AC911-2021 (2020-03095-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC911-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2020-03095-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., quince (15) de marzo de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia que surgi\u00f3 entre el Juzgado Promiscuo Municipal de Cogua- Cundinamarca y el despacho S\u00e9ptimo Civil Municipal de Oralidad de Bogot\u00e1, atinente al conocimiento de la demanda de imposici\u00f3n de servidumbre el\u00e9ctrica interpuesta por el Grupo de Energ\u00eda de Bogot\u00e1 S.A. ESP contra la se\u00f1ora Nancy Yomayusa Gonz\u00e1lez. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda presentada al \u00abJuez Promiscuo Municipal de Cogua- Cundinamarca\u00bb\u00bb, de la que dan cuenta estas diligencias, la parte actora reclam\u00f3 de la jurisdicci\u00f3n, entre otras, \u00ab\u00abDecretar la imposici\u00f3n de una Servidumbre Legal de Energ\u00eda El\u00e9ctrica con Ocupaci\u00f3n Permanente a favor del GRUPO ENERG\u00cdA BOGOT\u00c1 SA E.S.P, sobre el predio rural denominado \u201cSAN CARLOS, FINCA EL RANCHO\u201d, ubicado en la vereda Cardonal del Municipio Cogua, Departamento de Cundinamarca (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, se indic\u00f3 que la competencia le concern\u00eda a dicha autoridad judicial \u00ab\u00aben consideraci\u00f3n a la naturaleza del asunto, la ubicaci\u00f3n del predio que soportar\u00e1 el gravamen de servidumbre, el domicilio del demandado y la cuant\u00eda (\u2026)\u00bb. (Cuaderno Principal No. 1 fls. 55 del Pdf). <\/p>\n
2. El escrito incoativo fue asignado al Juzgado Promiscuo Municipal de Cogua \u2013 Cundinamarca. Sin embargo, a trav\u00e9s de prove\u00eddo de 26 de febrero del 2020, rechaz\u00f3 la demanda al considerarse incompetente para conocer de la acci\u00f3n. Al respecto, fundament\u00f3 su postura en que: <\/p>\n
\u00ab As\u00ed las cosas, es pertinente traer a colaci\u00f3n el reciente auto de unificaci\u00f3n emitido por la H. Corte Suprema de Justicia- Sala de Casaci\u00f3n Civil AC140-2020 Radicaci\u00f3n N\u00b0 11001-02-03-000-2019-00320-00, del 24 de enero de 2020, (\u2026) en el cual se dijo que si bien existe una concurrencia de fueros de competencia aplicables al caso que nos ocupa, como lo son las dos disposiciones contenidas en numerales 7 y 10 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso; para este caso, prevalece la contienda en el numeral 10, dada entre otras situaciones, la prevalencia que existe respecto a la competencia por la calidad de las partes y que se encuentra claramente determinada en el art\u00edculo 29 ib\u00eddem(\u2026) <\/p>\n
(\u2026) este Juzgado carece de competencia para continuar con el tr\u00e1mite del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso (\u2026). Por lo anterior, se ordenar\u00e1 la remisi\u00f3n de las presentes diligencias a los Juzgados Civiles Municipales de Bogot\u00e1 D.C- Reparto, para lo de su competencia\u00bb. (Folio 99 del PDF-Cuaderno 01 Principal). <\/p>\n
3. Cumplidos los tr\u00e1mites pertinentes, el expediente fue repartido y entregado al Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Bogot\u00e1. No obstante, mediante resoluci\u00f3n de fecha 09 de septiembre de 2020, opt\u00f3 por abstenerse de asumir conocimiento de este asunto y, entonces, promovi\u00f3 el conflicto de competencia que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte. Para ello precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab (\u2026.) es menester formular al tenor del art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso, el respectivo conflicto de competencia, pues ciertamente el conocimiento del caso debi\u00f3 seguir siendo conocido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Cogua, toda vez que la demanda fue admitida por ese despacho el 15 de octubre de 2019, llevando a cabo la diligencia de inspecci\u00f3n judicial el 11 de enero del a\u00f1o en curso; de all\u00ed que una vez aprehendida la competencia, es solamente la parte pasiva la que tiene la potestad para rebatirla a trav\u00e9s de las herramientas que ha dispuesto el legislador para ello; caso contrario sin lugar a dudas, el conocimiento queda en la sede judicial que admiti\u00f3 la demanda y quien deber\u00e1 tramitarla hasta el final y por ende para el caso en concreto no se puede dar aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 28 ib\u00eddem, como lo hizo el se\u00f1or Juez Promiscuo Municipal de Cogua, pues la entidad demandante renunci\u00f3 a ese beneficio.\u00bb (fls. 106-107 ibidem). <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, conforme al canon 139 del C\u00f3digo General del Proceso, se entra a desatar el t\u00f3pico en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Sea lo primero anotar que como el conflicto planteado se ha suscitado entre dos despachos de diferente distrito judicial, Cundinamarca y Bogot\u00e1, la Corte es la competente para definirlo, tal y como lo establece el art\u00edculo 16 de la ley 270 de 1996, estatutaria de la administraci\u00f3n de justicia, reformado como qued\u00f3 por el art\u00edculo 7\u00ba de la ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Para la determinaci\u00f3n de la competencia debe precisarse que la selecci\u00f3n del juez a quien le corresponde asumir el conocimiento de una causa litigiosa surge como el resultado de la conjugaci\u00f3n de algunas circunstancias o aspectos subjetivos u objetivos, vinculados, verbigracia, a la persona involucrada, al sitio en donde el accionado tiene su domicilio, al lugar en donde est\u00e1 ubicado el inmueble, la cuant\u00eda o naturaleza del asunto, etc. <\/p>\n
Por supuesto, en ciertas ocasiones, aunque algunos de esos factores se entremezclan y se vuelven concurrentes, prevalecen unos sobre otros, puesto que el legislador privativamente determina la potestad e indica de manera precisa el funcionario que, con exclusi\u00f3n de cualquier otro, est\u00e1 llamado a encarar el debate. <\/p>\n
Con respecto a la competencia privativa, esta Corporaci\u00f3n, entre otros, en auto CSJ AC, 1 de feb. 2019, rad. 2019-00031-00, en el que reiter\u00f3 lo dicho en prove\u00eddo CSJ AC, 2 oct. 2013, rad. n\u00b0 2013-02014-00, expuso en lo concerniente que: <\/p>\n
(\u2026)\u2018[e]l fuero privativo significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que tenga competencia territorial en el lugar de ubicaci\u00f3n del bien involucrado en el debate pertinente, no pudi\u00e9ndose acudir, bajo ning\u00fan punto de vista, a otro funcionario judicial, ni siquiera bajo el supuesto autorizado para otros eventos, (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. De las pautas de competencia territorial consagradas en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, para el caso espec\u00edfico de las servidumbres, el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 28 ibidem, fij\u00f3 una competencia privativa al juzgador del lugar donde se encuentre el bien involucrado en la litis. Al respecto, prescribi\u00f3 que \u00ab[e]n los procesos que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes mostrencos, ser\u00e1 competente de modo privativo el juez del lugar donde se hallen ubicados los bienes, y si \u00e9stos comprenden distintas jurisdicciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb (se subraya). <\/p>\n
Sin embargo, el numeral 10\u00b0 de ese mismo estatuto previene que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
De manera tal que, en principio, habr\u00eda una concurrencia entre fueros privativos al tratarse de pleitos de imposici\u00f3n de servidumbres en que una de las partes sea una entidad p\u00fablica, lo que implica una encrucijada que debe ser superada a trav\u00e9s de la actividad interpretativa de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Pues bien, preliminarmente, esta Corte hab\u00eda superado tal dilema al entender que el nuevo Estatuto Procesal no hab\u00eda variado la tradici\u00f3n legislativa en fijar la competencia de este tipo de procesos en el juez del lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes. Bajo tal l\u00ednea de pensamiento, ser\u00eda la disposici\u00f3n especial correspondiente al fuero real dentro del factor territorial la llamada a gobernar los asuntos all\u00ed dispuestos, por ser privativa, es decir, excluyente de otros fueros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se estim\u00f3 que si bien el numeral 10, art\u00edculo 28 del CGP prescribe que \u00abEn los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb, la articulaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de los numerales 7\u00b0 y 10\u00b0, por corresponder ambos a fueros dentro del mismo factor territorial, real y general, impon\u00eda no tener por recibo la aplicaci\u00f3n del canon 29 del CGP, ya que este regula lo atinente a la prevalencia del factor subjetivo frente a los otros factores, y el art\u00edculo 28 establece reglas de competencia atendiendo a un solo factor: el territorial. <\/p>\n
5. Sin embargo, tal postura fue variada el 24 de enero del 2020 en el prove\u00eddo AC140-20201, en el cual esta Corte decidi\u00f3 unificar jurisprudencia respecto al tema de marras. As\u00ed, en un caso de contornos similares, la Corporaci\u00f3n se decant\u00f3 por la aplicaci\u00f3n del inciso primero del citado art\u00edculo 29, seg\u00fan el cual \u00abes prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb, por lo que en todos los tr\u00e1mites en donde participe un organismo de linaje \u00abp\u00fablico\u00bb habr\u00e1 de preferirse su \u00abfuero personal\u00bb. <\/p>\n
Por ende, en los procesos en que se ejercen derechos reales se aplica el fuero territorial correspondiente al lugar donde se encuentre ubicado el bien, en l\u00ednea de principio. Sin embargo, en el evento en que una de las partes sea entidad p\u00fablica, la competencia privativa ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta. Siendo as\u00ed las cosas, la posible contradicci\u00f3n entre los numerales 7\u00b0 y 10\u00b0 del art\u00edculo 28, ib\u00eddem, es m\u00e1s aparente que real, ya que la misma se salva con una adecuada hermen\u00e9utica del ordenamiento jur\u00eddico, consolidada y unificada en el aludido auto AC140-2020. <\/p>\n
As\u00ed lo estableci\u00f3 la citada providencia, en la cual se se\u00f1al\u00f3 con meridiana claridad que \u00abla colisi\u00f3n presentada entre los dos fueros privativos de competencia consagrados en los numerales 7\u00b0 (real) y 10\u00b0 (subjetivo) del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, debe solucionarse a partir de la regla establecida en el canon 29 ib\u00eddem, raz\u00f3n por la que prima el \u00faltimo de los citados\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n explic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abComo se anot\u00f3 anteriormente, en las controversias donde concurran los dos fueros privativos enmarcados en los numerales 7\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, como el que se presenta cuando una entidad p\u00fablica pretende imponer una servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica sobre un fundo privado, surge el siguiente interrogante: \u00bfCu\u00e1l de las dos reglas de distribuci\u00f3n es prevalente?2 <\/p>\n
Para resolver dicho cuestionamiento, el legislador consign\u00f3 una regla especial en el canon 29 ib\u00eddem, el cual precept\u00faa que \u201c[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d. <\/p>\n
En virtud de las pautas interpretativas previstas en los art\u00edculos 27 y 28 del C\u00f3digo Civil, que aluden en su orden a que, \u201c[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu\u201d, y \u201c[l]as palabras de la ley se entender\u00e1n en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dar\u00e1 en \u00e9stas su significado legal\u201d; es dable afirmar, con contundencia, que con dicha regla lo que quiso el legislador fue dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija, como se explic\u00f3 en precedencia, la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P. <\/p>\n
La justificaci\u00f3n procesal de esa prelaci\u00f3n muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez del proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo y territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aqu\u00e9l factor y por el funcional (Art. 16). <\/p>\n
En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. <\/p>\n
Por tanto, no es pertinente afirmar que el inciso primero del aludido precepto 29 se refiere exclusivamente a colisiones que se susciten entre factores de competencia, en el caso, el subjetivo y territorial, no respecto de los foros o fueros previstos en este \u00faltimo, toda vez que el legislador, dentro de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa, no excluy\u00f3 en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del mismo u otro, a m\u00e1s que ello desconoce c\u00f3mo el factor subjetivo est\u00e1 presente en distintas disposiciones procesales, seg\u00fan se dej\u00f3 clarificado en el anterior ac\u00e1pite. (CSJ AC140 de 2020, 24 ene. 2020, rad. 2019-00320). <\/p>\n
6. Ahora bien, el asunto que origin\u00f3 la atenci\u00f3n de la Corte concierne a la imposici\u00f3n de una servidumbre de conducci\u00f3n el\u00e9ctrica sobre un inmueble situado en el municipio de Cogua \u2013 Cundinamarca \u2013 que promovi\u00f3 la sociedad GRUPO ENERG\u00cdA BOGOT\u00c1 SA E.S.P, contra la se\u00f1ora Nancy Yomayusa Gonz\u00e1lez. <\/p>\n
6.1. Sobre la naturaleza de la demandante se advierte que esta es una empresa de servicios p\u00fablicos, constituida como sociedad an\u00f3nima por acciones. Tal informaci\u00f3n aparece en sus estatutos, frente a cuya naturaleza jur\u00eddica se precisa que: <\/p>\n
\u00abEl Grupo de Energ\u00eda Bogot\u00e1 S.A. ESP., es una empresa de servicios p\u00fablicos, constituida como sociedad an\u00f3nima por acciones, conforme a las disposiciones de la Ley 142 de 1994(\u2026)\u00bb3. <\/p>\n
6.2. Aunado a lo anterior, ha de destacarse que, conforme lo prescribe el canon 104 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se entiende por \u00abentidad p\u00fablica se entiende todo \u00f3rgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominaci\u00f3n; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participaci\u00f3n igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participaci\u00f3n estatal igual o superior al 50%\u00bb (Resaltado por la Corte). <\/p>\n
En tal sentido, al observar la composici\u00f3n accionaria de la demandante se concluye que esta es, en efecto, una entidad p\u00fablica pues el 51% corresponde a los inversionistas estatales y el 49 % para personas naturales o jur\u00eddicas de derecho privado4. <\/p>\n
6.4. Finalmente, es importante destacar que el conflicto de competencia se origin\u00f3 dado que, a juicio del Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Bogot\u00e1, el demandante renunci\u00f3 al beneficio otorgado en el art\u00edculo 28 numeral 10 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Sin embargo, ha de precisarse que esta fue variada a trav\u00e9s del tantas veces citado auto de unificaci\u00f3n AC140 de 24 enero 2020. <\/p>\n
7. Por \u00faltimo y en cuanto ata\u00f1e a la renuncia al fuero subjetivo mencionado por el despacho judicial de Bogot\u00e1, recuerda esta Corporaci\u00f3n que, como lo se\u00f1al\u00f3 en el auto AC140-2020 ya citado: <\/p>\n
Finalmente, en virtud de lo expuesto hasta ahora y de la condici\u00f3n de imperativa de las normas procesales por ser de orden p\u00fablico (Art. 13, C.G.P.), surge una \u00faltima consecuencia, no menos importante, el car\u00e1cter de irrenunciable de las reglas de competencia establecidas en raz\u00f3n de los aludidos foros, en tanto que, como ya se dijo, no pueden ser desconocidas ni por el juez ni por las partes, motivo por el cual no puede interpretarse que el no acudir a ellas significa una renuncia t\u00e1cita a la prerrogativa que confieren, como lo ser\u00eda, en este caso, la ventaja otorgada a las entidades p\u00fablicas en el evento previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del citado estatuto. <\/p>\n
En tal sentido, no puede afirmarse que si un \u00f3rgano, instituci\u00f3n o dependencia de la mencionada calidad radica una demanda en un lugar distinto al de su domicilio, est\u00e1 renunciando autom\u00e1ticamente a la prebenda procesal establecida en la ley adjetiva civil a su favor, pues, como se ha reiterado, no le es autorizado disponer de ella, comoquiera que la competencia ya le viene dada en forma privativa y prevalente a un determinado juez, esto es, el de su domicilio; de ah\u00ed que, no puede renunciar a ella. <\/p>\n
Por ello es que se ha dicho, con profusa insistencia, que: <\/p>\n
\u201cNo puede resultar de recibo la tesis que ve en lo previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, una prerrogativa en favor de la entidad p\u00fablica, de la cual puede a voluntad hacer o no ejercicio, dado que la literalidad del texto, inequ\u00edvocamente, establece de forma imperativa una regla privativa, cuya observancia es insoslayable, adem\u00e1s, por estar inserta en un canon de orden p\u00fablico. Recu\u00e9rdese, en ese sentido, el precepto 13 de la Ley 1564 de 2012, a cuyo tenor, \u2018[l]as normas procesales son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n legal\u2019\u201d (CSJ AC4273-2018)5. <\/p>\n
8. Por las razones antedichas, procede remitir la presente demanda al Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Bogot\u00e1, a quien le corresponde continuar con el conocimiento de la acci\u00f3n emprendida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR que el conocimiento del proceso de la referencia deber\u00e1 continuar por cuenta del Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Oralidad de Bogot\u00e1. <\/p>\n
SEGUNDO: COMUNICAR lo decidido al Juzgado Promiscuo Municipal de Cogua- Cundinamarca, acompa\u00f1\u00e1ndole copia de este prove\u00eddo. <\/p>\n
TERCERO: REMITIR el expediente a la c\u00e9lula judicial referida en el numeral primero de esta resolutiva. <\/p>\n
CUARTO: LIBRAR, por Secretar\u00eda, los oficios correspondientes dej\u00e1ndose las constancias del caso. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2019-00320-00 <\/p>\n
2\u0002 Conocer en forma prevalente un asunto significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que de acuerdo a la regla de competencia designada por la ley como preponderante o dominante entre las dem\u00e1s, debe primar en su elecci\u00f3n. <\/p>\n
3\u0002 Obtenido de: Referencia, estatutos sociales del Grupo Energ\u00eda Bogot\u00e1 S.A. E.S.P., Cap\u00edtulo I, par\u00e1grafo, art\u00edculo 2. Documento de p\u00fablico acceso. <\/p>\n