AC909-2021 (2020-03022-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC909-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2020-03022-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de marzo de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia que surgi\u00f3 entre el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Sincelejo y el Cuarenta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1, atinente al conocimiento de la demanda de expropiaci\u00f3n interpuesta por la Agencia Nacional de Infraestructura contra Alfredo Lans Mart\u00ednez. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda presentada al \u00abJuez Civil del Circuito de Sincelejo (reparto)\u00bb, la parte actora reclam\u00f3 de la jurisdicci\u00f3n, entre otras, \u00abDecr\u00e9tese la expropiaci\u00f3n por v\u00eda judicial a favor de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI- de: Un \u00e1rea de terreno (\u2026) que es segregado de un predio de mayor extensi\u00f3n denominado \u201cPARCELA N\u00b011\u201d, ubicado en la vereda Santiago de Tol\u00fa, jurisdicci\u00f3n del Municipio de Santiago de Tol\u00fa, Departamento de Sucre, identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No 340-81346 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Sincelejo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, se indic\u00f3 que la competencia le concern\u00eda a dicha autoridad judicial por la siguiente raz\u00f3n: <\/p>\n
\u00aben virtud del factor objetivo atendiendo en primer lugar, a la naturaleza del asunto, es decir, al contenido de la pretensi\u00f3n relacionada en la cl\u00e1usula primera: \u201cDecr\u00e9tese la expropiaci\u00f3n por v\u00eda judicial a favor de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI-\u201c, a la cual se le conoce tambi\u00e9n como la competencia por raz\u00f3n de la materia, pues atendiendo exclusivamente al tipo de controversia que se ventila se le atribuye la competencia privativa al juez civil del circuito del lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes materia del proceso, en principio, excluyendo el fuero personal o del domicilio como elemento a considerar para determinar el juez competente para esos precisos asuntos. Lo anterior, se da en consideraci\u00f3n a la naturaleza especial que tiene el proceso de expropiaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual, se justifica la necesidad de ser el juez del lugar donde se encuentra el inmueble quien conozca de la controversia, para de esta manera generar garant\u00edas procesales a la parte demandada, respetando as\u00ed el derecho del particular a la leg\u00edtima defensa y al debido proceso y as\u00ed mismo con el fin de darle celeridad al tr\u00e1mite procesal, por cuanto se consigue investigar y acreditar la verdad de los valores de las indemnizaciones controvertidas con el menor costo procesal, es decir, por econom\u00eda procesal\u00bb (Fl. 1- 12 del PDF \u00ab01DemandaAnexos\u00bb). <\/p>\n
2. El escrito incoativo fue asignado al Despacho Sexto Civil del Circuito de Sincelejo, el cual, a trav\u00e9s de prove\u00eddo de 17 de septiembre de 2020, rechaz\u00f3 la demanda por falta de competencia. Para ello consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abSobre esta providencia ha de precisarse que el Sustanciador aprob\u00f3 que el proceso se tramitara en el juzgado con radio de acci\u00f3n en el lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes, por cuenta de una renuncia expresa que la ANI present\u00f3 ante la Corte; empero, este Juzgado se acoger\u00e1 <\/p>\n
a lo establecido por el pleno de la Sala de Casaci\u00f3n Civil el d\u00eda 24 de enero de 2020, en cuanto descart\u00f3 la posibilidad de que las partes renuncien a su fuero, justamente por el car\u00e1cter vinculante e irrenunciable de la norma procesal que determina la competencia de los jueces, a lo que ha de adicionar que el mentado Funcionario hace parte del grupo de Magistrados que emiti\u00f3 el pronunciamiento en sala plena, sin que figure salvamento de voto por su cuenta. (\u2026) <\/p>\n
Precisamente, en providencia de 13 de julio de 2020, se ratifica la imposibilidad de que la entidad p\u00fablica demandante o demandada puede elegir a su arbitrio la sede en la que por disposici\u00f3n legal debe tramitarse el proceso. (\u2026) <\/p>\n
En ese preciso orden de ideas, este Despacho no acceder\u00e1 a la renuncia del factor objetivo, presentada por la entidad demandante, y en consecuencia se rechazara la demanda por falta de competencia, por cuanto como se desprende del texto del Decreto 4165 de 3 de noviembre de 2011, la demandante tiene la calidad de Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, cuyo domicilio se ubica en el Distrito Capital de Bogot\u00e1, de suerte que son los Juzgados del Circuito de tal lugar los llamados a conocer de este litigio, lo que implica la declaratoria de falta de competencia y posterior remisi\u00f3n del expediente a tales Unidades Judiciales\u00bb (Fl. 1-7 \u00ab02ActuacionJuzgado06CCTO Sucre\u00bb). <\/p>\n
3. Cumplidos los tr\u00e1mites pertinentes, el expediente fue repartido y entregado al Juzgado Cincuenta Circuito de Bogot\u00e1. Sin embargo, mediante auto del 13 de octubre de 2020, opt\u00f3 por declarar su falta de competencia y, entonces, promovi\u00f3 el conflicto negativo que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte. Para ello precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abPara el caso en concreto, esto es, para la expropiaci\u00f3n de un bien por utilidad p\u00fablica formulada por una entidad p\u00fablica, son dos las reglas del factor territorial las llamadas a determinar la competencia, esto es, las consignadas en los numerales 7\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C. G. del P. En igual sentido, para estos dos fueros se estableci\u00f3 una competencia territorial privativa, por el lugar donde se encuentren ubicados los bienes, esto es el fuero real y por el domicilio de la entidad correspondiente, es decir, por el fuero subjetivo. <\/p>\n
En vista de que por el mismo factor en este caso el territorial, se establecen dos fueros privativos, debe dirimirse entonces cual de ellos debe primar. <\/p>\n
Al respecto podr\u00eda entenderse que prevalecer\u00eda el fuero subjetivo si se mira la regla de prevalencia prevista en el art\u00edculo 29 del C. G. del P., seg\u00fan el cual, \u201cEs prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Sin embargo esta norma regula el factor subjetivo y no el fuero subjetivo que se desarrolla dentro del factor territorial. En lo que ata\u00f1e al factor subjetivo debe tenerse en cuenta que aplica \u00fanicamente en dos casos, esto es, estados extranjeros y agentes diplom\u00e1ticos, en eventos en los cuales pueden concurrir ante los jueces nacionales acorde a las normas de derecho internacional (Art.30-6 CGP), circunstancia que en el presente asunto no se presenta. <\/p>\n
En gracia de discusi\u00f3n a lo expuesto, y contrario a lo advertido por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Sincelejo, no es menos importante lo manifestado por la entidad demandante en su escrito introductor, donde renuncia al fuero contemplado en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P, tras arg\u00fcir la imperiosa necesidad de que sea el juez del lugar donde se encuentra el bien quien asuma el conocimiento de las diligencias, en pro de garantizar el real y efectivo acceso a la administraci\u00f3n de la justicia de los demandados, lo cual resulta por dem\u00e1s latente si se tiene en cuenta que la diligencia de entrega (sea provisional o definitiva) propia de este tr\u00e1mite, debe surtirse en el lugar donde su ubica el predio, as\u00ed como la visita que en el marco de los dict\u00e1menes periciales pueden surtirse en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 399 No. 6\u00bb (fls. 1-3 del PDF \u00ab06AutoConflictoCompetencia20201013\u00bb). <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, conforme al canon 139 del C\u00f3digo General del Proceso, se entra a desatar el t\u00f3pico en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Sea lo primero anotar, que como el conflicto planteado se ha suscitado entre dos despachos de diferente distrito judicial, Sincelejo y Bogot\u00e1, la Corte es la competente para definirlo, tal y como lo establece el art\u00edculo 16 de la ley 270 de 1996, estatutaria de la administraci\u00f3n de justicia, reformado como qued\u00f3 por el art\u00edculo 7\u00ba de la ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Para la determinaci\u00f3n de la competencia debe precisarse que la selecci\u00f3n del juez a quien le corresponde asumir el conocimiento de una causa litigiosa surge como el resultado de la conjugaci\u00f3n de algunas circunstancias o aspectos subjetivos u objetivos, vinculados, verbigracia, a la persona involucrada, al sitio en donde el accionado tiene su domicilio, al lugar en donde est\u00e1 ubicado el inmueble, la cuant\u00eda o naturaleza del asunto, etc. <\/p>\n
Por supuesto, en ciertas ocasiones, aunque algunos de esos factores se entremezclan y se vuelven concurrentes, prevalecen unos sobre otros, puesto que el legislador privativamente determina la potestad e indica de manera precisa el funcionario que, con exclusi\u00f3n de cualquier otro, est\u00e1 llamada a encarar el debate. <\/p>\n
Con respecto a la competencia privativa, esta Corporaci\u00f3n, entre otros, en auto CSJ AC, 5 jul. 2012, rad. 2012-00974-00, en el que reiter\u00f3 lo dicho en prove\u00eddo CSJ AC, 16 sep. 2004, rad. n\u00b0 00772-00, expuso en lo concerniente que: <\/p>\n
(\u2026)\u2018[e]l fuero privativo significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que tenga competencia territorial en el lugar de ubicaci\u00f3n del bien involucrado en el debate pertinente, no pudi\u00e9ndose acudir, bajo ning\u00fan punto de vista, a otro funcionario judicial, ni siquiera bajo el supuesto autorizado para otros eventos, (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. De las pautas de competencia territorial consagradas en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, para el caso espec\u00edfico de la expropiaci\u00f3n, el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 28 ibidem fij\u00f3 una competencia privativa al juzgador del lugar donde se encuentre el bien involucrado en la litis. Al respecto, prescribi\u00f3 que \u00ab[e]n los procesos que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes mostrencos, ser\u00e1 competente de modo privativo el juez del lugar donde se hallen ubicados los bienes, y si \u00e9stos comprenden distintas jurisdicciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb (se subraya). <\/p>\n
Sin embargo, el numeral 10\u00b0 de ese mismo estatuto previno que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
De manera tal que habr\u00eda una concurrencia entre fueros privativos al tratarse de pleitos de expropiaci\u00f3n en que una de las partes sea una entidad p\u00fablica, lo que implica que ha de ser la ley, y no el actor, quien ha de elegir el juez competente para conocer de la controversia. <\/p>\n
Pues bien, para dirimir este tipo de controversias, la reciente jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n se ha decantado por acudir al precepto contenido en el art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00abes prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed fue sentado en el prove\u00eddo AC140-2020, en el cual, mutatis mutandi, en una controversia de imposici\u00f3n de servidumbre de energ\u00eda el\u00e9ctrica, la Corte explic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abComo se anot\u00f3 anteriormente, en las controversias donde concurran los dos fueros privativos enmarcados en los numerales 7\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, como el que se presenta cuando una entidad p\u00fablica pretende imponer una servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica sobre un fundo privado, surge el siguiente interrogante: \u00bfCu\u00e1l de las dos reglas de distribuci\u00f3n es prevalente?1 <\/p>\n
Para resolver dicho cuestionamiento, el legislador consign\u00f3 una regla especial en el canon 29 ib\u00eddem, el cual precept\u00faa que \u201c[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d. <\/p>\n
En virtud de las pautas interpretativas previstas en los art\u00edculos 27 y 28 del C\u00f3digo Civil, que aluden en su orden a que, \u201c[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu\u201d, y \u201c[l]as palabras de la ley se entender\u00e1n en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dar\u00e1 en \u00e9stas su significado legal\u201d; es dable afirmar, con contundencia, que con dicha regla lo que quiso el legislador fue dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija, como se explic\u00f3 en precedencia, la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P. <\/p>\n
La justificaci\u00f3n procesal de esa prelaci\u00f3n muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez del proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo y territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aqu\u00e9l factor y por el funcional (Art. 16). <\/p>\n
En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. <\/p>\n
Por tanto, no es pertinente afirmar que el inciso primero del aludido precepto 29 se refiere exclusivamente a colisiones que se susciten entre factores de competencia, en el caso, el subjetivo y territorial, no respecto de los foros o fueros previstos en este \u00faltimo, toda vez que el legislador, dentro de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa, no excluy\u00f3 en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del mismo u otro, a m\u00e1s que ello desconoce c\u00f3mo el factor subjetivo est\u00e1 presente en distintas disposiciones procesales, seg\u00fan se dej\u00f3 clarificado en el anterior ac\u00e1pite. (CSJ AC140 de 2020, 24 ene. 2020, rad. 2019-00320) (CSJ AC140 de 2020, 24 ene. 2020). <\/p>\n
Por ende, en los procesos en que se ejercen derechos reales se aplica el fuero territorial correspondiente al lugar donde se encuentre ubicado el bien. Sin embargo, en el evento de que sea parte una entidad p\u00fablica, la competencia privativa ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, como regla de principio. <\/p>\n
4. Pues bien, el asunto que origin\u00f3 la atenci\u00f3n de la Corte concierne a un proceso de expropiaci\u00f3n sobre un inmueble situado en Sincelejo – Sucre que promovi\u00f3 la Agencia Nacional de Infraestructura contra Alfredo Lans Mart\u00ednez. <\/p>\n
Atendiendo a las consideraciones esgrimidas en precedencia, por cuanto la Agencia Nacional de Infraestructura es \u00abuna Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Tama Ejecutiva del Orden Nacional, con personer\u00eda jur\u00eddica, patrimonio propio y autonom\u00eda administrativa, financiera y t\u00e9cnica, adscrita al Ministerio de Transporte\u00bb, la competencia para conocer del presente asunto se determina y radica en el juez del lugar de su domicilio, correspondiente a la ciudad de Bogot\u00e1, acorde con el art\u00edculo 2 del decreto 4165 de 2011. <\/p>\n
Para abundar en m\u00e1s razones, no sobra citar un precedente de la Sala, en el que se aplic\u00f3 en mencionado criterio para una demanda de expropiaci\u00f3n: <\/p>\n
\u201c\u2026 la parte demandante est\u00e1 compuesta por Hidroel\u00e9ctrica Ituango S.A. E.S.P., empresa de servicios p\u00fablicos mixta que de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 8 de la Ley 489 de 1998, es una entidad p\u00fablica descentralizada por servicios, raz\u00f3n por la cual opera el fuero personal de \u00e9sta, por ser prevalente de conformidad con lo dispuesto en el citado art\u00edculo 29 del estatuto procesal civil, sin que pueda aplicarse el real. As\u00ed que no hab\u00eda ninguna raz\u00f3n para que el Juez de Medell\u00edn, a quien se le remiti\u00f3 el expediente, se declarara incompetente, pues no es posible acudir, bajo ning\u00fan punto de vista, a otro funcionario judicial diferente, ni siquiera porque el lugar del inmueble sea diferente. En especial, cuando la competencia por el factor subjetivo de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso es improrrogable\u201d2. <\/p>\n
5. Por \u00faltimo y en cuanto ata\u00f1e a la renuncia al fuero subjetivo mencionado por el despacho judicial de Bogot\u00e1, recuerda esta Corporaci\u00f3n que, como lo se\u00f1al\u00f3 en el auto AC140-2020 ya citado: <\/p>\n
Finalmente, en virtud de lo expuesto hasta ahora y de la condici\u00f3n de imperativa de las normas procesales por ser de orden p\u00fablico (Art. 13, C.G.P.), surge una \u00faltima consecuencia, no menos importante, el car\u00e1cter de irrenunciable de las reglas de competencia establecidas en raz\u00f3n de los aludidos foros, en tanto que, como ya se dijo, no pueden ser desconocidas ni por el juez ni por las partes, motivo por el cual no puede interpretarse que el no acudir a ellas significa una renuncia t\u00e1cita a la prerrogativa que confieren, como lo ser\u00eda, en este caso, la ventaja otorgada a las entidades p\u00fablicas en el evento previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del citado estatuto. <\/p>\n
En tal sentido, no puede afirmarse que si un \u00f3rgano, instituci\u00f3n o dependencia de la mencionada calidad radica una demanda en un lugar distinto al de su domicilio, est\u00e1 renunciando autom\u00e1ticamente a la prebenda procesal establecida en la ley adjetiva civil a su favor, pues, como se ha reiterado, no le es autorizado disponer de ella, comoquiera que la competencia ya le viene dada en forma privativa y prevalente a un determinado juez, esto es, el de su domicilio; de ah\u00ed que, no puede renunciar a ella. <\/p>\n
\u201cNo puede resultar de recibo la tesis que ve en lo previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, una prerrogativa en favor de la entidad p\u00fablica, de la cual puede a voluntad hacer o no ejercicio, dado que la literalidad del texto, inequ\u00edvocamente, establece de forma imperativa una regla privativa, cuya observancia es insoslayable, adem\u00e1s, por estar inserta en un canon de orden p\u00fablico. Recu\u00e9rdese, en ese sentido, el precepto 13 de la Ley 1564 de 2012, a cuyo tenor, \u2018[l]as normas procesales son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n legal\u2019\u201d (CSJ AC4273-2018)3. <\/p>\n
6. Por las razones antedichas, procede remitir la presente demanda al Juzgado Cuarenta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1, a quien le corresponde continuar con el conocimiento de la acci\u00f3n emprendida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR que el conocimiento del proceso de la referencia deber\u00e1 continuar por cuenta del Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
SEGUNDO: COMUNICAR lo decidido al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Sincelejo, acompa\u00f1\u00e1ndole copia de este prove\u00eddo. <\/p>\n
TERCERO: REMITIR el expediente a la c\u00e9lula judicial referida en el numeral primero de esta resolutiva. <\/p>\n
CUARTO: LIBRAR, por Secretar\u00eda, los oficios correspondientes dej\u00e1ndose las constancias del caso. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Conocer en forma prevalente un asunto significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que de acuerdo a la regla de competencia designada por la ley como preponderante o dominante entre las dem\u00e1s, debe primar en su elecci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 AC5544-2018 <\/p>\n
3\u0002 Ver tambi\u00e9n, AC4659-2018, AC4994-2018, AC009-2019, AC-1082-2019 y AC2844-2019, entre otros. <\/p>\n
<\/p>\n
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