SC562-2021 (2014-00177-01)_1<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC562-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 17001-31-03-004-2014-00177-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de julio de dos mil veinte). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (01) de marzo de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Compa\u00f1\u00eda Nacional del Caf\u00e9 S.A.S. contra la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2015 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Manizales, en el proceso que instaur\u00f3 frente a Seguros del Estado S.A. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n. <\/p>\n
Con demanda repartida al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Manizales, la entidad demandante pretende que por causa del incumplimiento contractual de la tomadora\/garantizada Mar\u00eda Teresa Londo\u00f1o Jaramillo, se declaren realizados los riesgos de \u201cgarant\u00eda de anticipo\u201d y \u201ccumplimiento del contrato\u201d amparados en la p\u00f3liza de seguro de cumplimiento a favor de entidades particulares No. 42-45-101016113 expedida por la aseguradora convocada, cuya beneficiaria\/asegurada es la compa\u00f1\u00eda demandante. <\/p>\n
Adem\u00e1s, que la resistente es responsable del incumplimiento del contrato, al objetar infundadamente la reclamaci\u00f3n presentada por ella; por lo que tiene la obligaci\u00f3n de pagarle, con los intereses moratorios, la indemnizaci\u00f3n, en cuant\u00eda de $635.950.000, oo, valor total del anticipo no amortizado y entregado a la se\u00f1ora Mar\u00eda Teresa Jaramillo, y $50.000.000, oo, por raz\u00f3n del incumplimiento del contrato. <\/p>\n
B. Causa petendi <\/p>\n
Como fundamentos f\u00e1cticos, alega la Compa\u00f1\u00eda Nacional del Caf\u00e9 S.A.S. (o C.N.C.) que mantuvo una relaci\u00f3n comercial por cerca de cuatro a\u00f1os con la se\u00f1ora Mar\u00eda Teresa Londo\u00f1o Jaramillo, en la que esta se obligaba a entregar en forma continua un n\u00famero determinado de sacos de caf\u00e9 excelso de exportaci\u00f3n, para lo cual operaba dos trilladoras, de forma que cuando se acordaba una entrega en concreto, \u201csal\u00eda directamente o a trav\u00e9s de una comercializadora en la que es accionista, al mercado de caf\u00e9 pergamino (con c\u00e1scara)\u201d (f. 3, c. 1) para adquirir esa materia prima necesaria para la trilla y obtenci\u00f3n del caf\u00e9 excelso. <\/p>\n
La se\u00f1ora Londo\u00f1o requer\u00eda de un apalancamiento previo para pagar el caf\u00e9 pergamino que compraba, de modo que en cada pedido la demandante le entregaba un anticipo, que se hac\u00eda a ella \u201co a personas autorizadas por ella expresamente, que generalmente, eran los vendedores del caf\u00e9 pergamino\u201d (f. 4, c.1). A ra\u00edz de lo anterior, la actora solicit\u00f3 una p\u00f3liza de seguros que amparara el buen manejo de esos anticipos y el cumplimiento de las obligaciones. Y es as\u00ed como la aseguradora expidi\u00f3, en el a\u00f1o 2009, una p\u00f3liza en tal sentido, vigente a lo largo de los a\u00f1os, en los que el modus operandi fue el mismo. <\/p>\n
Para el 2 de agosto de 2012, Seguros del Estado expidi\u00f3 la p\u00f3liza base de la reclamaci\u00f3n judicial. En su vigencia, la se\u00f1ora Londo\u00f1o se constituy\u00f3 en mora e incumpli\u00f3 el contrato. Por su parte, la demandante reclam\u00f3 de inmediato el pago del siniestro, tanto por conducto del intermediario como a la propia aseguradora. <\/p>\n
La compa\u00f1\u00eda de seguros pidi\u00f3 a C.N.C. que acreditara la ocurrencia del siniestro y la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida, a lo cual procedi\u00f3 esta lo que viene. En primer lugar, que la ocurrencia del siniestro se encontraba probada porque la proveedora Mar\u00eda Teresa Londo\u00f1o acept\u00f3 su imposibilidad de cumplir con la entrega del caf\u00e9 desde el viernes 14 de septiembre de 2012, en una reuni\u00f3n que ella misma solicit\u00f3 tener con el Director de Compras de la Compa\u00f1\u00eda, a m\u00e1s de que esta hab\u00eda presentado los documentos que demostraban la existencia del contrato y el incumplimiento mismo. En segundo lugar, que reiteraba la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida con los documentos que soportaban la entrega de los anticipos realizados a la se\u00f1ora Mar\u00eda Teresa Londo\u00f1o. <\/p>\n
En su objeci\u00f3n frente a la insistencia de la demandante, la aseguradora aleg\u00f3 que replic\u00f3 que C.N.C. hab\u00eda efectuado pagos a personas distintas de la asegurada: \u201c\u00ab(\u2026) No se garantizaron los pagos que se efectuaran a terceros ajenos al contrato asegurado; resalt\u00e1ndose que tal hecho (pago a un tercero), constituye una modificaci\u00f3n del estado del riesgo asegurado, como claramente se explic\u00f3 en la objeci\u00f3n efectuada\u00bb\u201d (f. 5, c. 1). <\/p>\n
Pero para C.N.C., esa objeci\u00f3n est\u00e1 equivocada, pues el convenio garantizado no constaba por escrito y la forma de pago del suministro y del anticipo se hizo de conformidad con lo acordado por las partes sobre desembolso y amortizaci\u00f3n. As\u00ed lo explica en la demanda, en la que indica que para evitar la duplicidad en el pago del impuesto que grava las transacciones financieras (4 \u00d7 1000), <\/p>\n
\u201cla parte acreedora indica y autoriza al consumidor (o tambi\u00e9n llamado suministrado) a quienes se les permite cobrar el desembolso del dinero del anticipo que est\u00e1 destinado a pagar entre otros gastos el caf\u00e9 pergamino\u201d (f. 6, c. 1). <\/p>\n
\u201c\u2026cada suministro de caf\u00e9, estaba mediado por una solicitud verbal que una vez recibida, era confirmada por escrito, por la suministrante, que era la se\u00f1ora Mar\u00eda Teresa Londo\u00f1o y el ciudadano representante de la sociedad que esta autorizaba para salir a comprar el caf\u00e9 y hacer los pagos, que era el se\u00f1or Fernando Zuluaga Corrales. En la confirmaci\u00f3n de venta se se\u00f1alaba entre otros datos, el n\u00famero de sacos, el precio del saco y la responsabilidad que asum\u00eda la trilladora (f. 7) \u2026 <\/p>\n
\u201cNegociado el caf\u00e9 con c\u00e1scara por el se\u00f1or Fernando Zuluaga, representante legal de una sociedad denominada Comercial Happy Coffee S.A.S. y en ejercicio del mandato de la se\u00f1ora comerciante y suministrante Mar\u00eda Teresa Londo\u00f1o Jaramillo propietaria de la trilladora, \u00e9ste dirig\u00eda un documento a la Compa\u00f1\u00eda Nacional del Caf\u00e9 SAS mediante el cual indicaba que el caf\u00e9 hab\u00eda sido entregado en la trilladora de la se\u00f1ora Londo\u00f1o y a quien le compraba el caf\u00e9; por lo tanto solicitaba que mi poderdante consignara en las cuentas de cada proveedor de la materia prima para la trilla de la se\u00f1ora Londo\u00f1o, el valor del anticipo, lo cual se hac\u00eda de inmediato\u201d. <\/p>\n
La actora describe cuatro confirmaciones de ventas para un valor total a la fecha del incumplimiento de $1.476.475.000, con sus respectivos anticipos, que ascendieron a $635.950.000, oo. <\/p>\n
Como la se\u00f1ora Londo\u00f1o incumpli\u00f3 el suministro, tambi\u00e9n hay siniestro en relaci\u00f3n con la cobertura denominada \u201ccumplimiento del contrato\u201d. <\/p>\n
C. Posici\u00f3n de la demandada y tr\u00e1mite del proceso <\/p>\n
En tiempo, la aseguradora interpelada se opuso a las pretensiones con admisi\u00f3n, aclaraci\u00f3n y negaci\u00f3n de algunos hechos. Propuso como principal excepci\u00f3n de m\u00e9rito la que denomin\u00f3 \u201cterminaci\u00f3n del contrato de seguro, como consecuencia de la agravaci\u00f3n del estado del riesgo asegurado (art\u00edculo 1060 del c\u00f3digo de Comercio)\u201d, pues dentro del amparo de buen manejo del anticipo se consider\u00f3 el eventual riesgo derivado de la no inversi\u00f3n o indebida inversi\u00f3n de los dineros que recibiera la se\u00f1ora Londo\u00f1o, pero nada se dijo a la aseguradora sobre que dicha entrega se hiciese a persona distinta de aquella, riesgo ajeno al contrato de seguro celebrado y por ende sin cobertura. Pero si esa entrega se hizo en atenci\u00f3n a una supuesta orden de la citada se\u00f1ora, \u201cresulta evidente la modificaci\u00f3n de las condiciones del riesgo asegurado, en la medida en que se acord\u00f3 entre el asegurado o beneficiario del seguro y el contratista garantizado, la entrega del anticipo a terceros ajenos a la relaci\u00f3n contractual\u201d (f. 161, c. 1), por lo que debi\u00f3 haber dado aviso oportuno de dicho hecho, so pena de la terminaci\u00f3n del contrato seg\u00fan el art\u00edculo 1060 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
D. Tr\u00e1mite en las instancias <\/p>\n
El juzgado de conocimiento puso fin a la primera instancia con sentencia en la que decidi\u00f3 denegar las pretensiones (fls. 208 a 210, c. 1). No s\u00f3lo porque no logr\u00f3 demostrarse que el anticipo fuera indebidamente utilizado por Mar\u00eda Teresa Londo\u00f1o, sino porque al contrato de suministro se le introdujeron modificaciones sin consentimiento expreso de la aseguradora, las cuales alteraron el estado del riesgo y no fueron comunicadas oportunamente. <\/p>\n
Interpuesta la alzada por la actora, el Tribunal, con la sentencia objeto del recurso de casaci\u00f3n, confirm\u00f3 la del a quo, con base en las consideraciones que seguidamente se resumen. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Luego del usual compendio, indica la Sala (min. 46) que el primer problema concreto que debe abordar es aquel de determinar si la demandante cumpli\u00f3 con la carga de probar la existencia y cuant\u00eda del siniestro. Y en caso positivo, si la aseguradora prob\u00f3 los hechos o circunstancias que la exoneran del pago, especialmente si se encuentra establecido que hubo una modificaci\u00f3n en el estado del riesgo amparado y pueda darse aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 1060 del C\u00f3digo de Comercio en cuanto a la terminaci\u00f3n autom\u00e1tica del contrato de seguro. Para arribar a la conclusi\u00f3n que adopta, la Corporaci\u00f3n sienta las siguientes bases, no sin antes dejar indicado que el contrato de suministro celebrado entre Mar\u00eda Teresa Londo\u00f1o y la Compa\u00f1\u00eda Nacional del Caf\u00e9 estaba acreditado con certificaci\u00f3n del revisor fiscal de esta compa\u00f1\u00eda, solicitud de seguro de cumplimiento un contrato de suministro entre estas partes, as\u00ed como la p\u00f3liza de seguros objeto del pleito. <\/p>\n
1) En relaci\u00f3n con el amparo de buen manejo del anticipo, recuerda que la actora hab\u00eda indicado que el incumplimiento se present\u00f3 en tres contratos, con indicaci\u00f3n del volumen de sacos comprados, el precio individual de cada uno, el precio total y los anticipos entregados por aquella y no amortizados. <\/p>\n
Que si lo prob\u00f3 o no, es asunto que la Sala entra a analizar, a partir de los documentos denominados \u201cconfirmaciones de ventas\u201d, los cuales, dice, est\u00e1n suscritos por Hernando Zuluaga Corrales y Mar\u00eda Teresa Londo\u00f1o Jaramillo, sin indicaci\u00f3n de las calidades en que act\u00faan1, por lo que, arguye la Sala, no es \u201ccristalino\u201d si la venta la realizaba Hernando Zuluaga como persona natural, como representante legal de la sociedad Happy Coffee S.A.S., como diputado o mandatario de la se\u00f1ora Mar\u00eda Teresa Londo\u00f1o Jaramillo, total o parcialmente, y en este \u00faltimo caso, en qu\u00e9 proporci\u00f3n con ella. <\/p>\n
Expresa que no se infiere que existi\u00f3 de manera exclusiva un contrato de suministro entre Mar\u00eda Teresa Londo\u00f1o Jaramillo y la Compa\u00f1\u00eda Nacional del Caf\u00e9, o si coexisti\u00f3 con otros en donde hac\u00eda parte el se\u00f1or Hernando Zuluaga, como persona natural o como representante de una sociedad o mandatario de otra persona. <\/p>\n
Que s\u00f3lo el decir de la accionante y las versiones de sus propios dependientes, son las que sostienen que los contratos ten\u00edan como suministrante a la se\u00f1ora Londo\u00f1o Jaramillo. Sin embargo, ello se desdibuja con la misma prueba documental aportada por la actora, por lo dem\u00e1s copias simples de escritos emanados de terceros ajenos al proceso (los se\u00f1ores Zuluaga Corrales y Londo\u00f1o Jaramillo) los cuales a\u00fan a la luz de lo dispuesto en el numeral 2 del art\u00edculo 277 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, modificado por la ley 794 de 2003 en su art\u00edculo 27, no disipan las dudas que su falta de concreci\u00f3n arroja en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se produjeron, ni la calidad en la que act\u00faan al momento de su suscripci\u00f3n, ni el negocio jur\u00eddico que los origin\u00f3; suscribientes que no fueron llamados a explicar su contenido para disipar esas dudas. <\/p>\n
2) Agrega que para probar las instrucciones brindadas por la parte suministrante a la Compa\u00f1\u00eda Nacional del Caf\u00e9, esta aport\u00f3 al proceso los documentos con los cuales el se\u00f1or Hernando Zuluaga Corrales, en su condici\u00f3n expresada de representante legal de la sociedad Comercial Happy Coffee S.A.S. -y no de la se\u00f1ora Mar\u00eda Teresa Londo\u00f1o Jaramillo-, con posterioridad a las confirmaciones relacionadas previamente, con base en cada uno de los contratos all\u00ed establecidos, indicaba a la C.N.C. el monto a consignar y solicitaba que esos dineros fueran depositados directamente a unos terceros, al parecer proveedores de caf\u00e9. <\/p>\n
Respecto de dichos documentos, el Tribunal enfatiza en que son suscritos por Hernando Zuluaga, no a nombre de la se\u00f1ora Mar\u00eda Teresa Londo\u00f1o Jaramillo sino de una persona jur\u00eddica (Comercial Happy Coffee SAS) totalmente ajena al pregonado contrato de suministro, amparado en la p\u00f3liza de seguros de esta litis. <\/p>\n
Apunta que en el curso del tr\u00e1mite no hubo actividad probatoria de la parte demandante tendiente a demostrar que ello se realiz\u00f3 por el se\u00f1or Zuluaga Corrales como diputado o mandatario de la se\u00f1ora Londo\u00f1o Jaramillo, puesto que nunca llam\u00f3 a que estos rendieran testimonio, ni aport\u00f3 medio de prueba diferente a las versiones de sus propios dependientes, quienes indicaron que exist\u00edan instrucciones verbales de la se\u00f1ora Mar\u00eda Teresa Londo\u00f1o que originaron esas solicitudes de pago. Empero el texto de estas contradice lo afirmado. <\/p>\n
En este punto recalca que en su concepto cuenta con m\u00e1s peso de acreditaci\u00f3n lo que obra por escrito, aportado por la misma parte demandante. <\/p>\n
3) Ahora bien, memora que para probar la consignaci\u00f3n del monto por $635.950.000,oo de los anticipos no amortizados que la demandante afirma que correspond\u00edan a contratos de suministro entre ella y Mar\u00eda Teresa Londo\u00f1o Jaramillo, alleg\u00f3 C.N.C. los pantallazos de las consignaciones realizadas desde el portal del Banco Davivienda a los presuntos proveedores de caf\u00e9 que indicaba el se\u00f1or Zuluaga Corrales, como representante legal de Comercial Happy Coffe SAS, que adem\u00e1s se afirm\u00f3 que eran correspondientes a cada uno de los tres contratos OHCC 02812, 3012 y 3112. <\/p>\n
Sobre dichas consignaciones, indica el Tribunal que en ninguna parte se hace referencia al contrato al que hubieran accedido, ni la identidad del suministrante ni del suministrado, con lo cual no se sabe si el pago era por caf\u00e9 a proveer a la se\u00f1ora Londo\u00f1o o al se\u00f1or Zuluaga, como persona natural o como representante legal de la sociedad Comercial Happy Coffe SAS, esto \u00faltimo en concordancia con las solicitudes de pago examinadas. <\/p>\n
Y si en gracia de discusi\u00f3n, agrega el Tribunal, esas personas actuaron como proveedoras de Mar\u00eda Teresa Londo\u00f1o Jaramillo, tampoco se podr\u00eda afirmar que las sumas entregadas lo fueron en calidad de anticipo para que pueda aseverarse que pod\u00edan estar cubiertas por el seguro, o si simplemente se trat\u00f3 de un pago anticipado, lo que genera una duda razonable, en relaci\u00f3n a si los dineros entraron al patrimonio de la suministrante, aspecto no cubierto en el primer amparo. <\/p>\n
En este punto el Tribunal hace referencia a precedente del Consejo de Estado (providencia del 22 de junio de 2001) que diferencia entre anticipo y pago anticipado2. <\/p>\n
Agrega que, en realidad, existe orfandad probatoria dentro del proceso para resolver de manera precisa los interrogantes previamente planteados. Y advierte que esas personas jur\u00eddicas destinatarias de las consignaciones, si bien fueron llamados a declarar a trav\u00e9s de sus representantes legales por la parte demandante, al fin no les hizo comparecer ni insisti\u00f3 en el recaudo del medio de prueba. <\/p>\n
Como no logr\u00f3 demostrar que los dineros a que hace referencia en su demanda como entregados en calidad de anticipo lo fueron a la se\u00f1ora Mar\u00eda Teresa Londo\u00f1o Jaramillo, tampoco se podr\u00eda afirmar que hubo un uso indebido3 o apropiaci\u00f3n4 por parte de esta, que son los supuestos amparados. <\/p>\n
Resalta el ad quem que la accionante en su demanda y en los alegatos indic\u00f3 que no se trat\u00f3 de un uso indebido del anticipo sino de falta de amortizaci\u00f3n del mismo. En este punto la Sala se remite a una monograf\u00eda a efectos de distinguir esas figuras, para concluir que la falta de amortizaci\u00f3n del anticipo se saldr\u00eda de la esfera de la p\u00f3liza suscrita porque si bien puede afirmarse que en los contratos de tracto sucesivo, como el de suministro, pueden entregarse dineros al suministrante a t\u00edtulo de anticipo y pactarse que estos se vayan amortizando en la proporci\u00f3n que se ejecute el contrato, su no amortizaci\u00f3n no est\u00e1 cubierta con la p\u00f3liza de seguro de cumplimiento particular, buen manejo o apropiaci\u00f3n indebida del mismo, bajo el riesgo de buen manejo del anticipo, pese a que ser\u00eda perfectamente viable que las partes lo pactaran expresamente, pero en el caso bajo an\u00e1lisis ello no fue as\u00ed. <\/p>\n
4) Respecto del amparo de cumplimiento, por su parte, se\u00f1ala la Corporaci\u00f3n que el par\u00e1grafo tercero de la p\u00f3liza consagr\u00f3 que al beneficiario del seguro se precave contra los perjuicios derivados del incumplimiento del contratista de las obligaciones emanadas del contrato garantizado. <\/p>\n
Pero, con base en lo analizado, concluye el juzgador colegiado que la Compa\u00f1\u00eda Nacional del Caf\u00e9 no logr\u00f3 demostrar que la condici\u00f3n inicial que habr\u00eda abierto la puerta para que pudiese acaecer el riesgo de incumplimiento, como lo era la acreditaci\u00f3n de los pagos del anticipo a Mar\u00eda Teresa Londo\u00f1o Jaramillo, o pagos parciales o totales en los mismos, para poder afirmar que \u00e9sta adquiri\u00f3 unas obligaciones que se habr\u00edan desatendido. En otras palabras, si el contrato de seguro acced\u00eda al de suministro, en este las partes deb\u00edan satisfacer unas obligaciones rec\u00edprocas (la entrega de un anticipo o pago por la parte suministrada, entre ellas) y lo cierto es que si \u00e9sta no se acredit\u00f3, entonces tampoco podr\u00eda hablarse de una obligaci\u00f3n de entrega de caf\u00e9 excelso por la parte suministrante presuntamente incumplida y por lo tanto no habr\u00eda acaecido el riesgo amparado bajo an\u00e1lisis. <\/p>\n
En apretado resumen, dice el Tribunal que si como se analiz\u00f3 al momento de justipreciar el amparo de buen manejo del anticipo, la prueba recaudada sobre todo la documental (folios 89 a 104 del cuaderno uno), no prueba a qu\u00e9 contrato de suministro acceden, ni la identidad de las partes; no puede darse por probado que esos sean los contratos de suministros amparados por la p\u00f3liza que ten\u00eda como asegurada, exclusivamente, a la se\u00f1ora Mar\u00eda Teresa Londo\u00f1o, raz\u00f3n por la cual la segunda s\u00faplica no tiene prosperidad. <\/p>\n
Sobre los medios de defensa propuestos por la entidad demandada, explica que como no prosperaron las pretensiones de la actora, la sala se abstiene de examinarlos. Sin embargo, estima importante aclarar que en este tipo de seguro de cumplimiento entre particulares, la excepci\u00f3n de agravaci\u00f3n del riesgo no encuentra apoyo en la doctrina y jurisprudencia patrias, a menos que proceda de conductas imputables al asegurado. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
La demanda eleva dos cargos contra la sentencia objeto del recurso, los cuales ser\u00e1n estudiados por la Corte en el orden propuesto por el recurrente. As\u00ed mismo, ser\u00e1n abordados al amparo del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
1. Al decir del recurrente, en este cargo se acusa la sentencia -haciendo una desafortunada referencia al C\u00f3digo General del Proceso- por ser indirectamente violatoria, por aplicaci\u00f3n indebida, de las normas contenidas en los art\u00edculos 1058, 1060 y 1077 del C\u00f3digo de Comercio. Y, por falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 822, 884, 1080, 1072 del C\u00f3digo de Comercio; 1602 y 1604 del C\u00f3digo Civil, infracciones que fueron el fruto de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas sobre la ocurrencia del siniestro en relaci\u00f3n con el contrato de seguro que celebraron las partes. <\/p>\n
Con miras a demostrarlo, arguye el censor que, de haber mirado la prueba documental, el Tribunal hubiera llegado a la conclusi\u00f3n de que s\u00ed se materializ\u00f3 el riesgo asegurado, que s\u00ed existe prueba de \u201cque se present\u00f3 un buen manejo del anticipo\u201d (sic, f. 27, c. Corte) y que las personas que lo recibieron estaban diputadas para el efecto por la asegurada. Adem\u00e1s, se habr\u00eda dado cuenta de que la discusi\u00f3n planteada por la aseguradora no era de recibo. <\/p>\n
Bajo el r\u00f3tulo de \u201cpruebas dejadas de apreciar\u201d, arguye en primer lugar, que el Tribunal se equivoc\u00f3 al apreciar los documentos (fls. 89 a 92, c. 1) firmados por Hernando Zuluaga Corrales y Mar\u00eda Teresa Londo\u00f1o, rotulados como \u201cconfirmaci\u00f3n de ventas\u201d, con los cuales se acredita que \u201cZuluaga Corrales, representante legal de la Trilladora Happy Coffee, fue diputado o autorizado\u201d por Mar\u00eda Teresa Londo\u00f1o para recibir el anticipo, sin que pueda el Tribunal atribuirle una significaci\u00f3n diferente al rol del se\u00f1or Zuluaga \u201cni a\u00f1orar la ausencia de este como \u00f3rgano de prueba, para ratificar su significaci\u00f3n en el contexto de la ejecuci\u00f3n del \u00fanico contrato de suministro existente en el seno de la demandante\u201d(f. 28, c. Corte). <\/p>\n
Afirma que el error de hecho del Tribunal radica en haber afirmado que no hab\u00eda prueba de la calidad en que actuaban Zuluaga Corrales y Londo\u00f1o Jaramillo en relaci\u00f3n con esos documentos. Pero, replica, la prueba \u201ces el mismo documento y lo que en \u00e9l se informa\u201d. <\/p>\n
2. De otra parte, y en segundo lugar, alega que el juzgador de segunda instancia tambi\u00e9n se equivoc\u00f3 al apreciar los documentos firmados por Hernando Zuluaga Corrales, representante legal de la trilladora, que corroboran que solicit\u00f3 que se le consignara dineros por ventas de caf\u00e9 excelso, los cuales efectivamente se le consignaron. \u201cEs evidente que lo hace por encargo de la Compa\u00f1\u00eda Nacional del Caf\u00e9, lo indica el mismo documento\u201d (f. 28) y fue autorizado o diputado para recibir el anticipo por la se\u00f1ora Mar\u00eda Teresa Londo\u00f1o. El error del ad quem consisti\u00f3 en no mirar estos escritos \u201cen contexto con los del literal\u201d, y as\u00ed hubiera establecido que el se\u00f1or Zuluaga estaba diputado para el pago. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la prueba testimonial, dice el recurrente que el Juzgador colegiado declin\u00f3 el dicho de Jos\u00e9 Octavio Jaramillo Hoyos, director de compras de la compa\u00f1\u00eda, y de Claudia Patricia Trejos, contadora de la empresa, porque eran empleados de \u00e9sta, argumento que no es de recibo pues las reglas de experiencia indican que en estos casos es el personal el \u201cque maneja el tema\u201d sin que se pueda presumir la mala fe, ya que se trata de profesionales que no van a faltar a la verdad por un inter\u00e9s que no le es propio. Si el Tribunal hubiera apreciado esos testimonios en su verdadero alcance, remata, habr\u00eda llegado a la conclusi\u00f3n de que los dineros que se entregaron como anticipo s\u00ed estaban relacionados con el contrato de suministro celebrado con la se\u00f1ora Londo\u00f1o Jaramillo. <\/p>\n
Asimismo, afirma que el Tribunal desconoce el poder probatorio de los indicios; que hace una inadecuada interpretaci\u00f3n de la prueba, pues para dicho juzgador existieron varios contratos de suministro por lo que los pagos efectuados al se\u00f1or Zuluaga Corrales no indicaban de qu\u00e9 suministro se trataba, lo cual es \u201cimaginaci\u00f3n pura\u201d, pues la realidad es que s\u00f3lo existe un contrato que se concluye de los documentos de folios 89 a 92 del cuaderno 1, a los que no se les pod\u00eda dar una significaci\u00f3n distinta. <\/p>\n
Sobre el indicio, luego de ensayar, con cita de autor nacional, alguna aproximaci\u00f3n te\u00f3rica a este medio de prueba, arguye el impugnante que el Tribunal infiri\u00f3 que hab\u00eda varios contratos de suministro y no se sab\u00eda entonces los pagos a qu\u00e9 suministro se refer\u00edan, a la par que confundi\u00f3 el alcance de la cobertura de anticipo, al traer de modo impertinente la distinci\u00f3n entre pago anticipado y anticipo, \u201clo cual tambi\u00e9n es una interpretaci\u00f3n equivocada de la prueba documental\u201d. <\/p>\n
Y le dio un sentido distinto de la palabra \u201camortizaci\u00f3n\u201d del anticipo que para el Tribunal debe corresponder a un amparo diferente, \u201ccuando la consecuencia necesaria de un pago de un anticipo en la normal amortizaci\u00f3n al contrato; es decir, la forma como se van descargando rec\u00edprocamente las prestaciones propias del contrato sinalagm\u00e1tico\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Dejando de lado la imprecisi\u00f3n del cargo en la normativa procesal aplicable, pues es claro que su desarrollo evidencia la utilizaci\u00f3n de la causal primera prevista en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil (y no la establecida en el C\u00f3digo General del Proceso que disciplina la denominada v\u00eda directa), y haciendo caso omiso de otras inexactitudes (como la de que se hizo un buen uso del anticipo, o que Hernando Zuluaga actu\u00f3 por encargo de la Compa\u00f1\u00eda Nacional del Caf\u00e9 y, parejamente fue autorizado por Mar\u00eda Teresa Londo\u00f1o, o que el Tribunal dej\u00f3 de apreciar pruebas y simult\u00e1neamente se le acusa de que se equivoc\u00f3 en su apreciaci\u00f3n), debe de todos modos comenzar la Corte por dejar sentado la insistente posici\u00f3n que ha sostenido en sede casacional, en cuanto a que el car\u00e1cter extraordinario del recurso de casaci\u00f3n impide que se sustente \u00e9ste a la manera de un alegato de instancia. <\/p>\n
Su fundamentaci\u00f3n no puede consistir simplemente en presentar el disentimiento del recurrente frente a la apreciaci\u00f3n probatoria que hizo el Tribunal, sino que aqu\u00e9l debe ir mucho m\u00e1s all\u00e1: debe poner de presente en forma clara y precisa, contundentemente, los errores f\u00e1cticos en que pudo haber incurrido el Juzgador de segunda instancia al apreciar los elementos de juicio que obren en el proceso. Es a eso a lo que se refiere el art\u00edculo 374 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil cuando exige que, si se alega violaci\u00f3n de norma sustancial como consecuencia de error de hecho en la apreciaci\u00f3n de una determinada prueba, \u201ces necesario que el recurrente lo demuestre\u201d. <\/p>\n
Lo que equivale a decir que, si la prueba espec\u00edficamente determinada fue mal apreciada, debe el recurrente, mediante un cotejo o comparaci\u00f3n, poner de presente qu\u00e9 fue lo que concluy\u00f3 el Tribunal de dicha prueba y qu\u00e9 es lo que emerge fluidamente de ella, esto es, sin esforzados razonamientos, dada la discreta autonom\u00eda del juzgador de instancia en la apreciaci\u00f3n del acervo probatorio, y la necesidad de que el yerro de hecho sea protuberante, manifiesto, que salte a la vista. Porque de no ser as\u00ed, estar\u00eda la Corte sustituyendo al Tribunal y convirti\u00e9ndose en una instancia adicional. <\/p>\n
2. De su an\u00e1lisis del acervo documental, el Tribunal no indica que hayan existido varios contratos de suministro -como lo predica el recurrente incurriendo en una desarmon\u00eda o falta de simetr\u00eda entre los argumentos del Tribunal y los que \u00e9l expone- sino m\u00e1s bien que no se sabe si el contrato de suministro celebrado entre Mar\u00eda Teresa Londo\u00f1o y la C.N.C. coexisti\u00f3 con otros en donde Hernando Zuluaga era parte, bien como persona natural, o ya como representante legal de la sociedad. Y esta conclusi\u00f3n no es nada irrazonable porque de los documentos que el recurrente tilda de haber sido equivocadamente apreciados por el ad quem, la Corte advierte que en ellos no resulta nada claro en qu\u00e9 calidad actu\u00f3 Hernando Zuluaga. <\/p>\n
As\u00ed, en el documento denominado \u201cConfirmaci\u00f3n Ventas\u201d OHCC-028-12 de fecha 17 de agosto de 2012, se indica que el comprador es Compa\u00f1\u00eda Nacional del Caf\u00e9 CNC, que la cantidad son 825 sacos a raz\u00f3n de $403,700 por unidad, que el valor de la negociaci\u00f3n es $360,525,000, que el empaque es por cuenta del exportador, que el lugar de la trilla es trilladora Happy Coffee, de Chinchin\u00e1-Caldas, que ser\u00e1 entregado all\u00ed en esa trilladora en septiembre de 2012 y que la responsabilidad de la trilladora era \u201chasta puerto s\u00f3lo en calidad\u201d. Termina la comunicaci\u00f3n: \u201ccordial saludo\u201d, y siguen las firmas de Hernando Zuluaga y Mar\u00eda Teresa Londo\u00f1o. De este documento surge la duda de saber si Hernando Zuluaga o Mar\u00eda Teresa Londo\u00f1o, o ambos eran los vendedores pues no se indica qui\u00e9n ostenta esa calidad. <\/p>\n
Posteriormente, en comunicaci\u00f3n del 24 de agosto de 2012 Hernando Zuluaga Corrales, quien ahora se anuncia como representante legal de Comercial Happy Coffee SAS solicita que se le consigne a \u00e9l (\u201cme sea consignado dinero correspondiente a ventas\u2026\u201d) $150,000,000, \u201ccorrespondientes al pago del siguiente caf\u00e9 excelso\u201d. A continuaci\u00f3n, se hace referencia al contrato OHCC-028-12 y se indica que esos recursos sean consignados a la cuenta corriente en el Banco Davivienda de la entidad denominada Coopgranos. No figura el nombre de Mar\u00eda Teresa Londo\u00f1o en esta comunicaci\u00f3n, pero s\u00ed el de una entidad distinta, Comercial Happy Coffee, que al parecer es aquella que ha comprado el grano (caf\u00e9 excelso y no caf\u00e9 con c\u00e1scara como era de esperar si es que va a ser trillado, de acuerdo con el relato que en la demanda se hace de la forma como se desarrollaba el suministro asegurado). <\/p>\n
En la tirilla que da cuenta de la transacci\u00f3n realizada por Claudia Patricia Trejos, de la Compa\u00f1\u00eda Nacional del Caf\u00e9 en el Banco Davivienda, el 24 de agosto de 2012, figura la consignaci\u00f3n a Coopgranos, de la suma de $ 150,000,000. <\/p>\n
Y as\u00ed ocurre tambi\u00e9n con la \u201cconfirmaci\u00f3n ventas OHCC-029-12\u201d y las dem\u00e1s: solo figura Mar\u00eda Teresa Londo\u00f1o firmando el primer documento en compa\u00f1\u00eda de Hernando Zuluaga y luego, en documento separado, aparece este en su condici\u00f3n de representante legal de otra entidad (Comercial Happy Coffee), pidiendo que se le consigne a un tercero sumas por concepto de pago caf\u00e9 excelso. <\/p>\n
3. De esta secuencia, el Tribunal concluy\u00f3 que no pod\u00eda confirmar si la venta la hac\u00eda Hernando Zuluaga como persona natural, como representante legal de la sociedad Happy Coffee, como diputado o mandatario de la se\u00f1ora Mar\u00eda Teresa Londo\u00f1o, total o parcialmente o en qu\u00e9 proporci\u00f3n. Pero a\u00fan m\u00e1s, de los documentos mediante los cuales Zuluaga da instrucciones a la CNC para hacer unos pagos, y de los pantallazos mediante los cuales la CNC acata esas instrucciones, tampoco figura Mar\u00eda Teresa Londo\u00f1o. Zuluaga act\u00faa a nombre de una persona jur\u00eddica distinta (Comercial Happy Coffee) <\/p>\n
Y el recurrente s\u00f3lo se limita a indicar que en dichos documentos se acredita que Zuluaga Corrales, representante de la trilladora Happy Coffee (al parecer la misma sociedad denominada Comercial Happy Coffee) estaba autorizado por Mar\u00eda Teresa Londo\u00f1o para recibir el anticipo. Un mero aserto que s\u00f3lo intenta demostrar apelando a lo que el documento informa. Y ya se vio que esas piezas documentales en realidad no establecen con claridad la calidad en que act\u00faa el mencionado se\u00f1or. <\/p>\n
Precisamente debido a las dudas que generaba el an\u00e1lisis de estos documentos fue que el Tribunal ech\u00f3 de menos que los mismos fuesen explicados por quienes los hab\u00edan firmado, Mar\u00eda Teresa Londo\u00f1o y Hernando Zuluaga. Pero no como una exigencia probatoria, sino como una amonestaci\u00f3n a la parte interesada sobre sus falencias en la demostraci\u00f3n de los supuestos de hecho que deb\u00eda acreditar para obtener la aplicaci\u00f3n de las normas base de sus pretensiones. <\/p>\n
4. Ahora bien, en l\u00edneas precedentes se indic\u00f3 que en la valoraci\u00f3n de las pruebas el Tribunal cuenta con una cierta autonom\u00eda inherente a la labor de dispensar justicia y de aplicar la sana cr\u00edtica y la apreciaci\u00f3n del caudal probatorio, de modo que si los testimonios de los empleados de la demandante no le convencieron, fue porque le hall\u00f3 mayor peso a lo que estaba escrito, es decir, a que Mar\u00eda Teresa Londo\u00f1o aparec\u00eda en unas \u201cconfirmaciones ventas\u201d junto a Hernando Zuluaga, sin que de all\u00ed se extrajese que ella lo hubiese autorizado para recibir anticipos, y lo que es a\u00fan m\u00e1s difuso, que \u00e9ste actuara luego, no a nombre propio y\/o de Mar\u00eda Teresa, como era de esperar, sino de una tercera compa\u00f1\u00eda. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la prueba indiciaria, de entrada, hay que advertir que el Tribunal no se refiri\u00f3 a este medio de convicci\u00f3n, pero el recurrente lo trae para poner en boca del juez colegiado algo que este no dijo: que hab\u00eda varios contratos de suministro. Lo que el ad quem asever\u00f3 fue que de la documentaci\u00f3n aportada no era cristalino la calidad en que actuaban Hernando Zuluaga y Mar\u00eda Teresa Londo\u00f1o, no se sab\u00eda si las confirmaciones de ventas y las instrucciones dadas por Zuluaga a nombre de Comercial Happy Coffee, y los pagos que la CNC hizo a terceros en atenci\u00f3n a dichas instrucciones, correspond\u00edan efectivamente al contrato objeto del seguro. <\/p>\n
5. Por lo dem\u00e1s, aludir a que resulta impertinente la distinci\u00f3n entre pago anticipado y anticipo, por una equivocada interpretaci\u00f3n de la prueba documental, es, como se ha venido predicando de las acusaciones anteriores, tan solo un aserto sin fundamentaci\u00f3n. El censor no desarrolla la acusaci\u00f3n, esto es, no pone de presente qu\u00e9 es lo que la prueba documental indica en relaci\u00f3n con que los giros realizados por C.N.C. a terceros correspond\u00edan a anticipos porque as\u00ed aparec\u00eda de forma evidente en esas piezas procesales. Y ciertamente, el Tribunal, de cara a la documentaci\u00f3n analizada, en la que se habla de pago de venta de caf\u00e9 excelso, mostr\u00f3 una duda razonable, que no fue disipada con esos documentos de cuya err\u00f3nea apreciaci\u00f3n se duele el censor. <\/p>\n
6. Las anteriores consideraciones son suficientes para arribar a la falta de prosperidad del cargo analizado. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
1. En este cargo se acusa la sentencia de violaci\u00f3n indirecta, por falta de aplicaci\u00f3n, de las normas contenidas en los art\u00edculos 822, 884, 1080, 1072 del C\u00f3digo de Comercio; 1602 y 1604 del C\u00f3digo Civil, y por aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 058, 1060 y 1077 del C\u00f3digo de Comercio. Todo ello como consecuencia de error de derecho por violaci\u00f3n de los art\u00edculos 164, 167, 169 y 170 del C\u00f3digo General del Proceso, siendo de destacar -precisa el recurrente- que para la \u00e9poca de la sentencia estaba vigente el C\u00f3digo de Procedimiento Civil y las normas equivalentes eran los art\u00edculos 174, 177, 179 y 180 de este estatuto procesal. <\/p>\n
Arguye que el error de derecho del Tribunal consisti\u00f3 en no haber decretado de oficio, al parecer las pruebas, pero no lo dice, tendientes a la demostraci\u00f3n de la calidad en que actuaban Hernando Zuluaga y Mar\u00eda Teresa Londo\u00f1o en relaci\u00f3n con los documentos aportados por la demandante. <\/p>\n
2. Recuerda que, para desestimar las pretensiones de la demanda, el fundamento del juzgador radic\u00f3 en la falta de claridad sobre la calidad en que actuaban los se\u00f1ores Hernando Zuluaga y Mar\u00eda Teresa Londo\u00f1o, respecto de los documentos aportados por la parte demandante. Esas dudas que nacieron en el Tribunal lo obligaban a disiparlas con el decreto de pruebas de oficio. En concreto, la declaraci\u00f3n de los se\u00f1ores Zuluaga y Londo\u00f1o a efectos de preguntarles, de cara a los documentos obrantes en los folios 89 a 92 del cuaderno uno, en qu\u00e9 calidad actuaron y firmaron dichos documentos. As\u00ed esclarec\u00eda sus dudas y llegaba al convencimiento de que Zuluaga, representante legal de la trilladora Happy Coffee, fue diputado por la se\u00f1ora Mar\u00eda Teresa Londo\u00f1o para recibir el anticipo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Es cierto que el sustraerse el Tribunal al uso de sus poderes oficiosos en materia de pruebas, esto es, del poder-deber que la ley le confiere para decretar pruebas de oficio, ha sido tratado por la jurisprudencia como un t\u00edpico error de derecho en la medida en que, bien sea porque el medio de convicci\u00f3n siendo exigido en la ley el juez sin embargo no lo recauda (hip\u00f3tesis hoy positivamente consagrada como vicio de actividad, constitutivo de nulidad procesal5) y, o ya porque presente en el expediente, pero no como prueba regular, la autoridad no le da ingreso formal como medio de convicci\u00f3n6. O, muy al comienzo, como una prueba que de haber sido practicada hubiera arrojado luces que despejaban al juez el camino para una decisi\u00f3n diferente de la adoptada (Cfr. SC-012-1998 de 4 mar 1998, ad. n\u00b0 4921)7. <\/p>\n
2. Mas, al margen de las diversas posiciones que a lo largo del tiempo ha sostenido la Corte en relaci\u00f3n con el entendimiento del error probatorio de derecho en casaci\u00f3n por no haber decretado el Tribunal pruebas de oficio, y admitiendo que una de ellas es la \u00faltima mencionada y que el cargo retoma, es lo cierto que este tipo de yerro, como tambi\u00e9n el de hecho, para ser fuente de quiebre del fallo, debe ser trascendente, lo que significa que debe incidir de manera concluyente o terminante en la resoluci\u00f3n adoptada en la sentencia combatida, al punto de ser dable afirmar que, de no haberlo cometido el juzgador, forzosamente otra hubiese sido la conclusi\u00f3n: la arg\u00fcida por la censura. <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, habr\u00eda que colegir en este caso que, si el Tribunal cometi\u00f3 el yerro de derecho que se le endilga, es porque el efectivo recaudo de las declaraciones de Hernando Zuluaga y Mar\u00eda Teresa Londo\u00f1o le hubieran llevado a otra conclusi\u00f3n, de modo inexorable. <\/p>\n
3. Pero tal aserto es s\u00f3lo una hip\u00f3tesis, que adem\u00e1s parte del hecho de que esos testimonios efectivamente se hubieran podido recibir, y de que sus dichos ineludiblemente habr\u00edan corroborado el supuesto f\u00e1ctico que persigue demostrar el recurrente, esto es, que con sus versiones se corroboraba que Zuluaga actu\u00f3 como diputado de Londo\u00f1o en la celebraci\u00f3n de las compras de caf\u00e9 a terceros, cuyo precio fue sufragado mediante los anticipos que hizo la C.N.C. a pedido de aquel, en representaci\u00f3n de la se\u00f1ora Londo\u00f1o. <\/p>\n
Es incontestable que tal conclusi\u00f3n s\u00f3lo se sostiene a partir de conjeturas erigidas en un mar de dudas en torno a lo que hubiera podido ocurrir. Lo que, sin m\u00e1s, deja al pretendido yerro de derecho sin la necesaria trascendencia de que debe estar revestido. Porque nada permite suponer como infalibles que esas dos condiciones (recaudo efectivo de los testimonios y contenido de los mismos acordes con lo arg\u00fcido por la actora) en efecto se hubieran presentado. <\/p>\n
Esta sola circunstancia da al traste con la acusaci\u00f3n que el cargo propone, al margen de haber apelado el censor a un primer entendimiento de este particular yerro de derecho, ya superado por la jurisprudencia. <\/p>\n
4. El cargo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Costas a cargo de la parte recurrente. Se fija por concepto de agencias en derecho la suma de $6.000. 000.oo., en favor de la demandada que hizo presencia en este tr\u00e1mite, dando respuesta al recurso. <\/p>\n
En su oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El Tribunal describe el contenido de las denominadas confirmaciones de ventas, las cuales contienen los datos correspondientes a: 1) Comprador: Compa\u00f1\u00eda Nacional del Caf\u00e9; 2) producto: caf\u00e9 excelso de exportaci\u00f3n; 3) cantidad de sacos; 4) precio; 5) valor total de la negociaci\u00f3n; 5) lugar de la trilla: Trilladora Happy Coffee; 6) fecha de entrega y 7) que la responsabilidad de la trilladora era hasta el puerto s\u00f3lo en calidad <\/p>\n
2\u0002 En palabras del Consejo de Estado, \u201cdiferencia que consiste en que el primero corresponde al primer pago en los contratos de ejecuci\u00f3n sucesiva que habr\u00e1 de destinarse al cubrimiento de los costos iniciales, al paso que el segundo corresponde a la retribuci\u00f3n parcial que el contratista recibe en los contratos de ejecuci\u00f3n instant\u00e1nea. Pero la m\u00e1s importante es que los valores que el contratista recibe como anticipo, los va amortizando en la proporci\u00f3n que vaya ejecutando el contrato; de ah\u00ed que se diga que lo recibi\u00f3 en calidad de pr\u00e9stamo. En cambio en el pago anticipado no hay reintegro del mismo porque el contratista es due\u00f1o de la suma que le ha sido entregada\u201d. <\/p>\n
3\u0002 El Tribunal cita una monograf\u00eda de tesis, en la que se describe de este amparo: \u201cSe busca interesar al asegurado por los perjuicios derivados de la destinaci\u00f3n que el contratista haga del anticipo sin hacer honor a las reglas del contrato para tal fin, emple\u00e1ndolos para gastos que no est\u00e9n relacionados con el objeto contratado y\/o dirigi\u00e9ndolos de manera distinta a la pactada en el contrato garantizado sin haberse apropiado de ellos\u201d (monograf\u00eda de la universidad javeriana) <\/p>\n
4\u0002 En igual sentido, \u201cla cobertura al efecto se traduce en precaver los perjuicios derivado del riesgo de que el contratista se quede con el dinero, se lo robe, abuse de la confianza, en lugar de destinarlos a la obra por ejecutar; es decir, es algo que tiene o puede tener connotaciones criminales y que inclusive obligar\u00eda, en nuestro concepto, a la entidad a interponer las denuncias penales correspondientes para efectos de reclamar el pago de un siniestro por la realizaci\u00f3n de este riesgo\u201d <\/p>\n
5\u0002 Art. 133, # 5, CGP: El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos: 5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la pr\u00e1ctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria. <\/p>\n
6\u0002 Por todos, AC2887-2016 de 16 may 2016, rad. 73168-31-03-001-2009-00036-01: \u201cA m\u00e1s de lo anterior, la inidoneidad t\u00e9cnica del cargo formulado sube de punto si se tiene en cuenta que a partir de la sentencia proferida por esta Corporaci\u00f3n el 28 de junio de 2005, situaciones como la que intenta exponer el recurrente, pueden llegar a ser constitutivas de nulidad procesal, raz\u00f3n por la cual no es la causal primera la v\u00eda adecuada para invocarlas, sino la causal quinta de casaci\u00f3n, en vista de que un error de derecho supone la presencia indiscutible de la prueba en el plenario (LXXVII, p. 313, citada en CSJ SC 195-2002, rad. 7358). Dijo hace ya diez a\u00f1os la Corporaci\u00f3n: [E]s di\u00e1fano que tanto el litigante – demandado, como el Juez, se apartan naturalmente de los mandatos constitucionales y legales que hacen efectivo el derecho a probar, de acentuada val\u00eda como <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b073168-31-03-001-2009-00036-019se acot\u00f3, concretamente cuando el primero adopta comportamientos dirigidos a impedir la pr\u00e1ctica de la prueba, que el segundo en cierto modo auspicia o consiente al no asumir, a plenitud, el compromiso de velar por el efectivo recaudo de la misma, para lo cual, incluso, fue dotado de poderes que debe emplear de forma razonable, con el fin de \u201cprevenir, remediar y sancionar… los actos contrarios a la dignidad de la justicia, lealtad, probidad y buena fe que deben observarse en el proceso\u201d (nums. 3 y 4, art. 37 C.P.C.). En estos casos, dichas conductas hacen que la actuaci\u00f3n desarrollada se ti\u00f1a de un vicio de nulidad, espec\u00edficamente del previsto en el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 140 del C.P.C., pues la oportunidad para practicar la prueba habr\u00e1 sido simplemente nominal o protocolaria, siendo claro que el debido proceso, a ultranza, reclama la posibilidad cierta y real de hacer efectivos los derechos que le son inherentes. En estos casos, quiz\u00e1 como ninguno, los enunciados ret\u00f3ricos no pueden campear en la esfera probatoria, a fortiori cuando est\u00e1n de por medio medulares derechos, v. gr. los de los menores de edad, e incluso de los mayores, en punto tocante con el conocimiento de su verdadero estado civil\u201d. <\/p>\n
7\u0002 \u201c\u2026el deber de verificaci\u00f3n judicial oficiosa del que viene habl\u00e1ndose en estas consideraciones, se halla consagrado efectivamente en normas de disciplina probatoria cuya infracci\u00f3n, por el cauce que se\u00f1ala el Num. 1\u00ba, segundo inciso, del Art. 368 del c de P. C y satisfechas desde luego todas las condiciones t\u00e9cnicas restantes de las cuales depende que una censura de esta clase pueda tener \u00e9xito (G.J, T. CXV, p\u00e1g. 117), da lugar al recurso de casaci\u00f3n si debido a ostensibles particularidades que circundan la litis, constatadas objetivamente y ajenas por lo dem\u00e1s a cualquier manipulaci\u00f3n fraudulenta de las partes, el uso de aquellas facultades se torna ineludible pues lejos de mediar raz\u00f3n atendible alguna que lleve a estimar que es inoficioso o imposible desde el punto de vista legal, un proceder de tal naturaleza, omitido por el juez o tribunal, se muestra a las claras como factor necesario para evitar una decisi\u00f3n jurisdiccional absurda, imposible de conciliar con dictados elementales de justicia. Esto significa, entonces, que por fuera de esta reducida moldura y para los fines propios del recurso en cuesti\u00f3n, ante situaciones que no tengan la entidad apuntada no puede configurarse yerro probatorio de derecho porque, en opini\u00f3n del censor, era factible alguna forma de pesquisa oficiosa adicional conveniente a sus intereses o, tambi\u00e9n seg\u00fan el pensamiento del recurrente, porque sin fundamento se dispuso esa indagaci\u00f3n complementaria; \u201c\u2026.la atribuci\u00f3n que la ley otorga al funcionario para decretar pruebas de oficio -explica la Corte en reciente pronunciamiento- si bien por el inter\u00e9s p\u00fablico del proceso no constituye una facultad sino un deber (\u2026)establecido para garantizar la b\u00fasqueda de la verdad real que no aparece en el expediente (..), no es menos cierto que s\u00f3lo le corresponde al mencionado funcionario juzgador, juez o magistrado, determinar previamente a la decisi\u00f3n del decreto de oficio de pruebas, cu\u00e1les son las alegaciones de las partes y los hechos relacionados con estas, as\u00ed como cuales de esos hechos requieren de su verificaci\u00f3n o prueba y cu\u00e1les de \u00e9stas considera \u00fatiles para tal efecto. De all\u00ed que si bien no se trata de una mera discrecionalidad (..) sino de un deber edificado sobre el juicio y conclusi\u00f3n razonable del juzgador, no es menos cierto que s\u00f3lo a \u00e9l le compete hacer dicho an\u00e1lisis y adoptar la decisi\u00f3n que estime pertinente de decretar o no la prueba de oficio, pues le basta decretarlas sin recurso alguno (..) o simplemente abstenerse de hacerlo (pues s\u00f3lo depende de su iniciativa). Por ello resulta explicable que no se incurra en error de derecho cuando el juez, en uso de sus atribuciones, se abstiene de decretar pruebas de oficio y por consiguiente no procede a darle valoraci\u00f3n a prueba inexistente o a prueba irregularmente presentada o incorporada al proceso\u2026\u201d (G.J. Tomo CCXXXI, p\u00e1g 492). <\/p>\n
1 <\/p>\n
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SC562-2021 (2014-00177-01)_1 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente SC562-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 17001-31-03-004-2014-00177-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintitr\u00e9s de julio de dos mil veinte). Bogot\u00e1, D. C., primero (01) de marzo de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Compa\u00f1\u00eda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[34],"tags":[],"class_list":["post-53865","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53865","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53865"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53865\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53865"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53865"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53865"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}