 en $252\u2019920.000, valor que actualizado a valor presente arroja $289\u2019713.884,09, cantidad que no alcanza el umbral requerido para viabilizar la concesi\u00f3n del embate extraordinario y que para 2020 era igual a $828\u2019116.000. <\/p>\n
5. El impugnante propuso reposici\u00f3n y en subsidio queja e insisti\u00f3 en que se trata de un asunto de trascendencia nacional y es necesario defender la unidad e integridad del ordenamiento jur\u00eddico, debido a que el tribunal sostuvo que no es posible acreditar el inicio de la posesi\u00f3n con un documento de transacci\u00f3n, a pesar de hab\u00e9rsele dado la connotaci\u00f3n de promesa de compraventa, lo que ri\u00f1e con la autonom\u00eda de las partes; adem\u00e1s, se trata de un bien ubicado en un sector exclusivo de la capital del pa\u00eds donde existe alta valorizaci\u00f3n. <\/p>\n
6. La Magistrada sustanciadora mantuvo su decisi\u00f3n, tras estimar que utiliz\u00f3 el aval\u00fao catastral de los bienes perseguidos en pertenencia como par\u00e1metro para establecer el inter\u00e9s del recurrente, en vista de que este no aport\u00f3 ning\u00fan otro elemento de juicio, y que despu\u00e9s de realizar las operaciones respectivas hall\u00f3 que el agravio que dicho litigante padeci\u00f3 es inferior al quantum requerido para acudir en casaci\u00f3n, sin que tal parte pueda ahora, en la reposici\u00f3n, probar lo contrario porque la oportunidad venci\u00f3; adem\u00e1s, tampoco puede suplir tal falencia a partir de un valor comparativo de otros bienes localizados en el mismo sector, pues el aval\u00fao debi\u00f3 recaer sobre los que busc\u00f3 adquirir, sin que lo atinente a la trascendencia del caso resulte de recibo porque son simples apreciaciones del censor, por lo que orden\u00f3 darle curso a la queja. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Como lo indica el art\u00edculo 333 del C\u00f3digo General del Proceso el recurso de casaci\u00f3n est\u00e1 caracterizado por su naturaleza extraordinaria, de ah\u00ed que en el precepto que le sigue se establece en forma restrictiva que \u00fanicamente tiene cabida respecto de las sentencias proferidas por los Tribunales Superiores, en segunda instancia, cuando se trate de toda clase de procesos declarativos, acciones de grupo cuya competencia sea de la jurisdicci\u00f3n ordinaria y las dictadas para liquidar una condena en concreto, con la advertencia de que en asuntos relativos al estado civil s\u00f3lo recae en las de impugnaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n y las de declaraci\u00f3n de uniones maritales. <\/p>\n
Ahora bien, el art\u00edculo 338 ib\u00eddem agrega que si las expectativas del litigante vencido son netamente econ\u00f3micas el ataque procede si \u00abel valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente\u00bb excede de 1.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, lo que no tiene incidencia en \u00absentencias dictadas dentro de las acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil\u00bb. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, en los pleitos meramente patrimoniales el art\u00edculo 339 ib\u00eddem consagra que cuando \u00absea necesario fijar el inter\u00e9s econ\u00f3mico afectado con la sentencia, su cuant\u00eda deber\u00e1 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n\u00bb, precepto que contiene una carga para aquel de acreditar el monto del detrimento que le ocasiona el pronunciamiento, simult\u00e1neamente con la interposici\u00f3n del embate o a m\u00e1s tardar antes de que le venza el lapso con tal fin, salvo que lo estime determinable con los elementos obrantes en el expediente, en cuyo caso es labor del funcionario constatarlo. <\/p>\n
De todas formas, la fijaci\u00f3n del malogro debe concretarse al momento en que surge la legitimaci\u00f3n para disentir, esto es la fecha del pronunciamiento cuestionado, y tener bases susceptibles de confirmaci\u00f3n. <\/p>\n
Y si bien el art\u00edculo 336 ib\u00eddem, donde se consagran las causales a ser invocadas, en su inciso final indica que la Corte \u00abpodr\u00e1 casar la sentencia, a\u00fan de oficio, cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb, eso no quiere decir que est\u00e9 habilitado de manera irrestricta el estudio por dicho medio extraordinario para todos los asuntos a manera de un motivo adicional, ya que esa atribuci\u00f3n queda sometida al agotamiento de los pasos previos de procedencia, oportunidad, legitimaci\u00f3n, inter\u00e9s, concesi\u00f3n, admisi\u00f3n y sustentaci\u00f3n, que no pueden ser obviados. <\/p>\n
2.- La decisi\u00f3n cuestionada se encuentra ajustada al ordenamiento jur\u00eddico, por lo que no le asiste raz\u00f3n al recurrente. <\/p>\n
De entrada se advierte que dicho censor no aport\u00f3 un dictamen pericial para establecer que el agravio padecido con la sentencia confutada alcanzaba el umbral previsto en el art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso, a pesar que el art\u00edculo 339 de esa obra lo autorizaba para hacerlo, por lo que tal circunstancia llev\u00f3 a la Magistrada sustanciadora a resolver, lo pertinente, con base en la informaci\u00f3n obrante en el plenario, es decir, el aval\u00fao catastral de los bienes objeto de usucapi\u00f3n, sin que ello luzca reprochable dado que tiene pleno respaldo en la \u00faltima de las citadas disposiciones, que la habilitaba para resolver de plano. <\/p>\n
Entonces, como el resultado de esa labor arroj\u00f3 una cifra econ\u00f3mica que no excedi\u00f3 el equivalente a los 1.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes que impone la ley procesal civil para autorizar la casaci\u00f3n en los casos en que est\u00e1 permitida y que para 2020 eran igual a $882\u2019116.000, pues el escrutinio que esa funcionaria realiz\u00f3 a partir de la informaci\u00f3n habida en el plenario fue igual a $289\u2019713.884,09, nada se le puede reprochar en tal sentido, dado que carec\u00eda de otros elementos para concluir cosa diversa, en rigor, porque el censor no se los suministr\u00f3. <\/p>\n
Por tanto, queda desvirtuada la existencia de alg\u00fan error en la providencia objeto de impugnaci\u00f3n, por lo que resulta acertado su an\u00e1lisis, sin que el gestor hiciera el m\u00ednimo esfuerzo para demostrar el valor del agravio que le caus\u00f3 el fallo cuestionado, tanto as\u00ed que desperdici\u00f3 la posibilidad que le confer\u00eda el art\u00edculo 339 ib\u00eddem, de aportar con su recurso un peritaje para acreditar ese aspecto. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el alegato sobre la trascendencia o inter\u00e9s nacional que el tema le suscita a dicho recurrente, no es \u00f3bice para dejar de lado los requisitos legales que debi\u00f3 satisfacer tempestivamente para que el asunto pudiera ser objeto de control extraordinario en sede de casaci\u00f3n, entre ellos la cuant\u00eda requerida para poder acceder a esa v\u00eda. <\/p>\n
En suma, al no estar dados todos los supuestos de rigor para concederlo, el ataque propuesto era inviable, como lo previ\u00f3 la magistrada ponente. <\/p>\n
3.- Seg\u00fan el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso, la resoluci\u00f3n desfavorable de este medio impugnativo dar\u00eda lugar a condenar en costas al recurrente, empero, la Corte se abstendr\u00e1 de hacerlo al no evidenciar su causaci\u00f3n (arts. 365 num. 8 y 361 inc. 2 ib\u00eddem). <\/p>\n
III.- DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar bien denegado el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte actora, contra la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el asunto referenciado. <\/p>\n
Segundo: Sin condena en costas por el tr\u00e1mite del recurso de queja. <\/p>\n
Tercero: Devolver la actuaci\u00f3n surtida a la oficina de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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