AC908-2021 (2021-00637-00)<\/p>\n
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AC908-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-00637-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de marzo de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide el recurso de queja formulado por Juan Guillermo San\u00edn Posada frente al auto de 7 de diciembre de 2020, con el que se deneg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n que interpuso contra la sentencia de 26 de agosto del mismo a\u00f1o, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La se\u00f1ora \u00c1ngela Mar\u00eda Olga Posada Londo\u00f1o (a quien el quejoso sucedi\u00f3 procesalmente tras su muerte) pidi\u00f3 que se declarara que Juan Rafael, Ana Isabel, Clara Teresa y Jorge Juli\u00e1n Posada Vanegas son indignos de suceder al causante Rafael Posada Londo\u00f1o. <\/p>\n
2. Aunque en primera instancia se dict\u00f3 sentencia estimatoria parcial, mediante fallo de 26 de agosto de 2020 el tribunal revoc\u00f3 esa determinaci\u00f3n, denegando en su integridad el petitum. <\/p>\n
3. Contra esa resoluci\u00f3n el se\u00f1or San\u00edn Posada interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el cual deneg\u00f3 el tribunal tras considerar que el interesado no acredit\u00f3 que el agravio sufrido, para la fecha de proferimiento del fallo de segundo grado, superara el monto exigido por el art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
4. El sucesor procesal de la actora interpuso reposici\u00f3n y en subsidio queja, arguyendo que la cuant\u00eda de su inter\u00e9s no debe calcularse \u00fanicamente con base en el valor de los bienes de los que el causante era propietario para la \u00e9poca de su fallecimiento, sino tambi\u00e9n de aquellos que fueron sustra\u00eddos ilegalmente de su patrimonio y que, ante la eventual prosperidad de las pretensiones, recompondr\u00edan el haber sucesoral. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, para obtener esa valoraci\u00f3n, no pod\u00eda exig\u00edrsele la aportaci\u00f3n de un dictamen pericial. Primero, porque conforme a los art\u00edculos 48 y 230 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00abel perito lo designa el juez\u00bb; segundo, porque dada la pluralidad de bienes sobre los que deb\u00eda recaer la experticia, era pr\u00e1cticamente imposible elaborarla en el t\u00e9rmino de 15 d\u00edas que otorg\u00f3 el ad quem; y tercero, por cuanto el amparo de pobreza que se le concedi\u00f3 en primera instancia lo exime \u00abdel pago de honorarios de auxiliares de la justicia u otros gastos de la actuaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
5. Como en sede de reposici\u00f3n se mantuvo el auto impugnado, se remitieron copias de lo actuado a esta Colegiatura, para surtir el tr\u00e1mite del recurso de queja. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Aptitud legal para el pronunciamiento. <\/p>\n
Compete a la Corte definir el presente asunto mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, seg\u00fan lo dispuesto en los art\u00edculos 30, numeral 3, y 35 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Procedencia del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.1. En virtud de la naturaleza extraordinaria y restringida del recurso de casaci\u00f3n, su procedencia se halla condicionada a la satisfacci\u00f3n de diversos requisitos, expresamente establecidos en la ley. Al respecto, el art\u00edculo 334 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que el aludido medio de impugnaci\u00f3n \u00ab(\u2026) procede contra las siguientes sentencias, cuando son proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia: 1) Las dictadas en toda clase de procesos declarativos; 2) Las dictadas en las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicci\u00f3n ordinaria; 3) Las dictadas para liquidar una condena en concreto\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, resulta evidente que no todas las providencias judiciales son susceptibles de ser atacadas por esta v\u00eda, sino solo aqu\u00e9llas expresamente previstas por el legislador, en consideraci\u00f3n a la naturaleza del asunto debatido y, en determinados supuestos, a la cuant\u00eda actual del agravio denunciado por el impugnante. <\/p>\n
2.2. Conviene precisar, tambi\u00e9n, que el C\u00f3digo General del Proceso introdujo relevantes modificaciones a la impugnaci\u00f3n extraordinaria en comento, por v\u00eda de ejemplo, ampli\u00f3 el espectro de las sentencias susceptibles de ser atacadas en casaci\u00f3n, desde la perspectiva del tipo de procedimiento en el que se profirieron (declarativos, acciones de grupo y liquidaciones de condena en concreto en cualquier tramitaci\u00f3n). <\/p>\n
Asimismo, la normativa procesal actual puntualiz\u00f3 que el importe de la resoluci\u00f3n desfavorable debe ascender, cuanto menos, a 1000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (SMLMV), cuando se trate de pretensiones esencialmente patrimoniales, exceptuando tan s\u00f3lo los fallos pronunciados en acciones de grupo, adem\u00e1s, claro est\u00e1, de aquellos juicios donde el debate aluda a tem\u00e1ticas relativas al estado civil (y que carecen, por lo mismo, de cuant\u00eda), siempre y cuando versen sobre la reclamaci\u00f3n e impugnaci\u00f3n del mismo o la declaraci\u00f3n de uniones materiales de hecho (art\u00edculos 334 y 338 ejusdem). <\/p>\n
3. El inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Acorde con el art\u00edculo 338 del estatuto procesal civil, \u00ab[c]uando las pretensiones sean esencialmente econ\u00f3micas, el recurso procede cuando el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (1.000 SMLMV). Se excluye la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones populares y de grupo, y las que versen sobre el estado civil\u00bb. <\/p>\n
El inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n, entonces, refiere a la estimaci\u00f3n cuantitativa de la resoluci\u00f3n desfavorable al momento de proferirse la sentencia objeto de la impugnaci\u00f3n extraordinaria, concepto que \u00ab(…) est\u00e1 supeditado a la tasaci\u00f3n econ\u00f3mica de la relaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial que se conceda o niegue en la sentencia, (\u2026) a la cuant\u00eda de la afectaci\u00f3n o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resoluci\u00f3n que le resulta desfavorable, evaluaci\u00f3n que debe efectuarse para el d\u00eda del fallo\u00bb (AC7638-2016, 8 nov.). <\/p>\n
Lo anterior implica que, cuando sea necesario establecer el aludido monto, este se determinar\u00e1 a partir del agravio o perjuicio que al recurrente le ocasione la decisi\u00f3n impugnada en el preciso contexto del litigio planteado, analizado el mismo en su dimensi\u00f3n integral, y atendidas las singularidades del caso. As\u00ed lo ha sostenido, en forma invariable, la Sala: <\/p>\n
\u00ab(…) uno de los aspectos a tener en cuenta para la concesi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, corresponde al monto del perjuicio que la decisi\u00f3n atacada ocasiona al impugnante al momento que [esta] se profiere, para lo cual se debe apreciar la calidad de la parte, los pedimentos de la demanda, las manifestaciones de los oponentes y las dem\u00e1s circunstancias que conlleven a su delimitaci\u00f3n, as\u00ed como las decisiones definitorias, toda vez que las expectativas econ\u00f3micas de los intervinientes var\u00edan de acuerdo con las particularidades que le son propias a cada uno de ellos\u00bb (CSJ AC, 28 sep. 2012, rad. 2012-00065-01; reiterado en AC1849-2014, 10 abr.). <\/p>\n
En s\u00edntesis, la actualidad de la afectaci\u00f3n, en su faceta patrimonial, constituye uno de los ingredientes determinantes de la viabilidad del indicado medio de impugnaci\u00f3n, la cual debe apreciarse con estricta sujeci\u00f3n a la relaci\u00f3n sustancial definida en la sentencia, en tanto que \u00abs\u00f3lo la cuant\u00eda de la cuesti\u00f3n de m\u00e9rito en su realidad econ\u00f3mica en el d\u00eda de la sentencia es lo que realmente cuenta para determinar el monto del comentado inter\u00e9s\u00bb (CSJ AC924-2016, 24 feb.). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. Conviene puntualizar que los procesos declarativos orientados a que se reconozca judicialmente un evento de indignidad sucesoral, son de raigambre esencialmente econ\u00f3mica y, por lo mismo, la posibilidad de recurrir en casaci\u00f3n la sentencia de segundo grado que all\u00ed se profiera estar\u00e1 supeditada, entre otras cosas, al cumplimiento de la cota m\u00ednima prevista en el ya citado art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Sobre el particular, de anta\u00f1o esta Corporaci\u00f3n ha precisado que <\/p>\n
\u00abno es acertado (…) equiparar la acci\u00f3n de indignidad con una atinente al estado civil, pues aqu\u00e9lla se ejerce, como bien se sabe, para privar al heredero o legatario de su herencia o legado (art\u00edculo 1025 del C\u00f3digo Civil); all\u00ed, en efecto, no se debate o declara que una de las partes es hijo matrimonial o extramatrimonial, o que es var\u00f3n o mujer, mayor o menor de edad, si est\u00e1 vivo o muerto, si es casado o soltero. En el proceso por indignidad, por el contrario, se establece si procede o no privar a una persona de suceder o heredar a otra, es decir, si es digna de adquirir por este modo el dominio de los bienes dejados por el de cujus. Raz\u00f3n por la cual, se hace necesario, dado el caso, avaluar el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n de quien ha sido declarado indigno de heredar a otro\u00bb (CSJ AC 23 jun. 1999, exp. 7668, retomada en AC 27 abr. 2012, exp. 2010-00659-01, AC4520-2017, 14 jul., entre otras). <\/p>\n
4.2 Tambi\u00e9n debe anotarse que le asiste raz\u00f3n al tribunal en cuanto enfatiz\u00f3 la necesidad de circunscribir la base para cuantificar el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n del inconforme a los bienes que conformaban el patrimonio del causante a la fecha de su fallecimiento, pues los dem\u00e1s activos, enajenados en vida del se\u00f1or Rafael Posada Londo\u00f1o, y por conducto de t\u00edtulos jur\u00eddicos distintos de la sucesi\u00f3n, solo podr\u00edan llegar a recomponer el haber sucesoral mediante resoluciones judiciales inciertas y diferentes de las que incumben a este litigio y de cuya adopci\u00f3n en otros escenarios no da cuenta la foliatura. <\/p>\n
No en vano ha insistido la Corte en que \u00abel inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n estar\u00e1 dado por el valor efectivo de las condenas que a la postre [el litigante] debe soportar, inter\u00e9s calculado para el momento en que se profiere la sentencia (car\u00e1cter actual), con base en par\u00e1metros objetivos que permitan determinar a ciencia cierta el monto del perjuicio que la sentencia causa, sin que quepa, desde luego, una estimaci\u00f3n fundada en meras conjeturas\u00bb (AC 18 sep. 2009, exp. 00609). <\/p>\n
4.3. Sin perjuicio de lo anterior, es importante tener en cuenta que, en este asunto en particular, no resulta \u00fatil entrar a escudri\u00f1ar con detalle la extensi\u00f3n del patrimonio del de cujus, puesto que, de cualquier manera, el mismo impugnante reconoci\u00f3 en su censura que la foliatura carece de elementos de juicio que permitan calcular, con suficiente precisi\u00f3n, el valor que esos eventuales activos ten\u00edan para la fecha en que se profiri\u00f3 el fallo de segunda instancia. <\/p>\n
N\u00f3tese que el quejoso se limit\u00f3 a censurar que el ad quem no hubiera promovido, de oficio, el recaudo de un dictamen pericial que cuantificara su inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n. Sin embargo, tal reproche no resulta de recibo, por cuanto el art\u00edculo 339 del C\u00f3digo General del Proceso se\u00f1ala con claridad que, \u00abcuando para la procedencia del recurso sea necesario fijar el inter\u00e9s econ\u00f3mico afectado con la sentencia, su cuant\u00eda deber\u00e1 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En ese mismo sentido, esto es, el opuesto a la interpretaci\u00f3n que propone el recurrente, se ha pronunciado en otras oportunidades la Corte, al reconocer que <\/p>\n
\u00ab(…)\u202fel juzgador para determinar la cuant\u00eda antes referida debe limitarse a los elementos que ya reposan en el expediente, de manera,\u202fque ya no puede decretar de oficio o a solicitud de parte dict\u00e1menes periciales\u202fcomo lo solicit\u00f3 en la reposici\u00f3n la ac\u00e1 recurrente, por el contrario, la norma establece que ser\u00e1 carga de \u00e9sta, si lo considera necesario,\u202fpues al magistrado le concierne \u00fanicamente resolver de plano\u00bb\u202f(CSJ\u202fAC5347-2019,\u202f11 dic.).\u202f <\/p>\n
4.4. As\u00ed las cosas, ante la inviabilidad de ordenar la elaboraci\u00f3n de una experticia que sirviera a los prop\u00f3sitos del actor, resulta intrascendente el amparo de pobreza que a este se le concedi\u00f3 en primera instancia, y del que quiso prevalerse para la concesi\u00f3n de su censura extraordinaria, puesto que tal mecanismo, conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 151 del estatuto procesal, a lo sumo lo exonerar\u00eda de asumir el costo de las costas judiciales, as\u00ed como de \u00abprestar cauciones procesales (\u2026), pagar expensas, honorarios de auxiliares de la justicia u otros gastos de la actuaci\u00f3n\u00bb, pero no de atender sus cargas procesales, como lo es acreditar la cuant\u00eda de su inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n. <\/p>\n
.5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La impugnaci\u00f3n extraordinaria fue bien denegada, pues no se prob\u00f3 que el desmedro patrimonial generado al recurrente con el fallo confutado sea igual o superior a 1000 SMLMV. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR BIEN DENEGADO el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Juan Guillermo San\u00edn Posada contra la sentencia de 26 de agosto del mismo a\u00f1o, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en el proceso declarativo referenciado. <\/p>\n
SEGUNDO. Sin costas por no aparecer justificadas (art\u00edculo 365, numeral 8, C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
TERCERO. DEVU\u00c9LVASE la actuaci\u00f3n al tribunal de origen, para lo de su cargo. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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