STC2253-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2253-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 19001-22-13-000-2021-00002-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de tres de marzo de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 29 de enero de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Elena Ordo\u00f1ez Mosquera contra el se\u00f1or Presidente de la Rep\u00fablica, el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, el Ministerio del Trabajo, el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n -DPN, y, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
1. La gestora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, a la igualdad, al m\u00ednimo vital y m\u00f3vil y a los principios de \u00abEquidad\u00bb y \u00abPoder Adquisitivo de la Moneda\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades administrativas y de control convocadas, con ocasi\u00f3n de la expedici\u00f3n de los Decretos No 1779, 1785 y 1786 de 2020, \u201cPor el cual se reajusta la asignaci\u00f3n mensual para los miembros del Congreso de la Rep\u00fablica\u201d; \u201cPor el cual se fija el salario m\u00ednimo mensual legal\u201d; y, \u201cPor el cual se fija el auxilio de transporte\u201d, respectivamente. <\/p>\n
Exige entonces, de manera principal, para la protecci\u00f3n de tales prerrogativas, que se ordene al se\u00f1or Presidente de la Rep\u00fablica, al Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, al Ministerio del Trabajo y al Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n -DPN-, i) \u00abSUSPENDER LOS EFECTOS DEL DECRETO 1779 de 2020 este 24 de diciembre\u00bb; ii) \u00abaplicar los PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y DE EQUIDAD, FRENTE A LOS [OTROS DOS] DECRETOS [para] ajustarlos al mismo porcentaje del [anterior]\u00bb; y, iii) \u00abFIJAR el Aumento de las PENSIONES, teniendo en cuenta que en el a\u00f1o 2020 NO HUBO INCREMENTO, APLICANDO LAS MISMAS REGLAS DEL AUMENTO DEL CONGRESO Y DEL SALARIO MINIMO EN COLOMBIA\u00bb1. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n de la instancia, aduce en lo esencial la actora que, con el primero de los decretos referidos en l\u00edneas precedentes se aument\u00f3 para el 2020 el salario de los miembros del Congreso de la Rep\u00fablica en un 5.12%, mientras que con el segundo se increment\u00f3 para el 2021 el salario m\u00ednimo de los trabajadores en un 3.5%, y con el \u00faltimo, se acrecent\u00f3 para este a\u00f1o el subsidio de transporte en un 3.5%; no obstante, los pensionados, como ella, \u00abNO TUVIERON UN AUMENTO EN EL A\u00d1O 2020 porque fue del CERO POR CIENTO (0%), y esto teniendo en cuenta lo discernido por el Director del Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n DNP\u00bb. <\/p>\n
Asevera que lo expuesto con antelaci\u00f3n genera una brecha inequitativa e injusta entre la remuneraci\u00f3n recibida por los Congresistas y la percibida por los asalariados y pensionados, pues para el 2020, el salario m\u00ednimo aument\u00f3 $49.687,oo, pero para dichos funcionarios, $1.676.000,oo, lo que, asegura, le vulnera las garant\u00edas superiores invocadas. <\/p>\n
Finalmente sostiene, que el salario m\u00ednimo que rige para esta anualidad \u00abNO ALCANZA, es decir; NO SUPLE LAS NECESIDADES DE LA CANASTA FAMILIAR, NO PROTEJE LA FAMILIA, NO BRINDA PROTECCI\u00d3N\u00bb, situaci\u00f3n que no se puede resolver a trav\u00e9s de los mecanismos de participaci\u00f3n democr\u00e1tica dispuestos para los ciudadanos, ya que son dif\u00edciles de hacer operar, am\u00e9n que \u00abla acci\u00f3n de nulidad por inconstitucional, o de una demanda de inconstitucionalidad, o de la acci\u00f3n de cumplimiento, no se pueden instaurar, porque las sedes judiciales se encuentran en VACANCIA hasta el d\u00eda 11 de enero de 2021\u00bb, raz\u00f3n por la que su reclamo debe ser atendido a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n2. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El Jefe de la Oficina Jur\u00eddica de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n solicit\u00f3 desvincular a dicha entidad del tr\u00e1mite, por cuanto de los hechos y las pretensiones esgrimidas en la acci\u00f3n de tutela, no se infiere que haya adelantado actuaci\u00f3n alguna en detrimento de los intereses de la accionante3. <\/p>\n
b. La Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica del Ministerio del Trabajo se opuso al \u00e9xito del resguardo implorado, con sustento en que incumple el requisito general de procedibilidad de la subsidiariedad, ya que si lo pretendido por la accionante es la suspensi\u00f3n del Decreto 1779 del 24 de diciembre de 2020, no debe acudir a esta acci\u00f3n excepcional, sino a las acciones previstas en la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa4. <\/p>\n
c. El Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n (DNP), a trav\u00e9s de apoderado judicial, luego de resaltar la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva de la entidad, toda vez que en virtud de sus funciones, objetivos y competencias establecidas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no tiene a su cargo definir los aumentos salariales de los miembros del Congreso de la Rep\u00fablica, as\u00ed como del aumento al salario m\u00ednimo legal mensual vigente, solicit\u00f3 declarar improcedente el amparo rogado, comoquiera que los decretos criticados pueden ser debatidos ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, lo cual evidencia que no cumple el presupuesto de la subsidiariedad que lo caracteriza5. <\/p>\n
d. El Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, mediante gestor judicial, pidi\u00f3 negar la salvaguarda instada, con fundamento en que la tutelante cuenta con mecanismos ordinarios id\u00f3neos para lograr la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, como lo son los medios de control de nulidad, nulidad por inconstitucionalidad y nulidad y restablecimiento del derecho, previstos en los art\u00edculos 137, 135 y 138 del CPACA, respectivamente, id\u00f3neos para controvertir los actos administrativos generales criticados6. <\/p>\n
e. La Presidencia de la Rep\u00fablica, guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Popay\u00e1n desestim\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, \u00abpor cuanto la acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo id\u00f3neo y apropiado para controvertir actos cuya naturaleza sea general, impersonal y abstracta, m\u00e1xime cuando la actora no demostr\u00f3 que la aplicaci\u00f3n o ejecuci\u00f3n de los actos administrativos n\u00fameros 1779, 1785 y 1786 del 2020, pudiera afectar directamente sus derechos fundamentales; adem\u00e1s, la actora no prob\u00f3 que la presente acci\u00f3n, fuera necesaria para conjurar la posible configuraci\u00f3n de un perjuicio o da\u00f1o irremediable, que obligara al Juez Constitucional a adoptar medidas urgentes e impostergables\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La tutelante se mostr\u00f3 descontenta con lo resuelto, tras insistir en los argumentos que esgrimi\u00f3 como sustento de la queja constitucional8. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que en cuanto a ellos pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades estatales o de los particulares, el cual, de acuerdo con el art\u00edculo 86 de la Carta, es de car\u00e1cter residual y subsidiario porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n formulada por la se\u00f1ora Mar\u00eda Elena Ordo\u00f1ez Mosquera, de entrada se anuncia el respaldo de la sentencia confutada, pues del examen de las pruebas adosadas al expediente se observa claramente que el amparo solicitado debe desestimarse, habida cuenta que, como bien lo anot\u00f3 el a quo constitucional, la peticionaria cuestiona los Decretos No 1779, 1785 y 1786 de 2020, \u201cPor el cual se reajusta la asignaci\u00f3n mensual para los miembros del Congreso de la Rep\u00fablica\u201d; \u201cPor el cual se fija el salario m\u00ednimo mensual legal\u201d; y, \u201cPor el cual se fija el auxilio de transporte\u201d, respectivamente, pues en su sentir, el primero de ellos genera una brecha inequitativa e injusta entre la remuneraci\u00f3n recibida por los Congresistas y la percibida por los asalariados y pensionados, siendo ella uno de estos, mientras que los segundos, no garantizan una vida digna y el m\u00ednimo vital, motivo por el que aqu\u00e9l debe ser suspendido, y, los \u00faltimos, modificados, para garantizar el derecho a la igualdad y los principios de equidad y poder adquisitivo de la moneda. <\/p>\n
3. Sin embargo, como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de la Sala, en l\u00ednea de principio, las controversias en torno a la legalidad del acto administrativo, ya sean generales, impersonales y abstractos ora particulares y concretos, deben discutirse ante la jurisdicci\u00f3n correspondiente, a trav\u00e9s de los mecanismos legales para ello dispuestos, como son, las acciones de nulidad por inconstitucionalidad (Art. 135, Ley 1437\/11) y de simple nulidad (Art. 137, ib\u00eddem), id\u00f3neos y eficaces para debatir la constitucionalidad y legalidad de los citados actos, por lo que no resulta pertinente convertir esta v\u00eda en un camino alterno o paralelo a estos, m\u00e1xime cuando ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo puede pedir en el proceso correspondiente, seg\u00fan corresponda, la suspensi\u00f3n provisional de la actuaci\u00f3n criticada o cualquier otra medida cautelar permitida por la ley, y allegar elementos demostrativos para acreditar las razones por las cuales su petici\u00f3n debe ser atendida. <\/p>\n
Al respecto, es conveniente recordar, como se ha dicho en casos de id\u00e9ntica esencia al que se estudia, que la acci\u00f3n de tutela \u00abfue instituida como un instrumento extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata y efectiva de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que se derive de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una v\u00eda sustitutiva o alternativa de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos, a menos que \u00e9stos se tornen ineficaces o el amparo sea invocado como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio grave e inminente\u2026 Y, de manera puntual, ha predicado que no es viable, en principio, contra un acto administrativo de car\u00e1cter particular y concreto, toda vez que su control de legalidad corresponde ejercerlo a la jurisdicci\u00f3n especial, a trav\u00e9s de las acciones pertinentes, en cuyo tr\u00e1mite es viable solicitar como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional de sus efectos, a fin de conjurar eventuales da\u00f1os\u00bb (CSJ STC2160-2020 y STC7157-2020). <\/p>\n
4. Por otra parte, cabe acotar, que mediante la acci\u00f3n de tutela no es posible sustituir al Gobierno Nacional en las funciones que la Constituci\u00f3n y la ley le han conferido, como es en este caso, determinar la asignaci\u00f3n de los miembros del Congreso de la Rep\u00fablica (Art. 1\u00b0, Ley 644\/01), as\u00ed como el incremento del salario m\u00ednimo (Art. 334 C.P. \u2013 Art. 8\u00ba, Inc. 2, Ley 278\/96) y el auxilio de transporte (Ley 15\/59 y la Ley 4\u00aa\/92), como tampoco resulta procedente, as\u00ed el fin perseguido sea la salvaguardia de los derechos fundamentales, modificar o sustituir las decisiones que con apoyo en tales facultades se adopten, m\u00e1xime cuando ello implica una afectaci\u00f3n o intromisi\u00f3n en el gasto p\u00fablico, lo que es totalmente ajeno a este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n. <\/p>\n
5. Ahora, tampoco resulta procedente la tutela como medida transitoria para evitar un perjuicio irremediable a la aqu\u00ed inconforme, pues, no hay elementos de prueba que demuestren el mismo y, \u00absin la presencia de los supuestos\u2026 que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ STC402-2021). <\/p>\n
6. Finalmente, como a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n no se le endilg\u00f3 omisi\u00f3n o acci\u00f3n alguna vulneradora de garant\u00edas superiores, tambi\u00e9n resulta improcedente el amparo suplicado frente a dicha entidad. <\/p>\n
7. Por lo expuesto, y sin m\u00e1s consideraciones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 De acuerdo con la demanda de tutela acopiada al expediente en copia digital contentivo de la actuaci\u00f3n surtidas en primera instancia. <\/p>\n
2 Ejusdem. <\/p>\n
3 Informe que hace parte del archivo digital citado. <\/p>\n
4 Ib\u00eddem. <\/p>\n
5 Cit. <\/p>\n
6 Ob. <\/p>\n
7 Decisi\u00f3n anexa al archivo digital enviado a esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
8 Ib\u00eddem. <\/p>\n
<\/p>\n
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