AC881-2021 (2020-02948-00)<\/p>\n
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AC881-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-02948-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de marzo de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados, Promiscuo Municipal de Sabanalarga y D\u00e9cimo Civil Municipal de Oralidad de Medell\u00edn, para conocer del juicio de deslinde y amojonamiento promovido por el JUAN DE LA CRUZ ESPINOSA ZAPATA frente a HIDROEL\u00c9CTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Sabanalarga, Juan de la Cruz Espinosa Zapata solicit\u00f3 \u201cpracticar deslinde y amojonamiento\u201d sobre un predio ubicado en la vereda el Llano de Niqu\u00eda, del Municipio de Sabanalarga, distinguido con matr\u00edcula inmobiliaria No.029-0038466, de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Sopetr\u00e1n, y registrado como de propiedad de este. <\/p>\n
En el libelo inaugural, el conocimiento se atribuy\u00f3 a la referida dependencia judicial, \u201cpor la ubicaci\u00f3n del inmueble\u201d, por la \u201cvecindad de las partes\u201d y por la cuant\u00eda del asunto, ya que el predio \u201ctiene un aval\u00fao catastral de cuarenta millones novecientos setenta y un mil doscientos noventa y dos pesos ($40.971.292.oo)\u201d1. <\/p>\n
2. La dependencia de origen rechaz\u00f3 la demanda y declar\u00f3 su falta de competencia para continuar con el proceso, al advertir que la demandada es una empresa de servicios p\u00fablicos mixta, constituida en forma de sociedad an\u00f3nima, de car\u00e1cter comercial, del orden departamental, con domicilio en Medell\u00edn, por lo que son los jueces civiles municipales de esa ciudad los que de manera privativa deben asumir el litigio, de acuerdo con la regla prevista en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso2. <\/p>\n
3. Recibidas las diligencias por el Juzgado D\u00e9cimo Civil Municipal la ciudad de destino, este tampoco acept\u00f3 la atribuci\u00f3n, se\u00f1alando que en atenci\u00f3n al numeral s\u00e9ptimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, \u201ces un asunto que trata de un bien inmueble ubicado en zona rural de otra municipalidad\u201d. Adicionalmente, invoc\u00f3 el art\u00edculo 403 del CGP, para se\u00f1alar que el tr\u00e1mite en este tipo de procesos \u201cordena dictar sentencia en la diligencia de deslinde, actuaci\u00f3n para la cual no se puede comisionar (art. 37 del C\u00f3digo General del Proceso)\u201d, e indic\u00f3 que \u201cno se trata de desconocer el precedente jurisprudencial sobre la prevalencia del fuero subjetivo, sin embargo por la naturaleza especial de este proceso declarativo, hay situaciones que no pueden agotarse solo comisionando a un juzgado hom\u00f3logo\u201d3 <\/p>\n
4. Planteada as\u00ed la colisi\u00f3n, llegaron las diligencias a la Corte. <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Determinar el juez civil competente para conocer del presente proceso de deslinde y amojonamiento, en el que se discute si es viable aplicar al mismo el foro privativo al que se refiere el numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, o si la competencia debe continuar en el juzgador ante el que primero se radic\u00f3, en atenci\u00f3n al fuero real del numeral s\u00e9ptimo de dicho precepto y codificaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Facultad de la Corte para decidir el conflicto <\/p>\n
Como la divergencia para avocar el conocimiento del debate se trab\u00f3 entre dos estrados de diferente distrito judicial, Antioquia y Medell\u00edn, le corresponde a la Corte dirimirla como superior funcional de aquellos, a trav\u00e9s del Magistrado Sustanciador, como establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el s\u00e9ptimo de la 1285 de 2009. <\/p>\n
3. Factores y prevalencia entre foros privativos cuando una de las partes es una persona jur\u00eddica de derecho p\u00fablico: <\/p>\n
Estos determinan el operador judicial a quien el ordenamiento atribuye el conocimiento de una controversia en particular, raz\u00f3n por la cual, al asumirla o repelerla, el administrador de justicia tiene la carga de orientar su resoluci\u00f3n con fundamento en las disposiciones del C\u00f3digo General del Proceso, en particular las contenidas en el Cap\u00edtulo I, T\u00edtulo I, Secci\u00f3n Primera, Libro Primero, a la luz de lo manifestado por el demandante y las pruebas aportadas. <\/p>\n
De conformidad con el numeral s\u00e9ptimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, \u201cen los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza\u2026 ser\u00e1 competente de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u201d. (Negrilla fuera del texto original). <\/p>\n
No obstante, el numeral d\u00e9cimo de la misma norma, indica que \u201cen los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u2026 Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u201d (Resaltado adrede). <\/p>\n
De ah\u00ed que cumple precisar, que el estatuto procesal asign\u00f3 en ambos numerales una competencia territorial privativa, en el primero de tales, en raz\u00f3n de un fuero o foro real \u201cpor lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes\u201d, y el segundo a la calidad del sujeto, \u201cpor el domicilio de la entidad\u201d. <\/p>\n
En cuanto a la competencia privativa o \u00fanica como se conoce en la doctrina, consiste en que de la multiplicidad de jueces que existe dentro de la jurisdicci\u00f3n ordinaria solo uno de ellos puede conocer v\u00e1lidamente del asunto y llevarlo a feliz t\u00e9rmino, competencia especial que se enlista en la norma procesal y que se enmarca como una excepci\u00f3n a la regla general para determinar la facultad decisoria por raz\u00f3n del territorio, esto es, el domicilio del demandado. <\/p>\n
Se desprende de lo anterior que, cuando se presenta una colisi\u00f3n de competencia entre dos fueros privativos como la que ahora concierne la atenci\u00f3n de la Sala, no es del resorte del actor elegir el lugar donde presentar el libelo genitor, sino que es la ley la que se\u00f1ala cu\u00e1l de los dos prevalece, pues, el art\u00edculo 29 ejusdem, precept\u00faa que \u201ces prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d4. <\/p>\n
Ahora bien, no puede resultar de recibo la tesis que ve en lo previsto en el numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, una prerrogativa en favor de la entidad p\u00fablica, de la cual puede a voluntad hacer o no ejercicio, dado que la literalidad del texto, inequ\u00edvocamente, establece de forma imperativa una regla privativa, cuya observancia es insoslayable, adem\u00e1s, por estar inserta en un canon de orden p\u00fablico. Recu\u00e9rdese, en ese sentido, el precepto 13 de la Ley 1564 de 2012, a cuyo tenor, \u201c[l]as normas procesales son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n expresa de la ley\u00bb. <\/p>\n
Tampoco es viable sostener ese otro criterio que privilegia el foro real (28-7) sobre el consagrado por el legislador en raz\u00f3n de la naturaleza de la persona jur\u00eddica de derecho p\u00fablico (28-10), ignorando la regla que el legislador previ\u00f3 para, precisamente, solucionar los casos en los que debe determinarse qu\u00e9 factor o fuero aplicar a un caso concreto. <\/p>\n
Y es que el art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso, sin excluir en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del fuero territorial, se\u00f1al\u00f3 con contundencia, que \u201cEs prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d sobre cualquier otra, y ello cobija, naturalmente, la disposici\u00f3n del mencionado numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 ib\u00eddem, que por mandato del legislador y en raz\u00f3n de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa se determin\u00f3 prevalente sobre las dem\u00e1s. <\/p>\n
De ah\u00ed que, trat\u00e1ndose de los procesos en los que se ejercen derechos reales o en otros contenciosos que espec\u00edficamente se\u00f1ala la ley, como el de deslinde y amojonamiento, prima facie, opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicaci\u00f3n del bien; sin embargo, si en dicho litigio, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, esto es, como demandante o demandada, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. <\/p>\n
4. Criterio de Unificaci\u00f3n de la Jurisprudencia. <\/p>\n
La Sala con el prop\u00f3sito de zanjar la discusi\u00f3n frente a casos como el presente, dilucid\u00f3 reci\u00e9nteme en auto de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia de 24 de enero de 2020 (AC140-2020), que se convierte en indiscutible gu\u00eda para la soluci\u00f3n de este asunto y de todos los dem\u00e1s que en lo sucesivo se presenten, lo siguiente: <\/p>\n
Como se anot\u00f3 anteriormente, en las controversias donde concurran los dos fueros privativos enmarcados en los numerales 7\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, como el que se presenta cuando una entidad p\u00fablica pretende imponer una servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica sobre un fundo privado, surge el siguiente interrogante: \u00bfCu\u00e1l de las dos reglas de distribuci\u00f3n es prevalente? Para resolver dicho cuestionamiento, el legislador consign\u00f3 una regla especial en el canon 29 ib\u00eddem, el cual precept\u00faa que \u201c[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d. En virtud de las pautas interpretativas previstas en los art\u00edculos 27 y 28 del C\u00f3digo Civil, que aluden en su orden a que, \u201c[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu\u201d, y \u201c[l]as palabras de la ley se entender\u00e1n en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dar\u00e1 en \u00e9stas su significado legal\u201d; es dable afirmar, con contundencia, que con dicha regla lo que quiso el legislador fue dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija, como se explic\u00f3 en precedencia, la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P. La justificaci\u00f3n procesal de esa prelaci\u00f3n muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez del proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo y territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aqu\u00e9l factor y por el funcional (Art. 16). En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. Por tanto, no es pertinente afirmar que el inciso primero del aludido precepto 29 se refiere exclusivamente a colisiones que se susciten entre factores de competencia, en el caso, el subjetivo y territorial, no respecto de los foros o fueros previstos en este \u00faltimo, toda vez que el legislador, dentro de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa, no excluy\u00f3 en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del mismo u otro, a m\u00e1s que ello desconoce c\u00f3mo el factor subjetivo est\u00e1 presente en distintas disposiciones procesales, seg\u00fan se dej\u00f3 clarificado en el anterior ac\u00e1pite. De ah\u00ed que, trat\u00e1ndose de los procesos en los que se ejercen derechos reales, prima facie, opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicaci\u00f3n del bien; sin embargo, si en dicho litigio, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. Por ello es que se ha dicho, en un sinn\u00famero de oportunidades, que \u201cen las controversias donde concurran los dos fueros privativos antes citados, prevalecer\u00e1 el segundo de ellos, es decir el personal, esto es, el del domicilio de la entidad p\u00fablica, por expresa disposici\u00f3n legal\u201d (AC4272-2018), as\u00ed como tambi\u00e9n que \u201cen esta clase de disyuntivas, la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa aplicable, dada su mayor estimaci\u00f3n legal, es la que se refiere al juez de domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n a la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido\u201d (AC4798-2018). <\/p>\n
4. Particularidades en el proceso de deslinde y amojonamiento <\/p>\n
La aplicaci\u00f3n del criterio de unificaci\u00f3n adoptado por la Corte en la mencionada providencia no est\u00e1 excluida en el proceso de apeo, por cuanto, el numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso habla en general de los \u201cprocesos contenciosos\u201d, sin hacer salvedad alguna; y porque las particularidades de este juicio declarativo especial, como el adelantamiento de la diligencia de deslinde de que trata el art\u00edculo 403 ib\u00eddem, cuando la sede del juez de conocimiento no coincida con el lugar donde est\u00e1n los inmuebles que disputan colindancia, es posible superarlas con herramientas como la comisi\u00f3n, que en el inciso segundo del art\u00edculo 37 prev\u00e9, por ejemplo, que \u201cLa comisi\u00f3n podr\u00e1 consistir en la solicitud, por cualquier v\u00eda expedita, de auxilio a otro servidor p\u00fablico para que realice las diligencias necesarias que faciliten la pr\u00e1ctica de las pruebas por medio de videoconferencia, teleconferencia o cualquier otro medio id\u00f3neo de comunicaci\u00f3n simult\u00e1nea\u201d. <\/p>\n
Lo anterior sin dejar de mencionar otros mecanismos que recientemente se han implementado en la legislaci\u00f3n colombiana, con el prop\u00f3sito de implementar plenamente las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n en la administraci\u00f3n de justicia, como la que trae el decreto legislativo 806 de 4 de junio de 2020, que en su art\u00edculo 2\u00b0 se\u00f1ala: \u201cSe deber\u00e1n utilizar las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y de las comunicaciones en la gesti\u00f3n y tr\u00e1mite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia, como tambi\u00e9n proteger a los servidores judiciales, como a los usuarios de este servicio p\u00fablico. Se utilizar\u00e1n los medios tecnol\u00f3gicos para todas las actuaciones, audiencias y diligencias y se permitir\u00e1 a los sujetos procesales actuar en los procesos o tr\u00e1mites a trav\u00e9s de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o similares, que no sean estrictamente necesarias\u2026\u201d (resaltado fuera del texto). <\/p>\n
En ese orden de cosas, es perfectamente posible que, utilizando la tecnolog\u00eda actualmente disponible, se realicen la diligencia de deslinde y amojonamiento y se dicte sentencia, cumpliendo las directrices del art\u00edculo 403 del C\u00f3digo General del Proceso, con independencia de que el juez de conocimiento no tenga su sede en el municipio donde se encuentran los terrenos en disputa. <\/p>\n
Es m\u00e1s, una circunstancia parecida puede llegar a darse, y no propiamente por la intervenci\u00f3n como parte de un ente p\u00fablico en el proceso, y es la relativa a un proceso de apeo de mayor cuant\u00eda, donde el juzgador del circuito no tenga su sede en el municipio donde est\u00e1 el predio o los predios en cuesti\u00f3n. En estos supuestos, tampoco cabe duda, que el procedimiento ha de adecuarse, para dar soluci\u00f3n a la controversia, a los mecanismos atr\u00e1s citados. <\/p>\n
5. El caso concreto <\/p>\n
Ahora bien, de conformidad con el art\u00edculo 38 de la Ley 489 de 1998, la Rama Ejecutiva del poder p\u00fablico est\u00e1 integrada en el sector descentralizado por servicios, entre otras, por \u201c[l]as empresas sociales del Estado y las empresas oficiales de servicios p\u00fablicos domiciliarios\u201d, por lo que es evidente que la gestora es una de las personas jur\u00eddicas a que alude el numeral d\u00e9cimo del canon 28 referido, el que resulta entonces aplicable, y no as\u00ed el que atribuye la competencia en atenci\u00f3n al lugar en donde se encuentran ubicados los bienes, como lo pretendi\u00f3 el Juez D\u00e9cimo Civil Municipal de Medell\u00edn. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Como colorario, independiente de que el inmueble del que se pretende el deslinde y amojonamiento, este ubicado en la vereda el Llano de Niquia, del Municipio de Sabanalarga, distinguido con matr\u00edcula inmobiliaria No.029-0038466, en consideraci\u00f3n a que la parte demandada es una persona jur\u00eddica de derecho p\u00fablico cuyo domicilio es Medell\u00edn, se dar\u00e1 aplicaci\u00f3n a la prevalencia establecida en el estatuto procesal civil vigente. <\/p>\n
Por esas razones, se ordenar\u00e1 enviar el expediente al Juzgado D\u00e9cimo Civil Municipal de Medell\u00edn, el cual deber\u00e1 implementar para sus actuaciones. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados mencionados, determinando que al D\u00e9cimo Civil del Municipal de Medell\u00edn corresponde conocer el juicio declarativo especial de deslinde y amojonamiento promovido por JUAN DE LA CRUZ ESPINOSA ZAPATA frente a HIDROEL\u00c9CTRICA ITUANGO S.A. E.S.P. <\/p>\n
Devu\u00e9lvase el expediente a dicha oficina y mediante oficio inf\u00f3rmese de tal situaci\u00f3n a la otra involucrada. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
ALVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 Folios 1 a 4 del c. demanda deslinde y amojonamiento, exp. digital. <\/p>\n
2 Folios 2 a 4, c. auto rechaza demanda, ib. <\/p>\n
3 Folios 1 a 5 c. conflicto negativo de competencia. ib. <\/p>\n
4 Criterio reiterado en CSJ AC 4273-2018 y en CSJ AC 4641 de 2019. <\/p>\n