SC439-2021 (2018-01206-00)_1<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001 02 03 000 2018 01206 00 <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
<\/p>\n
SC439-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001 02 03 000 2018 01206 00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de junio de dos mil veinte) <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (01) de marzo de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
<\/p>\n
Se decide, por medio de sentencia anticipada, sobre la solicitud de exequ\u00e1tur presentada por la se\u00f1ora Johanna Samboni Fl\u00f3rez, respecto de la sentencia de filiaci\u00f3n paterna proferida el 24 de febrero de 2009 por el Juzgado de Primera Instancia No. 2 de Castell\u00f3n (Espa\u00f1a). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1.- Mediante escrito presentado a trav\u00e9s de apoderada judicial especialmente constituida para tal fin, la aludida demandante, mayor de edad y de nacionalidad colombiana deprec\u00f3 el otorgamiento de efecto jur\u00eddico a la providencia extranjera ab initio citada. <\/p>\n
2.- Como soporte de su solicitud, el peticionario narr\u00f3 los siguientes hechos: <\/p>\n
2.1.- Que la se\u00f1ora Johanna Samboni Fl\u00f3rez, nacional colombiana, registr\u00f3 con sus apellidos \u00aba su menor hija [\u2026] ante el Consulado de Valencia \u2013 Espa\u00f1a, nacida el d\u00eda 15 de julio de 2001\u00bb, registrada civilmente ante las autoridades colombianas y espa\u00f1olas. <\/p>\n
<\/p>\n
2.2.- Posteriormente, la solicitante present\u00f3 \u00abdemanda de filiaci\u00f3n paterna a favor de la menor [\u2026], contra el se\u00f1or JACOBO ROMERO LLANSOLA, ante el Juzgado de Primera Instancia No. 2 de Castell\u00f3n \u2013 Espa\u00f1a\u00bb, mismo que decidi\u00f3, con base \u00aben el dictamen de la prueba de ADN, que proporcion\u00f3 una probabilidad de paternidad del 99.999999% [\u2026]\u00bb, declarar \u00abque la menor [\u2026], es hija biol\u00f3gica del se\u00f1or Jacobo Romero Llansola, orden\u00e1ndose la inscripci\u00f3n del acta de nacimiento en cuanto a los datos de la verdadera paternidad en el Registro Civil, [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. EL TR\u00c1MITE OBSERVADO <\/p>\n
<\/p>\n
1.- Cumplidas las exigencias formales, el 7 de junio de 2018 fue admitida la solicitud y, en el mismo prove\u00eddo, se dispuso a correr traslado al Ministerio P\u00fablico, entidad que en tiempo, a trav\u00e9s de la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia y la Familia, concluy\u00f3 que: <\/p>\n
<\/p>\n
\u201cpuede aseverarse entonces, que todas las exigencias formales previstas en la normativa aludida se satisfacen en conjunto, por lo que en concepto de esa agencia del Ministerio P\u00fablico, un vez cumplida la demostraci\u00f3n de la reciprocidad diplom\u00e1tica o legislativa, proceder\u00e1 la pretensi\u00f3n homologatoria reclamada, para que tenga plena vigencia en Colombia y sea inscrita en el registro civil correspondiente, haciendo las modificaciones que impone el cumplimiento de la decisi\u00f3n de la autoridad judicial espa\u00f1ola\u201d (Fls. 31 a 32). <\/p>\n
<\/p>\n
2.- En la etapa de ordenaci\u00f3n y pr\u00e1ctica de pruebas la Coordinaci\u00f3n del Grupo Interno de Trabajo de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores remiti\u00f3 a esta Corporaci\u00f3n \u00abel Convenio sobre Ejecuci\u00f3n de Sentencias Civiles\u00bb suscrito entre Colombia y Espa\u00f1a. Asimismo envi\u00f3 las leyes referentes por los cuales es permitido en territorio espa\u00f1ol, la ejecuci\u00f3n de sentencias judiciales extranjeras en asuntos de filiaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. De acuerdo con lo reglado por el C\u00f3digo General del Proceso, es permitido que el juez si bien lo considera, y bajo el cumplimiento de ciertos par\u00e1metros legales, profiera sentencia anticipada. <\/p>\n
<\/p>\n
El art\u00edculo 278 Ib\u00eddem, al respecto establece que \u00aben cualquier estado del proceso, el juez deber\u00e1 dictar sentencia anticipada, total o parcial, en los siguientes eventos: <\/p>\n
1. Cuando las partes o sus apoderados de com\u00fan acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez.<\/p>\n
2. Cuando no hubiere pruebas por practicar.<\/p>\n
3. Cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacci\u00f3n, la caducidad, la prescripci\u00f3n extintiva y la carencia de legitimaci\u00f3n en la causa\u00bb (se resalta). <\/p>\n
<\/p>\n
Si bien el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 607 de la misma codificaci\u00f3n presupone que \u00abVencido el traslado se decretar\u00e1n las pruebas y se fijar\u00e1 audiencia para practicarlas, o\u00edr los alegatos de las partes y dictar la sentencia\u00bb, la presente sentencia, escrita y por fuera de audiencia oral, es procedente toda vez que con nitidez se cumple estrictamente lo dispuesto por el numeral segundo del art\u00edculo 278. Aunado a que las pruebas documentales requeridas para este especial procedimiento se encuentran configuradas de acuerdo con la naturaleza propia del asunto, lo que a todas luces permite resolver de forma adelantada. <\/p>\n
<\/p>\n
De lo anterior, se desprende que los jueces tienen la obligaci\u00f3n de, una vez advertido el no cumplimiento del debate probatorio o que de llevar este \u00faltimo a cabo resultar\u00eda inocuo, proferir el fallo sin adicionales tr\u00e1mites, en cabal observancia de lo expuesto por los principios de celeridad y econom\u00eda procesal, que, en \u00faltimas, reclaman de la jurisdicci\u00f3n decisiones prontas, \u00abcon el menor n\u00famero de actuaciones posibles y sin dilaciones injustificadas\u00bb. De no ser as\u00ed, ser\u00eda someter cada causa a una prolongaci\u00f3n absurda, completamente injustificada, en contra de los fundamentos sustanciales y procesales que acompa\u00f1an los tr\u00e1mites judiciales. <\/p>\n
<\/p>\n
2.- Al respecto, ha mencionado esta Corporaci\u00f3n que <\/p>\n
<\/p>\n
Tal codificaci\u00f3n, en su art\u00edculo 278, prescribi\u00f3 que \u00ab[e]n cualquier estado del proceso, el juez deber\u00e1 dictar sentencia anticipada, total o parcial\u2026 [c]uando no hubiere pruebas por practicar. <\/p>\n
<\/p>\n
Significa que los juzgadores tienen la obligaci\u00f3n, en el momento en que adviertan que no habr\u00e1 debate probatorio o que el mismo es inocuo, de proferir sentencia definitiva sin otros tr\u00e1mites, los cuales, por cierto, se tornan innecesarios, al existir claridad f\u00e1ctica sobre los supuestos aplicables al caso. <\/p>\n
<\/p>\n
Por consiguiente, el respeto a las formas propias de cada juicio se ve aminorado en virtud de los principios de celeridad y econom\u00eda procesal, que reclaman decisiones prontas, adelantadas con el menor n\u00famero de actuaciones posibles y sin dilaciones injustificadas. Total que las formalidades est\u00e1n al servicio del derecho sustancial, por lo que cuando se advierta su futilidad deber\u00e1n soslayarse, como cuando en la foliatura se tiene todo el material suasorio requerido para tomar una decisi\u00f3n inmediata. <\/p>\n
<\/p>\n
En consecuencia, el proferimiento de una sentencia anticipada, que se hace por escrito, supone que algunas etapas del proceso no se agoten, como una forma de dar prevalencia a la celeridad y econom\u00eda procesal, lo que es arm\u00f3nico con una administraci\u00f3n de justicia eficiente, diligente y comprometida con el derecho sustancial (CSJ SC132-2018. 12 Feb. 2018. Rad. 2016-01173-00). <\/p>\n
Asimismo, ha manifestado que <\/p>\n
<\/p>\n
Por supuesto que la esencia del car\u00e1cter anticipado de una resoluci\u00f3n definitiva supone la pretermisi\u00f3n de fases procesales previas que de ordinario deber\u00edan cumplirse; no obstante, dicha situaci\u00f3n est\u00e1 justificada en la realizaci\u00f3n de los principios de celeridad y econom\u00eda que informan el fallo por adelantado en las excepcionales hip\u00f3tesis que el legislador habilita dicha forma de definici\u00f3n de la litis. <\/p>\n
<\/p>\n
De igual manera, cabe destacar que aunque la esquem\u00e1tica preponderantemente oral del nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que es buen ejemplo la presente, donde la causal para proveer de fondo por anticipado se configur\u00f3 cuando la serie no ha superado su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane (SC12137, 15 Ago. 2017, rad. n\u00b0 2016-03591-00). <\/p>\n
<\/p>\n
3.- Descendiendo al caso objeto de estudio, cabe el proferimiento de un fallo anticipado, debido a que conforme a las pruebas tra\u00eddas al proceso, la situaci\u00f3n de facto particular del sub judice y la normatividad internacional al respecto, no es necesario adicionales elementos que permitan el convencimiento del fallador, siendo insustancial llevar el juicio, incluso hasta la etapa de alegaciones, como as\u00ed lo refiere el numeral 4 del art\u00edculo 607 del C.G.P. <\/p>\n
<\/p>\n
Efectivamente, el Ministerio P\u00fablico no present\u00f3 contradicciones al respecto, ni tampoco elev\u00f3 solicitud alguna sobre pruebas en esta causa, y, concluy\u00f3 conforme a la concesi\u00f3n del presente exequatur, por lo que considera esta Sala emitir fallo definitivo. <\/p>\n
<\/p>\n
4.- La resoluci\u00f3n de los conflictos es un asunto que ata\u00f1e a la administraci\u00f3n de justicia y, por tanto, solo pueden cumplir ese encargo quienes est\u00e9n autorizados expresamente por la ley para tales prop\u00f3sitos. Lo anterior, en la medida en que aspectos como el orden p\u00fablico resultan involucrados, particularmente, la soberan\u00eda Nacional. Esa premisa pone de relieve que en territorio patrio, solo las sentencias y\/o determinaciones equivalentes, emitidas por jueces o funcionarios nacionales, tienen efectos en Colombia. <\/p>\n
<\/p>\n
Esa directriz no es absoluta, pues debido a los principios de cooperaci\u00f3n y reciprocidad internacional, han llevado a alterar esa regla y, hoy por hoy, es posible que un fallo adoptado por un juez for\u00e1neo genere consecuencias dentro de nuestras fronteras. <\/p>\n
<\/p>\n
5.- Empero, por expreso mandato legal, esta \u00faltima posibilidad est\u00e1 supeditada al cumplimiento de varios requisitos y, principalmente, a la obtenci\u00f3n del exequ\u00e1tur. Dentro de este tr\u00e1mite, a su vez, debe acreditarse que en el pa\u00eds de donde proviene la decisi\u00f3n objeto de homologaci\u00f3n se brinda a las providencias de los juzgadores patrios un tratamiento similar, es decir, que all\u00ed, tambi\u00e9n, pueden ser cumplidos los pronunciamientos proferidos por los agentes del Estado facultados para ello. <\/p>\n
<\/p>\n
Ese precepto est\u00e1 regulado expresamente en el art\u00edculo 605 del C\u00f3digo General del Proceso, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
<\/p>\n
Las Sentencias y otras providencias que revistan tal car\u00e1cter, pronunciadas por autoridades extranjeras, en procesos contenciosos o de jurisdicci\u00f3n voluntaria, tendr\u00e1n en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese pa\u00eds, y en su defecto la que all\u00ed se reconozca a las proferidas en Colombia. <\/p>\n
<\/p>\n
La Corte se ha ocupado de esta exigencia y, de manera reiterada y constante, en varios pronunciamientos, ha plasmado que para otorgar valor a decisiones for\u00e1neas: <\/p>\n
<\/p>\n
[\u2026] en primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el pa\u00eds. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia [\u2026] (G. J. t. LXXX, p\u00e1g. 464, CLI, p\u00e1g. 69, CLVIII, p\u00e1g. 78 y CLXXVI, p\u00e1g. 309, entre otras). <\/p>\n
<\/p>\n
Lo anterior significa, en primer lugar, que debe establecerse si entre los pa\u00edses involucrados existe un acuerdo o convenio sobre la suerte de las determinaciones que emiten sus funcionarios judiciales; en otros t\u00e9rminos, si ha sido regulado de manera directa y expresa por los propios Estados, la validez o no de las sentencias emitidas en uno u otro. En defecto de un tratado sobre el asunto, surge el imperativo de constatar la presencia de un texto legal alusivo al tema. En ese orden, acreditada la reciprocidad diplom\u00e1tica, la legislativa resulta innecesaria. <\/p>\n
<\/p>\n
6.- Pues bien, en el expediente aparece copia del Convenio celebrado el 30 de mayo de 1908 (Fl. 39), entre Espa\u00f1a y Colombia, referente a la ejecuci\u00f3n rec\u00edproca de sentencias, a trav\u00e9s del cual ambos Estados concertaron que las providencias civiles emitidas por los tribunales comunes serian ejecutadas en uno y otro pa\u00eds. <\/p>\n
7.- Dicho tratado supra fue aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante la ley 7 de doce (12) de agosto de mil novecientos ocho (1908). Los \u00fanicos condicionamientos establecidos en el mencionado acuerdo se concentraron en que los fallos objeto de cumplimiento: \u00ab1. Sean definitivos y que est\u00e9n ejecutoriados como en derecho se necesitar\u00eda para ejecutarlos en el pa\u00eds en que se haya dictado; 2. Que no se opongan a las leyes vigentes en el Estado en que se solicite su ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Por consiguiente, habiendo pacto vigente entre las dos naciones se encuentra debidamente acreditada la reciprocidad diplom\u00e1tica, lo que excluye cualquier ensayo tendiente a demostrar la legislativa, como as\u00ed fue advertido en precedencia. Debe agregarse, que las dos condiciones establecidas en el pacto referido fueron acatadas a cabalidad, pues en el sumario est\u00e1 la constancia de que la decisi\u00f3n for\u00e1nea se encuentra ejecutoriada (Fl. 8). <\/p>\n
<\/p>\n
8.- Constatados esos requisitos procede, seguidamente, la verificaci\u00f3n de las restantes exigencias estipuladas en el art\u00edculo 606 de la Legislaci\u00f3n General de procedimiento, teniendo en cuenta: <\/p>\n
<\/p>\n
8.1.- Que se aport\u00f3 al expediente copia de la sentencia extranjera debidamente autenticada cumpliendo satisfactoriamente con lo reglado en los c\u00e1nones 251 y 177 del C. G. P. <\/p>\n
<\/p>\n
8.2.- Que la controversia resulta no ser de competencia exclusiva de los jueces nacionales, toda vez que no hay norma que as\u00ed lo se\u00f1ale, ni se conoce de la existencia de un proceso que haya sido adelantado o se tramite por la misma causa en nuestro pa\u00eds. <\/p>\n
<\/p>\n
8.3.- Que la decisi\u00f3n no versa sobre derechos reales constituidos en bienes ubicados en territorio patrio. <\/p>\n
<\/p>\n
8.4.- En referencia con la citaci\u00f3n de la contraparte, pues el asunto de marras se tramit\u00f3 en proceso contencioso, debe decirse que el demandado fue notificado del presente asunto, como se vislumbra a folios 69 a 72, y en vista de que no fue acreditado el derecho de postulaci\u00f3n por parte de \u00e9ste, se tuvo como no contestada la demanda (Fl. 82), por tanto, se cumpli\u00f3 lo respectivo a lo ordenado por el art\u00edculo 607 del C.G.P. <\/p>\n
<\/p>\n
8.5.- Alusivo al orden p\u00fablico, otra de las condiciones necesarias para la viabilidad de la homologaci\u00f3n reclamada, cumple decir que la providencia for\u00e1nea, como quedo rese\u00f1ado ata\u00f1e a la filiaci\u00f3n de Stacy Romero Samboni1 (hoy mayor de edad) con el se\u00f1or Jacobo Romero Llansola, cuyo an\u00e1lisis conduce a afirmar que no violenta las prerrogativas nacionales. <\/p>\n
<\/p>\n
Lo anterior, por cuanto el ordenamiento fue acatado \u00edntegramente, toda vez que la filiaci\u00f3n es una instituci\u00f3n que, igualmente, el sistema patrio contempla en el Art. 42 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, regulado en la Ley 1060 de 2006, y en el art\u00edculo 401 del C\u00f3digo Civil, correspondiente a que \u00abel fallo judicial que declara verdadera o falsa la legitimidad de un hijo, no s\u00f3lo vale respecto de las personas que han intervenido en el juicio, sino respecto de todos, relativamente a los efectos que dicha legitimidad acarrea\u00bb. Por lo tanto, es viable el reconocimiento pretendido en esta causa. <\/p>\n
<\/p>\n
9.- As\u00ed las cosas, surge evidente que la comprobaci\u00f3n de los requisitos establecidos en la normativa de procedimiento colombiana (arts. 605 y siguientes), fueron cumplidos cabalmente por la interesada. <\/p>\n
<\/p>\n
10.- En conclusi\u00f3n, la validaci\u00f3n ser\u00e1 autorizada, orden\u00e1ndose la inscripci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, junto con la sentencia extranjera, en el respectivo registro del estado civil. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley. <\/p>\n
<\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
<\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER el exequ\u00e1tur al fallo proferido el 24 de febrero de 2009, por el Juzgado de Primera Instancia No. 2 de Castell\u00f3n (Espa\u00f1a), a trav\u00e9s del cual se decret\u00f3 la filiaci\u00f3n paterna de Stacy Romero Samboni frente a Jacobo Romero Llansola. <\/p>\n
<\/p>\n
SEGUNDO: Para los efectos previstos en los art\u00edculos 6\u00ba, 106 y 107 del Decreto 1260 de 1970 y de conformidad con el art\u00edculo 13 del Decreto 1873 de 1971, se ordena la inscripci\u00f3n de esta providencia junto con la sentencia reconocida, en el registro civil de nacimiento de la citada. Por Secretar\u00eda l\u00edbrense las comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
<\/p>\n
TERCERO: Sin costas en la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
LUIS ARMADO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Naci\u00f3 el 15 de julio de 2001. <\/p>\n
7 <\/p>\n
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