SC572-2021 (2018-03825-00)_1<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001 02 03 000 2018 03825 00 <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC572-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001 02 03 000 2018 03825 00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de julio de dos mil veinte) <\/p>\n
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Bogot\u00e1, D. C., primero (01) de marzo de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
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Se decide sobre la solicitud de exequ\u00e1tur presentada por los se\u00f1ores Gilberto Cruz Benavides y Mar\u00eda Cristina Chamizo Orozco respecto de la sentencia de divorcio proferida el 6 de abril de 2001 por el Juzgado de Primera Instancia No. 3 de Getxo – Bizkaia (Espa\u00f1a). <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
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1.- Mediante escrito presentado a trav\u00e9s de apoderado judicial especialmente constituido para tal fin, los aludidos demandantes, mayores de edad y de nacionalidad colombiana deprecaron el otorgamiento de efecto jur\u00eddico a la providencia extranjera ab initio citada. <\/p>\n
<\/p>\n
2.- Como soporte de su solicitud, la peticionaria narraron los siguientes hechos: <\/p>\n
<\/p>\n
2.1.- Que el 4 de enero de 1994 contrajeron matrimonio en el municipio de Timb\u00edo (Cauca), y de dicha uni\u00f3n \u00abnacieron dos hijas Ana Mar\u00eda y Laura Cristina\u00bb, hoy mayores de edad. <\/p>\n
<\/p>\n
2.2.- Ante el Juzgado de Primera Instancia No. 3 de Getxo – Bizkaia (Espa\u00f1a), los c\u00f3nyuges llevaron a cabo el tr\u00e1mite de divorcio, en el cual se determin\u00f3 conceder la pretensi\u00f3n, y asimismo, aprob\u00f3 el \u00abconvenio regulador\u00bb del 12 de enero de 2001, suscrito por los padres a favor de sus hijas. <\/p>\n
<\/p>\n
II. EL TR\u00c1MITE OBSERVADO <\/p>\n
<\/p>\n
1.- Cumplidas las exigencias formales, el 25 de enero de 2019 fue admitida la solicitud y, en el mismo prove\u00eddo, se dispuso a correr traslado al Ministerio P\u00fablico, entidad que en tiempo, a trav\u00e9s de la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia y la Familia, concluy\u00f3 que: <\/p>\n
<\/p>\n
\u201ctodas las exigencias formales previstas en la normativa aludida se satisfacen en conjunto, por lo que, [\u2026] proceder\u00e1 la pretensi\u00f3n homologatoria reclamada, para que tenga plena vigencia en Colombia y sean inscritas en el registro civil correspondiente\u201d (Fls. 33 a 34). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Dentro de la etapa de ordenaci\u00f3n y pr\u00e1ctica de pruebas (Fl. 36), se ofici\u00f3 al Ministerio de Relaciones Exteriores para que certificara si entre Colombia y Espa\u00f1a existen tratados o convenios vigentes sobre el reconocimiento rec\u00edproco de las sentencias pronunciadas por autoridades jurisdiccionales de ambos pa\u00edses en causas matrimoniales, o remita los textos legales de acuerdo con los cuales es permitido, en territorio espa\u00f1ol, la ejecuci\u00f3n de sentencias judiciales extranjeras proferidas en asuntos de divorcio. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. De acuerdo con lo reglado por el C\u00f3digo General del Proceso, es permitido que el juez si bien lo considera, y bajo el cumplimiento de ciertos par\u00e1metros legales, profiera sentencia anticipada. <\/p>\n
<\/p>\n
El art\u00edculo 278 Ib\u00eddem, al respecto establece que \u00aben cualquier estado del proceso, el juez deber\u00e1 dictar sentencia anticipada, total o parcial, en los siguientes eventos: <\/p>\n
1. Cuando las partes o sus apoderados de com\u00fan acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez.<\/p>\n
2. Cuando no hubiere pruebas por practicar.<\/p>\n
3. Cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacci\u00f3n, la caducidad, la prescripci\u00f3n extintiva y la carencia de legitimaci\u00f3n en la causa\u00bb (se resalta). <\/p>\n
<\/p>\n
Si bien el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 607 de la misma codificaci\u00f3n presupone que \u00abVencido el traslado se decretar\u00e1n las pruebas y se fijar\u00e1 audiencia para practicarlas, o\u00edr los alegatos de las partes y dictar la sentencia\u00bb, la presente sentencia, escrita y por fuera de audiencia oral, es procedente toda vez que se cumple lo dispuesto por el numeral segundo del art\u00edculo 278. Aunado a que las pruebas documentales requeridas para este especial procedimiento se encuentran configuradas de acuerdo con la naturaleza propia del asunto, lo que a todas luces permite resolver de forma adelantada. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2.- Al respecto, ha mencionado esta Corporaci\u00f3n que <\/p>\n
<\/p>\n
Tal codificaci\u00f3n, en su art\u00edculo 278, prescribi\u00f3 que \u00ab[e]n cualquier estado del proceso, el juez deber\u00e1 dictar sentencia anticipada, total o parcial\u2026 [c]uando no hubiere pruebas por practicar. <\/p>\n
<\/p>\n
Significa que los juzgadores tienen la obligaci\u00f3n, en el momento en que adviertan que no habr\u00e1 debate probatorio o que el mismo es inocuo, de proferir sentencia definitiva sin otros tr\u00e1mites, los cuales, por cierto, se tornan innecesarios, al existir claridad f\u00e1ctica sobre los supuestos aplicables al caso. <\/p>\n
<\/p>\n
Por consiguiente, el respeto a las formas propias de cada juicio se ve aminorado en virtud de los principios de celeridad y econom\u00eda procesal, que reclaman decisiones prontas, adelantadas con el menor n\u00famero de actuaciones posibles y sin dilaciones injustificadas. Total que las formalidades est\u00e1n al servicio del derecho sustancial, por lo que cuando se advierta su futilidad deber\u00e1n soslayarse, como cuando en la foliatura se tiene todo el material suasorio requerido para tomar una decisi\u00f3n inmediata. <\/p>\n
<\/p>\n
En consecuencia, el proferimiento de una sentencia anticipada, que se hace por escrito, supone que algunas etapas del proceso no se agoten, como una forma de dar prevalencia a la celeridad y econom\u00eda procesal, lo que es arm\u00f3nico con una administraci\u00f3n de justicia eficiente, diligente y comprometida con el derecho sustancial (CSJ SC132-2018. 12 Feb. 2018. Rad. 2016-01173-00). <\/p>\n
<\/p>\n
Asimismo, ha manifestado que <\/p>\n
<\/p>\n
Por supuesto que la esencia del car\u00e1cter anticipado de una resoluci\u00f3n definitiva supone la pretermisi\u00f3n de fases procesales previas que de ordinario deber\u00edan cumplirse; no obstante, dicha situaci\u00f3n est\u00e1 justificada en la realizaci\u00f3n de los principios de celeridad y econom\u00eda que informan el fallo por adelantado en las excepcionales hip\u00f3tesis que el legislador habilita dicha forma de definici\u00f3n de la litis. <\/p>\n
<\/p>\n
De igual manera, cabe destacar que aunque la esquem\u00e1tica preponderantemente oral del nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que es buen ejemplo la presente, donde la causal para proveer de fondo por anticipado se configur\u00f3 cuando la serie no ha superado su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane (SC12137, 15 Ago. 2017, rad. n\u00b0 2016-03591-00). <\/p>\n
<\/p>\n
3.- Dentro del caso objeto de estudio, cabe el proferimiento de un fallo anticipado, debido a que conforme a las pruebas tra\u00eddas al proceso por las partes, la situaci\u00f3n de facto particular del sub judice y la normativa internacional al respecto, no son necesarios adicionales elementos que permitan el convencimiento del fallador, siendo insustancial llevar el juicio, incluso hasta los alegatos de conclusi\u00f3n, como as\u00ed lo refiere el numeral 4 del art\u00edculo 607 del C.G.P. <\/p>\n
<\/p>\n
Efectivamente, el Ministerio P\u00fablico no present\u00f3 contradicciones al respecto, ni tampoco elev\u00f3 solicitud alguna sobre pruebas en esta causa, y, concluy\u00f3 conforme a la concesi\u00f3n del presente exequatur, por lo que considera esta Sala emitir fallo definitivo. <\/p>\n
<\/p>\n
4.- La resoluci\u00f3n de los conflictos es un asunto que ata\u00f1e a la administraci\u00f3n de justicia y, por tanto, solo pueden cumplir ese encargo quienes est\u00e9n autorizados expresamente por la ley para tales prop\u00f3sitos. Lo anterior, en la medida en que aspectos como el orden p\u00fablico resultan involucrados, particularmente, la soberan\u00eda Nacional. Esa premisa pone de relieve que en territorio patrio, solo las sentencias y\/o determinaciones equivalentes, emitidas por jueces o funcionarios nacionales, tienen efectos en Colombia. <\/p>\n
<\/p>\n
Esa directriz no es absoluta, pues debido a los principios de cooperaci\u00f3n y reciprocidad internacional, han llevado a alterar esa regla y, hoy por hoy, es posible que un fallo adoptado por un juez for\u00e1neo genere consecuencias dentro de nuestras fronteras. <\/p>\n
<\/p>\n
5.- Empero, por expreso mandato legal, esta \u00faltima posibilidad est\u00e1 supeditada al cumplimiento de varios requisitos y, principalmente, a la obtenci\u00f3n del exequ\u00e1tur. Dentro de este tr\u00e1mite, a su vez, debe acreditarse que en el pa\u00eds de donde proviene la decisi\u00f3n objeto de homologaci\u00f3n se brinda a las providencias de los juzgadores patrios un tratamiento similar, es decir, que all\u00ed, tambi\u00e9n, pueden ser cumplidos los pronunciamientos proferidos por los agentes del Estado facultados para ello. <\/p>\n
<\/p>\n
Ese precepto est\u00e1 regulado expresamente en el art\u00edculo 605 del C\u00f3digo General del Proceso, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
Las Sentencias y otras providencias que revistan tal car\u00e1cter, pronunciadas por autoridades extranjeras, en procesos contenciosos o de jurisdicci\u00f3n voluntaria, tendr\u00e1n en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese pa\u00eds, y en su defecto la que all\u00ed se reconozca a las proferidas en Colombia. <\/p>\n
<\/p>\n
La Corte se ha ocupado de esta exigencia y, de manera reiterada y constante, en varios pronunciamientos, ha plasmado que para otorgar valor a las decisiones for\u00e1neas: <\/p>\n
<\/p>\n
[\u2026] en primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el pa\u00eds. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia [\u2026] (G. J. t. LXXX, p\u00e1g. 464, CLI, p\u00e1g. 69, CLVIII, p\u00e1g. 78 y CLXXVI, p\u00e1g. 309, entre otras). <\/p>\n
<\/p>\n
Lo anterior significa, en primer lugar, que debe establecerse si entre los pa\u00edses involucrados existe un acuerdo o convenio sobre la suerte de las determinaciones que emiten sus funcionarios judiciales, en otros t\u00e9rminos, si ha sido regulado de manera directa y expresa por los propios Estados, la validez o no de las sentencias emitidas en uno u otro. En defecto de un tratado sobre el asunto, surge el imperativo de constatar la presencia de un texto legal alusivo al tema. En ese orden, acreditada la reciprocidad diplom\u00e1tica, la legislativa resulta innecesaria. <\/p>\n
<\/p>\n
6.- Pues bien, en el expediente aparece copia del Convenio celebrado el 30 de mayo de 1908 (Fl. 42), entre Espa\u00f1a y Colombia, referente a la ejecuci\u00f3n rec\u00edproca de sentencias, a trav\u00e9s del cual ambos Estados concertaron que las providencias civiles emitidas por los tribunales comunes serian ejecutadas en uno y otro pa\u00eds. <\/p>\n
<\/p>\n
7.- Dicho tratado supra fue aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante la Ley 7 de doce (12) de agosto de mil novecientos ocho (1908). Los \u00fanicos condicionamientos establecidos en el mencionado acuerdo se concentraron en que los fallos objeto de cumplimiento: \u00ab1. Sean definitivos y que est\u00e9n ejecutoriados como en derecho se necesitar\u00eda para ejecutarlos en el pa\u00eds en que se haya dictado; 2. Que no se opongan a las leyes vigentes en el Estado en que se solicite su ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Por consiguiente, habiendo pacto vigente entre las dos naciones se encuentra debidamente acreditada la reciprocidad diplom\u00e1tica, lo que excluye cualquier ensayo tendiente a demostrar la legislativa, como as\u00ed fue advertido en precedencia. Debe agregarse, que las dos condiciones establecidas en el pacto referido fueron acatadas a cabalidad, pues en el sumario aparece la constancia de que la decisi\u00f3n for\u00e1nea se encuentra ejecutoriada (Fls. 10 a 12). <\/p>\n
<\/p>\n
8.- Constatados esos requisitos procede, seguidamente, la verificaci\u00f3n de las restantes exigencias previstas en el art\u00edculo 606 de la norma procesal civil vigente, teniendo en cuenta: <\/p>\n
<\/p>\n
8.1.- Que se aport\u00f3 al expediente copia de la sentencia extranjera debidamente autenticada cumpliendo satisfactoriamente con lo estipulado en los c\u00e1nones 251 y 177 del C. G. P. <\/p>\n
<\/p>\n
8.2.- Que la controversia resulta no ser de competencia exclusiva de los jueces nacionales, toda vez que no hay norma que as\u00ed lo se\u00f1ale, ni se conoce de la existencia de un proceso que haya sido adelantado o se tramite por la misma causa en nuestro pa\u00eds. <\/p>\n
<\/p>\n
8.3.- Que la decisi\u00f3n no versa sobre derechos reales constituidos en bienes ubicados en territorio patrio. <\/p>\n
<\/p>\n
8.4.- Alusivo al orden p\u00fablico, otra de las condiciones necesarias para la viabilidad de la homologaci\u00f3n reclamada, cumple decir que la providencia for\u00e1nea, como qued\u00f3 rese\u00f1ado ata\u00f1e a un divorcio de matrimonio civil sin oposici\u00f3n alguna (mutuo acuerdo), cuyo an\u00e1lisis conduce a afirmar que no violenta aquellas prerrogativas, por lo que el ordenamiento fue acatado \u00edntegramente. <\/p>\n
<\/p>\n
En efecto, el mutuo acuerdo es una causal que, igualmente, el sistema patrio la contempla como determinante de divorcio (numeral 9 del art\u00edculo 6 de la ley 25 de 1992), y en ese orden, las partes siendo mayores de edad expresaron su voluntad para desvincularse del matrimonio vigente, sin vulnerar tampoco las prerrogativas de alguno de los c\u00f3nyuges durante el tr\u00e1mite observado, ni de sus hijos. <\/p>\n
<\/p>\n
9.- En ese orden, surge evidente que la comprobaci\u00f3n de los requisitos establecidos en la normativa General Civil (arts. 605 y siguientes), fueron cumplidos cabalmente por la interesada. <\/p>\n
10.- En conclusi\u00f3n, la validaci\u00f3n ser\u00e1 autorizada, orden\u00e1ndose la inscripci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, junto con la sentencia extranjera, en el respectivo registro del estado civil de los solicitantes. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley. <\/p>\n
<\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
<\/p>\n
PRIMERO: CONCEDER el exequ\u00e1tur al fallo proferido el 6 de abril de 2001 por el Juzgado de Primera Instancia No. 3 de Getxo – Bizkaia (Espa\u00f1a), a trav\u00e9s del cual se decret\u00f3 el divorcio entre los se\u00f1ores Gilberto Cruz Benavides y Mar\u00eda Cristina Chamizo Orozco. <\/p>\n
<\/p>\n
SEGUNDO: Para los efectos previstos en los art\u00edculos 6\u00ba, 106 y 107 del Decreto 1260 de 1970 y de conformidad con el art\u00edculo 13 del Decreto 1873 de 1971, se ordena la inscripci\u00f3n de esta providencia junto con la sentencia reconocida, en el registro civil de matrimonio y nacimiento de los c\u00f3nyuges. Por Secretar\u00eda l\u00edbrense las comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
<\/p>\n
TERCERO: Sin costas en la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
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<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
7 <\/p>\n
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