STC2688-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC2688-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2020-00678-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecisiete de marzo dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 20 de octubre de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por N\u00e9stor Jairo Betancourth Hincapi\u00e9 contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio disciplinario a que alude el escrito introductorio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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5. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, con ocasi\u00f3n del juicio disciplinario seguido en su contra. <\/p>\n
Reclama, entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que se ordene a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: (i) \u00abdecretar la inexistencia de la notificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n [cuestionada]\u00bb; (ii) \u00abDecretar la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria por haber superado el termino de los cinco (5) a\u00f1os que establece el art\u00edculo 30 de la Ley 734 de 2002\u00bb; (iii) \u00abdejar sin efecto la sanci\u00f3n que se [le] hab\u00eda impuesto\u00bb; y, (iv) \u00aben caso de haberse realizado anotaciones en [su] contra como antecedentes disciplinarios, que estos sean dejados sin efectos\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Para respaldar su queja expone, en s\u00edntesis, que dentro del asunto referido mediante auto del 23 de septiembre de 2015, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de la ciudad de Manizales 10pertura investigaci\u00f3n disciplinaria en su contra, pues en calidad de Juez S\u00e9ptimo Penal del Circuito de esa localidad desatendi\u00f3 la prohibici\u00f3n contemplada en el numeral 9\u00ba del art\u00edculo 154 de la Ley 270 de 1996, esto es, \u00abexpresar y aun insinuar privadamente su opini\u00f3n respecto de los asuntos que est\u00e1n llamados a fallar\u00bb. <\/p>\n
Manifiesta que agotado el tr\u00e1mite legal pertinente, en fallo del 14 de febrero de 2019 la autoridad judicial aludida resolvi\u00f3 sancionarlo con \u00absuspensi\u00f3n del ejercicio de sus funciones\u00bb por el t\u00e9rmino de un (1) mes, tras hallarlo responsable \u00aba t\u00edtulo de culpa grave\u00bb de la conducta memorada, decisi\u00f3n que apel\u00f3 frustr\u00e1neamente, ya que en sentencia del 17 de septiembre de 2020, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura la confirm\u00f3 totalmente, la cual le fue notificada a trav\u00e9s de telegrama el d\u00eda 22 del mes y a\u00f1o citados. <\/p>\n
Sostiene que con lo resuelto la Colegiatura accionada conculc\u00f3 las garant\u00edas invocadas, toda vez que, seg\u00fan los precedentes del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, en su caso oper\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria, si en cuenta se tiene que, trascurri\u00f3 m\u00e1s de cinco (5) a\u00f1os entre la apertura de la investigaci\u00f3n -23 de septiembre de 2015, y la \u00abfecha de notificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n (22 de septiembre de 2020)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y EL VINCULADO <\/p>\n
a.) La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura se opuso a la prosperidad del amparo, para lo cual aleg\u00f3 que, en virtud de los art\u00edculos 205 y 206 de la Ley 734 de 2002, las sentencias de \u00ab\u00fanica instancia\u00bb y las que \u00abresuelvan los recursos de apelaci\u00f3n, de queja, la consulta, y aquellas no susceptibles de recurso\u00bb proferidas por aquella autoridad, cobran firmeza al momento de la suscripci\u00f3n; de ah\u00ed que, no haya operado la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria, pues para la \u00e9poca en que se dict\u00f3 la sentencia de segunda instancia cuestionada, 17 de septiembre de 2020, no hab\u00eda trascurrido el t\u00e9rmino de cinco (5) a\u00f1os para que se configurara dicho fen\u00f3meno. <\/p>\n
b.) Por su parte, C\u00e9sar Augusto L\u00f3pez Londo\u00f1o, quien obr\u00f3 como apoderado judicial del aqu\u00ed interesado dentro del proceso disciplinario censurado, coadyuv\u00f3 la demanda de amparo y expres\u00f3 que conforme a lo considerado en la sentencia C-641 de 2002 de la Corte Constitucional, en materia disciplinaria, el fallo que resuelve el recurso de apelaci\u00f3n queda ejecutoriado con la notificaci\u00f3n de \u00e9ste y no con la simple suscripci\u00f3n, por tal motivo, \u00abcomo el d\u00eda 22 de Septiembre del a\u00f1o avante de cumpl\u00edan los cinco a\u00f1os desde la apertura de la investigaci\u00f3n disciplinaria, y la sentencia de fecha 17 de ese mismo mes de la Honorable Sala Jurisdiccional-Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mediante la cual se confirmaba el fallo del A-quo, no se encontraba ejecutoriada, por cuanto no se hab\u00eda cumplido su debida notificaci\u00f3n personal al Dr BETANCOURT HINCAPI\u00c9 o al suscrito defensor, la descrita situaci\u00f3n significa, ni m\u00e1s ni menos, que, en este asunto, la acci\u00f3n disciplinaria prescribi\u00f3 en la primera se\u00f1alada fecha: El d\u00eda 22 de Septiembre \u00faltimo.-\u00bb. <\/p>\n
c.) En el expediente digital remitido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte, no obran respuestas de los dem\u00e1s vinculados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Constitucional de primera instancia neg\u00f3 la salvaguarda pretendida, tras advertir que \u00ablos argumentos expuestos por el accionante no corresponden a la realidad procesal, pues lo que se advierte es que la decisi\u00f3n que puso fin al proceso disciplinario seguido contra el demandante, se emiti\u00f3 dentro del t\u00e9rmino de los cinco (5) a\u00f1os, con los que contaba la autoridad demandada para resolver el recurso de apelaci\u00f3n instaurado contra el fallo del 14 de febrero de 2019, pues dicho t\u00e9rmino se inici\u00f3 el 23 de septiembre de 2015 y venc\u00eda el 23 de septiembre de 2020. (\u2026) Ahora, entiende la Sala que la sentencia de segunda instancia cobr\u00f3 ejecutoria al momento de su suscripci\u00f3n, -17 de septiembre de 2020-, de acuerdo con lo establecido en el art\u00edculo 205 de la Ley 734 de 2002 y la notificaci\u00f3n se erige como garant\u00eda del principio de publicidad que rige las actuaciones judiciales, por lo que no hay lugar a conceder la protecci\u00f3n invocada. (\u2026) M\u00e1xime que, se advierte que incluso antes de que se cumplieran los cinco a\u00f1os de que trata el inciso segundo del art\u00edculo 30 de la Ley 734 de 2002, se hab\u00eda comunicado al actor la decisi\u00f3n de segunda instancia, pues se reitera le fue comunicada el 22 de septiembre del a\u00f1o en curso, sin que se advierta imperiosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor replic\u00f3 el anterior fallo, para lo cual utiliz\u00f3 argumentos iguales a los planteados en la demanda de amparo; a m\u00e1s de indicar que aunque se enter\u00f3 del fallo de segundo grado cuestionado el 22 de septiembre de 2020 a trav\u00e9s de telegrama, solo hasta el 14 de octubre siguiente tuvo acceso a las motivaciones de dicha providencia, raz\u00f3n por la que fue en esta \u00faltima data en que se complet\u00f3 la notificaci\u00f3n de aquella determinaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Como es sabido, el derecho de amparo previsto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Nacional s\u00f3lo es viable activarlo frente a determinaciones judiciales cuando las mismas incurran en alguna causal de procedencia, es decir, si corresponden arbitrario designio del funcionario, con alcances totalmente alejados de los fines perseguidos por el ordenamiento jur\u00eddico, a condici\u00f3n de que la v\u00edctima no tenga ni haya tenido otros instrumentos efectivos para salvaguardar los derechos fundamentales que tales prove\u00eddos hayan amenazado o puesto en inminente riesgo, debido a que su naturaleza residual le impide operar en presencia de dichos medios. <\/p>\n
<\/p>\n
5. En el presente caso, el se\u00f1or N\u00e9stor Jairo Betancourth Hincapi\u00e9 se duele, concretamente, del juicio disciplinario seguido en su contra, pues en su sentir, oper\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria, ya que trascurri\u00f3 m\u00e1s de 5 a\u00f1os entre la apertura de la investigaci\u00f3n (23 de septiembre de 2020), y, la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia dictada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mediante la cual se confirm\u00f3 la sanci\u00f3n impuesta por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de la ciudad de Manizales en sentencia del 19 de febrero de 2019. <\/p>\n
<\/p>\n
5. No obstante lo anterior, y con miras en las probanzas arrimadas a esta sede, se concluye la improcedencia de la protecci\u00f3n reclamada, si en cuenta se tiene que el accionante no ha formulado petici\u00f3n alguna al interior del proceso disciplinario cuestionado, con el fin de exponer los motivos por los cuales estima que en su caso oper\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria seguida en su contra y que ahora esgrime en la demanda de amparo, de tal manera que, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se provea la soluci\u00f3n de cuestiones que debe dirimir el juez natural en el estadio procesal respectivo, ya que el amparo no est\u00e1 concebido como un instrumento sustitutivo de los remedios previstos en el ordenamiento jur\u00eddico. Por eso es que, la jurisprudencia de esta Sala ha considerado que: <\/p>\n
\u00abla acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario del respectivo tr\u00e1mite judicial no se logran proteger los derechos fundamentales invocados, es decir, que no es eficaz e id\u00f3neo para ello, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender instituido para desplazar o reemplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver controversias como las que aqu\u00ed se discuten, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y, a quebrantar la Carta Pol\u00edtica, pues la \u00e9sta petici\u00f3n no es una instancia adicional\u00bb (CSJ STC792-2021). <\/p>\n
<\/p>\n
5. En un caso de contornos id\u00e9nticos, en el que se pretendi\u00f3 la salvaguarda de los derechos fundamentales porque supuestamente prescribi\u00f3 la acci\u00f3n disciplinaria, la Corte consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEn el caso que es objeto de estudio, se advierte que frente a la censura realizada por la accionante respecto de la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas por cuanto para la fecha en que fue confirmada la sentencia de primera instancia que le impuso sanci\u00f3n disciplinaria (2 de agosto de 2017), hab\u00edan transcurrido seis a\u00f1os, seis meses y ocho d\u00edas contados a partir del auto de apertura de la investigaci\u00f3n, lo que, a su juicio, debe motivar que se declare la prescripci\u00f3n de dicho asunto, la quejosa tuvo a su alcance otro medio de defensa judicial para propender por la defensa de los derechos que estima vulnerados sin que acudiera a \u00e9ste, y no puede sustituir la herramienta que no utiliz\u00f3 al interior del proceso disciplinario con el uso de esta excepcional v\u00eda. <\/p>\n
En efecto, para remediar las presuntas transgresiones que, seg\u00fan asever\u00f3, se presentaron en el tr\u00e1mite del proceso disciplinario, la peticionaria pudo reclamar directamente ante el juzgador cognoscente de la segunda instancia, la declaraci\u00f3n que aqu\u00ed pretende obtener\u00bb (CSJ STC15784-2018). <\/p>\n
5. Corolario de lo anterior, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Como en el presente asunto se encuentra involucrado un menor de edad, tanto la Secretar\u00eda como la Relator\u00eda de esta Sala, deber\u00e1n ocultar su nombre, \u00fanicamente para efectos de publicidad; por tanto, en todas las copias que se expidan a terceros, deber\u00e1 suprimirse dicha identidad. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
En Comisi\u00f3n de Servicios <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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