SC540-2021 (2012-00238-01)_1<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC540-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n: 11001-31-03-017-2012-00238-01 <\/p>\n
Aprobado en Sala virtual de primero de octubre de dos mil veinte <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Sergio Alonso Rueda Ariza, respecto de la sentencia de 21 de noviembre de 2016, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el proceso ordinario promovido por el recurrente contra la Junta de Acci\u00f3n Comunal del Barrio Bachu\u00e9 II Sector. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.1. Petitum. Declarar que la entidad interpelada posee de mala fe el inmueble \u00abBachu\u00e9 II, superlotes 1 y 2 de la supermanzana 16\u00bb de propiedad del actor, ubicado en esta ciudad. Como consecuencia, ordenar la \u00abreivindicaci\u00f3n o restituci\u00f3n de la posesi\u00f3n\u00bb, junto con los frutos civiles y naturales a partir del 14 de diciembre de 2011. <\/p>\n
La Ley 3\u00aa de 1981, transform\u00f3 el Instituto de Cr\u00e9dito Territorial en el Inurbe. La Ley 281 de 1986, cre\u00f3 la Unidad Administrativa Especial Liquidadora de Asuntos del Instituto de Cr\u00e9dito Territorial. Esta \u00faltima, seg\u00fan el Decreto 1121 de 2002, se disolvi\u00f3 y entr\u00f3 en liquidaci\u00f3n. A su haber fueron a parar los activos del Inurbe. <\/p>\n
El Decreto 554 de 2003, suprimi\u00f3 el Inurbe. Sus bienes, como el reclamado, entre otros, ingresaron al patrimonio aut\u00f3nomo Par-Inurbe en Liquidaci\u00f3n, administrado por la Fiduciaria La Previsora S.A. <\/p>\n
Mediante escritura p\u00fablica 1870 de 8 de septiembre de 2011 de la Notar\u00eda Diecis\u00e9is del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, debidamente registrada, el actor adquiri\u00f3 de Par-Inurbe en Liquidaci\u00f3n, a t\u00edtulo de venta, el predio en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
La entrega del fundo que adelant\u00f3 la enajenante al adquirente, a partir del 14 de diciembre de 2011, no fue posible. La Junta de Acci\u00f3n Comunal del Barrio Bachu\u00e9 II Sector, formul\u00f3 oposici\u00f3n aduciendo posesi\u00f3n material. <\/p>\n
1.3. El escrito de r\u00e9plica. La interpelada se opuso a las pretensiones. Argument\u00f3 que ostentaba el predio con \u00e1nimo de se\u00f1ora y due\u00f1a hace m\u00e1s de veinte a\u00f1os. Formul\u00f3, a su vez, las excepciones de prescripci\u00f3n adquisitiva del derecho de dominio y lesi\u00f3n enorme. <\/p>\n
1.4. La decisi\u00f3n de primer grado. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1, en sentencia de 9 de octubre de 2015, desestim\u00f3 las pretensiones. Encontr\u00f3 que la posesi\u00f3n de la convocada, despu\u00e9s del t\u00edtulo de dominio del demandante, no se hallaba cumplida. <\/p>\n
El contrato de compraventa exhibido, en efecto, fue registrado el 6 de octubre de 2011. Y los \u00abactos de se\u00f1or\u00edo de la demandada (\u2026) se remontan por lo menos desde el a\u00f1o de 1982\u00bb. As\u00ed se hab\u00eda demostrado con la confesi\u00f3n de la interpelada y con los testimonios de Parmenio Ch\u00e1vez Lara, Seraf\u00edn Prada Castiblanco y Miguel Ignacio Pab\u00f3n. <\/p>\n
Significaba lo dicho que el precursor no acredit\u00f3 mejor derecho al del poseedor. Tampoco \u00abtrajo t\u00edtulo alguno que demostrara el modo como el bien ingres\u00f3 al patrimonio del Inurbe o del Instituto de Cr\u00e9dito Territorial\u00bb. Por esto, no se pod\u00eda afirmar en el interregno que el predio era imprescriptible. <\/p>\n
1.5. Los recursos de apelaci\u00f3n. Elevados por ambas partes, solo se admiti\u00f3, sin \u00e9xito, el del demandante. <\/p>\n
2. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
2.1. Identific\u00f3 que el actor reconoci\u00f3 la posesi\u00f3n sobre el predio, ejercida por la interpelada desde el 14 de diciembre de 2011, en tanto, \u00e9sta sostuvo que la ostentaba hac\u00eda veinte o veinticinco a\u00f1os. <\/p>\n
En el juicio no se acredit\u00f3 el elemento subjetivo de la relaci\u00f3n material de hecho. Aparec\u00eda \u00abdesvirtuado con los medios de convicci\u00f3n allegados al plenario\u00bb. Estos indicaban que el predio se detentaba \u00absin \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
2.1.1. Seg\u00fan los certificados de tradici\u00f3n, el lote de mayor extensi\u00f3n fue adquirido por el Instituto de Cr\u00e9dito Territorial mediante escritura p\u00fablica 169 de 5 de junio de 1975 de la Notar\u00eda Dieciocho de Bogot\u00e1. Luego pas\u00f3 al dominio de la Unidad Administrativa Especial Liquidadora de Asuntos del Instituto de Cr\u00e9dito Territorial. Y de ah\u00ed migr\u00f3 a Par-Inurbe en Liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
A su vez, Fiduciaria La Previsora S.A., administradora del patrimonio aut\u00f3nomo Par-Inurbe en Liquidaci\u00f3n, enajen\u00f3 el predio al pretensor. La escritura p\u00fablica 1870 de 8 de septiembre de 2011, otorgada en la Notar\u00eda Diecis\u00e9is del C\u00edrculo de Bogot\u00e1 y registrada en folio inmobiliario el 6 de octubre del mismo a\u00f1o, reflejaba el hecho. <\/p>\n
2.1.2. Frente a lo anterior, el inmueble de marras, a la saz\u00f3n, propiedad del Inurbe, era imprescriptible. Pertenec\u00eda a una entidad de derecho p\u00fablico. La prohibici\u00f3n de la prescripci\u00f3n adquisitiva se preve\u00eda en el art\u00edculo 407, numeral 4\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, ahora, en el canon 375, numeral 4\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Ninguna persona, por tanto, pod\u00eda alegar posesi\u00f3n antes del 6 de octubre de 2011, data en que el predio se convirti\u00f3 en propiedad privada. \u00abEn ese orden, la invocada por la pasiva durante dicho lapso, cae al vac\u00edo\u00bb. <\/p>\n
2.1.3. Si se admit\u00eda la posesi\u00f3n, la demandada reconoci\u00f3 dominio ajeno. El 31 de enero de 2006, convino con el Inurbe en Liquidaci\u00f3n que una vez reglamentada la Ley 1001 de 20051, se transferir\u00eda \u00abcon orientaci\u00f3n de destinaci\u00f3n social a la entidad distrital competente\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, en la respuesta a la demanda aleg\u00f3 que el patrimonio del Inurbe en Liquidaci\u00f3n hab\u00eda sufrido lesi\u00f3n enorme. Sergio Alonso Rueda Ariza se hizo al mismo por menos de la mitad de su justo precio. <\/p>\n
Fuera de ello, el representante legal de la entidad convocada, en el interrogatorio, manifest\u00f3 que el terreno no estaba inventariado en sus activos. La raz\u00f3n, ni el Inurbe ni el Instituto de Cr\u00e9dito Territorial, lo hab\u00edan entregado. <\/p>\n
2.1.4. Si bien, a partir del 6 de octubre de 2011, fecha del registro de la escritura de compraventa, en alg\u00fan momento, la demandada pudo haber mutado su condici\u00f3n de tenedora a la de poseedora, nada se acredit\u00f3. <\/p>\n
La entrega que intent\u00f3 directamente la enajenante al adquirente, en diciembre de 2011, y su oposici\u00f3n por la pasiva, no era prueba del inicio del \u00e1nimo de se\u00f1or\u00edo. Los supuestos actos posesorios se contra\u00edan al \u00abesparcimiento y aprovechamiento del tiempo libre realizado por los vecinos (terceros) del barrio (\u2026) en las instalaciones del predio; por lo que, ciertamente, los mismos no configuran posesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Conforme al interrogatorio del representante de la demandada, los testimonios y el dictamen pericial, el inmueble estaba destinado a la prestaci\u00f3n de servicios para la comunidad. Entre otros, biblioteca infantil, atenci\u00f3n al adulto mayor, recreaci\u00f3n de la ni\u00f1ez y la juventud. <\/p>\n
La convocada, por ello, no pod\u00eda asirse de los actos realizados por los vecinos, \u00abcomo si las personas que se sirven del predio para realizar actividades de recreaci\u00f3n y esparcimiento o de aprovechamiento del tiempo libre, obrasen en su nombre y no en ejercicio de un derecho propio\u00bb. <\/p>\n
2.1.5. Aunque el demandante tild\u00f3 de poseedora a la interpelada y \u00e9sta acept\u00f3 dicha calidad, \u00abera necesario, adem\u00e1s, la comprobaci\u00f3n de actos externos razonables de los cuales se pudiera inferir el se\u00f1or\u00edo invocado\u00bb. <\/p>\n
2.2. Concluye el Tribunal que, al no probarse la posesi\u00f3n de la demandada, la apelaci\u00f3n no sal\u00eda avante. <\/p>\n
3. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
3.1. En el \u00fanico cargo se acusa la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 946, 950, 952, 961, 962 y 964 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
3.2. Lo anterior, a ra\u00edz de la comisi\u00f3n de errores de derecho probatorios. Seg\u00fan el recurrente, el Tribunal: <\/p>\n
3.2.1. Transgredi\u00f3 el principio de libertad probatoria consagrado en el art\u00edculo 175 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, actual 165 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Le rest\u00f3 eficacia jur\u00eddica a la confesi\u00f3n de la entidad convocada sobre la posesi\u00f3n, contenida en el libelo genitor y en el interrogatorio de su representante legal. Argument\u00f3 que no era dable inferirla \u00absolamente de esas atestaciones\u00bb. Sin embargo, en tal caso, siguiendo la jurisprudencia, el actor estaba relevado de cumplir otra carga adicional. <\/p>\n
3.2.2. Infringi\u00f3 el canon 177 del Estatuto Adjetivo, correspondiente al precepto 167, inciso 1\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso. Impuso al precursor la obligaci\u00f3n de probar un hecho ajeno a su suerte, como es la \u00e9poca en que la convocada mut\u00f3 la tenencia en posesi\u00f3n. El hecho incumb\u00eda probarlo a la contraparte, por ejemplo, en el caso de reclamar el dominio por el modo de la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
3.2.3. Desconoci\u00f3 la norma 101 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, a la saz\u00f3n vigente. En la audiencia all\u00ed prevista las partes dejaron fijada la posesi\u00f3n material. Por esto, al quedar excluido el hecho de su prueba, resultaba innecesario acreditarlo con otros medios de persuasi\u00f3n. <\/p>\n
3.3. Para el casacionista, el ad-quem, igualmente, incurri\u00f3 en errores de hecho probatorios. <\/p>\n
3.3.1. Inadvirti\u00f3 el interrogatorio del representante de la asociaci\u00f3n demandada, el testimonio de Jes\u00fas Enrique Archila Gu\u00edo y el dictamen pericial. Pruebas demostrativas de actos de posesi\u00f3n ejecutados por la Junta de Acci\u00f3n Comunal despu\u00e9s de adquirir el actor el inmueble, como el cerramiento e impedir la intromisi\u00f3n de extra\u00f1os. <\/p>\n
3.3.2. Tergivers\u00f3 las afirmaciones del representante de la interpelada y lo manifestado por los testigos Seraf\u00edn Prada Castiblanco, Miguel Ignacio Pab\u00f3n y Armando Osorio. <\/p>\n
Les puso a decir a dichas pruebas que las actividades en el predio proven\u00edan de la comunidad. Los medios ponen de presente la posesi\u00f3n de la Junta de Acci\u00f3n Comunal. La naturaleza c\u00edvica de su objeto social implica exteriorizar actos dirigidos a satisfacer necesidades de la sociedad. <\/p>\n
3.4. Concluye el recurrente que los errores probatorios denunciados llevaron al Tribunal a quebrantar las normas se\u00f1aladas, al no dejar establecida la posesi\u00f3n. <\/p>\n
3.5. Solicita, en consecuencia, casar la sentencia de segunda instancia, revocar la del juzgado y acceder a la pretensi\u00f3n reivindicatoria. <\/p>\n
4. CONSIDERACIONES <\/p>\n
4.1. La impugnaci\u00f3n extraordinaria se resolver\u00e1 en el marco del C\u00f3digo General del Proceso por ser el estatuto vigente para cuando se profiri\u00f3 la sentencia y se elev\u00f3 la casaci\u00f3n, as\u00ed el proceso haya despuntado en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. Los art\u00edculos 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por la regla 624 del nuevo Estatuto Adjetivo, en vigor en su integridad a partir del 1\u00ba de enero de 2016, y 625-5, ib\u00eddem, ciertamente, establecen que los \u00abrecursos interpuestos (\u2026), se regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpusieron\u00bb. <\/p>\n
4.2. Los bienes imprescriptibles se dividen en dos categor\u00edas. Los que pertenecen a todos los habitantes, como las calles, plazas, puentes y caminos. Y los que siendo de propiedad del Estado no se encuentran al servicio de la comunidad, pero est\u00e1n destinados a cumplir sus fines. <\/p>\n
Los primeros no pueden ser susceptibles de posesi\u00f3n material por ning\u00fan particular. La raz\u00f3n estriba en que su uso y goce corresponde a toda la comunidad. De hecho, son los habitantes en general quienes los poseen. <\/p>\n
Los segundos, llamados tambi\u00e9n comunes o fiscales, cuyo dominio se radica en cabeza de las entidades de derecho p\u00fablico, en cambio, son pasibles de los atributos de la propiedad. Por ejemplo, pueden ser enajenados, gravados o arrendados, en forma similar al dominio privado, con los matices establecidos por el legislador. <\/p>\n
Del mismo modo, son imprescriptibles, por su naturaleza de bienes comunes o fiscales, al estar dedicados para uso de la Naci\u00f3n o de sus habitantes o para suplir necesidades u objetivos del Estado. El legislador, empero, en ciertos casos, como ocurre con los bald\u00edos, presume propiedad privada en caso de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica. Por esto, a tono con la jurisprudencia constitucional, \u00abuna persona puede ocupar, por necesidad, un terreno fiscal para establecer su vivienda, pero no podr\u00e1 nunca adquirirlo por prescripci\u00f3n, aun cuando lo poseyera por varias d\u00e9cadas\u00bb2 (negrillas exprofeso). <\/p>\n
La Corte Constitucional, en el mismo sentido, tiene se\u00f1alado que \u00abquien posee un bien fiscal, sin ser su due\u00f1o, no se encuentra en id\u00e9nticas condiciones en las que estar\u00eda si fuese de propiedad privada, toda vez que en el primer evento los intereses enfrentados son el general y el particular, mientras que en el otro ambos son del \u00faltimo car\u00e1cter\u00bb3 (subrayado fuera de texto). <\/p>\n
Por esto, esta Corporaci\u00f3n ha sentado que \u00abhoy en d\u00eda, los bienes que pertenecen al patrimonio de las entidades de derecho p\u00fablico no pueden ganarse por el modo de la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, no porque est\u00e9n fuera del comercio o sean inalienables, como si ocurre con los de uso p\u00fablico, sino porque la norma citada (art. 407 del C. de P.C., se agrega) niega esa tutela jur\u00eddica, por ser \u2018propiedad de las entidades de derecho p\u00fablico\u2019, como en efecto el mismo art\u00edculo lo distingue (ordinal 4\u00b0), sin duda alguna guiado por razones de alto contenido moral, colocando as\u00ed un dique de protecci\u00f3n al patrimonio del Estado, que por negligencia de los funcionarios encargados de la salvaguardia, estaba siendo esquilmado, a trav\u00e9s de fraudulentos procesos de pertenencia (\u2026)\u00bb4 (negrillas a prop\u00f3sito). <\/p>\n
La posesi\u00f3n de los bienes de las entidades de derecho p\u00fablico, comunes o fiscales, entonces, as\u00ed sea inmemorial, es in\u00fatil para usucapir. Esa clase de propiedad, ante un eventual \u00e1nimo de se\u00f1or\u00edo privado, queda protegida. Ning\u00fan particular que realice actos materiales de due\u00f1o puede adquirir el dominio por el modo de la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
4.3. El \u00e9xito de la acci\u00f3n de dominio se supedita a la prueba de sus requisitos axiol\u00f3gicos: La titularidad del derecho de propiedad en el demandante. La posesi\u00f3n material del demandado. Y la identidad entre lo pose\u00eddo y pretendido. Todo, sobre un bien determinado o respecto de una cuota proindiviso en cosa singular. Estos requisitos se desprenden de los art\u00edculos 946, 947, 950 y 952 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
La carga de la prueba de tales exigencias corresponde a quien se halla privado de la posesi\u00f3n. La ley no exige un medio espec\u00edfico. Cualquiera que los descubra es id\u00f3neo y bastante. La confesi\u00f3n es uno de ellos. La Sala tiene sentado que \u00abcuando el demandado en la acci\u00f3n de dominio (\u2026) \u201cconfiesa ser poseedor del inmueble en litigio, esa confesi\u00f3n tiene virtualidad suficiente para demostrar a la vez la posesi\u00f3n del demandado y la identidad del inmueble que es materia del pleito\u201d\u00bb5. <\/p>\n
Como en otra ocasi\u00f3n adoctrin\u00f3, \u00absi con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n reivindicatoria el demandado confiesa ser poseedor del bien perseguido por el demandante o alega la prescripci\u00f3n adquisitiva respecto de \u00e9l, esa confesi\u00f3n apareja dos consecuencias probatorias: a) el demandante queda exonerado de demostrar la posesi\u00f3n y la identidad del bien, porque el primer elemento resulta confesado y el segundo admitido, b) el juzgador queda relevado de analizar otras probanzas tendientes a demostrar la posesi\u00f3n\u00bb6. <\/p>\n
Establecida la posesi\u00f3n y la identidad del inmueble a reivindicar con una confesi\u00f3n simple, las dem\u00e1s pruebas, en principio, se tornan innecesarias o superfluas. Salvo que, por una parte, se quiera elevar los est\u00e1ndares probatorios, verbi gratia, cuando se introducen algunas circunstancias que pongan en entredicho dichos requisitos, todo, para superar la duda razonable o argumentar con mayor rigor y vigor la decisi\u00f3n. Por otra, en los casos en que la confesi\u00f3n resulta infirmada (art\u00edculos 201 dl C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 197 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
4.4. Las sentencias recurridas en casaci\u00f3n, como es conocido, arriban a la Corte amparadas por la presunci\u00f3n de legalidad y acierto. La mira del tr\u00e1mite extraordinario lo constituye dicha presunci\u00f3n. No tiene por objeto resolver el proceso, a la manera de las instancias, sino establecer si el Tribunal, en el \u00e1mbito del juzgamiento del caso, atin\u00f3 o no en la elecci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las normas sustantivas o en la apreciaci\u00f3n de las pruebas. As\u00ed que todo cuanto sea marginado del recurso, con independencia del juicio del juzgador, debe considerarse que no es equivocado. <\/p>\n
4.5. El problema que en esta oportunidad concita la atenci\u00f3n de la Corte gira alrededor del hecho de la posesi\u00f3n material y su prueba. El ad-quem la analiz\u00f3 antes y despu\u00e9s del 6 de octubre de 2011, cuando el inmueble fue adquirido por el demandante Sergio Alonso Rueda Ariza. <\/p>\n
4.5.1. En el primer tramo, en la hip\u00f3tesis de haberse configurado, la consider\u00f3 \u00abineficaz\u00bb. Adujo como raz\u00f3n que al ser el inmueble de propiedad de una entidad p\u00fablica no era susceptible de adquirirse por prescripci\u00f3n. Durante dicho periodo, subray\u00f3, \u00abninguna persona podr\u00eda alegar posesi\u00f3n material\u00bb. De ah\u00ed que el \u00e1nimo de se\u00f1or\u00edo existente en dicho lapso ca\u00eda al vac\u00edo. Y de admitirse, aparec\u00eda desvirtuada ante el reconocimiento de dominio ajeno. <\/p>\n
La censura expresamente dijo que no \u00abentra a rebatir\u00bb esas conclusiones. As\u00ed que, al margen del acierto, se entiende que el Tribunal no se equivoc\u00f3 al asentar, de un lado, la ineficacia de la posesi\u00f3n, al menos como modo para adquirir el dominio de los bienes comunes o fiscales; y de otro, la detentaci\u00f3n precaria del terreno por parte de la asociaci\u00f3n demandada, al reconocer dominio ajeno. <\/p>\n
En el cargo se alude a la posesi\u00f3n aceptada en la respuesta al libelo incoativo y en la declaraci\u00f3n del representante de la convocada. Tales actos, como se recuerda, se evocan mucho antes del 6 de octubre de 2011. Desde esa perspectiva, los errores probatorios de hecho y de derecho enrostrados, en consecuencia, son inexistentes. En la hip\u00f3tesis de haberse acreditado el \u00e1nimo de se\u00f1or\u00edo con anterioridad a dicha fecha, con la confesi\u00f3n u otros medios, porque el Tribunal, simplemente, la tuvo por desvirtuada. <\/p>\n
4.5.2. Los actos posesorios quedan reducidos a la \u00e9poca posterior. La recurrente insiste en su existencia. Los encuentra en la misma confesi\u00f3n; en la fijaci\u00f3n del hecho durante la audiencia del art\u00edculo 101 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil; en el interrogatorio del representante de la demandada; en los testimonios de Jes\u00fas Enrique Archila Gu\u00edo, Seraf\u00edn Prada Castiblanco, Miguel Ignacio Pab\u00f3n y Armando Osorio; y en el dictamen pericial. <\/p>\n
4.5.2.1. Lo primero a quedar claro es que, para el 6 de octubre de 2011, fecha de la tradici\u00f3n, el inmueble lo detentaba la Junta de Acci\u00f3n Comunal de manera precaria. El Tribunal as\u00ed lo dej\u00f3 sentado y esto nadie lo confuta. De hecho en la acusaci\u00f3n se dijo que no se rebat\u00eda. <\/p>\n
A partir de esa espec\u00edfica conclusi\u00f3n, al margen del acierto, se repite, resulta errado sostener que el extremo actor estaba relevado de brindar la prueba de la mutaci\u00f3n del reconocimiento de dominio ajeno en posesi\u00f3n. El \u00e9xito de la acci\u00f3n dominical se subordina a la demostraci\u00f3n del \u00e1nimo de se\u00f1or\u00edo. Si no se acredita, quien sufre las consecuencias adversas es el precursor. Mientras tanto la contraparte no ser\u00eda despojada del predio. De ah\u00ed que no surge l\u00f3gico exigirle a la convocada la prueba de un hecho que eventualmente fundar\u00eda una decisi\u00f3n en su contra. <\/p>\n
Si bien la demandada aleg\u00f3 prescripci\u00f3n, la carga de demostrar la mutaci\u00f3n de la tenencia en posesi\u00f3n, tendr\u00eda lugar si ese hecho fue el determinante para negar el \u00e1nimo de se\u00f1or\u00edo. Este no es el caso. El Tribunal dej\u00f3 sentado, fue una de sus conclusiones, que el t\u00edtulo de tenencia siempre hab\u00eda perdurado. Distinto es que, despu\u00e9s de convertirse el bien fiscal en privado, para efectos de la reivindicaci\u00f3n, ello no sea cierto. <\/p>\n
El error de derecho sobre la inversi\u00f3n de la carga de la prueba, por tanto, no se estructura. Otra cosa es que, como acaba de anunciarse, en el proceso existan elementos de juicio demostrativos de la mutaci\u00f3n del t\u00edtulo de tenencia en posesi\u00f3n. Como en el cargo el recurrente igualmente los pone de presente, esto supone que s\u00ed cumpli\u00f3 esa carga probatoria. A su vez, que era suya. <\/p>\n
4.5.2.2. Si bien, para el ad-quem, el \u00abdemandante tild\u00f3 de \u201cposeedora\u201d a su convocada y \u00e9sta acept\u00f3 dicha calidad\u00bb, cierto era, dijo, el hecho no pod\u00eda dejarse probado, \u00abexclusivamente\u00bb, con esas atestaciones. Se hac\u00eda necesario, adem\u00e1s, la \u00abcomprobaci\u00f3n de actos externos razonables de los cuales se pudiera inferir el se\u00f1or\u00edo invocado\u00bb. <\/p>\n
El argumento, sin embargo, era v\u00e1lido con respecto a los hechos sucedidos con anterioridad al 6 de octubre de 2011, no despu\u00e9s, claro est\u00e1, en el supuesto de que se tratara de una excepci\u00f3n donde la posesi\u00f3n tuviera alguna utilidad. El hecho el Tribunal lo asoci\u00f3 con el reconocimiento de dominio ajeno, como lo explicit\u00f3, \u00abdurante el tiempo en que el bien fue de propiedad del Inurbe\u00bb. Frente a la eventual posesi\u00f3n en esa \u00e9poca, simplemente, encontr\u00f3 que dicho requisito hab\u00eda quedado \u00abdesvirtuado con los medios de convicci\u00f3n allegados al plenario, los que dejan ver que la demandada detenta el bien sin \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o\u00bb. Por supuesto, tambi\u00e9n dada la naturaleza jur\u00eddica del inmueble: com\u00fan o fiscal. <\/p>\n
La mutaci\u00f3n del t\u00edtulo precario en posesi\u00f3n aparec\u00eda probada. No es cierto, como lo concluy\u00f3 el Tribunal, que se haya dejado de acreditar la \u00abexistencia de hechos que demuestren inequ\u00edvocamente el momento a partir del cual [la demandada] se rebel\u00f3 contra el actor y empez\u00f3 a ejecutar actos de se\u00f1or y due\u00f1o desconociendo su dominio\u00bb. La equivocaci\u00f3n estuvo en haber se\u00f1alado que era \u00abnecesario\u00bb complementar el asentimiento de las partes al respecto. <\/p>\n
Es incontrastable que la demandada desde la contestaci\u00f3n de la demanda acept\u00f3 la posesi\u00f3n material, lo cual, conforme a lo discurrido, debe tenerse por establecida a partir del 6 de octubre de 2011. Esa circunstancia, por s\u00ed, al decir de la jurisprudencia citada, es \u00absuficiente\u00bb, para tener por acreditada la posesi\u00f3n, como all\u00ed mismo se dijo, con un efecto bifronte. Por una parte, el \u00abdemandante queda exonerado de demostrar la posesi\u00f3n y la identidad del bien\u00bb. Por otro, el \u00abjuzgador queda relevado de analizar otras probanzas tendientes a demostrar la posesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed que, en contra de lo discurrido en la r\u00e9plica al cargo, no se requer\u00edan otras pruebas para demostrar la posesi\u00f3n o para corroborarla. Por una parte, en la aceptaci\u00f3n del hecho no se introdujeron elementos que la condicionaran o hicieran dudar de su existencia. Por otra, a partir de mutar la naturaleza jur\u00eddica del dominio, fiscal a privado, la confesi\u00f3n de la posesi\u00f3n no se dej\u00f3 infirmada. Todo lo contrario, la asociaci\u00f3n demandada se atribuy\u00f3 la relaci\u00f3n material presente con la cosa, con \u00e1nimo de se\u00f1or\u00edo, al margen de que la comunidad disfrutara los servicios que en dicha sede prestara. Es m\u00e1s, sin denunciar a otro poseedor, si es que ella no lo era. <\/p>\n
El ad-quem, por tanto, incurri\u00f3 en error de contemplaci\u00f3n jur\u00eddica al considerar insuficientes las pruebas de la posesi\u00f3n material obrantes en el plenario. En particular, la admisi\u00f3n de la posesi\u00f3n en la contestaci\u00f3n de los hechos 17 a 20 de la demanda, salvo su adjetivaci\u00f3n de mala fe, relevante solo para las restituciones mutuas. La confesi\u00f3n sobre el mismo particular contenida en el interrogatorio del representante de la convocada. Por \u00faltimo, en la audiencia del art\u00edculo 101 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la aceptaci\u00f3n y fijaci\u00f3n de los \u00abhechos 16, 17, 18 y 19, atinentes a que se intent\u00f3 la entrega del inmueble a su propietario y no fue posible llevar a cabo la diligencia por cuanto la demandada se opuso\u00bb. <\/p>\n
4.5.2.3. Los errores de derecho probatorios descubiertos, por s\u00ed, abrazadores, son suficientes para quebrar el fallo del Tribunal. Inclusive en la eventualidad de no estructurarse las dem\u00e1s faltas materiales y objetivas enrostradas. Si corroboran o no la posesi\u00f3n, simplemente, ni quitan ni ponen rey. El problema es que la infirmen. <\/p>\n
En todo caso, frente a la confesi\u00f3n y aceptaci\u00f3n de la posesi\u00f3n material por parte de la convocada, dichos medios la confirman, no la desvirt\u00faan. Al lado de aquella prueba, los dem\u00e1s hechos, a falta de otra significaci\u00f3n posible, ning\u00fan alcance distinto pod\u00edan tener. La conclusi\u00f3n del Tribunal, como que la comunidad obraba en nombre \u00absuyo\u00bb o propio, resulta contraevidente. As\u00ed que, desde esa perspectiva, los errores de facto se configuran. <\/p>\n
El representante de la asociaci\u00f3n demandada manifest\u00f3 en el interrogatorio el \u00abencerramiento que hizo la comunidad hace aproximadamente un a\u00f1o\u00bb. El concepto del perito sobre que \u00abcronol\u00f3gicamente dicho encerramiento data de octubre de 2012\u00bb, por lo mismo, surge objetivo, no subjetivo. La oposici\u00f3n a la entrega y la siembra de cercas de alambre, una vez el demandante adquiri\u00f3 el predio, tambi\u00e9n es narrada por Jes\u00fas Enrique Archila Gu\u00edo. <\/p>\n
Si lo anterior fuera poco, la administraci\u00f3n de los servicios prestados en el inmueble se encuentra a cargo del ente demandado. Los vecinos, por tanto, no los controlan, son sus usuarios. La posesi\u00f3n del ente demandado, entonces, se refleja a trav\u00e9s de ellos. Seg\u00fan el representante de la asociaci\u00f3n, el predio se ven\u00eda usando con la \u00abbiblioteca, con el desarrollo del programa juventudes (\u2026) y el programa de bachillerato por ciclos\u00bb. El testigo Miguel Ignacio Pab\u00f3n Lasso, enf\u00e1ticamente se\u00f1al\u00f3 que el inmueble \u00absiempre ha sido la bodega de la Junta de Acci\u00f3n Comunal\u00bb y ha tenido \u00abdiversos usos\u00bb, sal\u00f3n, biblioteca y oficina de atenci\u00f3n de la antena parab\u00f3lica. Es m\u00e1s, Seraf\u00edn Prada Castiblanco, califica como pac\u00edfica la posesi\u00f3n. <\/p>\n
4.6. Los yerros facti in iudicando, desde luego, incidieron en la decisi\u00f3n final. Como se plantea en el cargo, demostrada la posesi\u00f3n de la demandada despu\u00e9s de la adquisici\u00f3n del predio por parte del demandante, la decisi\u00f3n no habr\u00eda podido ser desestimatoria. <\/p>\n
4.7. El cargo, en consecuencia, se abre paso, sin lugar a condenar en costas ante el \u00e9xito de la casaci\u00f3n. <\/p>\n
5. SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
5.1. En la decisi\u00f3n apelada por el demandante, el \u00fanico requisito en tela de juicio para el \u00e9xito de la reivindicaci\u00f3n, consisti\u00f3 en que la posesi\u00f3n de la demandada, la cual se dej\u00f3 probada desde mediados de 1982, era de mejor derecho. En sentir del a-quo, el t\u00edtulo de dominio del pretensor suced\u00eda en el tiempo a ese hecho y la cadena de t\u00edtulos anterior no fue acreditada. <\/p>\n
5.2. Las dem\u00e1s exigencias de la acci\u00f3n reivindicatoria el juzgador las tuvo por superadas. La propiedad del precursor, con la escritura p\u00fablica 1870 de 8 de septiembre de 2011, de la Notar\u00eda Diecis\u00e9is de Bogot\u00e1 y su registro. La singularidad e identidad del inmueble reclamado con el pose\u00eddo, los hall\u00f3 en el certificado de tradici\u00f3n, en el dictamen pericial y en la confesi\u00f3n de la posesi\u00f3n por la pasiva. Concluy\u00f3, por ello, que al actor le asist\u00eda \u00ablegitimaci\u00f3n para reivindicar el inmueble objeto de la Litis\u00bb. <\/p>\n
5.3. Seg\u00fan el apelante, la equivocaci\u00f3n del juzgador estuvo en pasar por alto la naturaleza jur\u00eddica del inmueble y la condici\u00f3n de simple tenedora de la demandada. <\/p>\n
Desde su creaci\u00f3n y titulaci\u00f3n, dice, ha sido de propiedad de una entidad de derecho p\u00fablico. De ah\u00ed, \u00abpara todos los efectos legales, se encontraba en una situaci\u00f3n que le era inmune a cualquier acto de posesi\u00f3n, y por tanto nunca era susceptible de ganarse por prescripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
El reconocimiento de domino ajeno hasta cuando el bien pas\u00f3 a manos privadas, igualmente se encuentra acreditado. La posesi\u00f3n, por esto, no pod\u00eda remontarse a veinticinco a\u00f1os antes, menos con la supuesta confesi\u00f3n de la demandada. En realidad, no la hab\u00eda. En el libelo incoativo se afirm\u00f3 \u00abdesde el mes de noviembre de 2011\u00bb. Lo dem\u00e1s, sencillamente, constitu\u00eda hechos favorables. <\/p>\n
En suma, la cadena de t\u00edtulos no ten\u00eda que demostrarse. Bastaba el de adquisici\u00f3n del dominio del pretensor. En efecto, la posesi\u00f3n de la demandada empez\u00f3 despu\u00e9s, en noviembre de 2011, cuando \u00abintervirti\u00f3 la calidad de tenedora que siempre ostent\u00f3 en el predio, para abrogarse la de poseedora\u00bb. <\/p>\n
De tal modo que aquella doctrina probable de la Sala de la obligaci\u00f3n de exigir t\u00edtulo anterior a la posesi\u00f3n del demandado en desarrollo de la presunci\u00f3n del art. 762 del C. C., no sufre mengua alguna, tal cual, adelante se punt\u00faa. <\/p>\n
5.4. La demandada, por su parte, pone de presente que la eventual imprescriptibilidad del bien mientras perdur\u00f3 su propiedad p\u00fablica, no obstaba, reconocer la posesi\u00f3n material desde 1982. Las secuelas no se pod\u00edan desconocer, \u00abm\u00e1xime cuando el predio adquiri\u00f3 el car\u00e1cter de prescriptible al ingresar al dominio particular\u00bb. <\/p>\n
5.5. Como se observa, la controversia en la alzada se reduce a la \u00e9poca de la posesi\u00f3n material. El demandante la afirma desde finales de 2011, en todo caso, despu\u00e9s de haber adquirido el inmueble de la entidad p\u00fablica. La demandada, a su turno, la recaba a partir de 1982. <\/p>\n
5.5.1. Lo anterior significa que los dem\u00e1s requisitos de la acci\u00f3n reivindicatoria se dan por descontados. La titularidad del derecho de dominio en cabeza del demandante, el car\u00e1cter singular de la cosa pretendida, la posesi\u00f3n material de la interpelada y la identidad entre lo perseguido y lo pretendido. De un lado, el juzgado as\u00ed los dej\u00f3 establecidos; y de otro, ninguna de las partes elev\u00f3 protesta sobre tales particulares. <\/p>\n
5.5.2. La confrontaci\u00f3n entre el t\u00edtulo de propiedad blandido y la extensi\u00f3n de la posesi\u00f3n determina cu\u00e1l prevalece. Si el \u00e1nimo de se\u00f1or\u00edo es anterior al derecho de dominio, la acci\u00f3n real se enerva. El fracaso se contrarresta exhibiendo la cadena sucesiva de t\u00edtulos precedentes. <\/p>\n
As\u00ed lo tiene sentado la Corte. \u00abLa anterioridad del t\u00edtulo del reivindicante apunta no s\u00f3lo a que la adquisici\u00f3n de su derecho sea anterior a la posesi\u00f3n del demandado, sino al hecho de que ese derecho est\u00e9 a su turno respaldado por la cadena ininterrumpida de los t\u00edtulos de sus antecesores. Que si datan de una \u00e9poca anterior a la del inicio de la posesi\u00f3n del demandado, permiten el triunfo del reivindicante\u00bb7. <\/p>\n
La doctrina dicha fue observada en el fallo apelado. Supone la posesi\u00f3n antes del t\u00edtulo de dominio. En los t\u00e9rminos planteados, en 1982 y 2011, respectivamente. Esto, sin embargo, no es cierto en el caso concreto. El Tribunal encontr\u00f3 que mientras el inmueble fue de un ente p\u00fablico, la relaci\u00f3n con la convocada fue de mera tenencia. La conclusi\u00f3n fue aceptada por \u00e9sta. No la atac\u00f3 en casaci\u00f3n, pese a serle adversa. La otra parte dijo que no la rebat\u00eda. As\u00ed que al resultar ilesa no solo se presume como legal y cierta, sino constitutiva de una ley del proceso. <\/p>\n
El recurso de apelaci\u00f3n del actor, por tanto, prospera. La raz\u00f3n estriba en que la posesi\u00f3n material de la asociaci\u00f3n demandada tuvo que ocurrir de inmediato o despu\u00e9s de la mutaci\u00f3n del dominio de p\u00fablico a privado. No antes. Era su presupuesto necesario. Al resolverse la casaci\u00f3n qued\u00f3 explicado el particular. De ah\u00ed que no hay lugar a volver sobre esas motivaciones. La Corte, en apoyo a la presente decisi\u00f3n, simplemente, las evoca por econom\u00eda. <\/p>\n
5.6. Lo discurrido lleva al fracaso de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n adquisitiva. El tiempo de posesi\u00f3n material, inclusive, contado con amplitud desde el 8 de septiembre de 2011, fecha del t\u00edtulo de dominio del pretensor, a la \u00e9poca de presentaci\u00f3n de la demanda, el 27 de abril de 2012, era insuficiente para dar al traste con la acci\u00f3n reivindicatoria. Recu\u00e9rdese, conforme a la Ley 791 de 2002, los t\u00e9rminos ordinarios y extraordinarios para adquirir el dominio de los bienes ra\u00edces son de cinco y diez a\u00f1os. <\/p>\n
El mismo resultado se predica de la supuesta lesi\u00f3n enorme. El art\u00edculo 1947 del C\u00f3digo Civil, concede la acci\u00f3n rescisoria \u00fanicamente al vendedor o comprador, seg\u00fan quien haya sufrido el desmedro econ\u00f3mico en m\u00e1s o en menos a la mitad del justo precio siguiendo la teor\u00eda objetiva del ultradimidium. Como la asociaci\u00f3n interpelada no tiene ninguna de esas condiciones, carece de legitimaci\u00f3n sustancial para invocarla. <\/p>\n
5.7. Resta establecer, ante el \u00e9xito de la acci\u00f3n de dominio y la inexistencia de alg\u00fan hecho enervante, lo relativo a las restituciones consecuentes. Como no hay lugar a ordenarlas, cual seguidamente se ver\u00e1, el an\u00e1lisis de la buena o mala fe, en direcci\u00f3n de fijar sus circunstancias temporales, se torna innecesaria. <\/p>\n
5.7.1. La \u00abindemnizaci\u00f3n\u00bb solicitada en la contestaci\u00f3n de la demanda por el cuidado y mantenimiento del predio, y la construcci\u00f3n de la biblioteca infantil, bodega y zona de las antenas parab\u00f3licas, resulta improcedente. Se requiere que tenga causa en el \u00e1nimo de se\u00f1or\u00edo. En la hip\u00f3tesis de haber sido \u00fatil la posesi\u00f3n, el extremo demandado no present\u00f3 ning\u00fan medio para demostrarlo y el dictamen solicitado fue rechazado por \u00abinconducente e impertinente\u00bb, ciertamente, se encauz\u00f3 al valor comercial del inmueble. <\/p>\n
La prueba pericial practicada, por el contrario, habla de \u00abconstrucciones peque\u00f1as\u00bb levantadas hace dieciocho a\u00f1os, aproximadamente, siguiendo los otros elementos de juicio existentes en el proceso. Se trata de mejoras relacionadas con el t\u00edtulo de tenencia, no con la posesi\u00f3n material. Y relativo al encerramiento del lote, si bien es reciente, no se encuentra demostrado que se trate de una obra permanente, necesaria para su conservaci\u00f3n. Conforme al testimonio de Jes\u00fas Enrique Archila Gu\u00edo, simplemente, la cerca fue sembrada para efectos de la oposici\u00f3n a la entrega en diciembre de 2011. <\/p>\n
5.7.2. Los frutos demandados, a partir de esta \u00faltima data, el perito los proyect\u00f3 sobre el valor de los arrendamientos de la casa de dos plantas y la bodega. Los asoci\u00f3 con los \u00abdividendos (\u2026) provenientes de alg\u00fan tipo de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica\u00bb. Desde esa perspectiva, ante la ausencia de cualquier otra prueba, la pretensi\u00f3n resulta inviable. En el litigio nadie discute que las construcciones se encuentran afectadas a otro tipo de actividades. En concreto, a desarrollos comunitarios sin \u00e1nimo de lucro. <\/p>\n
Esto significa que ning\u00fan precio de arrendamiento se ha podido percibir como para seguir que el poseedor debe restituirlo. En la hip\u00f3tesis de haberlo podido obtener el actual due\u00f1o, con mediana diligencia y actividad, esto tampoco aparece acreditado. Se requer\u00eda que las construcciones fueran aptas para entregarlas en arrendamiento. En el caso, para vivienda, pues la renta, el perito la calcul\u00f3 para esa destinaci\u00f3n y sin distinguir que tambi\u00e9n se trataba de una bodega. <\/p>\n
5.7.3. Relacionado con los perjuicios materiales tampoco fueron demostrados. En el dictamen ninguna erogaci\u00f3n comprobada, da\u00f1o emergente, se establece para obtener la restituci\u00f3n de la posesi\u00f3n. Y el lucro cesante asociado, la imposibilidad de ejecutar un proyecto de vivienda, apenas surge como te\u00f3rico. Seg\u00fan la pregunta formulada al perito, se trataba de simples \u00abplanes de inversi\u00f3n que estaban dispuestos y proyectados desde el momento de la negaci\u00f3n (sic.) y compra del predio\u00bb. <\/p>\n
La intenci\u00f3n o imaginaci\u00f3n de tales programas, por supuestos, son distintos a su concreci\u00f3n. Por ejemplo, mediante la aprobaci\u00f3n de los programas de vivienda por las autoridades competentes. Seg\u00fan, el auxiliar de la justicia, la edificaci\u00f3n de cinco pisos con s\u00f3tanos. Todo ello brilla por su ausencia. Para rematar, en la pretensi\u00f3n se afirma que esos perjuicios se \u00abdescriben en los hechos de esta demanda\u00bb, no obstante, en ninguna parte se alude a \u00abvivienda\u00bb urbana. Solo se hace referencia, en forma abstracta, a \u00abplanes y programas de negociaci\u00f3n y de desarrollo de un proyecto de inversi\u00f3n\u00bb. No se dice cu\u00e1l. As\u00ed que no se entiende c\u00f3mo la parte demandada pudo ejercitar los derechos de defensa y contradicci\u00f3n sobre aquello. <\/p>\n
5.8. Frente a lo discurrido, la \u00fanica pretensi\u00f3n que sale avante es la restituci\u00f3n del inmueble. Lo dem\u00e1s debe ser denegado. Por lo mismo, al representar la adversidad algo considerable del litigio, cada parte debe asumir las costas del proceso, acorde con los art\u00edculos 392-6 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 365-5 del C\u00f3digo General del Proceso. As\u00ed que no habr\u00e1 condena por tal concepto. <\/p>\n
5.9. Conforme a lo anunciado, la Corte proceder\u00e1 de conformidad. <\/p>\n
6. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, casa la sentencia de 21 de noviembre de 2016, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, en el proceso promovido por Sergio Alonso Rueda Ariza contra la Junta de Acci\u00f3n Comunal del Barrio Bachu\u00e9 II Sector. Quebrada la sentencia en el recurso extraordinario, en sede de instancia dispone: <\/p>\n
a) Revoca el fallo de 9 de octubre de 2015, proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1. En su lugar, ordena: <\/p>\n
Primero: Declarar infundadas las excepciones de m\u00e9rito de prescripci\u00f3n adquisitiva y lesi\u00f3n enorme que fueron propuestas. <\/p>\n
Segundo: Condenar a la sociedad demandada a restituir al demandante, en calidad de due\u00f1o, la posesi\u00f3n que ostenta sobre el inmueble involucrado. Todo, dentro de los diez d\u00edas siguientes a la firmeza de la presente decisi\u00f3n. <\/p>\n
Tercero: Negar las dem\u00e1s prestaciones mutuas invocadas. <\/p>\n
b) Sin costas para ninguna de las partes, ni en casaci\u00f3n ni en las instancias, por las razones en su momento explicadas. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y en firme este prove\u00eddo vuelva el expediente a la oficina de origen. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
(Presidente de la Sala) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Con aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-017-2012-00238-01 <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Aunque comparto el sentido de la decisi\u00f3n adoptada por la Sala, respetuosamente me permito aclarar mi voto, con relaci\u00f3n a la afirmaci\u00f3n \u2013incluida en el fallo sustitutivo\u2013 seg\u00fan la cual \u00abla posesi\u00f3n de la demandada empez\u00f3 despu\u00e9s, en noviembre de 2011, cuando \u201cintervirti\u00f3 la calidad de tenedora\u201d\u00bb (f. 20). Lo anterior en tanto que, en mi opini\u00f3n, el t\u00e9rmino interversi\u00f3n del t\u00edtulo, acu\u00f1ado por el precedente consolidado de esta Corporaci\u00f3n, por la cual profeso respeto y admiraci\u00f3n, no permite definir con precisi\u00f3n y claridad las caracter\u00edsticas del fen\u00f3meno que pretende explicar. <\/p>\n
1. En efecto, hablar de la interversi\u00f3n de la mera tenencia en posesi\u00f3n sugiere que es posible que aquella se transforme en posesi\u00f3n, y ello desde luego no es factible, no s\u00f3lo por razones de \u00edndole jur\u00eddico, sino \u2013por sobre todo\u2013 por las restricciones l\u00f3gicas que imponen las delimitadas significaciones e implicaciones de una y otra instituci\u00f3n. <\/p>\n
N\u00f3tese, sobre el particular, que la pretendida interversi\u00f3n resulta inviable dado el car\u00e1cter inmutable de la mera tenencia, que se deduce del texto del art\u00edculo 777 del C\u00f3digo Civil, en cuanto previene que \u00ab[e]l simple lapso de tiempo no muda la mera tenencia en posesi\u00f3n\u00bb, lo que le confiere un car\u00e1cter perpetuo e inamovible, mientras se mantengan vigentes sus notas esenciales. <\/p>\n
2. Ahora, si la mera tenencia, seg\u00fan el art\u00edculo 775 ejusdem, es la \u00abque se ejerce sobre una cosa, no como due\u00f1o, sino en lugar o a nombre del due\u00f1o\u00bb \u2013como lo hacen el acreedor prendario, secuestre, usufructuario, usuario, etc.\u2013, es indiscutible que el mero tenedor carece de animus domini, el cual resulta esencial para la prosperidad y consolidaci\u00f3n del fen\u00f3meno posesorio. <\/p>\n
De all\u00ed que, mientras permanezca en tal estado subjetivo, ning\u00fan efecto transformador cumple el transcurso del tiempo. O dicho en otros t\u00e9rminos, mientras el elemento subjetivo de la mera tenencia \u2013el animus tenendi\u2013 se conserve, ninguna otra calidad diferente a la de tenedor podr\u00e1 afirmarse del sujeto que se encuentra en esa circunstancia; y el tiempo de mera tenencia no podr\u00e1 ser de posesi\u00f3n en ning\u00fan caso, sencillamente porque ese lapso no es transferible, transmisible o susceptible de \u00absuma o agregaci\u00f3n\u00bb8. <\/p>\n
Igual cabe sostener respecto de la posesi\u00f3n. El paso del tiempo no transforma la posesi\u00f3n en tenencia, puesto que lo que rige y consolida dicho fen\u00f3meno no es la duraci\u00f3n temporal de los hechos posesorios (aspecto que solo ser\u00e1 importante para efectos prescriptivos), sino el corpus, acompa\u00f1ado del elemento subjetivo o animus domini (afirmarse y comportarse como due\u00f1o). <\/p>\n
Sin embargo, el corpus de la mera tenencia comprende apenas los actos materiales que propendan por cristalizar las facultades jur\u00eddicas propias de la convenci\u00f3n que le sirve de antecedente (por v\u00eda de ejemplo, el contrato de arrendamiento, el de comodato, etc.), esto es, usar y gozar de un bien conforme a su naturaleza y funci\u00f3n intr\u00ednseca, pero dentro del preciso marco que se\u00f1ala la relaci\u00f3n obligacional subyacente. <\/p>\n
4. Por el contrario, el corpus del fen\u00f3meno posesorio, aunque pudiera ser materialmente parecido, debe estar ligado con la creencia ya anunciada: la de ser se\u00f1or y due\u00f1o (con el correlativo desconocimiento \u2013en virtud de los actos posesorios p\u00fablicos, pac\u00edficos e ininterrumpidos\u2013 de la existencia de otros titulares de derechos reales sobre el bien), de modo que se desenvuelve \u2018sin limitaciones\u20199, como ocurre con el dominio. <\/p>\n
Dicho corpus, por raz\u00f3n del matiz ya expuesto, debe ser de tal entidad objetiva que imponga a los ojos de un observador razonable, de manera necesaria y fundada, la convicci\u00f3n de que la conducta del detentador es el trasunto directo y natural del ejercicio del derecho de propiedad, es decir, que quien las ejecuta exterioriza, simplemente, las facultades propias del ius in re. <\/p>\n
Y como este es de naturaleza erga omnes, esos actos no podr\u00e1n confundirse con el que hace uso de un bien, o lo disfruta, pero en desarrollo de una relaci\u00f3n intersubjetiva, que en nada involucra al conglomerado, o por la simple tolerancia del verus dominus. Por ello el art\u00edculo 2520 del C\u00f3digo Civil se\u00f1ala que \u00abla omisi\u00f3n de actos de mera facultad, y la mera tolerancia de actos de que no resulta gravamen, no confieren posesi\u00f3n, ni dan fundamento a prescripci\u00f3n alguna\u00bb, por lo que \u00abel que durante muchos a\u00f1os dej\u00f3 de edificar en un terreno suyo, no por eso confiere a su vecino el derecho de impedirle que edifique. Del mismo modo, el que tolera que el ganado de su vecino transite por sus tierras eriales, o paste en ellas, no por eso se impone la servidumbre de este tr\u00e1nsito o pasto. Se llaman actos de mera facultad los que cada cual puede ejecutar en lo suyo, sin necesidad del consentimiento de otro\u00bb. <\/p>\n
5. Previamente se reliev\u00f3 que la relaci\u00f3n tenencial corresponde al desenvolvimiento de un derecho personal, y por lo mismo, aquella solamente posibilita \u2013y a eso aspiran los sujetos negociales\u2013 el ejercicio de las prerrogativas propias del respectivo acto jur\u00eddico voluntario (y l\u00edcito) que le sirve de fuente, el cual no comporta \u2013en ning\u00fan caso\u2013 vocaci\u00f3n traslaticia (esta ata\u00f1e solamente a las convenciones que conllevan la prestaci\u00f3n de dar, como la permuta, la compraventa, la donaci\u00f3n y el aporte en sociedad), ni entidad traslaticia (como en el mutuo) o constitutiva (propia de la prenda civil). <\/p>\n
Es esto, justamente, lo que ocurre en materia de arrendamiento, comodato, y en todos los fen\u00f3menos jur\u00eddicos de naturaleza asimilable (esto es, cuyo prop\u00f3sito no consiste en alterar la titularidad de los derechos reales), y a ello se circunscribe el poder jur\u00eddico del tenedor, al margen de si la duraci\u00f3n de su relaci\u00f3n tenencial es indefinida o limitada, puesto que su car\u00e1cter inmutable no sufre mengua por el mero transcurso del tiempo. <\/p>\n
Por el contrario, el hecho de la posesi\u00f3n aspira a que, mediante la invocaci\u00f3n de los actos posesorios (hecho jur\u00eddico humano voluntario l\u00edcito) por el tiempo de ley (hecho jur\u00eddico natural), el derecho real prescriptible ingrese al patrimonio del poseedor para afirmarse due\u00f1o, lo que jam\u00e1s podr\u00e1 ocurrir en los supuestos de mera tenencia, gracias a su car\u00e1cter inmutable, a su falta de vocaci\u00f3n traslaticia y a la ausencia de presunci\u00f3n de propiedad en favor del mero tenedor10. <\/p>\n
6. Ahora bien, la pretendida transformaci\u00f3n (mutaci\u00f3n o interversi\u00f3n) de la mera tenencia en posesi\u00f3n la cimienta alg\u00fan sector de la doctrina en disposiciones como el art\u00edculo 2531 del C\u00f3digo, especialmente en su numeral 3, en cuanto prescribe que \u00ab(…) la existencia de un t\u00edtulo de mera tenencia, har\u00e1 presumir mala fe, y no dar\u00e1 lugar a la prescripci\u00f3n, a menos de concurrir estas dos circunstancias: 1\u00aa) Que el que se pretende due\u00f1o no pueda probar que en los \u00faltimos diez (10) a\u00f1os se haya reconocido expresa o t\u00e1citamente su dominio por el que alega la prescripci\u00f3n\u00bb; y, \u00ab2\u00aa) que el que alegue la prescripci\u00f3n pruebe haber pose\u00eddo sin violencia clandestinidad, ni interrupci\u00f3n por el mismo espacio de tiempo\u00bb. <\/p>\n
No obstante, si se analiza con detenimiento la disposici\u00f3n transcrita, resulta forzoso concluir que la referencia no es a un mero tenedor que se transform\u00f3 en poseedor, sino a un poseedor pura y simplemente, por varias razones: <\/p>\n
(i) La norma advierte que si un mero tenedor se proclama poseedor para efectos prescriptivos, debe presumirse su mala fe, pues no armoniza con la probidad que exigen las relaciones jur\u00eddicas que quien \u2013en virtud de un v\u00ednculo precario\u2013 autoafirme su tenencia, reconociendo el poder de disposici\u00f3n de su contraparte (propia del dominus), posteriormente desconozca esas calidades (subjetiva y objetivas) para efectos de hacerse al dominio del bien que detenta. <\/p>\n
Es esta justamente la raz\u00f3n de la presunci\u00f3n de mala fe, dado que la naturaleza misma de la relaci\u00f3n tenencial no permite \u2013l\u00edcitamente\u2013 que el tenedor pueda negar la titularidad del derecho real de dominio en cabeza de quien deriva la prerrogativa de detentaci\u00f3n, y por lo mismo, resulta v\u00e1lido conjeturar, como lo hace el legislador, que, al obrar en contrario a esa realidad reconocida, el primero est\u00e1 obrando en forma fraudulenta e inicua. <\/p>\n
(ii) Las hip\u00f3tesis que describe el precepto transcrito, adem\u00e1s, son propias de la posesi\u00f3n, no de la mera tenencia, raz\u00f3n por la cual no podr\u00eda haber nada que transformar. En respaldo de esa afirmaci\u00f3n basta destacar que las dos circunstancias del numeral 3 rese\u00f1an requisitos esenciales de la posesi\u00f3n, no de la mera tenencia. <\/p>\n
As\u00ed, si el usucapiente no ha reconocido en los \u00faltimos diez a\u00f1os dominio ajeno, y adem\u00e1s, prueba \u00abhaber pose\u00eddo sin violencia clandestinidad, ni interrupci\u00f3n por el mismo espacio de tiempo\u00bb, ser\u00eda impensable calificar su conducta como la de un mero tenedor. Antes bien, lo que reclama la norma transcrita es, exactamente, que act\u00fae como se espera del poseedor. <\/p>\n
7. Conforme con lo expuesto, un examen detenido del numeral 3 del art\u00edculo 2531 del estatuto sustantivo civil conduce a reconocer que la totalidad de su contenido apunta a la posesi\u00f3n, no a la mera tenencia, y menos a la transformaci\u00f3n de aquella en esta. Dicho de otro modo, si bien la normativa alude a un t\u00edtulo de mera tenencia, las referencias subsiguientes desdicen de ello, puesto que los elementos mencionados en las reglas primera y segunda del mismo numeral, son propios de la posesi\u00f3n, fundamentalmente al animus domini (\u00abque el que se pretende due\u00f1o no pueda probar que en los \u00faltimos diez (10) a\u00f1os se haya reconocido expresa o t\u00e1citamente su dominio por el que alega la prescripci\u00f3n\u00bb) y a la utilidad de la posesi\u00f3n \u2013para efectos prescriptivos\u2013 (\u00abque el que alegue la prescripci\u00f3n pruebe haber pose\u00eddo sin violencia clandestinidad, ni interrupci\u00f3n por el mismo espacio de tiempo\u00bb). <\/p>\n
8. As\u00ed las cosas, no hay duda acerca de que el C\u00f3digo Civil no consagr\u00f3 la \u00abinterversi\u00f3n\u00bb de la mera tenencia en posesi\u00f3n. A lo sumo, admiti\u00f3 que un mero tenedor puede dejar de serlo, para iniciar una posesi\u00f3n, sin violencia ni clandestinidad, por el tiempo de la prescripci\u00f3n extraordinaria (y sin que, en ning\u00fan caso, el lapso transcurrido en calidad de tenedor pueda servir para finalidad distinta a ejercer las facultades jur\u00eddicas inherentes a su condici\u00f3n). <\/p>\n
Consecuentemente, luce m\u00e1s adecuado sostener, en asuntos como este, que quien inicialmente fue tenedor de un bien deb\u00eda probar que, en determinado momento, abandon\u00f3 esa condici\u00f3n precaria, para en adelante autoafirmarse propietario, ejerciendo, adem\u00e1s, \u00abhechos positivos de aquellos a que s\u00f3lo da derecho el dominio, como el corte de maderas, la construcci\u00f3n de edificios, la de cerramientos, las plantaciones o sementeras, y otros de igual significaci\u00f3n, ejecutados sin el consentimiento del que disputa la posesi\u00f3n\u00bb (art\u00edculo 981, C\u00f3digo Civil). <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo expuesta mi aclaraci\u00f3n de voto, con reiteraci\u00f3n de mi irrestricto respeto por los dem\u00e1s integrantes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
Fecha ut supra, <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
RADICACI\u00d3N 11001-31-03-017-2012-00238-01 <\/p>\n
Estoy de acuerdo con la decisi\u00f3n porque los errores de hecho en que incurri\u00f3 el tribunal fueron protuberantes y la reivindicaci\u00f3n estaba llamada a ser acogida, conforme se concluy\u00f3 en la providencia de remplazo. <\/p>\n
Empero, como en el fallo aprobado se afirm\u00f3 que \u00ab[l]a posesi\u00f3n de los bienes de las entidades de derecho p\u00fablico, comunes o fiscales (\u2026), es in\u00fatil para usucapir\u00bb; dicho de otra manera, que tales bienes pueden ser \u00abpose\u00eddos\u00bb pero ese hecho no cuenta para adquirir la propiedad por prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, me aparto en la medida en que los muebles o inmuebles de la naturaleza se\u00f1alada no son susceptibles de ser apoderados de esa manera. <\/p>\n
Lo anterior, porque la posesi\u00f3n, entendida como la relaci\u00f3n de se\u00f1or\u00edo que existe entre el poseedor y un bien ajeno de propiedad particular, que tiene la virtualidad de provocar la extinci\u00f3n y adquisici\u00f3n del dominio con el paso del tiempo, no puede ser desmembrada en tanto perder\u00eda su esencia. Es decir, es desacertado afirmar que una cosa se posee y, al tiempo, no puede adquirirse por usucapi\u00f3n. <\/p>\n
Lo dicho no es extra\u00f1o ni novedoso. Por ejemplo, Louis Josserand ense\u00f1\u00f3: <\/p>\n
Desde el momento que una cosa repugna a la propiedad, repugna por ello mismo a la posesi\u00f3n. Es preciso, pues, descartar todos los bienes que no est\u00e1n en el comercio y sobre todo los que forman parte del dominio p\u00fablico (\u2026) Por la misma raz\u00f3n, las universalidades de derecho no comportan la posesi\u00f3n: herencias; fondos de comercio. <\/p>\n
A la inversa, desde el momento en que una cosa comporta la propiedad, es susceptible de posesi\u00f3n; sea mobiliaria o inmobiliaria, sea bajo el poder de una persona humana o de una persona moral. (1952. Derecho Civil. Tomo I. Vol. III. Ediciones Jur\u00eddicas Europa \u2013 Am\u00e9rica. P\u00e1g. 56) <\/p>\n
Tambi\u00e9n don Fernando V\u00e9lez en su Estudio sobre el Derecho Civil Colombiano, sostuvo, al explicar los \u00abelementos de la posesi\u00f3n\u00bb (art. 762 del C\u00f3digo Civil), que se precisa, entre otros, la <\/p>\n
(\u2026) tenencia con \u00e1nimo de se\u00f1or o due\u00f1o. Esto es, que el que tenga la cosa sea con la intenci\u00f3n de propietario. De aqu\u00ed que la posesi\u00f3n requiera: 1\u00ba Capacidad en el poseedor, con la excepci\u00f3n del art\u00edculo 784, pues s\u00f3lo el capaz puede tener legalmente aquella intenci\u00f3n; 2\u00ba Que el que tenga la cosa no reconozca el car\u00e1cter de due\u00f1o de ella en otra persona; 3\u00ba Que la cosa est\u00e9 en el comercio, es decir, que su dominio pueda adquirirse, pues de lo contrario no puede ser pose\u00edda. Por ejemplo, quien ocupe un bien de uso p\u00fablico, no lo posee legalmente porque no es susceptible de apropiaci\u00f3n individual -se resalta-. (1926. Tomo Tercero. Segunda edici\u00f3n. Imprenta Paris-Am\u00e9rica. P\u00e1g. 141) <\/p>\n
En definitiva, como la instituci\u00f3n en comento resulta ser el ejercicio de hecho del derecho real de propiedad, la cosa que se detente debe pertenecer a un particular, por cuanto la posesi\u00f3n tiene como funci\u00f3n legal identificar los actos de se\u00f1or\u00edo con efectos erga omnes. Lo que no puede ocurrir frente a bienes de propiedad del Estado, sea cual fuere su calidad o uso. <\/p>\n
Entonces, \u00bfcu\u00e1l es la relaci\u00f3n jur\u00eddica existente entre un bien fiscal y el ciudadano que lo aprovecha sin autorizaci\u00f3n del Estado? Pues bien, el ordenamiento jur\u00eddico colombiano ha calificado dicha eventualidad como una ocupaci\u00f3n. <\/p>\n
La Ley 9\u00aa de 1989, por ejemplo, en su art\u00edculo 58, indica que <\/p>\n
Las entidades p\u00fablicas del orden nacional ceder\u00e1n a t\u00edtulo gratuito los inmuebles de su propiedad que sean bienes fiscales y que hayan sido ocupados ilegalmente para vivienda de inter\u00e9s social, siempre y cuando la ocupaci\u00f3n ilegal haya ocurrido con anterioridad al veintiocho (28) de julio de mil novecientos ochenta y ocho (1988). La cesi\u00f3n gratuita, mediante escritura p\u00fablica, se efectuar\u00e1 a favor de los ocupantes. Las dem\u00e1s entidades p\u00fablicas podr\u00e1n efectuar la cesi\u00f3n en los t\u00e9rminos aqu\u00ed se\u00f1alados. (Negrillas fuera del texto original). <\/p>\n
Algo similar dispuso el art\u00edculo 14 de la Ley 708 de 2001, modificado por el 277 de la Ley 1955 de 2019, cuando sobre la \u00abcesi\u00f3n a t\u00edtulo gratuito de bienes fiscales\u00bb, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
Las entidades p\u00fablicas podr\u00e1n transferir mediante ce\u00adsi\u00f3n a t\u00edtulo gratuito la propiedad de los bienes inmuebles fiscales o la porci\u00f3n de ellos, ocupados ilegalmente con mejoras y\/o construcciones de destinaci\u00f3n econ\u00f3mica habitacional, siempre y cuando la ocupaci\u00f3n ilegal haya sido efectuada por un hogar que cumpla con las condicio\u00adnes para ser beneficiario del subsidio de vivienda de inter\u00e9s social y haya ocurrido de manera ininterrumpida con m\u00ednimo diez (10) a\u00f1os de anterioridad al inicio del procedimiento administrativo. La cesi\u00f3n gra\u00adtuita se efectuar\u00e1 mediante resoluci\u00f3n administrativa, la cual constituir\u00e1 t\u00edtulo de dominio y una vez inscrita en la correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, ser\u00e1 plena prueba de la propiedad. <\/p>\n
En ning\u00fan caso proceder\u00e1 la cesi\u00f3n anterior trat\u00e1ndose de inmuebles con mejoras construidas sobre bienes de uso p\u00fablico o destinados a la salud y a la educaci\u00f3n. Tampoco proceder\u00e1 cuando se trate de inmue\u00adbles ubicados en zonas insalubres o zonas de alto riesgo no mitigable o en suelo de protecci\u00f3n, de conformidad con las disposiciones locales sobre la materia. <\/p>\n
Esa disposici\u00f3n fue reglamentada por Decreto 149 de 4 de febrero de 2020, el que en su art\u00edculo 2.1.2.2.1.2. \u00abdefiniciones\u00bb, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) 4. Ocupaci\u00f3n. Corresponde a la situaci\u00f3n de hecho en virtud de la cual un hogar se encuentra asentado en un bien inmueble fiscal. <\/p>\n
De modo que la manera en que los ciudadanos hacen uso ilegal de los bienes fiscales es la ocupaci\u00f3n y no la posesi\u00f3n, lo que resulta coherente en la medida en que, se itera, al no ser de dominio particular, repugnan la \u00faltima forma de apoderamiento. <\/p>\n
En esos t\u00e9rminos aclar\u00f3 el voto, aunque comparto la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Fecha, ut supra., <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1 \u00abPor medio de la cual se adoptan medidas respecto a la cartera del Instituto Nacional de Vivienda de Inter\u00e9s Social y Reforma Urbana, Inurbe, en Liquidaci\u00f3n, y se dictan otras disposiciones\u00bb. <\/p>\n
2 Corte Constitucional- Sentencia C-251 de 6 de junio de 1996. <\/p>\n
3 Sentencia C-530 de 10 de octubre de 1996. <\/p>\n
4 CSJ. Civil. Sentencias de 12 de febrero de 2001 (expediente 5597), de 31 de julio de 2002 (radicado 5812) y de 10 de septiembre de 2013 (expediente 00074). <\/p>\n
5 CSJ. Civil. Sentencia de 12 diciembre de 2001 (radicado 5328), doctrina reiterada en fallo de SC4046-2019 de 30 de septiembre de 2019. <\/p>\n
6 CSJ. Civil. Sentencia 003 de 14 de marzo 1997 (radicado 3692), reiterada en fallo de 4 de marzo de 2016 (expediente 00045), entre otras muchas. <\/p>\n
7 CSJ. Civil. Sentencia de 25 de mayo de 1990. Doctrina reiterada en fallos de 8 de febrero de 2002 (expediente 6758) y 20 de junio de 2017 (radicado 00831), entre otros muchos. <\/p>\n
8 A esta conclusi\u00f3n permite arribar el art\u00edculo 2521 del C\u00f3digo Civil, en cuanto advierte que \u00abSi una cosa ha sido pose\u00edda sucesivamente y sin interrupci\u00f3n, por dos o m\u00e1s personas, el tiempo del antecesor (poseedor) puede o no agregarse al tiempo del sucesor (poseedor), seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 778 <\/p>\n
9 Exceptuando las que deriven de la funci\u00f3n social de la propiedad, reconocida constitucionalmente en el art\u00edculo 58 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
10 Art\u00edculo 762, C\u00f3digo Civil (inciso 2\u00ba): \u00abEl poseedor es reputado due\u00f1o, mientras otra persona no justifique serlo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SC540-2021 (2012-00238-01)_1 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado Ponente SC540-2021 Radicaci\u00f3n: 11001-31-03-017-2012-00238-01 Aprobado en Sala virtual de primero de octubre de dos mil veinte Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de marzo de dos mil veintiuno (2021) Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Sergio Alonso Rueda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[34],"tags":[],"class_list":["post-53864","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53864","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53864"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53864\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53864"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53864"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53864"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}