AC770-2021 (2020-03332-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC770-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-03332-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso decidir el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Cuarto de Familia de Neiva (Huila) y Promiscuo de Familia de Tumaco (Nari\u00f1o), para conocer de la supuesta acci\u00f3n de remoci\u00f3n de guardador promovida por Otto Tovar Vanegas contra Olga Yineth Tovar Vanegas, como guardadora de Cielo Marleny Tovar Vanegas. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Neiva, con sentencia de 12 de septiembre de 1984 confirmada el 13 de diciembre del mismo a\u00f1o, declar\u00f3 a Cielo Marleny Tovar Vanegas en estado de interdicci\u00f3n por incapacidad mental absoluta y design\u00f3 como guardador leg\u00edtimo a su padre Rafael Tovar Cleves. El 15 de octubre de 1992 Otto Tovar Vanegas present\u00f3 demanda de remoci\u00f3n de guardador, asunto cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al actual Juzgado Cuarto de Familia de Neiva y dentro del que el 18 de octubre de 1994 fue aprobada la audiencia de conciliaci\u00f3n celebrada en esa data, siendo designada Olga Yineth Tovar Vanegas como curadora definitiva de Cielo Marleny Tovar Vanegas. <\/p>\n
El 5 de enero de 1995 la tutora tom\u00f3 posesi\u00f3n de su cargo ante el mismo estrado judicial y posteriormente se traslad\u00f3 con su pupila al municipio de Tumaco, donde residen desde hace m\u00e1s de 20 a\u00f1os. <\/p>\n
2. A continuaci\u00f3n de este tr\u00e1mite Otto Tovar Vanegas ha solicitado en varias ocasiones la rendici\u00f3n de cuentas de Olga Yineth Tovar Vanegas, dando lugar a la evacuaci\u00f3n de esas pesquisas en diversas oportunidades por el Juzgado Cuarto de Familia de Neiva; igualmente promovi\u00f3 un nuevo juicio de remoci\u00f3n de la aludida guardadora ante el Juzgado Promiscuo de Familia de Tumaco, el cual fue tramitado y decidido con sentencia adversa a sus pretensiones; tambi\u00e9n acudi\u00f3 en queja ante la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Choco contra la curadora de su hermana, de nuevo con resultados infructuosos; y por \u00faltimo deprec\u00f3 intervenci\u00f3n ante la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, aduciendo que los bienes de la interdicta est\u00e1n siendo dilapidados por lo que debe procederse al cambio de la guardadora. <\/p>\n
De esta \u00faltima solicitud se corri\u00f3 traslado al Juzgado Cuarto de Familia de Neiva, el que inicialmente dispuso que el peticionario debe estarse a los variados ritos de rendici\u00f3n de cuentas en los cuales ha quedado desvirtuada su afirmaci\u00f3n; as\u00ed como informarle que a su alcance est\u00e1 incoar una nueva acci\u00f3n de remoci\u00f3n de la guardadora. <\/p>\n
3. El juzgado receptor del expediente declin\u00f3 su conocimiento y plante\u00f3 la colisi\u00f3n negativa de esta especie, aduciendo que debe darse aplicaci\u00f3n a las reglas que sobre la materia est\u00e1n contenidas en la ley 1996 de 2019. Adem\u00e1s, la competencia no var\u00eda por la intervenci\u00f3n sobreviniente de personas que tengan fuero especial o dejaron de ser parte del litigio en los presupuestos del art\u00edculo 27 del C\u00f3digo General del Proceso, porque una vez asumida la competencia no puede modificarse motu proprio en raz\u00f3n a la aplicaci\u00f3n del principio de la perpetuatio jurisdictionis. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Habida cuenta que la presente colisi\u00f3n de atribuciones de la misma especialidad jurisdiccional enfrenta juzgados de diferentes distritos judiciales, incumbe a esta Sala de Casaci\u00f3n desatarla como superior funcional com\u00fan de ambos, de acuerdo con los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996 modificado por el 7\u00ba de la ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. La ley 1996 de 2019 opt\u00f3 por el modelo social de regulaci\u00f3n de los aspectos atinentes a las personas mayores de edad con discapacidad, pues ya no concibe este tipo de sujetos como improductivos o ajenos al funcionamiento de la sociedad (modelo de prescidencia), ni mucho menos enfermos o demandantes de curaci\u00f3n m\u00e9dica (rehabilitador), sino como personas que pueden servir a la colectividad, al igual que las dem\u00e1s, respet\u00e1ndoseles su diferencia y garantiz\u00e1ndoles sus derechos fundamentales, entre otros, a la dignidad humana, autonom\u00eda, igualdad y libertad. <\/p>\n
Se les concibe como sujetos con derechos, dotados de plenas garant\u00edas, que tienen un rol dentro de la sociedad que debe ser desarrollado en condiciones de no discriminaci\u00f3n, inclusi\u00f3n y participaci\u00f3n1. <\/p>\n
Esta ley fij\u00f3 como su objeto \u00abestablecer medidas espec\u00edficas para la garant\u00eda del derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad, mayores de edad, y al acceso a los apoyos que puedan requerirse para el ejercicio de la misma\u00bb (art\u00edculo 1\u00ba); bajo el entendido que \u00abtodas las personas con discapacidad son sujetos de derecho y obligaciones y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, sin distinci\u00f3n alguna e independientemente de si usan o no apoyos para la realizaci\u00f3n de actos jur\u00eddicos\u00bb; resaltando que \u00aben ning\u00fan caso la existencia de una discapacidad podr\u00e1 ser motivo para la restricci\u00f3n de la capacidad de ejercicio de una persona\u00bb (se destac\u00f3 – canon 6\u00ba). <\/p>\n
Para lograr ese prop\u00f3sito derog\u00f3 y modific\u00f3 las normas del r\u00e9gimen anterior que restring\u00edan la referida capacidad plena de ejercicio de las personas mayores con discapacidad (preceptos 57 a 61), para ajustarlas al nuevo paradigma ahora acogido por el legislador. <\/p>\n
Bajo esta novedosa ruta en el \u00e1mbito patrio, atendiendo a la reforma introducida, especialmente la variaci\u00f3n hecha al art\u00edculo 1504 del C\u00f3digo Civil2, la presunci\u00f3n de capacidad fijada en el precepto 1503 ib\u00eddem actualmente incluye a los individuos mayores de edad con discapacidad, \u00faltimo canon que ense\u00f1a que \u00ab[t]oda persona es legalmente capaz, excepto aqu\u00e9llas que la ley declara incapaces\u00bb; con ocasi\u00f3n de ello surge pertinente recordar que desde anta\u00f1o se ha entendido tanto por la jurisprudencia como por la doctrina, que \u00ab[l]a capacidad es la regla general y la incapacidad su excepci\u00f3n\u00bb, de donde la nueva reglamentaci\u00f3n no impone cosa diferente a que, en pro de la autodeterminaci\u00f3n de dichos sujetos, debe presumirse su capacidad de goce y de ejercicio. <\/p>\n
Por ese rumbo, de manera categ\u00f3rica, se elimin\u00f3 la posibilidad de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n de las personas mayores con discapacidad -figuras con las cuales a \u00e9stas se les restring\u00eda, en mayor o menor grado, el ejercicio de su capacidad legal-, prohibiendo ahora no s\u00f3lo la iniciaci\u00f3n de procesos para obtener tales declaraciones sino la exigencia de sentencia que las disponga \u00abpara dar inicio a cualquier tr\u00e1mite p\u00fablico o privado\u00bb (regla 53); sustituyendo aqu\u00e9llas por los que se denominaron \u00abajustes razonables\u00bb y medidas de \u00abapoy[o]\u00bb, resaltando que los referidos sujetos no s\u00f3lo \u00abtienen derecho a realizar actos jur\u00eddicos de manera independiente\u00bb, sino a contar \u00abcon las modificaciones y adaptaciones necesarias para realizar[los]\u00bb (precepto 8\u00ba), as\u00ed como \u00abcon apoyos para la realizaci\u00f3n de los mismos\u00bb (canon 9\u00ba). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, desde la entrada en vigor de la ley 1996 de 2019 no puede adelantarse procesos judiciales dirigidos a inhabilitar legalmente a una persona con discapacidad, pues respecto de ellas se consagra la presunci\u00f3n de capacidad a la que se ha hecho referencia. <\/p>\n
3. De otro lado, con el prop\u00f3sito de que los sujetos mayores de edad con discapacidad puedan ejercer su libertad de autodeterminaci\u00f3n, la ley ha establecido un sistema de apoyos que pueden ser adjudicados de conformidad con las reglas procesales que se explican a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
La nueva normativa consagr\u00f3 dos clases de tr\u00e1mites judiciales con la finalidad descrita, a saber: (I) el de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos transitorios; y (II) el de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos con vocaci\u00f3n de permanencia. <\/p>\n
El primero de los procesos mencionados caracterizado porque las medidas respectivas son temporales, se encuentra regulado en el art\u00edculo 54 de la ley, del que se desprende que es, en principio, un tr\u00e1mite excepcional previsto para sujetos \u00ababsolutamente imposibilitad[os] para expresar su voluntad y preferencias por cualquier medio\u00bb, que sigue las reglas del juicio verbal sumario y que busca proveer una o varias personas de apoyo, siempre que medie solicitud ante la autoridad judicial competente por parte de \u00abuna persona con inter\u00e9s leg\u00edtimo\u2026 que acredite una relaci\u00f3n de confianza con la persona titular del acto\u00bb. Obviamente, en aras de satisfacer la garant\u00eda del debido proceso y el libre desarrollo de la personalidad, la persona con discapacidad mayor de edad o, en palabras de la ley, el \u00abtitular del acto jur\u00eddico\u00bb, puede oponerse a la solicitud de apoyos transitorios. <\/p>\n
Por disposici\u00f3n expresa del canon 52 de la ley 1996 de 2019, el proceso de adjudicaci\u00f3n de apoyos transitorios est\u00e1 vigente desde la entrada en vigencia de este cuerpo normativo (2019) y seguir\u00e1 en vigor hasta el a\u00f1o 2021. Lo anterior significa que el \u00abproceso [verbal sumario] de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos transitorio\u00bb previsto en el art\u00edculo 54 de la mencionada ley, para quienes se encuentren en la actualidad, s\u00ed goza de vigor normativo. <\/p>\n
De otra parte, en lo que se refiere al segundo de los juicios enunciados, es decir, el de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos con vocaci\u00f3n de permanencia, debe seguirse la cuerda procesal de la denominada jurisdicci\u00f3n voluntaria (o, excepcionalmente, la del verbal sumario cuando se promueva por sujeto distinto al titular del acto jur\u00eddico o persona con discapacidad que sea mayor de edad), con la anotaci\u00f3n de que requiere una \u00abvaloraci\u00f3n de apoyos\u00bb que acredite \u00abel nivel y grado\u00bb de los mismos para decisiones y \u00e1mbitos espec\u00edficos, as\u00ed como para los sujetos que integran la red de apoyo. Es importante anotar que este tr\u00e1mite a\u00fan no se encuentra vigente, pues ello ocurrir\u00e1 a partir del a\u00f1o 2021. <\/p>\n
4. Ahora, en cuanto a las reglas procesales la nueva ley diversific\u00f3 su aplicaci\u00f3n entre juicios (I) nuevos, (II) concluidos y (III) en curso, seg\u00fan las siguientes directrices: <\/p>\n
4.1. En cuanto a los primeros, de forma tajante, dej\u00f3 por sentada la prohibici\u00f3n de la iniciaci\u00f3n de nuevos tr\u00e1mites de interdicci\u00f3n (art\u00edculo 53), con lo cual se hace realidad la supresi\u00f3n de la discapacidad legal por razones f\u00edsicas, cognitivas o de comunicaci\u00f3n. Claro est\u00e1, esta regla no se extiende a las causas que deban promoverse para ejecutar o modificar las decisiones de interdicci\u00f3n que se hubieran proferido con anterioridad al 26 de agosto de 2019, como se explicar\u00e1 a continuaci\u00f3n; <\/p>\n
4.2. Para los juicios finalizados existen dos posibilidades: (a) la declaraci\u00f3n misma de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n se mantendr\u00e1 inc\u00f3lume, salvo que se inicie un tr\u00e1mite de rehabilitaci\u00f3n, el cual se conserva en vigor hasta el a\u00f1o 2021; sin embargo, en el per\u00edodo de los a\u00f1os 2021 a 2024 deber\u00e1 procederse a la revisi\u00f3n oficiosa, o a solicitud de parte, para que, de considerarse que \u00ablas personas bajo interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n… requieren de la adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos\u00bb, se sustituyan aqu\u00e9llas por medidas de apoyo o, simplemente, se entienda habilitado el referido \u00abreconocimiento de la capacidad legal plena\u00bb (art\u00edculo 56); y <\/p>\n
(b) los actos de ejecuci\u00f3n de las determinaciones judiciales previas, bajo el efecto ultractivo de la Ley 1306 de 2009, por lo cual ha de entenderse que el juzgador ordinario conserva sus facultades para resolver todo lo relacionado con los recursos que se promuevan contra las decisiones de la ejecuci\u00f3n, incluyendo, sin limitarse a ellos, la remoci\u00f3n, designaci\u00f3n de curador, rendici\u00f3n de cuentas, etc., posibilidad que encuentra apoyadura en los c\u00e1nones 306 y 586 -numeral 5\u00ba- del C\u00f3digo General del Proceso, el \u00faltimo en su texto original, con antelaci\u00f3n a la reforma introducida por la regla 37 de la Ley 1996 de 2019, los cuales permiten a los jueces adoptar todas las medidas necesarias para la ejecuci\u00f3n de sus determinaciones y, trat\u00e1ndose de guardadores, extiende su competencia a todos los actos tendientes a su designaci\u00f3n. <\/p>\n
4.3. Finalmente, para los procesos en curso con decreto provisorio de interdicci\u00f3n, la nueva ley previ\u00f3 su suspensi\u00f3n inmediata hasta el 26 de agosto de 2021, con la precisi\u00f3n de que, en cualquier momento, esta podr\u00e1 levantarse por el juez, en casos de urgencia, para decretar \u00abmedidas cautelares, nominadas o innominadas, cuando lo considere pertinente para garantizar la protecci\u00f3n y disfrute de los derechos patrimoniales de la persona con discapacidad\u00bb (precepto 55). <\/p>\n
La \u00faltima precisi\u00f3n anotada a espacio conlleva a que deba aclararse que, as\u00ed reanudado el juicio, los juzgadores naturales tendr\u00e1n que adoptar sus decisiones bajo los lineamientos de la nueva regulaci\u00f3n, dada su consabida vigencia general inmediata, lo que se ratifica con la prohibici\u00f3n de regresi\u00f3n en materia de derechos humanos, derivada doctrinariamente del principio de progresividad, cuyo fundamento normativo tiene g\u00e9nesis en los art\u00edculos 2\u00ba del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales -adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966- y 26 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos -suscrita el 22 de noviembre de 1969-.3 <\/p>\n
De all\u00ed que en esos asuntos en tr\u00e1mite, a pesar de la suspensi\u00f3n de que fueron objeto por imperativo legal, le competa a los falladores naturales pronunciarse respecto de las situaciones directamente relacionadas con las medidas provisorias de interdicci\u00f3n, inhabilitaci\u00f3n o designaci\u00f3n de curador, sin que puedan excusar en tal suspensi\u00f3n, por mandato de la entrada en vigor de la ley 1996 de 2019 y la prohibici\u00f3n de regresividad de los derechos humanos, pues el primero otorga una protecci\u00f3n mejorada en cuanto al ejercicio de la capacidad legal plena para las personas mayores de edad con discapacidad, sin que so pretexto de una regla procesal pueda vaciarse de contenido esta m\u00e1xima, so pena de desconocer la barrera infranqueable de la prohibici\u00f3n de regreso en la protecci\u00f3n de los derechos humanos. <\/p>\n
Por tanto, aunque en el par\u00e1grafo del referido canon 6\u00ba de la Ley 1996 se especific\u00f3 que \u00abel reconocimiento de la capacidad legal plena [all\u00ed] previsto… aplicar\u00e1, para las personas bajo medidas de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n anteriores a la promulgaci\u00f3n de [esa]… ley, una vez se hayan surtido los tr\u00e1mites se\u00f1alados en el art\u00edculo 56 de la misma\u00bb4 (se subray\u00f3), un an\u00e1lisis sistem\u00e1tico y teleol\u00f3gico de dicha normativa, resaltando el contenido de este \u00faltimo precepto y el fin concreto de la Ley misma, el cual no es otro que garantizar la capacidad plena que le asiste a las personas en comento, permite dejar por sentando que la aludida remisi\u00f3n legal gobierna, exclusivamente, aquellos casos en que las medidas \u00abde interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n\u00bb fueron adoptadas a trav\u00e9s de sentencia definitiva, no as\u00ed en los procesos en curso -incluido en aqu\u00ed cuestionado- en que se hubiera emitido una decisi\u00f3n interlocutoria, pues aqu\u00ed deber\u00e1 privilegiarse la interpretaci\u00f3n m\u00e1s favorable a las personas que hist\u00f3ricamente se han visto discriminadas y, en algunos casos, segregadas. <\/p>\n
En adici\u00f3n, las presentes disquisiciones no desconocen la suspensi\u00f3n que de tales procesos se produjo por imperio de la Ley, pues los pronunciamientos que deber\u00e1n adecuar los juzgadores ordinarios no resultan contrarios a la nueva legislaci\u00f3n, si en cuenta se tiene la connotaci\u00f3n de derecho fundamental de aquella protecci\u00f3n mejorada que impone su aplicaci\u00f3n inmediata, en tanto que la materia a resolver se ajusta plenamente a su art\u00edculo 55, conforme al cual, de manera excepcional podr\u00e1 levantarse tal suspensi\u00f3n y disponerse \u00abla aplicaci\u00f3n de medidas cautelares, nominadas o innominadas\u00bb, como resulta ser la referente a ocuparse, con base en la nov\u00edsima norma, de lo relativo a las temporales interdicci\u00f3n, inhabilitaci\u00f3n y\/o curadur\u00eda dispuestas en los juicios en tr\u00e1mite, con miras a \u00abgarantizar la protecci\u00f3n y disfrute de los derechos patrimoniales de la persona con discapacidad\u00bb. <\/p>\n
4.4. Igualmente resulta oportuno mencionar, en materia procesal, las nuevas reglas atinentes a la competencia, punto sobre el que la ley 1996 de 2019 introdujo novedades relevantes. <\/p>\n
El art\u00edculo 35 de la ley modific\u00f3 el numeral 7 de la regla 22 del C\u00f3digo General del Proceso para establecer que le compete a los Jueces de Familia, en primera instancia, los procesos de \u00abadjudicaci\u00f3n, modificaci\u00f3n y terminaci\u00f3n de apoyos adjudicados judicialmente\u00bb; sin embargo, como lo se\u00f1ala el art\u00edculo 52 de la ley, esa regla de competencia a\u00fan no se encuentra vigente, por lo que, por el momento, debe aplicarse el numeral 14 del art\u00edculo 21 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual es competencia de los Jueces de Familia, en \u00fanica instancia, de aquellos \u00abasuntos de familia en que por disposici\u00f3n legal sea necesaria la intervenci\u00f3n del juez\u2026\u00bb. Cualquier duda sobre la aplicabilidad de esta norma de competencia a los procesos de adjudicaci\u00f3n de apoyos se supera con el razonamiento f\u00e1cil pero poderoso de que el art\u00edculo 54 de la ley 1996 exige el pronunciamiento del juez para la adjudicaci\u00f3n de apoyos transitorios, de ah\u00ed que dicho supuesto de hecho se configure perfectamente en la norma de competencia judicial citada, hasta tanto no entre en vigencia el proceso definitivo del cual podr\u00e1n hacerse uso para obtener apoyos y las normas que gobiernan su competencia. <\/p>\n
5. Con base en tales premisas y descendiendo al caso en concreto, menester es resaltar que Cielo Marleny Tovar Vanegas se encuentra declarada en interdicci\u00f3n, mediante sentencia ejecutoriada, as\u00ed como que el debate que concit\u00f3 el traslado del presente expediente alude a las diligencias posteriores o de ejecuci\u00f3n derivadas de aquel fallo, espec\u00edficamente, los escritos reiterados de Otto Tovar Vanegas tendientes a obtener el cambio de guardadora. <\/p>\n
Sin embargo y a pesar de que tambi\u00e9n con insistencia el Juzgado Cuarto de Familia de Neiva le inform\u00f3 a tal peticionario que para el aludido prop\u00f3sito es menester incoar libelo demandatorio, lo que a la saz\u00f3n \u00e9l tiene claro al punto que con anterioridad promovi\u00f3 un juicio de esa estirpe -que culmin\u00f3 con sentencia desestimatoria-, concluye esta Corporaci\u00f3n que el conflicto de competencia es prematuro. <\/p>\n
En efecto, ante las reiteradas solicitudes de Otto Tovar Vanegas, el Juzgado Cuarto de Familia de Neiva (Huila), que conoci\u00f3 del proceso de remoci\u00f3n del inicial guardador designado a Cielo Marleny Tovar Vanegas, de forma apresurada procedi\u00f3 a remitir por competencia territorial todas las diligencias a su hom\u00f3logo Promiscuo de Familia de Tumaco, no obstante que bastaba con reiterarle lo que hasta la saciedad le ven\u00eda resolviendo, esto es, que para el prop\u00f3sito deseado deb\u00eda radicar el correspondiente libelo introductorio de ese nuevo juicio de remoci\u00f3n. <\/p>\n
Incluso, como esta Sala en asunto homog\u00e9neo puntualiz\u00f3, el juez \u00abno puede salirse de los elementos delimitantes expuestos expl\u00edcita o impl\u00edcitamente en la demanda; adem\u00e1s, de no estar clara su determinaci\u00f3n, est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de requerir las precisiones necesarias para su esclarecimiento, de manera que se evite su repulsi\u00f3n sobre una base inexistente, propiciando un conflicto antes de tiempo\u00bb (CSJ AC de 2 de mayo de 2013, rad. 2013-00946-00; reiterado CSJ AC de 23 de noviembre de 2016, rad. 2016-02939). <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, advierte la Corte que fue prematura la declaratoria de incompetencia de los Juzgados involucrados en el presente conflicto, en raz\u00f3n a la inexistencia de demanda que propiciara decisi\u00f3n en ese sentido. <\/p>\n
Por lo anterior se hace necesario devolver el expediente al Juzgado Cuarto de Familia de Neiva, con el fin de que adopte la decisi\u00f3n pertinente conforme se consider\u00f3 en precedencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, declara prematuro el presente conflicto de competencia y, en consecuencia, ordena devolver el expediente al Juzgado Cuarto de Familia de Neiva (Huila), para que proceda conforme a lo anotado en la parte motiva de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta decisi\u00f3n al otro estrado judicial involucrado en el conflicto, para lo cual se remitir\u00e1 una copia de esta providencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Cfr. Agustina Palacios, \u00bfModelo rehabilitador o modelo social? La Persona con Discapacidad en el Derecho Espa\u00f1ol. En Eduardo Jim\u00e9nez, Igualdad, No Discriminaci\u00f3n y Discapacidad, Ediar, Buenos Aires, Argentina, 2006, pp. 207 a 218. <\/p>\n
2\u0002 El texto de la norma, antes de la modificaci\u00f3n introducida con el precepto 57 de la Ley 1996 de 2019, se\u00f1alaba: <\/p>\n
\u00abARTICULO 1504. Son absolutamente incapaces las personas con discapacidad mental, los imp\u00faberes y sordomudos, que no pueden darse a entender por escrito. <\/p>\n
Sus actos no producen ni a\u00fan obligaciones naturales, y no admiten cauci\u00f3n. <\/p>\n
Son tambi\u00e9n incapaces los menores adultos que no han obtenido habilitaci\u00f3n de edad y los disipadores que se hallen bajo interdicci\u00f3n. Pero la incapacidad de estas personas no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes. <\/p>\n
Adem\u00e1s de estas incapacidades hay otras particulares que consisten en la prohibici\u00f3n que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
El nuevo texto, seg\u00fan el referido canon 57 de la Ley 1996 de 2019, es el siguiente: <\/p>\n
3\u0002 Se destaca que el aludido Pacto se refiere al reconocimiento de \u00abderechos econ\u00f3micos, sociales y culturales\u00bb, as\u00ed como la mencionada convenci\u00f3n contempl\u00f3 el anunciado principio de progresividad en el ac\u00e1pite destinado a aquellas garant\u00edas, las que hacen parte de las de segunda generaci\u00f3n que no de las fundamentales, enfatizando el compromiso de los estados parte respecto, en su orden, el primero -esto es, el Pacto-, \u00aba adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperaci\u00f3n internacionales, especialmente econ\u00f3micas y t\u00e9cnicas, hasta el m\u00e1ximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopci\u00f3n de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aqu\u00ed reconocidos…[;] [y] a garantizar el ejercicio de los derechos que en \u00e9l se enuncian, sin discriminaci\u00f3n alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religi\u00f3n, opini\u00f3n pol\u00edtica o de otra \u00edndole, origen nacional o social, posici\u00f3n econ\u00f3mica, nacimiento o cualquier otra condici\u00f3n social\u00bb; mientras que la segunda -es decir, la convenci\u00f3n-, \u00aba adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperaci\u00f3n internacional, especialmente econ\u00f3mica y t\u00e9cnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas econ\u00f3micas, sociales y sobre educaci\u00f3n, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por v\u00eda legislativa u otros medios apropiados\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Por ese sendero, en el \u00e1mbito nacional, la jurisprudencia constitucional ha decantado tal principio, en mayor medida, en torno a aquellos derechos de segunda generaci\u00f3n (ver, entre otras, CC C-228\/11, 629\/11, T-687\/12, T-524\/14 y C-486\/16), sin embargo, paulatinamente ha venido sosteniendo que \u00ab[a]unque inicialmente el principio de progresividad comprend\u00eda especialmente los DESC [sigla en referencia a los derechos econ\u00f3micos, sociales y culturales], su aplicaci\u00f3n hoy abarca a todos los derechos fundamentales\u00bb (se destac\u00f3 – CC C-294\/19), como evidentemente no podr\u00eda ser de otra manera, dada la condigna condici\u00f3n prevalente de los \u00faltimos. <\/p>\n
4\u0002 El citado art\u00edculo 56 dispone que: <\/p>\n
<\/p>\n
\u00abEn un plazo no superior a treinta y seis (36) meses contados a partir de la entrada en vigencia del Cap\u00edtulo V de la presente ley, los jueces de familia que hayan adelantado procesos de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n deber\u00e1n citar de oficio a las personas que cuenten con sentencia de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n anterior a la promulgaci\u00f3n de la presente ley, al igual que a las personas designadas como curadores o consejeros, a que comparezcan ante el juzgado para determinar si requieren de la adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos. <\/p>\n
<\/p>\n
En este mismo plazo, las personas bajo medida de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n podr\u00e1n solicitar la revisi\u00f3n de su situaci\u00f3n jur\u00eddica directamente ante el juez de familia que adelant\u00f3 el proceso de Interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n. Recibida la solicitud, el juez citar\u00e1 a la persona bajo medida de interdicci\u00f3n o inhabilitaci\u00f3n, al igual que a las personas designadas como curadores o consejeros, a que comparezcan ante el juzgado para determinar si requieren de la adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos…\u00bb (se resalt\u00f3). <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC770-2021 (2020-03332-00) AC770-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-03332-00 Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veintiuno (2021). Ser\u00eda del caso decidir el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Cuarto de Familia de Neiva (Huila) y Promiscuo de Familia de Tumaco (Nari\u00f1o), para conocer de la supuesta acci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[34],"tags":[],"class_list":["post-53797","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53797","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53797"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53797\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53797"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53797"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53797"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}