AC912-2021 (2021-00723-00)<\/p>\n
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AC912-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00723-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de marzo de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Tercero de Familia de Monter\u00eda y su hom\u00f3logo Trece de Medell\u00edn, con ocasi\u00f3n del conocimiento de la demanda declarativa promovida por Carlos Santiago Turizo Carvajal contra Manuel y Juli\u00e1n Turizo Zapata y Diana Marcela Zapata Molina. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En su escrito introductor, dirigido al Juzgado Tercero de Familia de Monter\u00eda, el actor pidi\u00f3 que se le exonerara de la obligaci\u00f3n alimentaria que contrajo en favor de los hermanos Turizo Zapata, mediante acta de conciliaci\u00f3n aprobada por el aludido despacho judicial en auto de 30 de agosto de 2016. <\/p>\n
2. El funcionario ya citado rechaz\u00f3 de plano la demanda, tras arg\u00fcir que \u00ablos demandados no son menores de edad y no conservan su domicilio en Monter\u00eda, por lo tanto, no se aplica el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 390 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
3. El estrado receptor, Juzgado Trece de Familia de Medell\u00edn, tambi\u00e9n se abstuvo de asumir competencia, pretextando que \u00abel Juzgado Tercero de Familia de Oralidad de Monter\u00eda – C\u00f3rdoba fij\u00f3 cuota alimentaria a cargo del demandante y a favor de la demandada; por lo tanto, ser\u00eda competente para conocer del proceso de la referencia y no esta judicatura\u00bb. <\/p>\n
Con ese fundamento, plante\u00f3 conflicto y envi\u00f3 el expediente a esta Corporaci\u00f3n, para dirimirlo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Aptitud legal para la resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Compete a la Corte, mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, definir el presente asunto, por cuanto involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; ello seg\u00fan lo dispuesto en los art\u00edculos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con los preceptos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Anotaciones sobre la competencia. <\/p>\n
Aunque la jurisdicci\u00f3n, entendida como la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia, incumbe a todos los jueces, para el ejercicio adecuado de esa labor se hace necesario distribuir los conflictos entre las distintas autoridades judiciales, a trav\u00e9s de pautas de atribuci\u00f3n descriptivas preestablecidas, contenidas en normas de orden p\u00fablico: las reglas de competencia. <\/p>\n
En trat\u00e1ndose de asuntos sometidos a la especialidad civil y de familia, la distribuci\u00f3n en comento se realiza mediante la aplicaci\u00f3n de diversos factores, as\u00ed: <\/p>\n
(i) El Factor Subjetivo, que responde a las especiales calidades de las partes del litigio, debi\u00e9ndose precisar que, en derecho privado, se reconocen dos fueros personales: el de los estados extranjeros y el de los agentes diplom\u00e1ticos acreditados ante el Gobierno de la Rep\u00fablica (conforme las leyes internacionales sobre inmunidad de jurisdicci\u00f3n), acorde con el art\u00edculo 30, numeral 6, del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Lo anterior, sin perjuicio de la prevalencia reconocida en el numeral 10 del art\u00edculo 28 ejusdem, a cuyo tenor: \u00abEn los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
La naturaleza consiste en una descripci\u00f3n abstracta del tema litigioso, que posibilita realizar una labor de subsunci\u00f3n entre ella y la pretensi\u00f3n en concreto; as\u00ed ocurre con la expropiaci\u00f3n, que corresponde, en primera instancia, a los jueces civiles del circuito1, o la custodia, cuidado personal y visitas de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, que compete a los jueces de familia, en \u00fanica instancia2. <\/p>\n
Pero ante la imposibilidad de representar en la normativa procesal la totalidad de los asuntos que competen a la especialidad civil de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, se acudi\u00f3, como patr\u00f3n de atribuci\u00f3n supletivo o complementario, a la cuant\u00eda de las pretensiones, conforme lo disponen los c\u00e1nones 153 y 254 del estatuto procesal civil. <\/p>\n
(iii) Ahora, el factor objetivo solamente determina tres variables: especialidad, categor\u00eda e instancia (v. gr., un juicio ejecutivo de m\u00ednima cuant\u00eda corresponde al juez civil municipal, en \u00fanica instancia), que \u2013por s\u00ed solas\u2013 son insuficientes para adjudicar el expediente a un funcionario judicial en espec\u00edfico. <\/p>\n
Por ello, el criterio que corresponda entre los citados (naturaleza o cuant\u00eda) habr\u00e1 de acompa\u00f1arse, en todo caso, del Factor Territorial, que se\u00f1ala con precisi\u00f3n el juez competente, con apoyo en foros preestablecidos: el fuero personal, el real y el contractual, cuyas regulaciones se hallan compendiadas, principalmente, en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
El fuero personal, traducido en el domicilio del demandado, constituye la regla general en materia de atribuci\u00f3n territorial (pues opera \u00absalvo disposici\u00f3n legal en contrario\u00bb); pero no puede perderse de vista que son de la misma naturaleza (personal) las pautas especiales de atribuci\u00f3n previstas en los numerales 2 (domicilio de los ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes), 4 (domicilio social), 5 (domicilio social principal o secundario), 8 (domicilio del insolvente), 9 (domicilio del demandante en asuntos en los que se convoca a la Naci\u00f3n), 10 (domicilio de las personas jur\u00eddicas de derecho p\u00fablico) y 12 (\u00faltimo domicilio del causante) del citado canon 28. <\/p>\n
El fuero real, a su turno, corresponde al lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes, en aquellos asuntos en los que \u00abse ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos\u00bb (numeral 7), o al de ocurrencia de los hechos que importan al proceso, en trat\u00e1ndose de juicios de responsabilidad extracontractual (numeral 6), propiedad intelectual o competencia desleal (numeral 11). <\/p>\n
Y el fuero contractual ata\u00f1e, finalmente, a \u00ablos procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos\u00bb en los que \u00abes tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb. <\/p>\n
(iv) El Factor Funcional consulta la competencia en atenci\u00f3n a las espec\u00edficas funciones de los jueces en las instancias, mediante la descripci\u00f3n de grados de juzgamiento, en la que act\u00faan funcionarios diferentes, pero relacionados entre s\u00ed, de manera jer\u00e1rquicamente organizada, por estar adscritos a una misma circunscripci\u00f3n judicial. <\/p>\n
(v) Y el Factor de Conexidad, que ausculta el fen\u00f3meno acumulativo en sus distintas variables: subjetivas (acumulaci\u00f3n de partes \u2013litisconsorcios\u2013), objetivas (de pretensiones, demandas o procesos) o mixtas. <\/p>\n
3. Las normas de atribuci\u00f3n territorial en el C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Como viene de verse, la pauta general de competencia territorial corresponde, en procesos contenciosos, al domicilio del demandado, con las precisiones que realiza el numeral 1\u00ba del citado art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, foro que opera \u00absalvo disposici\u00f3n legal en contrario\u00bb, lo que supone la advertencia de que aplicar\u00e1 siempre y cuando el ordenamiento jur\u00eddico no disponga una cosa distinta. <\/p>\n
Esas exceptivas, a su vez, pueden ser concurrentes por elecci\u00f3n, concurrentes sucesivas o exclusivas (privativas), as\u00ed: <\/p>\n
(i) Los fueros concurrentes por elecci\u00f3n operan, precisamente, en virtud de la voluntad del actor de elegir entre varias opciones predispuestas por el legislador, como ocurre con las demandas donde se reclaman indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil extracontractual, en las que el promotor podr\u00e1 radicar su acci\u00f3n ante el juez del domicilio del demandado, o en el de la sede de ocurrencia del hecho da\u00f1oso (conforme los mencionados numerales 1 y 6 del art\u00edculo 28). <\/p>\n
(ii) Los fueros concurrentes sucesivos presuponen acudir, en primer t\u00e9rmino, al factor preponderante indicado en la normativa procesal, y solo en el evento en que ello no sea posible, podr\u00eda recurrirse eventualmente a la alternativa subsiguiente. <\/p>\n
(iii) Y los fueros exclusivos son aquellos que imponen que el conocimiento de un caso radique solamente en un lugar determinado, como ocurre, por v\u00eda de ejemplo, con los procesos de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, que son de competencia privativa de los jueces del lugar de ubicaci\u00f3n del respectivo predio (numeral 7 del art\u00edculo 28, ya citado). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1 Preliminarmente debe se\u00f1alarse que, contrario a lo que sostuvo el Juzgado Tercero de Familia de Monter\u00eda, el libelo introductor no permite identificar cu\u00e1l es el domicilio de los demandados, pues en dicha pieza procesal \u00fanicamente se aludi\u00f3 al lugar en que dichos litigantes pueden recibir notificaciones judiciales. Sobre las diferencias de estos dos conceptos, la Corte ha precisado que <\/p>\n
\u00ab(…) por raz\u00f3n de su marcada diferencia no resulta posible confundir dos asuntos, de suyo distintos conceptualmente, am\u00e9n de que la normativa de enjuiciamiento civil les ha deferido causas y efectos dis\u00edmiles; una cosa entonces es el domicilio del deudor y otra, in extremis distinta, el lugar indicado para recibir notificaciones (…). <\/p>\n
Entonces, s\u00edguese que es el primero y no el segundo el que define la competencia y, ante la eventualidad de no coincidir, sin dubitaci\u00f3n alguna debe regirse la competencia por aqu\u00e9l tambi\u00e9n. As\u00ed lo ha dilucidado esta Corporaci\u00f3n en reiterados pronunciamientos, en los que ha expuesto que \u201cno es factible confundir el domicilio, entendi\u00e9ndose por tal, en su acepci\u00f3n m\u00e1s amplia, como la residencia acompa\u00f1ada, real o presuntivamente, del \u00e1nimo de permanecer en ella, con el sitio donde puede ser notificado el demandado, \u2018pues este solamente hace relaci\u00f3n al paraje concreto, dentro de su domicilio o fuera de \u00e9l, donde aquel puede ser hallado con el fin de avisarle de los actos procesales que as\u00ed lo requieran\u2019 (auto del 6 de julio de 1999), ya que suele acontecer \u2018que no obstante que el demandado tenga su domicilio en un determinado lugar, se encuentre de paso (transe\u00fante), en otro donde puede ser hallado para efectos de enterarlo del auto admisorio de la demanda, sin que por tal raz\u00f3n, pueda decirse que de \u00e9sta debi\u00f3 formularse en este sitio y no en el de su domicilio, o que \u00e9ste sufri\u00f3 alteraci\u00f3n alguna\u201d. (Auto de 20 de noviembre de 2000, Exp. N\u00b00057)\u00bb CSJ AC, 10 jul. 2013, rad. 2013 01145 00. <\/p>\n
4.2 Pero, al margen de esto precisi\u00f3n, lo cierto es que el domicilio del extremo convocado no resultaba relevante a efectos de definir la autoridad judicial a quien corresponde asumir el conocimiento de las diligencias, dado que lo que se pretende es la exoneraci\u00f3n de una obligaci\u00f3n alimentaria reconocida judicialmente. As\u00ed las cosas, fuerza colegir que se encuentran estructurados los presupuestos que el ordenamiento jur\u00eddico contempla para que opere el fuero de atracci\u00f3n previsto en el art\u00edculo 397-6 del C\u00f3digo General del Proceso, a cuyo tenor \u00abLas peticiones de incremento, disminuci\u00f3n y exoneraci\u00f3n de alimentos se tramitar\u00e1n ante el mismo juez y en el mismo expediente y se decidir\u00e1n en audiencia, previa citaci\u00f3n a la parte contraria\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, es importante tener en cuenta que los alimentarios querellados ya cumplieron la mayor\u00eda de edad (conforme lo evidencia la demanda y sus anexos), de manera que el eventual domicilio que tengan actualmente no reviste relevancia a efectos de determinar la competencia, puesto que dej\u00f3 de ser aplicable la excepci\u00f3n que al respecto contempla el par\u00e1grafo segundo del art\u00edculo 390 del estatuto procedimental. <\/p>\n
De ah\u00ed que, en casos similares a este, la Sala haya considerado que <\/p>\n
\u00ab(…) para distribuir los casos judiciales entre los diferentes juzgadores distribuidos territorialmente, el legislador ha previsto una serie de fueros o foros, entre los cuales aparece el de atracci\u00f3n, en virtud del cual se asigna a un juez determinado asunto por la relaci\u00f3n que \u00e9ste tiene con otro que el funcionario ya conoce o ha conocido. Y en el foro de atracci\u00f3n, precisamente, se enmarca la previsi\u00f3n del numeral 6\u00ba del art\u00edculo 397 ejusdem, seg\u00fan la cual, \u201c[l]as peticiones de incremento, disminuci\u00f3n y exoneraci\u00f3n de alimentos se tramitar\u00e1n ante el mismo juez y en el mismo expediente y se decidir\u00e1n en audiencia, previa citaci\u00f3n a la parte contraria\u201d. A su vez, el par\u00e1grafo 2\u00ba del art\u00edculo 390 de ese mismo compendio, consagra una excepci\u00f3n a ese foro, dejando consignado que se aplicar\u00e1 \u201csiempre y cuando el menor conserve el mismo domicilio\u201d. Es decir, que solo en el evento en que el alimentario sea menor de edad y haya mutado su vecindad o residencia, el legislador permite no aplicar dicho fuero de conexidad. De lo contrario, si el beneficiario de los alimentos alcanz\u00f3 la mayor\u00eda de edad, sin pausa alguna, al funcionario judicial corresponde estarse a la regla del numeral 6\u00ba del art\u00edculo 397 ib.\u00bb (CSJ, AC1441-2019, 2 abr.). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La primera de las autoridades en contienda debe conocer del asunto, dada la operancia del fuero de atracci\u00f3n previsto en la normativa procesal vigente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Tercero de Familia de Monter\u00eda para conocer de la demanda en referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. REMITIR la actuaci\u00f3n al citado despacho e informar lo decidido a la otra agencia judicial involucrada en la contienda. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 20, numeral 5, C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculo 21, numeral 3, \u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 \u00abCorresponde a los jueces civiles del circuito todo asunto que no est\u00e9 atribuido expresamente por la ley a otro juez civil\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 \u00abCuando la competencia se determine por la cuant\u00eda, los procesos son de mayor, de menor y de m\u00ednima cuant\u00eda. Son de m\u00ednima cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que no excedan el equivalente a cuarenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (40 smlmv). Son de menor cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a cuarenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (40 smlmv) sin exceder el equivalente a ciento cincuenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (150 smlmv). Son de mayor cuant\u00eda cuando versen sobre pretensiones patrimoniales que excedan el equivalente a ciento cincuenta salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (150 smlmv)\u00bb. <\/p>\n
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