STC2411-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2411-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 63001-22-14-000-2020-00104-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de marzo de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de marzo del dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
En virtud del Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020, emitido por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, y como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, se profieren dos versiones de esta providencia con id\u00e9ntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares), para efectos de publicaci\u00f3n, y otra con la informaci\u00f3n real y completa de las partes, para la correspondiente notificaci\u00f3n. <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2020, mediante la cual la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia tutel\u00f3 el derecho al debido proceso invocado por Manuel Sabogal en la acci\u00f3n de tutela promovida contra el Juzgado Cuarto de Familia de esa ciudad. <\/p>\n
Al tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes del proceso ejecutivo de alimentos, el Procurador Judicial en Asuntos de Familia y el Defensor de Familia adscrito al Juzgado accionado. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3, a trav\u00e9s de apoderado judicial, la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicci\u00f3n, igualdad ante la ley, prevalencia del derecho sustancial sobre las formas y justicia material, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial demandada en el proceso ejecutivo de alimentos 2018-000443. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito introductorio y las probanzas que obran en el plenario, se observa lo siguiente: <\/p>\n
2.1. El promotor present\u00f3 una demanda ejecutiva de alimentos1 en contra de Tatiana P\u00e1ez, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado accionado, el cual profiri\u00f3 mandamiento de pago el 1 de febrero de 20192. <\/p>\n
2.2. El 9 de julio de ese mismo a\u00f1o3 se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n en contra de la accionada, quien, el 12 de noviembre siguiente4, solicit\u00f3 la nulidad del tr\u00e1mite, por indebida notificaci\u00f3n del auto que libr\u00f3 el mandamiento de pago; igualmente, pidi\u00f3 que se rechazara la demanda, porque la competencia correspond\u00eda, privativamente, a los jueces de Bucaramanga, por ser el lugar de residencia de su hija, en raz\u00f3n a lo previsto en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P. <\/p>\n
2.4. Contra la referida determinaci\u00f3n, el ejecutante interpuso recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, de apelaci\u00f3n. El 22 de julio del 2020, el Juzgado decidi\u00f3 no reponer la providencia impugnada y, adem\u00e1s, neg\u00f3 la alzada, de conformidad con lo establecido en el numeral 7 del art\u00edculo 21 del C.G.P. <\/p>\n
2.5. Posteriormente, el actor promovi\u00f3 una acci\u00f3n de tutela y, en providencia del 24 de agosto de 2020, el juez constitucional ampar\u00f3 su derecho al debido proceso y dej\u00f3 sin efectos las decisiones del 24 de febrero y del 22 de julio de ese mismo a\u00f1o, en cuanto no se pronunciaron sobre la nulidad formulada; en consecuencia, dispuso \u00abque el funcionario accionado resuelva dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de este prove\u00eddo, la solicitud de nulidad propuesta por la ejecutada el 12 de diciembre de 2019 y prosiga con el tr\u00e1mite del proceso, de conformidad con los efectos de la providencia que se profiera con base en esta sentencia\u00bb6. <\/p>\n
2.6. En cumplimiento de lo ordenado por el juez de tutela, la autoridad judicial convocada, mediante auto del 2 de septiembre de 20207, declar\u00f3 probada la causal 8 del art\u00edculo 133 del C.G.P. y dej\u00f3 sin valor ni efecto \u00abla orden de emplazamiento dispuesta en el auto de fecha 01 de febrero de 2019, numeral tres (3), as\u00ed como las actuaciones posteriores que dependan de la anterior. Dejando vigente lo concerniente a las medidas cautelares decretadas\u00bb y orden\u00f3 \u00abnotificar en debida forma el Mandamiento de pago se\u00f1alado en el auto referido de fecha primero (1) de febrero del a\u00f1o 2019\u00bb. Asimismo, declar\u00f3 la p\u00e9rdida de competencia y dispuso remitir el proceso al Juzgado Tercero de Familia de Bucaramanga. <\/p>\n
2.7. Frente a dicho prove\u00eddo, el actor formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, de apelaci\u00f3n. El 29 de septiembre de 20208 se confirm\u00f3 la providencia inicial y se neg\u00f3 la alzada. <\/p>\n
3. En criterio del actor \u00abYerra el despacho al indicar que el factor subjetivo ten\u00eda (\u2026) efectos en la determinaci\u00f3n del Juez competente en el referido asunto, por cuanto, son los art\u00edculos 21 numeral 7 y 28 numeral 3\u00ba del C. G. del Proceso, los que aluden al tr\u00e1mite de los procesos ejecutivos y de alimentos (estos \u00faltimos en t\u00e9rminos generales), c\u00e1nones que ninguna alusi\u00f3n hacen a dicho factor, pues por el contrario, el primero se refiere a la competencia de los jueces de familia en \u00fanica instancia, y el segundo, a la competencia de los asuntos all\u00ed indicados por el factor territorial, como claramente se desprende del art\u00edculo 28\u00bb. <\/p>\n
Respecto de los efectos de la nulidad por indebida notificaci\u00f3n, adujo que \u00abEl juzgado accionado, desconoci\u00f3 sin raz\u00f3n o justificaci\u00f3n alguna la aplicaci\u00f3n obligatoria del inciso final del art\u00edculo 301 del C. General del Proceso, en cuanto (\u2026) dispuso que la ejecutada (\u2026), fuera notificada nuevamente de manera personal del auto que libr\u00f3 mandamiento de pago en su contra, cuando lo cierto, por mandato de la disposici\u00f3n anotada, es que aquella qued\u00f3 notificada de dicha providencia desde el d\u00eda de la presentaci\u00f3n del escrito de solicitud de nulidad y que los t\u00e9rminos de traslado de la demanda le empezaban a correr a partir del d\u00eda siguiente a la ejecutoria del auto que decret\u00f3 la nulidad respectiva\u00bb. <\/p>\n
4. Conforme a lo relatado, el tutelante solicit\u00f3 que se ampararan los derechos fundamentales invocados y se declarara \u00abla nulidad de las decisiones adoptadas por el Juzgado Cuarto de Familia en Oralidad de Armenia, en cuanto a: 1) Ordenar remitir el expediente correspondiente al proceso ejecutivo mencionado en esta acci\u00f3n, al Juzgado Tercero de Familia en Oralidad de Bucaramanga S., por competencia y b), Ordenar notificar personalmente del auto que libr\u00f3 mandamiento de pago en el mismo asunto, a la ejecutada (\u2026), por vulnerar con tales determinaciones los derechos constitucionales fundamentales de mi mandante\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, como medida provisional pidi\u00f3 la \u00abSUSPENSI\u00d3N DE LA ORDEN DE REMISI\u00d3N DEL EXPEDIENTE correspondiente al proceso EJECUTIVO DE ALIMENTOS (\u2026) al Juzgado Tercero de Familia de Bucaramanga\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La demandada en el juicio ejecutivo de alimentos manifest\u00f3 que la presente acci\u00f3n no cumple con el principio de subsidiaridad, puesto que \u00abla petici\u00f3n de declarar la nulidad del resuelve 2 y 3 del auto de fecha 2 de septiembre de 2020 (\u2026) debi\u00f3 haberse propuesto al interior del proceso g\u00e9nesis de esta acci\u00f3n y no a trav\u00e9s de un medio residual, que no est\u00e1 previsto como una instancia adicional\u00bb. <\/p>\n
Respecto de la decisi\u00f3n de trasladar el proceso a Bucaramanga, sostuvo que \u00abno puede dolerse el accionante, pues es un mandato de ley que la competencia en asuntos de menores corresponde en forma privativa al juez del domicilio o residencia de aqu\u00e9llos. As\u00ed las cosas, no se observa en el proceder del juez accionado ritualismo alguno, ni que de vana gloria al procesalismo, sobre las formas, como pretende hacerlo ver el accionante\u00bb. <\/p>\n
2. La Defensora de Familia adscrita al ICBF, Regional Quind\u00edo, pidi\u00f3 \u00abque la decisi\u00f3n en el presente asunto se encuentre ajustada a los Principios del Inter\u00e9s Superior de la ni\u00f1a, as\u00ed como la prevalencia de sus derechos, Corresponsabilidad, exigibilidad de los derechos a la vida, a la calidad de vida, a los alimentos, a tener una familia y no ser separada de ella, a su integridad personal, a la custodia y cuidado personal inclusive, consagrados en los art\u00edculos 8\u00b0, 9\u00b0, 10\u00b0, 11\u00b0, 17\u00b0, 18\u00b0, 22\u00b0 23\u00b0 y 24 de la Ley 1098 de 2006 C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia y no al mero capricho de los padres en la satisfacci\u00f3n de sus propios intereses\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado acusado aclar\u00f3, en relaci\u00f3n con el \u00abpunto central de la supuesta irregularidad procesal esbozada por el actor, que la parte final del art\u00edculo 301 del CG del proceso, hace referencia a la notificaci\u00f3n por conducta concluyente cuando se decreta la indebida notificaci\u00f3n de una providencia, tal como lo resalta el accionante, no obstante, olvida el representante del demandante, que el prove\u00eddo en discusi\u00f3n, tambi\u00e9n, consider\u00f3 la falta de competencia funcional por tenerse la certeza del domicilio del menor, por tanto, en tales circunstancias, no es aplicable en forma exegeta, tal disposici\u00f3n\u00bb. Lo anterior, en raz\u00f3n \u00abde que el despacho pierde el conocimiento del tr\u00e1mite, y es otro despacho judicial, quien debe direccionar o gestionar la notificaci\u00f3n personal de la demandada, de tal suerte que el juzgado advirti\u00f3 la actuaci\u00f3n que debe renovarse (parte final del art\u00edculo 138 ib\u00eddem)\u00bb. <\/p>\n
Solicit\u00f3 no acceder a las pretensiones del promotor, \u00abhabida cuenta que la decisi\u00f3n, por la que muestra inconformidad el togado, se tom\u00f3 en derecho, debidamente notificada y contra la misma proced\u00edan los recursos, que fueron presentados por el accionante a trav\u00e9s de su apoderado, e igualmente, se decidieron con base en normativa procesal, que dicho de paso son de orden p\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
4. La Procuradora Cuarta Judicial II para la Defensa de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia decidi\u00f3 tutelar el derecho al debido proceso del gestor. <\/p>\n
En primer lugar, manifest\u00f3 que, \u00abal haberse resuelto favorablemente la petici\u00f3n de nulidad formulada por la demandada por indebida notificaci\u00f3n del auto que libr\u00f3 mandamiento ejecutivo en su contra, la cual es indiscutida en este tr\u00e1mite constitucional, era menester tener a la convocada notificada por conducta concluyente y nunca disponer su comunicaci\u00f3n de manera personal, pues esta disposici\u00f3n evidentemente vulnera el derecho al debido proceso del ejecutante, que tendr\u00eda que emprender las gestiones necesarias para notificar el mencionado pronunciamiento, a pesar de que la demandada ya participa en el proceso, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 301 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
En segundo lugar, frente a la falta de competencia, consider\u00f3 que \u00aben dicha etapa procesal era improcedente decretar la nulidad del proceso por falta de competencia y disponer la remisi\u00f3n del expediente al Juzgado Tercero de Familia de Bucaramanga (Santander), pues de conformidad con el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, \u2018la falta de competencia por factores distintos del subjetivo y funcional es prorrogable cuando no se reclame en tiempo\u2019, y en este caso el env\u00edo del proceso, en realidad, obedeci\u00f3 al factor territorial, pues la decisi\u00f3n censurada solo tuvo como fundamento el hecho de que la menor y su madre tuvieran domicilio en dicho lugar, lo cual es diferente a aludidos factores de los cuales se predica la improrrogabilidad de la competencia all\u00ed mencionada\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, dispuso \u00abOrdenar al Juzgado Cuarto de Familia de Armenia, que en el t\u00e9rmino de diez d\u00edas h\u00e1biles, contados a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, deje sin efecto los autos de 2 y 29 de septiembre de 2020 y las actuaciones que de ellos deriven, en lo que ata\u00f1e a los ordenamientos que fueron objeto de an\u00e1lisis en esta sentencia de tutela, procediendo seguidamente a abordar su estudio, teniendo en cuenta lo dicho en esta providencia y auto de 11 de diciembre del cursante a\u00f1o que decret\u00f3 la medida provisional en este sentido9\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionado, quien afirm\u00f3 que \u00abPara el caso concreto, al tenerse certeza del domicilio de la menor (\u2026), se debe aplicar, sin lugar a dudas, el contenido legislativo consagrado en el inciso segundo del numeral dos (2) del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que \u00abNuestro legislador, al determinar la competencia en forma privativa en cabeza del juzgador del domicilio o residencia del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, sea este demandante o demandado, estableci\u00f3 una armon\u00eda con principios fundamentales, como el inter\u00e9s superior del menor y la prevalencia de sus derechos, con plena coherencia de lo anunciado en el art\u00edculo 44 de la Carta Pol\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, refiri\u00f3 que \u00abno es de recibo, la tesis del Tribunal, al considerar la trasgresi\u00f3n del debido proceso, al indicar que, la competencia esta prorrogada, y que, por tanto, debe esperarse a que la falta de competencia sea alegada por la parte pasiva, prolongando de esta forma, precisamente el derecho de defensa de la menor (\u2026), e igualmente, distanciando el acceso a la justicia. <\/p>\n
Adujo que \u00abcon sustento en la autonom\u00eda de las decisiones, el homologo Juez de la localidad de Bucaramanga, bien pudo oponerse a la decisi\u00f3n de traslado del proceso, o avocar el mismo, e indicar en esta \u00faltima opci\u00f3n, que el extremo pasivo quedaba notificado por conducta concluyente del auto que libro mandamiento ejecutivo, para que, en definitiva, se pudiese, finalmente acceder a la defensa de los intereses de la menor\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
2. De las pruebas allegadas al proceso se vislumbra que, mediante prove\u00eddo del 2 de septiembre de 2020, el juzgado convocado decidi\u00f3 dejar sin efectos la orden de emplazamiento, adoptada el 1\u00ba de febrero de 2019, notificar en debida forma el mandamiento de pago a la accionada, declarar la p\u00e9rdida de competencia, de conformidad con el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P., y remitir el proceso al Juzgado Tercero de Familia de Bucaramanga, por estar conociendo de otro tr\u00e1mite entre las partes (2018-00330). Las anteriores determinaciones fueron confirmadas en la providencia del 29 de septiembre de 2020. <\/p>\n
3.1. En relaci\u00f3n con el asunto, el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso establece: <\/p>\n
\u00abLa jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo. <\/p>\n
\u00abLa falta de competencia por factores distintos del subjetivo o funcional es prorrogable cuando no se reclame en tiempo, y el juez seguir\u00e1 conociendo del proceso. Cuando se alegue oportunamente lo actuado conservar\u00e1 validez y el proceso se remitir\u00e1 al juez competente\u00bb. <\/p>\n
El juez a quo se apoy\u00f3 en la disposici\u00f3n acabada de trascribir, para advertir la improcedencia de decretar la falta de competencia del juzgado encartado. <\/p>\n
No obstante, debe tenerse en cuenta, de un lado, que la ejecutada solicit\u00f3 la nulidad, por indebida notificaci\u00f3n del mandamiento de pago y, a su vez, que se rechazara de plano \u00abESTA DEMANDA, por estar atribuida la competencia para conocer de este asunto, de forma privativa al Juez del domicilio o residencia de la ni\u00f1a\u00bb, esto es la ciudad de Bucaramanga. Y, de otro, que en lo relativo a los casos en los que deciden controversias de alimentos, la competencia para dirimir el asunto corresponde, en forma privativa, al juez del domicilio o residencia del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente. Sobre esta materia, la Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00abEl inciso 2\u00ba, numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso consagra como regla especial de competencia que \u00aben los procesos de alimentos, p\u00e9rdida o suspensi\u00f3n de la patria potestad, investigaci\u00f3n o impugnaci\u00f3n de la paternidad o maternidad, custodias, cuidado personal y regulaci\u00f3n de visitas, permisos para salir del pa\u00eds, medidas cautelares sobre personas o bienes vinculados a tales procesos, en los que el ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente sea demandante o demandado, la competencia corresponde en forma privativa al juez del domicilio o residencia de aquel\u00bb (subrayado fuera de texto). <\/p>\n
En ese orden, reluce que la atribuci\u00f3n de competencia por el factor territorial, en particular, para los procesos de alimentos en los que se encuentre vinculado un menor, est\u00e1 asignada de manera privativa al juez del domicilio y\/o residencia de \u00e9ste, lo que excluye la vigencia de cualquier otra pauta. <\/p>\n
As\u00ed lo ha manifestado la Sala al analizar la norma en comento, frente al cobro de alimentos de un menor, al se\u00f1alar que \u00abla atribuci\u00f3n de competencia por el factor territorial en los procesos ejecutivos de alimentos en los que se encuentre vinculado un menor, est\u00e1 asignada de manera privativa al juez del domicilio y\/o residencia de \u00e9ste, sin que pueda regularse por la pauta ordinaria\u00bb AC8147, 28 nov. 2016, rad. 2016-03144-00\u00bb (CSJ AC1982 del 31 de agosto de 2020). <\/p>\n
3.2. De lo expuesto se infiere que la actuaci\u00f3n de la autoridad judicial encartada, en cuanto declar\u00f3 la p\u00e9rdida de competencia -teniendo en cuenta el lugar de residencia de la <\/p>\n
ni\u00f1a, se ajust\u00f3 a los preceptos establecidos en la disposici\u00f3n y jurisprudencia referidas. <\/p>\n
4. Ahora bien, al haberse dispuesto que la competencia para conocer del asunto era privativa del juez del lugar donde vive la ni\u00f1a, en este caso, el de Bucaramanga, ser\u00e1 ante el juzgador que asuma el conocimiento del asunto que deber\u00e1 surtirse el debate sobre la decisi\u00f3n adoptada en la providencia del 2 de septiembre de 2020, en cuanto dispuso la notificaci\u00f3n de la demandada, sin tener en cuenta lo previsto en el art\u00edculo 301 del C.G.P., seg\u00fan los argumentos expuestos por el tutelante, pues debe prevalecer la competencia exclusiva establecida por la norma, con el prop\u00f3sito de garantizar la prevalencia de los derechos de la ni\u00f1a. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, dado el lapso de tiempo transcurrido y la estatura de los derechos vulnerados, se revocar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, REVOCA la sentencia impugnada y, en consecuencia, se NIEGA el amparo invocado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Anexo 01-63001311000420180044300C1.pdf. Fl 1 <\/p>\n
2\u0002 Anexo 01-63001311000420180044300C1.pdf. Fl 76 <\/p>\n
3\u0002 Anexo 01-63001311000420180044300C1.pdf. Fl 95 <\/p>\n
4\u0002 Anexo 03- Cuaderno Nulidad.pdf Fl1 <\/p>\n
5\u0002 Anexo 03- Cuaderno Nulidad.pdf Fl 200 <\/p>\n
6\u0002 Anexo 06 Sentencia de tutela. Pdf (SECURED) <\/p>\n
7\u0002 Carpeta 10. Anexo 07. Auto resuelve NULIDAD. Pdf <\/p>\n
8\u0002 Carpeta 10. Anexo 40-Resuelve Recurso.pdf <\/p>\n
9\u0002 Providencia por la cual, el a quo constitucional decidi\u00f3: \u00abEn ese contexto, al establecerse que el Juzgado Cuarto de Familia de Armenia ya remiti\u00f3 el expediente ejecutivo con radicado 63001 3110 004 2018-00443-00, al Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Bucaramanga, Santander, a esta \u00faltima autoridad judicial se le ordena que se abstenga de realizar cualquier actuaci\u00f3n mientras la Sala realice un pronunciamiento en primera instancia, en el curso de la acci\u00f3n tuitiva que formul\u00f3 el se\u00f1or (\u2026) contra el Juzgado Cuarto de Familia de Armenia\u00bb. <\/p>\n
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