AC871-2021 (2021-00002-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC871-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00002-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de marzo de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados, Promiscuo Municipal de Arboletes y Primero de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Monter\u00eda, con ocasi\u00f3n del conocimiento de la demanda ejecutiva instaurada por el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. \u2013BANAGRARIO-, contra HERIBERTO y GABRIEL L\u00d3PEZ BRAVO. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La entidad financiera accionante solicit\u00f3 a la jurisdicci\u00f3n librar mandamiento de pago a su favor y contra los convocados, por las acreencias derivadas del \u201cpagar\u00e9 No. 027476100002042\u201d aportado con la demanda, en la que finc\u00f3 la competencia en la citada autoridad judicial de Arboletes, teniendo en cuenta la naturaleza del proceso, la cuant\u00eda y el \u201clugar de ubicaci\u00f3n del inmueble\u201d gravado como garant\u00eda real1. <\/p>\n
2. No obstante, el Despacho Promiscuo Municipal de la denotada localidad, rechaz\u00f3 el asunto y lo remiti\u00f3 por competencia a sus hom\u00f3logos de Monter\u00eda, por ser el domicilio de los demandados, dando aplicaci\u00f3n al numeral 1\u00b0 del canon 28 del C\u00f3digo General del Proceso. Asimismo, se\u00f1al\u00f3 que el asunto tampoco le es atribuible en raz\u00f3n del foro 3\u00b0 ib\u00eddem, pues el lugar de cumplimiento de las obligaciones fue estipulado en el municipio de Los C\u00f3rdobas2. <\/p>\n
3. Por su parte, la Juez Primera de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Monter\u00eda, tambi\u00e9n se abstuvo de avocar conocimiento del tr\u00e1mite, y en efecto, plante\u00f3 la colisi\u00f3n que ahora se resuelve, tras considerar que la sede judicial remitente debe asumir la asignaci\u00f3n, conforme a la regla privativa 7\u00aa ejusdem, a la jurisprudencia en la materia, y a la voluntad de la sociedad ejecutante, quien con fundamento en la ubicaci\u00f3n del bien hipotecado radic\u00f3 la demanda en Arboletes3. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Determinar el juez civil competente para conocer de la mencionada demanda ejecutiva, respecto de la cual, los funcionarios concernidos discuten que foro aplicar, si el general a que alude el numeral primero; el negocial relativo a la regla tercera; el real y privativo establecido en la pauta s\u00e9ptima invocada por la entidad bancaria ejecutante; o si corresponde observar la directriz d\u00e9cima, tambi\u00e9n exclusiva, prevista en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Facultad de la Corte para decidir el conflicto <\/p>\n
Como la divergencia para avocar el conocimiento del debate se trab\u00f3 entre los estrados de diferente distrito judicial, le corresponde a la Corte dirimirla como superior funcional de aquellos, a trav\u00e9s del Magistrado Sustanciador, como establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el s\u00e9ptimo de la 1285 de 2009. <\/p>\n
3. Factores y prevalencia entre foros <\/p>\n
Estos determinan el operador judicial a quien el ordenamiento atribuye el conocimiento de una controversia en particular, raz\u00f3n por la cual, al asumirla o repelerla, el administrador de justicia tiene la carga de orientar su resoluci\u00f3n con fundamento en las disposiciones del C\u00f3digo General del Proceso, en particular las contenidas en el Cap\u00edtulo I, T\u00edtulo I, Secci\u00f3n Primera, Libro Primero, a la luz de lo manifestado por el demandante y las pruebas aportadas. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose del factor territorial, la regla general es la contenida en el numeral primero del art\u00edculo 28 del precitado compendio, que atribuye la competencia de los procesos contenciosos al juez del domicilio del demandado. De forma concurrente, la competencia se atribuye tambi\u00e9n al juzgador del lugar de cumplimiento de las obligaciones, cuando estamos en presencia de procesos originados en un negocio jur\u00eddico, tal como lo indica el numeral tercero del citado canon. <\/p>\n
A su vez, el numeral 5\u00b0 dispone que, \u201c[e]n los procesos contra una persona jur\u00eddica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia ser\u00e1n competentes, a prevenci\u00f3n, el juez de aquel y el de esta.\u201d. Mientras que la regla 7\u00aa dispone, de forma exclusiva, que en los \u201cprocesos en que se ejerciten derechos reales (\u2026) ser\u00e1 competente, de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante.\u201d. (Negrilla ajena al texto). <\/p>\n
No obstante, como excepci\u00f3n que se impone a esas previsiones legales, la nueva normatividad procesal incorpor\u00f3 una disposici\u00f3n especial en favor de los entes p\u00fablicos (numeral d\u00e9cimo \u00eddem), tambi\u00e9n exclusiva o privativa, seg\u00fan la cual, \u201c[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad (\u2026). Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u201d (resaltado a prop\u00f3sito). <\/p>\n
La competencia privativa o \u00fanica como se conoce en la doctrina, consiste en que de la multiplicidad de jueces que existe dentro de la jurisdicci\u00f3n ordinaria solo uno de ellos puede conocer v\u00e1lidamente del asunto y llevarlo a feliz t\u00e9rmino, competencia especial que se enuncia en la norma procesal y que se enmarca como una excepci\u00f3n a la regla general para determinar la facultad decisoria por raz\u00f3n del territorio, esto es, el domicilio del accionado. <\/p>\n
Y es que el art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso, sin excluir en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del fuero territorial, se\u00f1al\u00f3 con contundencia, que \u201c[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d, sobre cualquier otra, y ello cobija, naturalmente, la disposici\u00f3n del mencionado numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 ib\u00eddem, que por mandato del legislador y en raz\u00f3n de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa se determin\u00f3 prevalente sobre las dem\u00e1s. <\/p>\n
De ah\u00ed que, en principio, en un proceso que involucre derechos reales, prevalecer\u00e1 dicho foro, ya sea sobre el relativo al domicilio del demandado o el referente al lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones; sin embargo, si en dicho litigio, como en el sub lite, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. <\/p>\n
Ahora bien, si el numeral d\u00e9cimo del precepto 28 ib\u00eddem defiere la competencia al \u201cjuez del domicilio de la respectiva entidad\u201d, es procedente, a la luz de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, acudir al precitado numeral quinto ejusdem, que prev\u00e9 que \u201cen los procesos contra una persona jur\u00eddica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia ser\u00e1n competentes, a prevenci\u00f3n, el juez de aquel y el de esta\u201d (subrayado fuera de texto), present\u00e1ndose as\u00ed una confluencia donde puede el accionante escoger, entre la sede principal o la sucursal o agencia de la entidad p\u00fablica, siempre y cuando el asunto guarde relaci\u00f3n con estas, posibilidad de elecci\u00f3n que no afecta el foro privativo, ya que \u00e9ste no restringe el conocimiento del asunto al juzgador del domicilio principal. <\/p>\n
4. El caso concreto <\/p>\n
Del certificado de existencia y representaci\u00f3n legal aportado con el escrito introductor, como de la informaci\u00f3n de p\u00fablico acceso que puede ser consultada a trav\u00e9s de internet, se advierte que la convocante es una sociedad de econom\u00eda mixta del orden nacional, sujeta al R\u00e9gimen Industrial y Comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de la especie de las an\u00f3nimas4, elementos que indican sin lugar a dudas su naturaleza p\u00fablica5. <\/p>\n
De otra parte, conforme al art\u00edculo 38 de la Ley 489 de 1998, la Rama Ejecutiva del poder p\u00fablico est\u00e1 integrada en el sector descentralizado por servicios, entre otras, por \u201c[l]as sociedades p\u00fablicas y las sociedades de econom\u00eda mixta\u201d, por lo que es evidente que la gestora es una de las personas jur\u00eddicas a que alude el numeral d\u00e9cimo del canon 28 referido. <\/p>\n
Por tanto, aun cuando la convocada es persona de derecho p\u00fablico, y en consecuencia, prima \u201cel juez de su domicilio principal\u201d, es preciso orientar la mirada, de forma interpretativa y sistem\u00e1tica, hacia la salvedad descrita en el numeral 5\u00b0 ejusdem, pues su elecci\u00f3n en el particular, sincroniza o vincula el asunto a una sucursal o agencia bancaria. <\/p>\n
En este sentido CSJ AC2346-2018, se dijo: <\/p>\n
\u201cPor eso, en situaciones como la analizada, se tendr\u00e1 siempre que indagar si la empresa tiene m\u00e1s de un domicilio, y si alguno de ellos est\u00e1 ligado al juicio, porque de ser as\u00ed, el actor es libre de escoger el lugar para poner en movimiento el aparato jurisdiccional, de suerte que una vez conocida la preferencia del interesado a ella hay que estarse\u201d. Adicionalmente, y no menos importante, mem\u00f3rese que el numeral 10 del art\u00edculo 28 invocado se refiere \u00fanicamente al \u00abdomicilio de la respectiva entidad\u00bb sin ce\u00f1ir la aprehensi\u00f3n del asunto a su \u00abdomicilio principal\u00bb, y donde el legislador no distingue al int\u00e9rprete no le es dable hacerlo\u201d. <\/p>\n
Ahora, si bien esa posibilidad de escogencia rige el evento en que la convocada sea una persona jur\u00eddica, nada obsta, de acuerdo a una interpretaci\u00f3n an\u00e1loga facultada por el art\u00edculo 12 del estatuto adjetivo civil vigente6, para que esa escogencia, a prevenci\u00f3n, se extienda a las personas de derecho p\u00fablico cuando concurren a la jurisdicci\u00f3n en calidad de demandante, como aqu\u00ed acontece, por cuanto la similitud y la connotaci\u00f3n pr\u00e1ctica suscitada entre ambas situaciones, as\u00ed lo permite. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el marco del fuero privativo mencionado, y a la luz de la voluntad de la ejecutante, quien opt\u00f3 por no radicar el reclamo judicial en su asiento principal (Bogot\u00e1), debe entenderse, que la atribuci\u00f3n corresponde al juzgador de Arboletes, Antioquia, por confluir all\u00ed una agencia de Banagrario S.A.7, y ser el sitio donde se ubica el bien que garantiza el pago de la obligaci\u00f3n base de recaudo, lo que, en efecto, demuestra la conexidad entre el juicio compulsivo y la sucursal financiera denotada. Se atiende as\u00ed el fuero privativo subjetivo, relativo a la vecindad del ente p\u00fablico demandante. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
En definitiva, la atribuci\u00f3n corresponde al Juzgador de Arboletes, en atenci\u00f3n al citado fuero subjetivo, morigerado por la decisi\u00f3n de la sociedad financiera actora de no radicar la litis ante el funcionario judicial de su sede principal. Raz\u00f3n por la que se redirigir\u00e1n las diligencias con destino al operador judicial del lugar donde coincide una de las sucursales bancarias vinculada con el asunto y con el sitio en que se halla el bien hipotecado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados mencionados, determinando que al Promiscuo Municipal de Arboletes, Antioquia, corresponde conocer de la acci\u00f3n ejecutiva promovida por el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. contra HERIBERTO y GABRIEL L\u00d3PEZ BRAVO. En consecuencia, rem\u00edtase el expediente a dicha autoridad, y mediante oficio comun\u00edquese de esta determinaci\u00f3n a las otras autoridades involucradas. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1Fls. 1 a 8 del Cdno. Demanda (1) <\/p>\n
2 Fls. 58 y 59, ib\u00eddem. <\/p>\n
3 (03) AutoProvocaConflicto. <\/p>\n
4 Fl. 20 del Cdno. Demanda (1). <\/p>\n
5 Art\u00edculo 1\u00ba, Decreto 4819 de 2007. <\/p>\n
6 Art. 12 C.G.P. Cualquier vac\u00edo en las disposiciones del presente c\u00f3digo se llenar\u00e1 con las normas que regulen casos an\u00e1logos. A falta de estas, el juez determinar\u00e1 la forma de realizar los actos procesales con observancia de los principios constitucionales y los generales del derecho procesal, procurando hacer efectivo el derecho sustancial. <\/p>\n