AC733-2021 (2021-00192-00)<\/p>\n
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AC733-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n 11001-02-03-000-2021-00192-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Procede la Corte a resolver el recurso de queja interpuesto por el accionante, frente al auto de 29 de septiembre de 2020, por medio del cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, neg\u00f3 conceder el de casaci\u00f3n de la sentencia emitida el 20 de agosto de 2020, dentro del proceso de resoluci\u00f3n de contrato promovido por Ferm\u00edn Antonio Castrill\u00f3n Valencia contra Proyectos Agr\u00edcolas del Ariari S.A. <\/p>\n
I.-ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El accionante pidi\u00f3 declarar resuelto el contrato de compraventa contenido en la escritura n\u00ba 3271 de 11 de junio de 2003 de la Notar\u00eda Sexta de Bogot\u00e1 y que involucra al predio \u201cLos Lagos del Paraiso\u201d de la Vereda San Vicente de Puerto Rico, Meta, por falta de pago del precio y, por ende, ordenar inscribir el fallo en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de San Mart\u00edn y condenar a su contraparte a resarcirle $25\u2019000.000 por perjuicios anuales, as\u00ed como a devolverle el fundo (fls. 68 a 74 y 77 a 79). <\/p>\n
2.- El a quo decret\u00f3 la resoluci\u00f3n del contrato y conden\u00f3 a la opositora a restitur el predio al impulsor, pero neg\u00f3 los perjuicios reclamados. La accionada apel\u00f3 (fls. 402 al 404). <\/p>\n
3.- El Tribunal revoc\u00f3 el fallo, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u00abausencia de causa\u00bb propuesta por la enjuiciada y neg\u00f3 todas las pretensiones (20 ago.2020). <\/p>\n
4.- Frente a la anterior decisi\u00f3n, la parte actora interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, cuya concesi\u00f3n le fue negada por auto de 29 de septiembre de 2020 con sustento en que no cumple el inter\u00e9s para recurrir que asciende a 1.000 salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes, ya que el agravio lo constituye lo que le fue reconocido en el fallo de primera instancia consistente en la restituci\u00f3n del inmueble enajenado, que para 2017 estaba avaluado en $359\u2019605.000, rubro que al ser actualizado seg\u00fan el IPC arroja un valor de $401\u2019234.621, sin que sea viable incluir lo que el impulsor reclam\u00f3 por perjuicios, toda vez que le fue denegado en primera instancia y dicho litigante no protest\u00f3 (fls. 437 a 440). <\/p>\n
5. El impugnante propuso s\u00faplica e insisti\u00f3 en que por v\u00eda pericial se prob\u00f3 que hay mejoras \u00fatiles y necesarias, por lo que estas aumentan el valor del bien, sin interesar qui\u00e9n las plant\u00f3, por lo que deben ser tenidas en cuenta para medir el grado de su afectaci\u00f3n; adem\u00e1s, se deb\u00eda incrementar en un 50% del valor del fundo como lo dispone el art\u00edculo 444 del C\u00f3digo General del Proceso (fl. 439). <\/p>\n
6. La Magistrada sustanciadora recondujo la pugna a trav\u00e9s de reposici\u00f3n en virtud del principio pro recurso, pero al desatarlo mantuvo su decisi\u00f3n, pues estim\u00f3 que las s\u00faplicas se orientaron a lograr la resoluci\u00f3n del contrato y la restituci\u00f3n del inmueble vendido y que fue cuantificado, en el libelo, en $116\u2019000.000, siendo eso lo que en el fallo de primera instancia le fue concedido al reclamante, por lo que el de segundo grado, que revoc\u00f3 tal veredicto, solamente lo priv\u00f3 de esas prerrogativas, mas no de las mejoras que hay en el predio, toda vez que la decisi\u00f3n del a quo no las cobij\u00f3, sin que sea dable aumentar en un 50% el valor del bien, porque el art\u00edculo 444 del estatuto procesal civil no es par\u00e1metro para medir el inter\u00e9s en casaci\u00f3n, por lo que orden\u00f3 darle curso a la queja (fls. 440 a 443). <\/p>\n
7.- Al arribo de las diligencias a la Corte se surti\u00f3 traslado y la contraparte guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Como lo indica el art\u00edculo 333 del C\u00f3digo General del Proceso el recurso de casaci\u00f3n est\u00e1 caracterizado por su naturaleza extraordinaria, de ah\u00ed que en el precepto que le sigue se establece en forma restrictiva que \u00fanicamente tiene cabida respecto de las sentencias proferidas por los Tribunales Superiores, en segunda instancia, cuando se trate de toda clase de procesos declarativos, acciones de grupo cuya competencia sea de la jurisdicci\u00f3n ordinaria y las dictadas para liquidar una condena en concreto, con la advertencia de que en asuntos relativos al estado civil s\u00f3lo recae en las de impugnaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n y las de declaraci\u00f3n de uniones maritales. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, en los pleitos meramente patrimoniales el art\u00edculo 339 ib\u00eddem consagra que cuando \u00absea necesario fijar el inter\u00e9s econ\u00f3mico afectado con la sentencia, su cuant\u00eda deber\u00e1 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n\u00bb, precepto que contiene una carga para aquel de acreditar el monto del detrimento que le ocasiona el pronunciamiento, simult\u00e1neamente con la interposici\u00f3n del embate o a m\u00e1s tardar antes de que le venza el lapso con tal fin, salvo que lo estime determinable con los elementos obrantes en el expediente, en cuyo caso es labor del funcionario constatarlo. <\/p>\n
De todas formas, la fijaci\u00f3n del malogro debe concretarse al momento en que surge la legitimaci\u00f3n para disentir, esto es la fecha del pronunciamiento cuestionado, y tener bases susceptibles de confirmaci\u00f3n. <\/p>\n
Y si bien el art\u00edculo 336 ib\u00eddem, donde se consagran las causales a ser invocadas, en su inciso final indica que la Corte \u00abpodr\u00e1 casar la sentencia, a\u00fan de oficio, cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb, eso no quiere decir que est\u00e9 habilitado de manera irrestricta el estudio por dicho medio extraordinario para todos los asuntos a manera de un motivo adicional, ya que esa atribuci\u00f3n queda sometida al agotamiento de los pasos previos de procedencia, oportunidad, legitimaci\u00f3n, inter\u00e9s, concesi\u00f3n, admisi\u00f3n y sustentaci\u00f3n, que no pueden ser obviados. <\/p>\n
2.- La inconformidad planteada se circunscribe a que, contrario a lo considerado por el Tribunal, el inter\u00e9s para recurrir s\u00ed supera el l\u00edmite legalmente previsto y que por ello debi\u00f3 concederse el remedio extraordinario propuesto. <\/p>\n
Lo anterior con estribo en que por v\u00eda pericial se estableci\u00f3 la existencia de mejoras \u00fatiles y necesarias que incrementan el precio del predio y que el valor de este debe se incrementado en un 50%, como lo dispone el art\u00edculo 444 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
No le asiste raz\u00f3n al discrepante porque el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n deb\u00eda ser establecido a partir de lo que le fue reconocido en la sentencia de primer grado, esto es, la restituci\u00f3n del bien, que para 2017 estaba avaluado en $359\u2019605.000, valor que, al ser actualizado a 2020, seg\u00fan el IPC, arroj\u00f3 $401\u2019234.621, por ser esa la orden que fue revocada por el tribunal, como en efecto lo dilucid\u00f3 la Magistrada sustanciadora, toda vez que era eso lo que ese litigante ten\u00eda a su favor y perdi\u00f3 con el fallo del ad quem. <\/p>\n
En lo dem\u00e1s, como en la primera instancia no se hizo ning\u00fan pronunciamiento sobre mejoras, ni a su favor ni en contra, y frente a esa decisi\u00f3n se mostr\u00f3 de acuerdo, dado que no la apel\u00f3, es claro que ese \u00edtem no pod\u00eda ser tenido en cuenta al medir su inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n, pues ello implicar\u00eda aceptar, sin ninguna raz\u00f3n, que en segunda instancia tal extremo pod\u00eda haber obtenido m\u00e1s de lo que ya ten\u00eda, a pesar de no haber recurrido la decisi\u00f3n del a quo en lo que le fue desfavorable, lo que ser\u00eda equivocado y opuesto al principio de la reformatio in pejus, previsto en el art\u00edculo 328 del C\u00f3digo General del Proceso, que proh\u00edbe al ad quem \u00abhacer m\u00e1s desfavorable la situaci\u00f3n del apelante \u00fanico\u00bb, salvo las excepciones que esa norma anuncia, ninguna de las cuales se avizora satisfecha en este evento. <\/p>\n
Tampoco era posible incrementar en un 50% el valor del predio reclamado para determinar el valor de la afrenta ocasionada por el fallo del ad quem, ya que la pauta legal que habilita tal aumento (art. 444, n\u00fam. 4\u00ba C.G.P.), est\u00e1 hecha para ser aplicada a los aval\u00faos que se realizan en los juicios ejecutivos, mas no para concretar el inter\u00e9s del recurrente en casaci\u00f3n, seg\u00fan se dispuso en CSJ AC4423-2017, reiterado en AC409-2020, donde se llam\u00f3 la atenci\u00f3n en cuanto a que: <\/p>\n
(\u2026) como lo concluy\u00f3 el Tribunal, el \u00fanico medio de convicci\u00f3n que puede aportar el recurrente, con posterioridad al proferimiento del fallo que pretenda censurar, es un dictamen pericial, connotaci\u00f3n que, ciertamente, no ostenta la \u00abcertificaci\u00f3n catastral\u00bb que aport\u00f3 el quejoso, pues se trata de un elemento de juicio distinto al que de manera particular contempl\u00f3 la ley para ese caso espec\u00edfico, como es la cuantificaci\u00f3n del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n, que no es una tasaci\u00f3n cualquiera, sino una determinaci\u00f3n jur\u00eddica sobre el monto en t\u00e9rminos econ\u00f3micos del desmedro alegado por el quejoso frente a la sentencia cuestionada. <\/p>\n
Por eso mismo, deben descartarse aplicaciones de normas propias de otro tipo de actuaciones, como las del aval\u00fao de bienes en procesos ejecutivos, que pretende invocar el censor, en la medida en que se refieren a situaciones totalmente distintas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, bien se sabe que la aplicaci\u00f3n anal\u00f3gica tiene lugar cuando no hay norma que regule el caso concreto, carencia que no se advierte en este asunto, comoquiera que el legislador estableci\u00f3, con claridad, el procedimiento a seguir para determinar el prenotado inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n (se resalta). <\/p>\n
Queda as\u00ed desvirtuada la existencia de alg\u00fan error en la providencia objeto de impugnaci\u00f3n, por lo que resulta acertado su an\u00e1lisis, sin que el gestor hiciera el m\u00ednimo esfuerzo para demostrar que el valor del agravio que le caus\u00f3 el fallo cuestionado cumpl\u00eda el umbral previsto para habilitar la concesi\u00f3n del embate, tanto as\u00ed que desperdici\u00f3 la posibilidad que le confer\u00eda el art\u00edculo 339 ib\u00eddem, de aportar con su recurso un peritaje para acreditar ese aspecto. <\/p>\n
En suma, al no estar dados todos los supuestos de rigor para concederlo, el ataque era inviable, como lo previ\u00f3 la magistrada ponente. <\/p>\n
3.- Seg\u00fan el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso, la resoluci\u00f3n desfavorable de este medio impugnativo dar\u00eda lugar a condenar en costas al recurrente, empero, la Corte se abstendr\u00e1 de hacerlo al no evidenciarse su causaci\u00f3n (arts. 365 num. 8 y 361 inc. 2 ib\u00eddem). <\/p>\n
III.- DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar bien denegado el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte actora, contra la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el asunto referenciado. <\/p>\n
Segundo: Sin condena en costas por el tr\u00e1mite del recurso de queja. <\/p>\n
Tercero: Devolver la actuaci\u00f3n surtida a la oficina de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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