AC898-2021 (2020-02977-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC898-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-02977-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de marzo de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia que surgi\u00f3 entre el Juzgado Segundo Civil Municipal de Risaralda (Pereira), el Cuarenta y Nueve Civil Municipal de Bogot\u00e1 y el Cuarto Civil Municipal de C\u00facuta, atinente al conocimiento de la demanda ejecutiva hipotecaria interpuesta por el Fondo de Financiamiento del Sector Agropecuario – FINAGRO contra Cecilia Giraldo de Valencia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda presentada al \u00abJuez Civil Municipal de Pereira (Reparto)\u00bb, la parte actora reclam\u00f3 de la jurisdicci\u00f3n librar \u00abmandamiento de pago\u00bb por las sumas contenidas en los pagar\u00e9s No. 01105324-1 y 01105324-2 por concepto de capital, m\u00e1s los intereses moratorios correspondientes. Adicionalmente, inst\u00f3 a que se ordene el embargo, secuestro y posterior venta en p\u00fablica subasta del \u00abbien inmueble hipotecado, denominado (a) Predio sin nombre ubicado en la Vereda Palogrande del municipio de Belalcazar\u00bb, identificado con M.I. 103-0007736. <\/p>\n
Se indic\u00f3 en cuanto a la competencia, que le concern\u00eda a dicha autoridad judicial por ser el \u00abdomicilio del demandado\u00bb (fls. 59-67 del PDF \u00abEXP 2020 435\u00bb). <\/p>\n
2. El expediente fue repartido al Juzgado Segundo Civil Municipal de Pereira. A trav\u00e9s de prove\u00eddo de 5 de agosto de 2020, resolvi\u00f3 rechazar por competencia el asunto, considerando para ello que, puesto que la demandante es una sociedad de econom\u00eda mixta \u00abno se encuentra ajustada la competencia a este juzgado por raz\u00f3n del territorio, pues en concordancia con el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, la competencia para conocer de esta demanda est\u00e1 atribuida al juez del domicilio del demandante, en este caso, Bogot\u00e1, Cundinamarca\u00bb. Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P. (fl. 73-75 ibidem). <\/p>\n
3. Cumplidos los tr\u00e1mites, el proceso fue asignado al Juez Cuarenta y Nueve Civil Municipal de Bogot\u00e1. El despacho, en auto del 25 de agosto de 2020, opt\u00f3 por rechazar de plano la demanda y, entonces, remiti\u00f3 las diligencias a los jueces municipales de C\u00facuta. Fundament\u00f3 su postura en que <\/p>\n
\u00ab\u2026As\u00ed las cosas, en el caso particular, pretende la entidad demandante -Fondo Para el Financiamiento del Sector Agropecuario Finagro-, efectuar la ejecuci\u00f3n de los pagar\u00e9s n\u00famero i) 01105324-1, ii) y ii) 0115324-2, los cuales por dem\u00e1s encuentran respaldado en la (hipoteca) elevada sobre el inmueble, ubicado en la ciudad de C\u00facuta, perteneciente al departamento de Norte de Santander. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, m\u00e1s all\u00e1 de que el Juez de Pereira, decidiera mediante auto de calenda trece (13) de marzo hoga\u00f1o, apartarse del conocimiento de la presente demanda, argumentando que la sociedad demandante es de econom\u00eda mixta del orden nacional vincuclada al Ministerio de Agricultura, y que su domicilio se encuentre en la ciudad de Bogot\u00e1, lo cierto es que, it\u00e9rese se pretende la ejecuci\u00f3n de acciones de derecho real, pues se trata de perseguir el inmueble hipotecado perteneciente a la deuda Gloria Mar\u00eda Bel\u00e9n Carvajal Arredondo y el cual se encuentra ubicado en la ciudad de C\u00facuta, luego, siendo as\u00ed las cosas su conocimiento radica en cabeza exclusiva de los Jueces Civiles Municipales de esta \u00faltima ciudad \u00bb (fls. 81-82 ib\u00eddem). <\/p>\n
4. A su turno, el Juzgado Cuarto Civil Municipal de C\u00facuta se declar\u00f3 incompetente para conocer de la controversia. Por tanto, promovi\u00f3 el conflicto negativo de que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte. <\/p>\n
Para ello, trajo de presente el art\u00edculo 29 y el numeral segundo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, para exponer que <\/p>\n
\u00ab\u2026conforme a dicha norma, la orden de prelaci\u00f3n de competencia se determina de tal manera que en primera l\u00ednea impera la competencia en raz\u00f3n a la calidad de las partes (subjetiva) y de las dem\u00e1s se subordinar\u00e1n a \u00e9sta. <\/p>\n
Teniendo en cuenta ello y comoquiera que la parte demandante es una sociedad de econom\u00eda mixta de orden Nacional, vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por lo que, la regla de competencia aplicable, conforme lo prev\u00e9 el Art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso, es la enlistada en el Numeral 10\u00b0 del Art\u00edculo 28 de la misma codificaci\u00f3n; por ende, este Juzgado no resulta competente para conocer del presente asunto\u00bb. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, conforme al canon 139 del C\u00f3digo General del Proceso, se entra a desatar el t\u00f3pico en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Habida cuenta que se enfrentan juzgados de distinto distrito judicial, Pereira, Bogot\u00e1 y C\u00facuta, corresponde a esta Sala resolver el conflicto negativo suscitado entre ellos, de acuerdo con los art\u00edculos 139 ib\u00eddem y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de su par 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Para la determinaci\u00f3n de la competencia, debe precisarse que la selecci\u00f3n del juez a quien le corresponde asumir el conocimiento de una causa litigiosa surge como el resultado de la conjugaci\u00f3n de algunas circunstancias o aspectos subjetivos u objetivos. Tales criterios est\u00e1n vinculados, verbigracia, a la persona involucrada, al sitio en donde el accionado tiene su domicilio, al lugar en donde acontecieron los hechos, la cuant\u00eda o naturaleza del asunto, etc. Por supuesto, en ciertas ocasiones, aunque algunos de esos factores se entremezclan y se vuelven concurrentes, prevalecen unos sobre otros. <\/p>\n
3. De las pautas de competencia territorial consagradas en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, la del numeral primero (1\u00ba) constituye la regla general, esto es, que \u00ab[e]n los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elecci\u00f3n del demandante. Cuando el demandado carezca de domicilio en el pa\u00eds, ser\u00e1 competente el juez de su residencia. Cuando tampoco tenga residencia en el pa\u00eds o esta se desconozca, ser\u00e1 competente el juez del domicilio o de la residencia del demandante\u00bb (se subraya). <\/p>\n
A su vez, el numeral 3\u00b0 dispone que \u00ab[e]n los procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, para las demandas derivadas de un negocio jur\u00eddico o que involucran t\u00edtulos ejecutivos, en el factor territorial hay fueros concurrentes. En efecto, al general, basado en el domicilio del demandado, se suma la potestad del actor de tramitar el proceso ante el juez del lugar de cumplimiento de las obligaciones. Siendo as\u00ed las cosas, al presentarse convergencia entre dos factores de competencia por tratarse de la ejecuci\u00f3n de t\u00edtulos valores (numerales 1 y 3\u00b0 del art\u00edculo 28 del CGP), el actor, en principio, cuenta con la posibilidad de escoger, a prevenci\u00f3n, el juzgador que a bien le pareciera. <\/p>\n
4. Sin embargo, trat\u00e1ndose de asuntos suscitados, entre otros, en los que se \u00abejerciten derechos reales\u00bb, conforme al numeral s\u00e9ptimo (7\u00ba) se estipula que, es competente de modo privativo el funcionario judicial del lugar donde se hallen ubicados los bienes. Ciertamente, la aludida disposici\u00f3n consagra que \u00ab[e]n los procesos que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes mostrencos, ser\u00e1 competente de modo privativo el juez del lugar donde se hallen ubicados los bienes, y si \u00e9stos comprenden distintas jurisdicciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb (se subraya). <\/p>\n
Y, m\u00e1s a\u00fan, el numeral 10\u00b0 de la misma disposici\u00f3n prescribe que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
Con respecto a la competencia privativa, esta Corporaci\u00f3n, entre otros, en auto CSJ AC, 5 jul. 2012, rad. 2012-00974-00, en el que reiter\u00f3 lo dicho en prove\u00eddo CSJ AC, 16 sep. 2004, rad. n\u00b0 00772-00, expuso en lo concerniente que: <\/p>\n
(\u2026)\u2018[e]l fuero privativo significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que tenga competencia territorial en el lugar de ubicaci\u00f3n del bien involucrado en el debate pertinente, no pudi\u00e9ndose acudir, bajo ning\u00fan punto de vista, a otro funcionario judicial, ni siquiera bajo el supuesto autorizado para otros eventos, (\u2026)\u2019\u00bb. <\/p>\n
Pues bien, para dirimir este tipo de controversias, la reciente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n se ha decantado por acudir al precepto contenido en el art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00abes prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed fue sentado en el prove\u00eddo AC140-2020, en el cual, mutatis mutandi, en una controversia de imposici\u00f3n de servidumbre de energ\u00eda el\u00e9ctrica, la Corte explic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abComo se anot\u00f3 anteriormente, en las controversias donde concurran los dos fueros privativos enmarcados en los numerales 7\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, como el que se presenta cuando una entidad p\u00fablica pretende imponer una servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica sobre un fundo privado, surge el siguiente interrogante: \u00bfCu\u00e1l de las dos reglas de distribuci\u00f3n es prevalente?1 <\/p>\n
Para resolver dicho cuestionamiento, el legislador consign\u00f3 una regla especial en el canon 29 ib\u00eddem, el cual precept\u00faa que \u201c[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d. <\/p>\n
En virtud de las pautas interpretativas previstas en los art\u00edculos 27 y 28 del C\u00f3digo Civil, que aluden en su orden a que, \u201c[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu\u201d, y \u201c[l]as palabras de la ley se entender\u00e1n en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dar\u00e1 en \u00e9stas su significado legal\u201d; es dable afirmar, con contundencia, que con dicha regla lo que quiso el legislador fue dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija, como se explic\u00f3 en precedencia, la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P. <\/p>\n
La justificaci\u00f3n procesal de esa prelaci\u00f3n muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez del proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo y territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aqu\u00e9l factor y por el funcional (Art. 16). <\/p>\n
En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. <\/p>\n
Por tanto, no es pertinente afirmar que el inciso primero del aludido precepto 29 se refiere exclusivamente a colisiones que se susciten entre factores de competencia, en el caso, el subjetivo y territorial, no respecto de los foros o fueros previstos en este \u00faltimo, toda vez que el legislador, dentro de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa, no excluy\u00f3 en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del mismo u otro, a m\u00e1s que ello desconoce c\u00f3mo el factor subjetivo est\u00e1 presente en distintas disposiciones procesales, seg\u00fan se dej\u00f3 clarificado en el anterior ac\u00e1pite. (CSJ AC140 de 2020, 24 ene. 2020, rad. 2019-00320) (CSJ AC140 de 2020, 24 ene. 2020). <\/p>\n
Por ende, en los procesos en que se ejercen derechos reales se aplica el fuero territorial correspondiente al lugar donde se encuentre ubicado el bien. Sin embargo, en el evento de que sea parte una entidad p\u00fablica, la competencia privativa ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, como regla de principio. <\/p>\n
6. Aplicando las anteriores premisas al caso de marras y partiendo de que el Fondo de Financiamiento del Sector Agropecuario \u2013 FINAGRO es una entidad p\u00fablica, creada mediante la Ley 16 de 1990 como una \u00absociedad de econom\u00eda mixta del orden nacional del tipo de las sociedades an\u00f3nimas, organizado como establecimiento de cr\u00e9dito, vinculado al Ministerio de Agricultura, con personer\u00eda jur\u00eddica, patrimonio propio y autonom\u00eda administrativa\u00bb, la competencia para conocer de la presente controversia radicar\u00eda en el juez de su lugar de domicilio, correspondiente a la ciudad de Bogot\u00e1 (art\u00edculo 4 del Decreto 26 de 1991). <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que el numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 28 impone, a efectos de determinar la competencia privativa del juez, que el convocante o convocado debe ser \u00abuna entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica\u00bb. En tal sentido, el precepto 68 de la ley 489 de 1998 prev\u00e9 que \u00abson entidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos p\u00fablicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades p\u00fablicas y las sociedades de econom\u00eda mixta (\u2026)\u00bb. Y, adem\u00e1s, el par\u00e1grafo del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que \u00abse entiende por entidad p\u00fablica todo \u00f3rgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominaci\u00f3n; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participaci\u00f3n igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participaci\u00f3n estatal igual o superior al 50%\u00bb. <\/p>\n
7. Por tanto, al tener la demandante la calidad de entidad p\u00fablica, corresponde el conocimiento del asunto de marras al Juzgado de Bogot\u00e1, pues tal es designado en virtud del foro privativo demarcado por la ley. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el conocimiento del proceso de la referencia, deber\u00e1 continuar por cuenta del Juzgado Cuarenta y Nueve Civil Municipal de Bogot\u00e1. <\/p>\n
SEGUNDO: Comunicar lo decidido al Despacho Segundo Civil Municipal de Risaralda (Pereira) y al Cuarto Civil Municipal de C\u00facuta, acompa\u00f1\u00e1ndole copia de este prove\u00eddo. <\/p>\n
TERCERO: Remitir el expediente a la c\u00e9lula judicial referida en el numeral primero de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
CUARTO: La Secretar\u00eda librar\u00e1 los oficios correspondientes y dejar\u00e1 las constancias del caso. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Conocer en forma prevalente un asunto significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que de acuerdo a la regla de competencia designada por la ley como preponderante o dominante entre las dem\u00e1s, debe primar en su elecci\u00f3n. <\/p>\n
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