SC776-2021 (2002-00609-01)_1<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC776-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-31-03-013-2002-00609-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintinueve de octubre de dos mil veinte) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., quince (15) de marzo de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Hugo Correa Uribe contra la sentencia del 24 de marzo de 2015, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, en el proceso ordinario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (o ICBF) frente el recurrente. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
Con demanda repartida al Juzgado 13 Civil de Circuito de Medell\u00edn, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pretende que, frente a Hugo Correa Uribe, se declare que este, poseedor violento y de mala fe de su inmueble presentado en el libelo, sea condenado a restitu\u00edrselo, con las cosas que forman parte de la heredad o que se reputan inmuebles por la conexi\u00f3n con ella, junto con sus frutos naturales y civiles, y deterioros seg\u00fan tasaci\u00f3n pericial. <\/p>\n
B. Fundamentos de hecho <\/p>\n
Explica la demandante que es propietaria del inmueble denominado \u201cLa Loma\u201d, o \u201cLas Piedras\u201d, ubicado en la fracci\u00f3n de San Crist\u00f3bal del municipio de Medell\u00edn y descrito por sus linderos. Y que lo adquiri\u00f3 por adjudicaci\u00f3n en la sucesi\u00f3n de Federico Barrientos Uribe, aprobada mediante sentencia del Juzgado Sexto de Familia de Medell\u00edn del 12 de agosto de 1996, y registrada el 9 de abril de 1997 en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n.\u00b0 01N-I 72417. <\/p>\n
Que el causante de la sucesi\u00f3n, Federico Barrientos Uribe, lo hab\u00eda adquirido, por una parte por compra a Olga Villegas de Uribe, mediante escritura p\u00fablica n\u00b0 2668 del 25 de septiembre de 1981 otorgada en la Notar\u00eda 15 de Medell\u00edn y registrada el 5 de febrero de 1982; y, por otra parte, por compra a Zapata Hermanos Colocadores de Seguros Ltda., por escritura 959 del 20 de julio de 1982, otorgada en la Notar\u00eda 14 de Medell\u00edn y registrada el 7 de septiembre de 1982, las dos en el referido folio de matr\u00edcula. <\/p>\n
Que el ICBF fue reconocido como heredero \u00fanico en la sucesi\u00f3n de Federico Barrientos Uribe, inicialmente testada, pero intestada despu\u00e9s, en virtud de anulaci\u00f3n judicial del testamento. Obtenida la adjudicaci\u00f3n del inmueble, durante su diligencia de entrega en noviembre de 1997, se opuso el demandado alegando ser poseedor material, por lo que, despu\u00e9s de prolongada actuaci\u00f3n, el Tribunal Superior de Medell\u00edn le reconoci\u00f3 dicha condici\u00f3n, que Correa demostr\u00f3 con prueba testimonial. Pero su tenencia, desde 1985, deriva de un permiso para hacer una explotaci\u00f3n minera y luego para efectuar cultivos en el referido inmueble, tenencia que ahora ha trocado en posesi\u00f3n. <\/p>\n
Que, en diligencia del 24 de marzo de 2000 ante el Inspector Segundo Especializado de Medell\u00edn, el interpelado se comprometi\u00f3 a restituir el inmueble en el plazo se\u00f1alado hasta el 24 de abril, pero lo incumpli\u00f3. <\/p>\n
C. Posici\u00f3n del demandado <\/p>\n
Apersonado del proceso, en tiempo (fls. 34 a 52, c. 1) el convocado se opuso a la prosperidad de las pretensiones con las excepciones que denomin\u00f3 \u201cel ICBF no es propietario ni el poseedor del inmueble que se pretende reivindicar\u201d y \u201creclamaci\u00f3n de mejoras y derecho de retenci\u00f3n\u201d. En lo fundamental, adujo que el Instituto demandante no ha sido ni es el propietario del bien que pretende reivindicar por cuanto el t\u00edtulo sobre el cual funda su propiedad es inexistente o falso, as\u00ed est\u00e9 inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos. Explic\u00f3: <\/p>\n
1. Que mediante escritura 2668 del 25 de septiembre de 1981, de la Notar\u00eda 15\u00aa de Medell\u00edn, la se\u00f1ora Olga Villegas de Uribe y Liliam Villegas de G\u00f3mez, y la Administradora San Fernando Ltda. transfirieron en com\u00fan y en proindiviso, a t\u00edtulo de venta y por iguales partes, el inmueble trabado en la litis, a los se\u00f1ores Federico y Juan Barrientos Uribe, habi\u00e9ndose registrado la escritura en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 01N-I 72417. <\/p>\n
2. Que por escritura 5980 del 28 de diciembre de 1981, otorgada en la Notar\u00eda 5\u00aa de Medell\u00edn, y registrada en el mencionado folio de matr\u00edcula, Juan Barrientos transfiri\u00f3 a t\u00edtulo de venta a la sociedad Zapata Hermanos Colocadores de Seguros Ltda. su cuota del derecho real de dominio. <\/p>\n
3. Y que por escritura 956 del 30 de julio de 1982, de la Notar\u00eda 14\u00aa de Medell\u00edn, y registrada en el aludido folio de matr\u00edcula, la mencionada sociedad Zapata Hermanos Colocadores de Seguros Ltda. transfiri\u00f3 al finado Federico Barrientos Uribe, a t\u00edtulo de venta, el derecho (la mitad proindiviso) que dijo haber adquirido de Juan Barrientos Uribe. <\/p>\n
Mas, si bien parece normal la cadena de traspasos, lo cierto es que como Juan Barrientos Uribe no estuvo en la notar\u00eda 5\u00aa de Medell\u00edn, ni fue la persona que suscribi\u00f3 la escritura p\u00fablica 5980 del 28 de diciembre de 1981, en la que dice haber vendido el derecho a la sociedad Zapata Hermanos Colocadores de Seguros Ltda., no hizo negocio alguno, no transfiri\u00f3 su derecho a la sociedad, ni \u00e9sta a Federico Barrientos. Y, por ende, no pudo tampoco el ICBF heredarlo de este. <\/p>\n
Inexistente la escritura 5980, concluye el interpelado que el ICBF no es propietario ni poseedor porque los inscritos en el folio como due\u00f1os ser\u00edan Juan Barrientos Uribe y Federico Barrientos Uribe. Reitera: no fue Juan Barrientos la persona que suscribi\u00f3 esa escritura por lo que el Instituto, prevalido de un documento viciado de nulidad absoluta, no puede resultar adjudicatario de la integridad del predio, sin que previamente se liquiden los derechos de cada comunero en el bien com\u00fan. <\/p>\n
D. Primera instancia <\/p>\n
La clausur\u00f3 el juzgado de conocimiento con sentencia fechada el 29 de enero de 2007 (fls. 126 a 130 vto., c. 1), en la que deneg\u00f3 las pretensiones porque la parte actora no pudo desvirtuar la presunci\u00f3n de due\u00f1o que favorece al poseedor (art\u00edculo 762 del C\u00f3digo Civil), en tanto el tiempo de posesi\u00f3n de este fue mayor que el de la adquisici\u00f3n del t\u00edtulo de aquel. <\/p>\n
E. Segunda instancia <\/p>\n
Ambas partes apelaron. La demandante para insistir en su pretensi\u00f3n reivindicatoria, porque, en primer lugar los elementos de dicha acci\u00f3n estaban demostrados y en ellos no juega ning\u00fan rol el tiempo mayor de posesi\u00f3n, como lo supuso la juez de primera instancia; y en segundo lugar porque como la herencia se le defiri\u00f3 desde la muerte de Federico, demuestra un tiempo mayor de posesi\u00f3n, la posesi\u00f3n fue violenta y no hay prueba de la interversi\u00f3n del t\u00edtulo. Y la parte resistente, porque el ICBF no es propietario dado que deriva su derecho de unos t\u00edtulos espurios. <\/p>\n
El Tribunal, con base en las razones que luego se resumir\u00e1n, revoc\u00f3 la sentencia apelada, y en su lugar accedi\u00f3 a la pretensi\u00f3n reivindicatoria, con orden al demandado de devolver la heredad a la entidad actora en los 30 d\u00edas siguientes al auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior. <\/p>\n
Adem\u00e1s, declar\u00f3 impr\u00f3spera la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n, as\u00ed como la tacha de falsedad de la escritura p\u00fablica 5980 del 28 de diciembre de 1981. Conden\u00f3 al demandado a pagar a favor del ICBF $725.080.797 por concepto de frutos civiles y a \u00e9ste a pagarle a aquel $24.591.650 por expensas necesarias. A reconocerle al demandado el derecho a retirar los materiales empleados en la construcci\u00f3n de mejoras \u00fatiles y voluptuarias, en caso de que el ICBF reh\u00fase abonarle el valor -actualizado- fijado para los materiales por parte de los peritos. Dispuso que el ICBF contara con 10 d\u00edas para manifestarse y Hugo Correa Uribe con 30 para retirar los materiales si aquel declina su pago. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Despu\u00e9s del resumen del proceso, de los alegatos del demandante y de amplia transcripci\u00f3n jurisprudencial, referida a la prescripci\u00f3n, la posesi\u00f3n, la mera tenencia, la acci\u00f3n reivindicatoria y las prestaciones mutuas, arriba el Tribunal al caso concreto, comenzando por precisar lo que ambas partes formularon en la alzada: la demandante, la revocatoria de la sentencia y el acogimiento de su pretensi\u00f3n reivindicatoria. Y la demandada, la modificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de primera instancia en el sentido de que se acoja la tacha de falsedad y consecuencialmente la nulidad de la escritura p\u00fablica 5980 del 28 de diciembre de 1981, otorgada en la Notar\u00eda 5\u00aa de Medell\u00edn, con la cual Juan Barrientos Uribe transfiri\u00f3 el dominio del inmueble objeto de reivindicaci\u00f3n a la sociedad Zapata Hermanos. <\/p>\n
Determina entonces que lo l\u00f3gico es verificar si en el caso concurren los elementos necesarios para acceder a la pretensi\u00f3n reivindicatoria, \u201cdeterminando dentro de ellos, si era procedente declarar pr\u00f3spera la tacha de falsedad impetrada por el demandado\u201d (f. 64, c. 7). <\/p>\n
Bajo el ep\u00edgrafe \u201ccosa singular reivindicable e identidad entre lo pedido y lo pose\u00eddo\u201d, constata que la individualizaci\u00f3n del inmueble fue aceptada por la parte demandada, a la vez que corroborada en la inspecci\u00f3n judicial y en el dictamen pericial. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el \u201cderecho de dominio del demandante\u201d, el Tribunal memora que el t\u00edtulo exhibido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar proviene de una sentencia con la cual se aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n en que le fue adjudicado el bien litigado. Constata que la actora aport\u00f3 tanto la copia aut\u00e9ntica del trabajo de adjudicaci\u00f3n como la sentencia aprobatoria expedida por el Juzgado 6\u00ba de Familia de Medell\u00edn del 12 de agosto de 1996 y la copia de la escritura en que se protocoliz\u00f3 el proceso de sucesi\u00f3n del se\u00f1or Federico Barrientos Uribe del que deriva su derecho. Asimismo, verifica la inscripci\u00f3n de esa adjudicaci\u00f3n en el certificado de tradici\u00f3n del inmueble correspondiente al folio 01N-I 72417. <\/p>\n
Expresa que, en ese documento, consta que el predio objeto de reivindicaci\u00f3n fue adquirido por Federico Barrientos en un 50%, por compra efectuada a Olga Villegas Uribe (escritura 2668 de 1981, notar\u00eda 15 de Medell\u00edn, anotaci\u00f3n 9) y, en el otro 50%, por compra que le hiciera a la sociedad Zapata Hermanos Colocadores de Seguros Ltda. (escritura 959 de 1982, notar\u00eda 14 de Medell\u00edn, anotaci\u00f3n 11). <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, precisa que la adjudicaci\u00f3n en el proceso de sucesi\u00f3n, la inscripci\u00f3n de esta en la Oficina de Registro y la escritura 959 no fueron objetadas en el proceso, por lo que el derecho de dominio del ICBF est\u00e1 consolidado en un 100%, desde el momento en que el causante Federico Barrientos Uribe pas\u00f3 a ser due\u00f1o de todo el inmueble, \u201co sea, desde el 30 de julio de 1982, tiempo anterior a la posesi\u00f3n que dice ejercer el se\u00f1or Hugo Correa Uribe\u201d. Respecto de esta conclusi\u00f3n vale la pena insistir: para el Tribunal la propiedad de ICBF ser\u00eda anterior a la pretendida posesi\u00f3n del Se\u00f1or Correa. <\/p>\n
Tal aserto lo fundamenta en lo previsto en los art\u00edculos 1013 y 1401 del C\u00f3digo Civil. Y en jurisprudencia nacional, porque trat\u00e1ndose de adquisici\u00f3n de dominio por el modo de sucesi\u00f3n por causa de muerte, el t\u00edtulo proviene de la ley y el modo se perfecciona con la inscripci\u00f3n del trabajo de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de la herencia en la oficina de registro, entendi\u00e9ndose que el heredero o legatario tiene la calidad de tal, desde la muerte del de cujus -acaecida el 17 de octubre de 1982- cuando se le defiri\u00f3 la herencia, momento desde el cual es continuador, sin interrupci\u00f3n alguna, de los derechos del causante. <\/p>\n
Remarca que, en la acci\u00f3n reivindicatoria, el demandante debe desvirtuar la presunci\u00f3n de propietario que ostenta el poseedor, en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 762 del C\u00f3digo Civil, con los elementos probatorios que alteren tal creencia, y demuestren que sus t\u00edtulos son anteriores a la posesi\u00f3n, todo ello con apoyo en precedente jurisprudencial y en doctrina nacional. <\/p>\n
A partir del anterior esquema conceptual, constata que el dominio en cabeza de la parte demandante fue acreditado desde una fecha anterior (1982) a la posesi\u00f3n alegada por la parte accionada (1985), con lo cual estima innecesario el examen de los t\u00edtulos antecedentes, pues es tercero de buena fe que adquiri\u00f3 conforme a la ley de quien aparec\u00eda con t\u00edtulo de dominio debidamente inscrito en el registro p\u00fablico. <\/p>\n
En especial, respecto de la escritura 5980 del 28 de diciembre de 1981 otorgada en la Notar\u00eda 5\u00aa de Medell\u00edn, con la cual Juan Barrientos Uribe transfiri\u00f3 a Zapata Hermanos Colocadores de Seguros Ltda., el 50% del inmueble objeto del presente proceso. Y aunque este t\u00edtulo fuese nulo, dice el Tribunal, tal declaraci\u00f3n no puede hacerla en este proceso porque las partes en esa compraventa son diferentes de las vinculadas en esta litis, no otorgaron dicho instrumento, no lo firmaron y no es \u00e9ste el t\u00edtulo de adquisici\u00f3n del derecho de Federico Barrientos, a quien le sucedi\u00f3 el ICBF, a m\u00e1s de que el poseedor carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar los t\u00edtulos que anteceden a su posesi\u00f3n. Y agrega: \u201csi en gracia de discusi\u00f3n se aceptara que la adquisici\u00f3n del restante cincuenta por ciento (50%) del inmueble, estuviese afectada de nulidad, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a\u00fan tendr\u00eda legitimaci\u00f3n para deprecar la reivindicaci\u00f3n del bien, por ser due\u00f1o del cincuenta por ciento (50%) del mismo\u201d (f. 68, to., c. 7). <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la calidad de poseedor del demandado, recuerda el Tribunal que, para el Instituto, el interpelado Hugo Correa Uribe recibi\u00f3 autorizaci\u00f3n de quienes entonces eran administradores o albaceas de la herencia dejada por Federico Barrientos, para realizar labores de miner\u00eda y agricultura desde 1985. Y que, cuando en noviembre de 1997 tuvo lugar la diligencia de entrega, ese demandado se opuso al alegar posesi\u00f3n, con lo cual intervirti\u00f3 el t\u00edtulo de mero tenedor al de poseedor en esa \u00faltima fecha. Poseedor de mala fe que est\u00e1 obligado entonces a restituir los frutos naturales y civiles en los t\u00e9rminos de ley. <\/p>\n
Tambi\u00e9n memora que Hugo Correa Uribe alega que su calidad de poseedor data de 1984, cuando empez\u00f3 a adecuar y explotar con agricultura la heredad, estableciendo finalmente all\u00ed un hogar para ancianos. <\/p>\n
Entonces, infiere el Tribunal que, para el 14 de agosto de 2002, cuando se impetr\u00f3 la demanda de este pleito, el demandado ostentaba la calidad de poseedor. Y que la discusi\u00f3n estriba en saber cu\u00e1ndo intervirti\u00f3 su t\u00edtulo de tenedor. Con miras a dilucidarlo, pasa revista a tres grupos de testimonios. <\/p>\n
El primero, que corresponde a los recaudados en la tercera parte de la diligencia de entrega realizada por la Inspecci\u00f3n 2\u00aa Especializada de Medell\u00edn el 19 de julio de 2001. El segundo, referido a los recibidos por el Juzgado 6\u00ba de Familia de Medell\u00edn dentro del incidente de oposici\u00f3n a la entrega, del 1\u00ba y 2 de octubre de 2001. Y el tercero, que lo conforman los obtenidos en este proceso. Puntualiza que en los dos primeros -que obran como prueba trasladada- fueron debidamente incorporados a este proceso y las partes tuvieron oportunidad de controvertirlos. Y, en referencia al \u00faltimo grupo, los habr\u00e1 de tener en cuenta no obstante la tacha de sospecha formulada por la parte actora, \u201cporque a pesar de existir v\u00ednculos laborales con el demandado, ilustran en forma clara, concreta y conteste, de los actos ejecutados por este sobre la finca\u201d (f. 70)1. <\/p>\n
Luego de destacar pasajes de esas declaraciones, el Tribunal indica que tres deponentes ubican al demandado ejecutando actos de se\u00f1or y due\u00f1o desde 1984. Otro grupo lo sit\u00faa iniciando la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica entre los a\u00f1os de 1987 y 1989. Y otro, as\u00ed como el demandado en su contestaci\u00f3n, dicen que \u00e9ste inici\u00f3 su posesi\u00f3n a finales de 1984. <\/p>\n
De otra parte, el juzgador colegiado se\u00f1ala que la \u00fanica expresi\u00f3n clara de la calidad de poseedor vino a ser emitida el 7 de noviembre de 1997, cuando en la diligencia de entrega de los bienes de la sucesi\u00f3n de Federico Barrientos el demandado formul\u00f3 oposici\u00f3n. All\u00ed dijo su abogado que desde 1985 el demandado era poseedor. <\/p>\n
De todo este an\u00e1lisis, infiere que los actos de explotaci\u00f3n de la finca mediante actividades de miner\u00eda, all\u00e1 en noviembre de 1985, los hizo el demandado con autorizaci\u00f3n del mayordomo. Y, por ende, no son actos de poseedor; que la interversi\u00f3n del t\u00edtulo acaeci\u00f3 cuando no obtuvo resultados en la b\u00fasqueda de oro y cambi\u00f3 la vocaci\u00f3n de la finca, cultiv\u00e1ndola, en noviembre de 1987. <\/p>\n
Por tanto, al ser procedente la reivindicaci\u00f3n seg\u00fan las explicaciones que antes hab\u00eda expuesto, el juzgador colegiado pasa a estudiar el reconocimiento de las prestaciones mutuas, para lo cual tiene en cuenta que el demandado ingres\u00f3 a explotar la finca \u201cLas Piedras\u201d con autorizaci\u00f3n de los administradores, dinamitando el terreno, m\u00e1s no como adecuaci\u00f3n para agricultura, sino para miner\u00eda, actividad que transcurri\u00f3 por dos a\u00f1os aproximadamente. <\/p>\n
Luego de memorar lo acontecido con ocasi\u00f3n del fallecimiento del propietario de la finca, Federico Barrientos, en 1985, del ingreso de Hugo Correa a la heredad por permiso de uno de los hermanos Zapata, indica el Tribunal que el demandado era conocedor de que ese inmueble ten\u00eda propietario pues pidi\u00f3 autorizaci\u00f3n a sus administradores para entrar a explotarlo y durante dos a\u00f1os reconoci\u00f3 dominio ajeno. Por ello, ubica el inicio de la posesi\u00f3n en noviembre de 1987. Y la califica de mala fe, porque no lo hizo con la conciencia de haberla adquirido por medios leg\u00edtimos, exentos de fraude y de todo otro vicio. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con las expensas y mejoras, dice que fueron acreditadas con testimonios (Mu\u00f1oz Cardona, Rodrigo de Jes\u00fas Torres Correa, Jes\u00fas Antonio Arango Villa, Jos\u00e9 Roberto G\u00f3mez Aguirre, Gildardo de Jes\u00fas Agudelo Ospina, Luis Eduardo de Jes\u00fas Rodr\u00edguez Tob\u00f3n, Nolasco Alfredo Naranjo Aguirre y H\u00e9ctor Dar\u00edo Uribe Cano), que se refirieron a la adecuaci\u00f3n f\u00edsica del terreno, cercas, potreros, embaldosada, cementada, arreglos de la casa principal, cultivos, pastos, terrapl\u00e9n para capilla, templete y oratorio. Dice que ninguno se refiri\u00f3 a la ampliaci\u00f3n de la servidumbre, ni a la construcci\u00f3n de rieles que conducen de la carretera a la casa principal. Tambi\u00e9n se asevera lo siguiente: como no se tienen soportes probatorios no pueden ser reconocidos. <\/p>\n
Acude al dictamen pericial, en que los peritos incluyeron el sistema de riego y unos tanques. Empero, razona el Tribunal que tales mejoras no fueron alegadas por el accionado, ni fueron mencionadas por los testigos. <\/p>\n
Precisa que s\u00f3lo tienen la naturaleza de expensas necesarias, las cercas y las reformas para la conservaci\u00f3n y mantenimiento de la casa principal. Y que en relaci\u00f3n con las casas auxiliares no existe ninguna acreditaci\u00f3n. Sobre dichas expensas necesarias acoge su tasaci\u00f3n pericial en $17.051.484, los que, actualizados a la fecha del fallo del Tribunal, arrojan la suma de $24.591.650 a cargo del ICBF y en favor del demandado. <\/p>\n
En lo concerniente a las mejoras \u00fatiles (pesebreras, marranera, ramada), explica que como no pueden ser reconocidas al poseedor de mala fe este solo tendr\u00e1 derecho a llevarse los materiales, siempre que pueda separarlos sin detrimento de la cosa reivindicada y que el propietario reh\u00fase pagar el precio que tendr\u00edan dichos materiales despu\u00e9s de separados. <\/p>\n
Califica de mejoras voluptuarias la construcci\u00f3n de la capilla, el templete y el oratorio, pues no aumentan significativamente el valor del bien y corresponden m\u00e1s a un gasto suntuario que a uno destinado a la vocaci\u00f3n agraria del inmueble. <\/p>\n
Ya al final, indica que para hacer efectivos los derechos de las partes, habr\u00e1 de concederle diez d\u00edas al ICBF para que comunique al juez de primer grado, si paga el precio de los materiales empleados para la construcci\u00f3n de dichas mejoras, en la forma individualizada en el dictamen pericial, actualizado -con la compensaci\u00f3n correspondiente entre las condenas-. Si reh\u00fasa pagar el valor, el demandado contar\u00e1 con 30 d\u00edas para retirarlos, sin detrimento del inmueble. <\/p>\n
En cuanto a los cultivos, por ser temporales, explica que no pueden ser reconocidos como mejoras. Y los pastos, que s\u00ed son de car\u00e1cter permanente, no pueden ser retirados del inmueble porque comportar\u00eda un grave deterioro de este. Y como la condena al pago de los frutos supera notoriamente el de las mejoras, le niega a Hugo Correa el derecho de retenci\u00f3n. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N. CARGO \u00daNICO <\/p>\n
Con sustento en la causal primera de casaci\u00f3n, se acusa la sentencia del Tribunal de violar directamente los art\u00edculos 742, 752, 766, 762, 768, 946, 947, 949, 950, 952, 961, 963, 964, 965, 966, 1634, 1766 y 2531 del C\u00f3digo Civil, 8\u00ba de la Ley 153 de 1887 y los preceptos 289, 290 y 306 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que fue el vigente en el transcurso del proceso. <\/p>\n
El impugnante persigue una casaci\u00f3n parcial, pues afirma que el Tribunal debi\u00f3 acoger la pretensi\u00f3n reivindicatoria de s\u00f3lo la mitad del inmueble, en vista de que, sobre la otra parte, el actor no pudo demostrar ser el propietario, fincado todo en una cadena de argumentos que parten de la base de que el poseedor demandado, contrario a lo que el Tribunal arguy\u00f3, s\u00ed est\u00e1 legitimado para controvertir t\u00edtulos de adquisici\u00f3n del bien ra\u00edz anteriores al inicio de su posesi\u00f3n. <\/p>\n
Memora, en efecto que el Tribunal, en el ac\u00e1pite correspondiente a lo que titul\u00f3 como \u201cderecho de dominio del demandante\u201d, asever\u00f3 que como estaba acreditado el se\u00f1or\u00edo del actor desde una fecha anterior (1982) a la posesi\u00f3n alegada por la demandada (1985), resultaba innecesario el examen de los t\u00edtulos anteriores, como uno de 1981 redarg\u00fcido por falso, entre otras porque frente a terceros de buena fe, deb\u00eda protegerse su adquisici\u00f3n conforme a la ley de manos de quien aparec\u00eda con t\u00edtulo de dominio debidamente inscrito en el registro p\u00fablico. <\/p>\n
Con base en lo anterior se propone el impugnante desvirtuar los tres pilares que encuentra en los argumentos del Tribunal, esto es, \u201c(i) que en el proceso de reivindicaci\u00f3n siempre le basta al demandante probar que su t\u00edtulo de propiedad es anterior a la posesi\u00f3n del demandado para darle prosperidad; (ii) que el poseedor demandado no puede cuestionar el dominio del demandante, impugnando los t\u00edtulos de sus causantes; y (iii) que se debe proteger al tercero de buena fe, que adquiri\u00f3 el dominio \u00abde quien aparec\u00eda con t\u00edtulo de dominio debidamente inscrito en el registro p\u00fablico\u00bb\u201d (f. 23, c. Corte). <\/p>\n
A. Primer yerro jur\u00eddico: Que en el proceso de reivindicaci\u00f3n siempre basta al demandante probar que su t\u00edtulo de propiedad es anterior a la posesi\u00f3n del demandado para la prosperidad de su pretensi\u00f3n. <\/p>\n
Manifiesta el recurrente que este aserto se deriva del hecho de que el Tribunal, a pesar de la discusi\u00f3n planteada por el demandado, se abstuvo de dilucidar si el demandante era verdadero due\u00f1o al considerarla improcedente porque el t\u00edtulo era anterior a la posesi\u00f3n. <\/p>\n
Explica que cuando se opone un t\u00edtulo de dominio a una posesi\u00f3n posterior se le da prosperidad a la reivindicaci\u00f3n, en tanto se presume que quien aparece inscrito como due\u00f1o, tiene en realidad tal condici\u00f3n. Pero se trata de una presunci\u00f3n desvirtuable, que entra a examinarse cuando el poseedor discute la existencia real de ese dominio arg\u00fcido por el reivindicador, dado que se trata de un elemento axiol\u00f3gico de la reivindicaci\u00f3n, previsto en el art\u00edculo 950 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
En prueba de dicho aserto, reproduce segmentos de jurisprudencia de esta Sala (sentencias de 2 de diciembre de 1970 y 21 de febrero de 1991), que aluden a que tal prevalencia del t\u00edtulo frente a la posesi\u00f3n \u201cen principio\u201d se aplica, salvo por ejemplo, cuando el t\u00edtulo es inexistente o nulo absolutamente, cuesti\u00f3n dilucidada, por lo dem\u00e1s, en sentencias del 26 de septiembre de 1929, o en la de 24 de julio de 1954, en fracciones pertinentes que tambi\u00e9n transcribe, acentuando su afirmaci\u00f3n con jurisprudencia y doctrina francesas. <\/p>\n
Recuerda que seg\u00fan el art\u00edculo 762 del C\u00f3digo Civil, el poseedor es reputado due\u00f1o mientras otra persona no justifique serlo, lo que significa que la presunci\u00f3n de dominio recae en el poseedor, de buena o de mala fe. Y s\u00f3lo la puede desvirtuar el due\u00f1o -y no quien s\u00f3lo en apariencia detente esa condici\u00f3n-. Que, conforme al art\u00edculo 742, para que la tradici\u00f3n sea v\u00e1lida debe ser hecha voluntariamente por el tradente o por su representante. Y seg\u00fan el 752, si el tradente no es el verdadero due\u00f1o de la cosa que se entrega por \u00e9l o a su nombre, no se adquieren por medio de la tradici\u00f3n otros derechos que los transmisibles del mismo tradente. <\/p>\n
Arguye que tales preceptos fueron violados por el Tribunal al omitirlos en su argumentaci\u00f3n y con los cuales hubiera entendido que cuando el propietario que formalmente aparece inscrito adquiri\u00f3 el bien de quien no era due\u00f1o, no se le puede reconocer tal condici\u00f3n jur\u00eddica. Y de lo dicho fluye entonces que el poseedor demandado tiene inter\u00e9s en desvirtuar la condici\u00f3n de propietario que alega el reivindicador, cuestionando los t\u00edtulos precedentes. <\/p>\n
B. Segundo yerro jur\u00eddico: Que el poseedor demandado no tiene inter\u00e9s en discutir el dominio del demandante, impugnando los t\u00edtulos de sus causantes. <\/p>\n
Recuerda el censor que en relaci\u00f3n con la tacha de falsedad que formul\u00f3 el poseedor demandado a la escritura 5980 del 28 de diciembre de 1981, por la cual la sociedad Zapata Hermanos Colocadores de Seguros Ltda. transfiri\u00f3 el 50% del dominio del inmueble litigado, a Federico Barrientos, causante del ICBF, el Tribunal expres\u00f3 que no la pod\u00eda dejar sin efecto porque: (i) las partes de ese contrato eran diferentes de las de este proceso, (ii) la escritura tachada de falsa no fue el t\u00edtulo de adquisici\u00f3n de Federico Barrientos, (iii) no fue suscrita por ninguna de las partes del proceso y fue aportada con la contestaci\u00f3n de la demanda, (iv) el poseedor carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar t\u00edtulos antecedentes a su posesi\u00f3n dado que \u00e9sta se ejerce contra el actual propietario y es respecto de este que se debe acreditar actos de se\u00f1or y due\u00f1o. <\/p>\n
Pero, en opini\u00f3n del censor, como el poseedor demandado tiene un inter\u00e9s cierto en demostrar que el demandante no es due\u00f1o, pues \u00e9ste es el primer supuesto para la prosperidad de la acci\u00f3n reivindicatoria (salvo la publiciana), puede retrotraerse a t\u00edtulos precedentes. Y si bien el demandante no tiene que demostrar el dominio de sus antecesores, el poseedor s\u00ed puede discutirlo, alegando que el t\u00edtulo de adquisici\u00f3n entra\u00f1a una situaci\u00f3n de ineficacia estructural, como cuando el mismo es inexistente o est\u00e1 viciado de nulidad absoluta. <\/p>\n
En consecuencia, tiene inter\u00e9s el demandado en tachar de falsa la escritura p\u00fablica 5980 de 1981 con la cual Juan Barrientos transfiri\u00f3 a la sociedad Zapata Hermanos Colocadores de Seguros Ltda. el 50% del inmueble objeto del proceso, que luego transfiri\u00f3 a Federico Barrientos, causante del ICBF, pues al demostrarlo surge la inexistencia del contrato de compraventa, que impide la adquisici\u00f3n del dominio por el comprador y por los sucesores. En consecuencia, exist\u00edan los presupuestos de fondo para resolver la tacha de falsedad, pues conforme al art\u00edculo 289 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, no se admite dicha tacha cuando el documento carezca de influencia en la decisi\u00f3n o se trate de un documento privado no firmado o manuscrito por la parte a quien perjudica, y este es un documento que es p\u00fablico y tiene influencia en la decisi\u00f3n. A su vez, conforme al art\u00edculo 290, la tacha se decide en la sentencia. Conforme al 306, si se propone la excepci\u00f3n de nulidad y no son partes quienes lo fueron en el acto nulo, el juez se limitar\u00e1 a declarar si es fundada o no fundada, situaci\u00f3n que es aplicable a la inexistencia. <\/p>\n
C. Tercer yerro jur\u00eddico: Que se debe proteger al tercero de buena fe, que adquiri\u00f3 el dominio de quien aparec\u00eda con t\u00edtulo de dominio debidamente inscrito en el registro p\u00fablico. <\/p>\n
Seg\u00fan el censor, el Tribunal invoca la teor\u00eda de la apariencia, pero lo hace de modo incompleto -y por tanto equivocado-, dado que no tiene en consideraci\u00f3n que la buena fe no es el \u00fanico presupuesto que debe concurrir para efectos de la tutela de dicho tercero. <\/p>\n
Al punto recuerda que \u201cla teor\u00eda de la apariencia tiene como sustento el respeto del derecho de un tercero, adquirido por la situaci\u00f3n an\u00f3mala dif\u00edcil de reconocer, que de aplicarse las normas comunes, impedir\u00eda su reconocimiento\u201d (f. 36, c. Corte). El comportamiento del tercero debe ser diligente y por ello se exige que el error en que incurri\u00f3 el tercero sea invencible. En prueba de lo cual, el censor acude a doctrina nacional y jurisprudencia de la Corte, en cuanto que \u00e9sta exige que la buena fe en los casos de la apariencia debe estar amparada por un error com\u00fan o por lo menos un error invencible, uno que no podr\u00eda haberse superado empleando diligencia y cuidado razonables. <\/p>\n
En consecuencia, el Tribunal debi\u00f3 haber analizado la buena fe de la parte demandante, su diligencia y cuidado con la que debi\u00f3 haber procedido, sin limitarse s\u00f3lo a afirmar que la entidad demandante era un tercero de buena fe, omitiendo entonces valorar si obrando con diligencia y cuidado hubiera sido posible que el causante del ICBF descubriera que el t\u00edtulo era falso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El art\u00edculo 946 del C\u00f3digo Civil define la acci\u00f3n de dominio o reivindicaci\u00f3n como la que tiene el due\u00f1o de una cosa singular, de que no est\u00e1 en posesi\u00f3n, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla. A partir de all\u00ed, la jurisprudencia, en forma reiterada, ha dejado establecido que para su prosperidad es menester que concurran los siguientes elementos esenciales, tradicionalmente denominados como axiol\u00f3gicos: a) derecho de dominio en cabeza del actor, b) que el demandado tenga la posesi\u00f3n del bien objeto de la reivindicaci\u00f3n, c) que haya identidad entre el bien pose\u00eddo por el demandado y aqu\u00e9l del cual es propietario el demandante; y d) que se trate de cosa singular o cuota proindiviso en cosa singular. <\/p>\n
Y como seg\u00fan el art\u00edculo 762 de la misma obra, el poseedor es reputado due\u00f1o mientras otra persona no justifique serlo, el reivindicador debe desvirtuar la presunci\u00f3n anotada, acreditando que es el due\u00f1o de la cosa objeto de litis y que tiene un mejor derecho frente al demandado poseedor. Por supuesto, \u00e9ste a su vez, en ejercicio de su derecho constitucional de defensa, puede, entre otras posturas, debilitar o frenar la pretensi\u00f3n bien con la formulaci\u00f3n de excepciones de m\u00e9rito que enerven el derecho o ya controvirtiendo la existencia de cualquiera de esos elementos esenciales. <\/p>\n
El cargo formulado por el impugnante gira en torno al alcance de esa \u00faltima defensa que puede esgrimir el poseedor demandado, precisamente en lo tocante al dominio del bien litigado en cabeza del actor. \u00bfPodr\u00e1 remontarse el demandado al pasado para pedir que se examinen los t\u00edtulos que en la cadena de traspasos preceden al del reivindicador, de modo que, por encontrar uno de esa serie viciado (por nulo, falso, inexistente, etc.) le comprometa su condici\u00f3n de propietario porque imposibilite que el bien ra\u00edz objeto de la causa litigiosa le haya sido eficazmente transferido? Algunos han pensado que s\u00ed est\u00e1 legitimado en la causa porque como \u201cnadie puede transmitir m\u00e1s derecho del que tiene\u201d, si un t\u00edtulo traslaticio anterior es ineficaz, el accipiens no ha podido recibir lo que quer\u00eda, ni podr\u00e1 tampoco transferirlo, a resultas de lo cual el reivindicador que con esas anomal\u00edas adquiri\u00f3, no tendr\u00eda entonces la calidad de due\u00f1o, requisito \u00e9ste que es el p\u00f3rtico al ejercicio de la acci\u00f3n de dominio. <\/p>\n
Pero la Corte, en multitud de providencias ha consagrado otra soluci\u00f3n, pues ha indicado, entre otras muchas oportunidades: <\/p>\n
En 1936: <\/p>\n
Desde anta\u00f1o, \u201cal due\u00f1o que quiere demostrar propiedad, ha dicho la Corte, le toca probar su derecho, pero exhibido el t\u00edtulo no hay por qu\u00e9 exigirle la prueba del dominio de su causante, cuando la fecha del registro de tal t\u00edtulo es anterior a la posesi\u00f3n del reo. Si se pide esa demostraci\u00f3n, l\u00f3gicamente podr\u00eda oblig\u00e1rsele tambi\u00e9n a comprobar la solidez de todas las piezas que componen una cadena infinita. Ser\u00eda la probatio diab\u00f3lica, que el buen sentido rechaza, como necesaria para decidir conflictos sobre propiedad privada entre particulares\u201d (SC de 26 de febrero de 1936, G. J., n\u00b0 1907, p\u00e1g. 339, reiterada entre otros pronunciamientos, en fallo de 17 de abril de 1953 (Tomo LXXIV, p\u00e1ginas 673 a 679). <\/p>\n
En 1943: <\/p>\n
Esta Sala de Casaci\u00f3n ha sostenido en numerosos fallos que para el ejercicio de la acci\u00f3n reivindicatoria no es necesario presentar ni exhibir el certificado del Registrador, sobre suficiencia de una titulaci\u00f3n de propiedad, a que se refiere el art\u00edculo 635 del C\u00f3digo Judicial, porque en esta clase de controversias no se trata de apreciar o demostrar la existencia o validez de las sucesivas transferencias del dominio de las fincas reivindicadas en espacio mayor de treinta a\u00f1os, sino \u00fanicamente de enfrentar el t\u00edtulo de dominio del actor con los del demandado o con la posesi\u00f3n que \u00e9ste pretende, para decidir en cada caso y s\u00f3lo entre las partes cual de esas situaciones debe ser preferida y respetada en el orden prevalente de antig\u00fcedad. Si el t\u00edtulo del actor reivindicante es anterior al t\u00edtulo del opositor o a la posesi\u00f3n que alega, debe prosperar la acci\u00f3n y ordenarse la restituci\u00f3n del bien al que aparece con mejor derecho entre las dos para conservar su dominio y goce, en orden a la mayor antig\u00fcedad\u201d. (SC de 24 de marzo de 1943, G. J. t. L V, p\u00e1g. 247) <\/p>\n
En 1958: <\/p>\n
\u201cSupuesto que la naturaleza misma del juicio reivindicatorio nunca exige la prueba diab\u00f3lica para que la restituci\u00f3n se decrete, bien pudo el sentenciador abstenerse de examen retrospectivo con relaci\u00f3n al t\u00edtulo que encontr\u00f3 prevaleciente y bastante para sustentar el fallo. En efecto: si no es propietario de cuota determinada sobre cosa singular sino quien ha recibido del due\u00f1o, el mismo criterio de l\u00f3gica elemental pondr\u00eda al sentenciador en la necesidad de escrutar en el pasado la serie indefinida de todos los due\u00f1os anteriores hasta llegar al primer ocupante, antes de proferir el decreto de restituci\u00f3n, lo cual, con el mismo rigor l\u00f3gico, conducir\u00eda a la negaci\u00f3n pr\u00e1ctica del derecho de dominio, as\u00ed incapacitado para prosperar en juicio reivindicatorio. El examen debe limitarse entonces a esclarecer la titularidad prevaleciente entre las partes comprometidas en el litigio…\u201d (Sentencia del 2 de junio de 1958. G. J: t.LXXXVIII, p\u00e1g. 65, destaca la Sala). <\/p>\n
En 1970: <\/p>\n
En el juicio reivindicatorio seguido entre particulares, el derecho de dominio sobre bienes ra\u00edces se demuestra, en principio, con la sola copia, debidamente registrada, de la correspondiente escritura p\u00fablica en que conste la respectiva adquisici\u00f3n. Como en esas controversias es relativa siempre la prueba del dominio, aquel mero t\u00edtulo le basta al reivindicante para triunfar, si es anterior a la posesi\u00f3n del demandado y \u00e9sta no es bastante para consumar la usucapi\u00f3n que pueda invocar como poseedor…Quien alega ser due\u00f1o, como en el caso sub lite, por haber adquirido el derecho de dominio a t\u00edtulo de compraventa, prueba su propiedad con la copia, debidamente registrada, de la escritura p\u00fablica en que se consign\u00f3 ese contrato sin que, en principio, le sea forzoso demostrar tambi\u00e9n que su tradente era verus dominus del inmueble comprado. Si el solo t\u00edtulo de adquisici\u00f3n presentado por el demandante es prueba plena de un mejor derecho que el del adversario en el inmueble objeto de la litis, es superfluo el estudio de los t\u00edtulos de sus antecesores, pues estando con el primero demostrado el mejor derecho, estos \u00faltimos, en ese evento, no pueden ni mejorar ni restar valor a la prueba primitiva (SC de 2 dic 1970. G. J. t. CXXXVI, p\u00e1g. 119). <\/p>\n
En 2000 (Con transcripci\u00f3n de buena parte de la jurisprudencia ac\u00e1 reproducida, concluye la Sala en este fallo): <\/p>\n
Es evidente que el ad quem viol\u00f3 en forma directa el art\u00edculo 946 del C. Civil, al no aplicarlo al asunto sub judice, debiendo haberlo aplicado, pues al estar radicado el derecho de dominio en el reivindicante, mal pod\u00eda desestimarse su pretensi\u00f3n, so pretexto de que no se hab\u00eda demostrado dicho derecho en sus antecesores, pues como qued\u00f3 m\u00e1s que aclarado por ser un problema interpartes a aqu\u00e9l le bastaba acreditar que ten\u00eda un mejor derecho que el demandado, como en efecto lo hizo, ya que mientras el actor present\u00f3 un t\u00edtulo que data del 22 de julio de 1985, el demandado inici\u00f3 la posesi\u00f3n con posterioridad al 28 de octubre de 1987 (SC de sep 8 2000, rad. n\u00b0. 5328) <\/p>\n
En 2009: <\/p>\n
En principio, el poseedor est\u00e1 privilegiado por el legislador puesto que su \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o prevalece, a\u00fan frente al mismo titular del derecho de dominio, si su posesi\u00f3n es anterior a la prueba de la propiedad que exhiba y presente la persona que reclama la devoluci\u00f3n de la cosa (\u2026) Dentro del proceso reivindicatorio se pueden presentar varias circunstancias relacionadas con los contrincantes y, especialmente respecto de la forma en que cada uno de ellos afronta el litigio. La primera, alude a que solo el demandante esgrime en su pro la existencia de t\u00edtulo de propiedad para oponerlo a la mera posesi\u00f3n que tiene en su favor el contradictor y la segunda, se configura cuando ambas presentan \u2018t\u00edtulos\u2019 de dominio (\u2026) Importa destacar que la circunstancia que viabiliza la reivindicaci\u00f3n cuando el reclamante aduce \u2018t\u00edtulo\u2019 demostrativo del derecho de dominio con suficiencia para destruir la posesi\u00f3n del accionado tiene efectos meramente relativos, esto es, entre las partes enfrentadas en el respectivo litigio, que no se extienden a terceras personas no intervinientes en el proceso y que tampoco atribuyen de manera absoluta la propiedad a la parte actora vencedora. En esta clase de acciones no se trata de establecer la suficiencia de los \u2018t\u00edtulos\u2019 de propiedad del actor mediante la verificaci\u00f3n de la existencia, validez y eficacia de las diferentes transferencias de la propiedad referidas al inmueble cuya restituci\u00f3n se depreca, sino simplemente de poner en contradicci\u00f3n o enfrentar la posesi\u00f3n del accionado con la calidad de due\u00f1o que ostenta el demandante, produciendo protecci\u00f3n y prevalencia el que logre comprobar mayor antig\u00fcedad (sentencia de 28 de septiembre de 2009, exp. 2001-00002-01). <\/p>\n
En 2013: <\/p>\n
Como bien es sabido, de conformidad con el inciso final del art\u00edculo 762 del C\u00f3digo Civil \u201cel poseedor es reputado due\u00f1o, mientras otra persona no justifique serlo\u201d, presunci\u00f3n que para ser desvirtuada en el curso de la acci\u00f3n de dominio requiere que los accionantes no solo acrediten la calidad de propietarios inscritos, sino que, adem\u00e1s, su t\u00edtulo debe preceder al momento en que se inici\u00f3 la posesi\u00f3n por el demandado. <\/p>\n
En adici\u00f3n, debe tenerse en cuenta que la reivindicaci\u00f3n, en principio y mientras el opositor a su prosperidad no aduzca t\u00edtulo para enfrentar al exhibido por el reclamante, se da entre el propietario y el poseedor carente del mismo, quienes quedan cobijados con los efectos de la decisi\u00f3n y sin que ese resultado le sea oponible a los terceros no intervinientes en el pleito. <\/p>\n
De ello surge como l\u00f3gica secuela que, en este caso en concreto, a quien alega ser titular del derecho de dominio le basta allegar e incorporar el propio sin que se requiera demostrar la cadena sucesiva de sus antecesores. <\/p>\n
La anterior constituye una s\u00f3lida posici\u00f3n de la Corte -que fue la que el Tribunal adujo-. Y que en esta oportunidad no encuentra razones para modificar. <\/p>\n
Agreg\u00f3 el ad quem a esa consideraci\u00f3n una relativa a la buena fe de los terceros adquirentes, ubicada en la denominada teor\u00eda de la apariencia o buena fe creadora de derecho, haciendo notar que el Tribunal no auscult\u00f3 la diligencia que en su tiempo deb\u00eda haber desplegado Federico Barrientos. <\/p>\n
No obstante que, con la ratificaci\u00f3n de la doctrina antes referida seg\u00fan los fragmentos transcritos de las providencias de esta Sala a lo largo de su historia, queda despachado de modo adverso el cargo propuesto por la censura, es del caso indicar que, en lo relacionado con la buena fe creadora de derecho, se refrende tambi\u00e9n la posici\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n, a la luz de precedente ajustado al caso, que por su pertinencia y en procura de la consolidaci\u00f3n fidedigna de la doctrina jurisprudencial -se transcribe: <\/p>\n
Es sabido que la buena fe tiene en ciertas circunstancias la virtualidad de crear derechos. De las muchas veces que la Corte ha tocado este aquilatado principio, en fecha reciente precis\u00f3: <\/p>\n
Si bien una visi\u00f3n est\u00e1tica de los derechos subjetivos, conforme a la cual ning\u00fan titular de un derecho real podr\u00eda ser privado del mismo sin su consentimiento, impondr\u00eda la aplicaci\u00f3n inexorable de la m\u00e1xima nemo plus juris in alium transferre postest quam ipse habet, de la cual se nutren m\u00faltiples normas del ordenamiento, lo cierto es que el aspecto din\u00e1mico de los mismos impone concluir que el adquirente de ese derecho real no puede ser despojado del mismo en virtud de un hecho que no conoc\u00eda ni pod\u00eda conocer al momento de la adquisici\u00f3n. He aqu\u00ed la raz\u00f3n de ser del a\u00f1ejo aforismo error communis facit jus, formulado en t\u00e9rminos generales por Ulpiano y de cuya aplicaci\u00f3n dan cuenta varias soluciones del Derecho Romano, como las relativas a la validaci\u00f3n de los actos realizados por un pretor y un \u00e1rbitro que siendo esclavos actuaron como hombres libres. <\/p>\n
De ah\u00ed que, como en su momento lo dijera la Corte, y hoy lo reitera, <\/p>\n
\u00ab\u2026 \u2018el adagio error communis, tal como es aplicado por nuestros tribunales, les permite proteger contra la ley misma al que no ha cometido ninguna culpa. El error en que \u00e9ste ha ca\u00eddo debe engendrar todos los efectos jur\u00eddicos que se le quisieron atribuir, porque tal error fue inevitable. La apariencia invencible se coloca en el mismo pie de igualdad de la realidad. La m\u00e1xima error communis aparece, pues, como una regla de orden p\u00fablico, protectora del inter\u00e9s social, que lucha victoriosamente contra el principio de la autoridad de la ley. Es una de las manifestaciones de ese movimiento tan poderoso que sacrifica el inter\u00e9s individual al inter\u00e9s social y que le da al inter\u00e9s p\u00fablico un puesto cada vez m\u00e1s preponderante. No hay que perder de vista, en efecto, que la aplicaci\u00f3n de la m\u00e1xima conduce siempre a sacrificar a los que l\u00f3gicamente deber\u00edan triunfar porque invocan en apoyo de su protecci\u00f3n la verdad contra el error. Hay ah\u00ed un conflicto de intereses f\u00e1cilmente solucionable cuando el que se ampara con la ley pretende solamente sacar provecho del error en que incurri\u00f3 su contraparte; pero el conflicto llega a ser particularmente inquietante cuando cada una de las partes es de buena fe y no ha incurrido en culpa alguna. Es el caso de los actos ejecutados por el propietario aparente o por el mandatario aparente. \u00bfPueden invocarse consideraciones de equidad en favor del propietario verdadero m\u00e1s bien que a favor del tercero que ha tratado con el propietario aparente o en favor del mandante aparente m\u00e1s bien que a favor de quien ha tratado con el mandatario aparente? Ya veremos que, sin embargo, en esos casos nuestra jurisprudencia hace triunfar la apariencia invencible\u00bb (G,J. XLIII, p\u00e1g. 44). <\/p>\n
La cabal aplicaci\u00f3n de esta m\u00e1xima requiere, como en esa misma providencia lo subrayara la Corte, de un lado, que se trate de un error generalizado, es decir, \u201cde un error no universal pero s\u00ed colectivo\u201d, y, de otro, que ese error haya sido invencible, moralmente inevitable, vale decir, de tal hondura que la m\u00e1s prudente y avisada de las personas igualmente lo habr\u00eda cometido. \u201cEn esa investigaci\u00f3n se tiene en cuenta los usos corrientes, y, sobre todo, las medidas de publicidad que han rodeado el error. Los terceros han podido atenerse leg\u00edtimamente a las declaraciones contenidas en la publicidad. Por el contrario, no tiene derecho de ignorar lo que ha sido publicado: as\u00ed, el error sobre la capacidad de un concursado es raramente admisible porque el concurso se han hecho conocer de todos\u201d (ejusdem). <\/p>\n
No puede olvidarse al respecto, que la publicidad inmobiliaria, en cuanto conjunto de medios enderezados a dar a conocer a los titulares de derechos reales y el estado jur\u00eddico de ciertos bienes, encarna una lucha por la seguridad y eficacia del tr\u00e1fico jur\u00eddico, de modo que quien obra plenamente convencido por los datos que el registro pertinente arroja debe ser protegido por el hecho de llevar a cabo una adquisici\u00f3n aparentemente eficaz, frente a la cual debe ceder la regla nemo plus juris in alium transferre postest quam ipse habet que impera en el ordenamiento. (SC de 16 ag 2007, rad. n\u00b0 25875 31 84 001 1994 00200 01) <\/p>\n
Como corolario, y a modo de resumen, se\u00f1ala la Corte que el Tribunal aplic\u00f3 fielmente el s\u00f3lido precedente jurisprudencial atinente al enfrentamiento del t\u00edtulo registrado frente a la posesi\u00f3n posterior, a lo que aun\u00f3 la protecci\u00f3n del tercero adquirente de buena fe, en aplicaci\u00f3n de la teor\u00eda de la apariencia, adecuadamente utilizada por el ad quem, tambi\u00e9n seg\u00fan precedente de esta Sala. <\/p>\n
El cargo, en consecuencia, no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NO CASAR la sentencia del 24 de marzo de 2015, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, en el proceso ordinario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (o ICBF) frente a Hugo Correa Uribe <\/p>\n
SEGUNDO: Costas a cargo de la parte recurrente. Conforme lo previene la Ley 1395 de 2010, se fija por concepto de agencias en derecho la suma de $6.000.000.oo., en atenci\u00f3n a que la opositora hizo presencia en este tr\u00e1mite, dando respuesta al recurso. <\/p>\n
TERCERO: En su oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al tribunal de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Un resumen de esas declaraciones que el Tribunal inserta en su providencia es el siguiente: – Reynaldo Antonio Restrepo Uribe, familiar del demandado, quien indica que desde 1989 est\u00e1 Correa Uribe explotando la finca, pero no sabe c\u00f3mo la consigui\u00f3. <\/p>\n
– Hugo Correa Uribe, del cual transcribe segmento de su declaraci\u00f3n, con resaltados atinentes a que el declarante dice haber entrado al inmueble por permiso del se\u00f1or Zapata. <\/p>\n
– Henry Le\u00f3n Mu\u00f1oz Cardona, quien trabaj\u00f3 con Hugo Correa Uribe. Dice que el demandado, a quien conoce desde 1988, limpi\u00f3 y dinamit\u00f3 la finca, est\u00e1 construyendo una iglesia y un galp\u00f3n. <\/p>\n
– Rodrigo de Jes\u00fas Torres Correa, quien dice conocer al demandado desde 1987; refiere que el interpelado construy\u00f3 marraneras y pesebreras <\/p>\n
– Jes\u00fas Antonio Arango Villa, minero de profesi\u00f3n y quien lleva, aproximadamente, 10 a\u00f1os trabajando con Hugo Correa Uribe a quien conoce en esa finca desde hace 12 a\u00f1os (1989). <\/p>\n
– Jos\u00e9 Roberto G\u00f3mez Aguirre, quien vive en el asilo de la finca, y expuso que ha conocido siempre como propietario a Hugo Correa, que vive hace como 10 a\u00f1os en la finca. <\/p>\n
– Gildardo de Jes\u00fas Agudelo Ospina, quien trabaja en la finca desde 1989 como montador de caballos, y desde esa fecha conoce al demandado, asegur\u00f3 conocer al demandado hace 15 a\u00f1os, tiempo en el que maneja este una finca donde trabaja el deponente. Manifiesta que el demandado \u201cmont\u00f3 la finca\u201d porque no ten\u00eda potreros, establos, pesebreras, capillas, linderos, cercas pastos de corte. <\/p>\n
– Eduardo de Jes\u00fas Rodr\u00edguez Tob\u00f3n, quien manifest\u00f3 conocer el demandado hace m\u00e1s de 22 a\u00f1os, que hace 20 trabaja con \u00e9l, y quien asegura que el propietario del inmueble es el demandado. <\/p>\n
– Nolasco Alfredo Naranjo Aguirre, quien tiene al demandado de patr\u00f3n, trabaja con \u00e9l en la finca hace 20 a\u00f1os, y afirma que esa heredad es del demandado <\/p>\n
– H\u00e9ctor Dar\u00edo Uribe Cano, quien manifest\u00f3 conocer la finca porque trabajaba all\u00ed hace 20 a\u00f1os y su patr\u00f3n era Hugo Correa. <\/p>\n
De la diligencia de inspecci\u00f3n judicial, el Tribunal resalta que la juez que la llev\u00f3 a cabo indic\u00f3 que el demandado se encontraba en el inmueble en calidad de due\u00f1o hace m\u00e1s o menos desde la toma del palacio de justicia, que acaeci\u00f3 en noviembre de 1985. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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