AC883-2021 (2021-00110-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC883-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00110-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de marzo de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuos Municipales de Puerto Guzm\u00e1n y de Valpara\u00edso, pertenecientes a los distritos judiciales de Mocoa y Florencia, respectivamente, para conocer de la demanda ejecutiva quirografaria del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. frente a \u00d3SCAR ALFREDO BURBANO CHIMBACO. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En el respectivo libelo introductor, radicado ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Guzm\u00e1n, la entidad p\u00fablica accionante solicit\u00f3 librar orden de pago a su favor y contra el convocado, por la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000.oo) por concepto de capital insoluto incorporado en el pagar\u00e9 aportado, y los intereses moratorios causados sobre el mismo. En dicho pliego inicial, adem\u00e1s, se se\u00f1al\u00f3 que el convocado estaba avecindado en Puerto Guzm\u00e1n, Putumayo, por lo que as\u00ed se entiende el porqu\u00e9 de la formulaci\u00f3n del asunto en esa municipalidad1. <\/p>\n
2. El prenombrado juzgado rechaz\u00f3 la demanda, al considerar que si bien \u201cOscar Alfredo Burbano Chimbaco tiene su domicilio en la finca El Laberinto -Vereda Trinidad, Jurisdicci\u00f3n del Municipio de Puerto Guzm\u00e1n, como consta en el ac\u00e1pite de notificaciones de la demanda [\u2026] en la mayor\u00eda de los casos, las personas que hacen los cr\u00e9ditos con las entidades bancarias, el lugar de residencia les queda m\u00e1s cerca a los municipios de Caquet\u00e1, por lo anterior se debe tener en cuenta los derechos que le asisten al ejecutado, de poder ejercer en igualdad de condiciones una defensa t\u00e9cnica frente a su caso.\u201d2. <\/p>\n
3. Recibidas las diligencias por el Juzgado Promiscuo Municipal de Valpara\u00edso, este rehus\u00f3 tambi\u00e9n la competencia y plante\u00f3 la colisi\u00f3n que se resuelve, con sustento en que \u201cla competencia para esta clase de procesos es determinada por regla general seg\u00fan el numeral 1 del art\u00edculo 28 del C.G.P por el domicilio de la parte demanda y una de la excepciones a la regla est\u00e1 determinada en el numeral 3 del art\u00edculo 28 del C.G.P, que refiere que tambi\u00e9n es competente el Juez de donde se debi\u00f3 cumplir la obligaci\u00f3n\u201d3. Agreg\u00f3 que la posici\u00f3n del Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Guzm\u00e1n Putumayo, \u201cen la pr\u00e1ctica desplaza la voluntad de la parte accionante de escoger a su arbitrio el lugar donde presentara su demanda y afecta la defensa t\u00e9cnica que la parte demandada pueda ejercer dentro del proceso ejecutivo, toda vez que tiene su domicilio en el Municipio Puerto Guzm\u00e1n Putumayo, y no en Valpara\u00edso \u2013 Caquet\u00e1, haciendo m\u00e1s traum\u00e1tica y dispendioso su traslado a esta Municipalidad, para el ejercicio de cualquier actuaci\u00f3n dentro del citado proceso\u201d. <\/p>\n
4. Planteada as\u00ed la colisi\u00f3n, llegaron las diligencias a la Corte. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Determinar el juez civil competente para conocer de la mencionada demanda ejecutiva, respecto de la cual, los funcionarios concernidos discuten que foro aplicar, si la regla general contenida en el numeral primero, el fuero contractual establecido en el numeral tercero o el foro privativo de que trata el numeral d\u00e9cimo, todos del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Facultad de la Corte para decidir el conflicto <\/p>\n
Como la divergencia para avocar el conocimiento del debate se trab\u00f3 entre los estrados de diferente distrito judicial, le corresponde a la Corte dirimirla como superior funcional de aquellos, a trav\u00e9s del Magistrado Sustanciador, como establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el s\u00e9ptimo de la 1285 de 2009. <\/p>\n
3. Factores y prevalencia entre foros <\/p>\n
Estos determinan el operador judicial a quien el ordenamiento atribuye el conocimiento de una controversia en particular, raz\u00f3n por la cual, al asumirla o repelerla, el administrador de justicia tiene la carga de orientar su resoluci\u00f3n con fundamento en las disposiciones del C\u00f3digo General del Proceso, en particular las contenidas en el Cap\u00edtulo I, T\u00edtulo I, Secci\u00f3n Primera, Libro Primero, a la luz de lo manifestado por el demandante y las pruebas aportadas. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose del factor territorial, la regla general es la contenida en el numeral primero del art\u00edculo 28 del precitado compendio, que atribuye la competencia de los procesos contenciosos al juez del domicilio del demandado. De forma concurrente, la competencia se atribuye tambi\u00e9n al juzgador del lugar de cumplimiento de las obligaciones, cuando estamos en presencia de procesos originados en un negocio jur\u00eddico, tal como lo indica el numeral tercero del citado canon. <\/p>\n
No obstante, como excepci\u00f3n que se impone a esas previsiones legales, la nueva normatividad procesal incorpor\u00f3 una disposici\u00f3n especial en favor de los entes p\u00fablicos (numeral d\u00e9cimo ib\u00eddem), seg\u00fan la cual, \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad (\u2026) Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u00bb (resaltado a prop\u00f3sito). <\/p>\n
La competencia privativa o \u00fanica como se conoce en la doctrina, consiste en que de la multiplicidad de jueces que existe dentro de la jurisdicci\u00f3n ordinaria solo uno de ellos puede conocer v\u00e1lidamente del asunto y llevarlo a feliz t\u00e9rmino, competencia especial que se enlista en la norma procesal y que se enmarca como una excepci\u00f3n a la regla general para determinar la facultad decisoria por raz\u00f3n del territorio, esto es, el domicilio del demandado. <\/p>\n
Y es que el art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso, sin excluir en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del fuero territorial, se\u00f1al\u00f3 con contundencia, que \u201cEs prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d sobre cualquier otra, y ello cobija, naturalmente, la disposici\u00f3n del mencionado numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 ib\u00eddem, que por mandato del legislador y en raz\u00f3n de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa se determin\u00f3 prevalente sobre las dem\u00e1s. <\/p>\n
De ah\u00ed que, en principio, en un proceso que involucre t\u00edtulos ejecutivos, nada obsta para que el ejecutante opte por la atribuci\u00f3n de la competencia de su preferencia, ya sea el domicilio del demandado o el lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones, al tratarse de foros concurrentes por elecci\u00f3n; sin embargo, si en dicho litigio, como en el sub lite, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. <\/p>\n
Ahora bien, si el numeral d\u00e9cimo del precepto 28 ib\u00eddem defiere la \u201ccompetencia\u201d al \u201cjuez del domicilio de la respectiva entidad\u201d, es procedente, a la luz de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, acudir al numeral quinto ejusdem, que prev\u00e9 que \u201cen los procesos contra una persona jur\u00eddica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia ser\u00e1n competentes, a prevenci\u00f3n, el juez de aquel y el de esta\u201d (resaltado fuera de texto), present\u00e1ndose as\u00ed una confluencia donde puede el accionante optar, por la sede principal o por la sucursal o agencia de la entidad p\u00fablica, siempre y cuando el asunto est\u00e9 vinculado o guarde relaci\u00f3n con estas, posibilidad de escogencia que no afecta el foro privativo, ya que \u00e9ste no restringe el conocimiento del asunto al juzgador del domicilio principal. <\/p>\n
4. El caso concreto <\/p>\n
Del certificado de existencia y representaci\u00f3n legal aportado con la demanda, como de la informaci\u00f3n de p\u00fablico acceso que puede ser consultada a trav\u00e9s de la internet, se advierte que la convocante es una es una sociedad de econom\u00eda mixta del orden nacional, del tipo de las an\u00f3nimas, sujeta al r\u00e9gimen de empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural4, elementos que indican sin lugar a dudas su naturaleza p\u00fablica5. <\/p>\n
Ahora bien, de conformidad con el art\u00edculo 38 de la Ley 489 de 1998, la Rama Ejecutiva del poder p\u00fablico est\u00e1 integrada en el sector descentralizado por servicios, entre otras, por \u201cLas sociedades p\u00fablicas y las sociedades de econom\u00eda mixta\u201d, por lo que es evidente que la gestora es una de las personas jur\u00eddicas a que alude el numeral d\u00e9cimo del canon 28 referido, el que resulta entonces aplicable. <\/p>\n
Al predicarse respecto del Banco Agrario de Colombia ese fuero privativo y prevalente establecido en consideraci\u00f3n a su calidad, la demanda ser\u00e1 competencia del juzgado de su domicilio principal, o tambi\u00e9n, el de sus agencias o sucursales, siempre que el asunto est\u00e9 vinculado a una de ellas, evento este \u00faltimo que se configura en este caso, pues, el Banco posee sucursal en Puerto Guzm\u00e1n6 y en el pagar\u00e9 0758061000051777, en su cl\u00e1usula primera, se se\u00f1ala que la obligaci\u00f3n deber\u00e1 ser cancelada en \u201csus oficinas de la ciudad de Valpara\u00edso (Caquet\u00e1), o en aquellas habilitadas para el efecto\u2026\u201d, expresi\u00f3n esta \u00faltima que incluye por supuesto a Puerto Guzm\u00e1n, lo que denota que acertada result\u00f3 la decisi\u00f3n del funcionario de Valparaiso, Caquet\u00e1, en el sentido de rechazar la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
En definitiva, la competencia legalmente est\u00e1 atribuida al Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Guzm\u00e1n, en atenci\u00f3n al fuero establecido en el numeral d\u00e9cimo, en concordancia con el quinto del art\u00edculo 28 del C.G.P. Adem\u00e1s de que dicha municipalidad coincide con la vecindad actual del ejecutado, seg\u00fan se afirma en la demanda, siendo a la luz de lo pactado entre las partes, ese uno de los lugares habilitados para solucionar la obligaci\u00f3n, cuyo impago propicia el presente cobro compulsivo. <\/p>\n
De contera, se informar\u00e1 de esta decisi\u00f3n a la otra autoridad concernida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados mencionados, determinando que al Promiscuo Municipal de Puerto Guzm\u00e1n, corresponde conocer de la acci\u00f3n cambiaria promovida por el Banco Agrario de Colombia S.A. frente a OSCAR ALFREDO BURBANO CHIMBACO. <\/p>\n
En consecuencia, rem\u00edtase el expediente a dicha autoridad, y mediante oficio comun\u00edquese de esta determinaci\u00f3n a la otra autoridad. <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 Folios 1 a 6, c. demanda. Exp. virtual <\/p>\n
2 Folios 1 a 2, c. remisi\u00f3n. Ib\u00eddem. <\/p>\n
3 Folios 1 a 2 c. conflicto de competencia. Ib\u00eddem. <\/p>\n