STC3076-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3076-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2021-00001-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 26 de enero de 2021, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ramiro Vel\u00e1squez Mesa como \u00abapoderado general\u00bb de Erica Liliana Vel\u00e1squez Escalante, contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito y la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, ambos de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fue vinculada la parte pasiva y dem\u00e1s intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante en la condici\u00f3n referida, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales de su mandante al debido proceso y a la igualdad, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccional y administrativa convocadas, con el prove\u00eddo emitido el 9 de diciembre de 2020, dentro del proceso declarativo de responsabilidad civil contractual que \u00e9sta promovi\u00f3 frente a Juan Carlos Giraldo Grisales, Nelson Pulido Alarc\u00f3n y Daniel Osorio Giraldo, con radicado No. 2019-000596-00, juicio al que fue vinculada como litisconsorte necesario la compa\u00f1\u00eda Davivir Gesti\u00f3n Urbana S.A.S., as\u00ed como con el oficio No. 2902020EE02682, respectivamente. <\/p>\n
Por tal motivo, solicita para la protecci\u00f3n de tales prerrogativas, que se ordene al Juzgado Cuarto Civil del Circuito y a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, ambos de Pereira, \u00abd[ar] cumplimiento a lo ordenado en el C.G.P, art\u00edculo 590 numeral: c)\u00bb, y al primero de ellos, \u00ab[d]ejar sin valor el [citado] auto interlocutorio\u00bb, para en su lugar, ordenar el registro de la medida cautelar de inscripci\u00f3n de la demanda en el aludido asunto1. <\/p>\n
2. En apoyo de lo pretendido y en cuanto resulta relevante para la definici\u00f3n de la instancia, aduce en lo esencial el actor, que en contra de la se\u00f1ora Vel\u00e1squez Escalante se tramitaron varios procesos ejecutivos con t\u00edtulo hipotecario por parte de los se\u00f1ores M\u00f3nica Andrea Arteaga y Hernando Garc\u00eda Sep\u00falveda, cuyos cr\u00e9ditos fueron cedidos a los se\u00f1ores Nelson Pulido Alarc\u00f3n, Juan Carlos Giraldo Grisales y Daniel Osorio Giraldo, con quienes se suscribi\u00f3 un contrato de transacci\u00f3n, por intermedio de la sociedad Davivir Gesti\u00f3n Urbana S.A.S., dentro del cual se establecieron como obligaciones, dar por terminado las citadas ejecuciones, as\u00ed como los asuntos de \u00edndole penal adelantados frente a su defendida; asumir la totalidad de \u00abla demanda laboral impetrada en contra de [su] poderdante\u00bb; pagarle a \u00e9l la suma de $50.000.000,oo, lo cual nunca se materializ\u00f3; y, traspasar y realizar la entrega material de algunos bienes inmuebles, dej\u00e1ndose firmadas las respectivas compraventas, y de parte de su mandante, realizar el traspaso y entrega material del predio denominado \u00abEl Encanto\u00bb e identificado \u00abcon la matr\u00edcula inmobiliaria No. 290-81426\u00bb, sobre el cual pesaban las cautelas decretadas en los rese\u00f1ados juicios compulsivos, para lo cual tambi\u00e9n se firm\u00f3 la correspondiente escritura de compraventa. <\/p>\n
Asevera que, ante el incumplimiento parcial de las prenombradas personas, se dio inicio al litigio referido en l\u00edneas precedentes, donde se pretende, en virtud de una reforma a la demanda, declarar resuelto el rese\u00f1ado acuerdo de voluntades, en cuyo escrito se solicit\u00f3 el decreto y pr\u00e1ctica de la medida cautelar innominada de inscripci\u00f3n de la demanda, respecto de la mentada matr\u00edcula inmobiliaria, a fin de evitar que las pretensiones incoadas no fueran vanas, gravamen al cual accedi\u00f3 el Juzgado accionado. <\/p>\n
Refiere que un abogado, quien dijo ser apoderado de la sociedad citada en precedencia, mediante derecho de petici\u00f3n sin firma y sin aportar poder para actuar, solicit\u00f3 al juez del conocimiento levantar la referida cautela, para proceder al registro de la escritura de venta que se hab\u00eda suscrito, solicitud que fue acogida, sin haberse dado traslado a las partes, mediante providencia del 9 de diciembre de 2020, decisi\u00f3n que recurri\u00f3 a trav\u00e9s de los remedios horizontal y vertical, los cuales a\u00fan no han sido resueltos, por lo que teme ser v\u00edctima de una \u00abmora judicial\u00bb, de ah\u00ed que, es necesaria y urgente la intervenci\u00f3n del juez de tutela en favor de su poderdante. <\/p>\n
Finalmente sostiene, que la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de la citada capital igualmente vulner\u00f3 el debido proceso de su mandante, ya que se neg\u00f3 a inscribir la medida cautelar de inscripci\u00f3n de demanda, a trav\u00e9s del oficio No. 2902020EE02682 del 26 de noviembre anterior, con fundamento en el art\u00edculo 591 del C\u00f3digo General del Proceso y el canon 49 de la Ley 1579 de 2012, tras resolver una \u00absolicitud de correcci\u00f3n\u00bb, la que ninguna de las partes elev\u00f3, sino \u00abun tercero que nada tiene que ver con la titularidad del predio, y sin poder para hacerlo\u00bb, cuando el precepto aplicable era el art\u00edculo 18 de la Ley 1579 de 2020, razones todas por las cuales estima que el reclamo que eleva en favor de su apadrinada debe ser acogido a trav\u00e9s del presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n2. <\/p>\n
3. Derrotada la ponencia presentada por el Magistrado a quien le fue repartido el asunto, el expediente pas\u00f3 al Despacho para lo pertinente. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El Registrador de Instrumentos P\u00fablicos de Pereira se opuso al \u00e9xito del resguardo implorado, con sustento en que su actuar se sustent\u00f3 en el principio de la seguridad jur\u00eddica del tr\u00e1fico inmobiliario y en la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 59 de la Ley 1579 de 2012, pues se advirti\u00f3 un error en la inscripci\u00f3n de la demanda, ya que el demandado no es propietario del bien inmueble, por lo que se dispuso, de oficio, solicitar al juzgado de conocimiento cancelar esa medida3. <\/p>\n
b. La sociedad Davivir Gesti\u00f3n Urbana S.A.S., a trav\u00e9s de apoderado judicial, solicit\u00f3 declarar improcedente el amparo rogado, con sustento en que este no atiende el requisito general de procedibilidad de la subsidiariedad, ya que la tutelante cuenta con otros medios de defensa judicial para defender los derechos que dice le fueron conculcados, los cuales est\u00e1n en tr\u00e1mite4. <\/p>\n
c. El juzgado acusado y los dem\u00e1s vinculados, guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Juez constitucional de primera instancia desestim\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada por falta de legitimaci\u00f3n en la causa del accionante, tras considerar que \u00abel se\u00f1or Ramiro Vel\u00e1squez Mesa aleg\u00f3 intervenir en inter\u00e9s de \u00c9rica Liliana Vel\u00e1squez Escalante con sustento en poder general que ella le concedi\u00f3 por escritura p\u00fablica No. 500 del 5 de marzo de 2010, otorgada en la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo de Pereira\u00bb, por lo que \u00abese mandato general no lo legitima para promover la presente acci\u00f3n de tutela pues incumple los presupuestos relacionados en la jurisprudencia transcrita ya que, por definici\u00f3n, no constituye un poder especial y no fue conferido a profesional del derecho, condici\u00f3n que no aleg\u00f3 tener el se\u00f1or Vel\u00e1squez Mesa\u00bb5. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El tutelante se mostr\u00f3 descontento con lo resuelto, tras esgrimir que act\u00faa en representaci\u00f3n de su hija Erika Liliana Vel\u00e1squez Escalante, de acuerdo con el poder general anexo con la demanda de amparo, y, en calidad de agente oficioso de ella, ya que se encuentra fuera del pa\u00eds desde mucho antes de radicarse la misma6. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades o de los particulares, el cual se encuentra regulado en el Decreto 2591 de 1991, cuya procedencia est\u00e1 ligada a los presupuestos de que se acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable y no se tengan, est\u00e9n en tr\u00e1mite o se hayan desaprovechado otros caminos para conjurar la lesi\u00f3n. <\/p>\n
Ahora, cuando se promueve esta acci\u00f3n tuitiva contra una decisi\u00f3n adoptada por una autoridad judicial, la jurisprudencia constitucional ha decantado una serie de requisitos, hoy llamados, causales de procedibilidad, que posibilitan el estudio de fondo del asunto y que se subdividen en gen\u00e9ricas y espec\u00edficas7. Las primeras, atinentes a que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; que se hayan agotado todos los medios (ordinarios y extraordinarios) de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio irremediable; que se cumpla el requisito de la inmediatez; que al tratarse de una irregularidad procesal quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la providencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; que \u00e9sta identifique los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n y las garant\u00edas superiores que considera quebrantadas, y que hubiere alegado tal afectaci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y, que la queja no est\u00e9 dirigida contra una sentencia de tutela, mientras que las segundas, alusivas a vicios o defectos denominados: org\u00e1nico; procedimental absoluto; f\u00e1ctico; material o sustantivo; error inducido; decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; desconocimiento del precedente; y, violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
2. En relaci\u00f3n con la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece, que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Sobre el alcance del precepto legal en menci\u00f3n, la jurisprudencia constitucional ha estimado que: \u00abla legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (C. C. T-878 de 2007). <\/p>\n
3. En este asunto, Ramiro Vel\u00e1squez Mesa, quien no es abogado, aduciendo la condici\u00f3n de apoderado general de Erika Liliana Vel\u00e1squez Escalante, cuestiona a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, el prove\u00eddo proferido el 9 de diciembre de 2019 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, por medio del cual resolvi\u00f3 cancelar el registro de la medida cautelar de inscripci\u00f3n de demanda sobre el bien inmueble identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 290-81426, en el marco del proceso declarativo de responsabilidad civil contractual que \u00e9sta promovi\u00f3 frente a Juan Carlos Giraldo Grisales, Nelson Pulido Alarc\u00f3n y Daniel Osorio Giraldo, con radicado No. 2019-000596-00, juicio al que fue vinculada como litisconsorte necesario la compa\u00f1\u00eda Davivir Gesti\u00f3n Urbana S.A.S., as\u00ed como el oficio No. 2902020EE02682 del 26 de noviembre anterior, por medio del cual la Oficina de Registro de Instrumentos p\u00fablicos de la misma ciudad inform\u00f3 que no pudo ser registrada la citada cautela, y su vez solicit\u00f3 su cancelaci\u00f3n, pues, en sentir del promotor, dichas autoridades actuaron al margen del procedimiento aplicable al asunto. <\/p>\n
4. Sin embargo, revisadas las documentales allegadas al tr\u00e1mite y los informes rendidos al interior del mismo, no cabe duda del fracaso de lo reclamado a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n, teniendo en cuenta que el poder general otorgado por la se\u00f1ora Vel\u00e1squez Escalante al se\u00f1or Ramiro Vel\u00e1squez Mesa mediante escritura p\u00fablica No. 0500 del 5 de marzo de 2010, no habilita a \u00e9ste para cuestionar la actuaci\u00f3n adelantada por el Despacho accionado mediante este mecanismo extraordinario de defensa, puesto que ese tipo de representaci\u00f3n no \u00abpuede tener (\u2026) la virtud de transferirle al apoderado los derechos fundamentales de su poderdante, ni mucho menos habilitarle para interponer acciones de tutela adyacentes (\u2026), al ser este mecanismo un proceso judicial aut\u00f3nomo, que promovido a trav\u00e9s de abogado, requiere sujetarse a las reglas generales del derecho de postulaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC7147-2020). <\/p>\n
Sobre el particular, en un caso similar esta Sala expres\u00f3, que \u00abal verificar la documentaci\u00f3n obrante en el plenario, advierte que si bien la titular de los derechos fundamentales cuya protecci\u00f3n aqu\u00ed se invoca, es decir, Jessica P\u00e9rez Bedoya, otorg\u00f3 poder general a favor de Luz Estela Bedoya Murillo, con el fin de que la represente \u00abante cualquier corporaci\u00f3n, entidad, funcionario o empleado de la rama ejecutiva y sus organismos vinculados o adscritos; en la rama judicial, y de la rama legislativa, del poder p\u00fablico, en cualquier petici\u00f3n, actuaci\u00f3n, diligencia, o proceso, sea como demandante, sea como demandado o como coadyuvante de cualquiera de las partes, para iniciar o seguir hasta su terminaci\u00f3n, los procesos, actos diligencias y actuaciones respectivas\u00bb\u2026, dicho mandato no habilita a esta \u00faltima para cuestionar las decisiones emitidas por las autoridades accionadas mediante este mecanismo extraordinario de defensa, puesto que si bien la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela no exige la calidad de abogado en quien la suscribe, ya que puede ser interpuesta por la persona que estime pertinente solicitar ante un Juez el amparo de sus garant\u00edas constitucionales, ha sido criterio de esta Corte de tiempo atr\u00e1s, que cuando de derechos fundamentales ajenos se trata, es necesario que se acompa\u00f1e a la demanda poder especial por medio del cual se act\u00faa, o que se proceda en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, valga decir, alegando agencia oficiosa\u00bb (CSJ STC4661-2020). <\/p>\n
En ese sentido, esta Sala ha precisado que \u00ab[c]uando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para (\u2026) su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. (\u2026) La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente (\u2026). (Sentencias T-658 de 2002; T-451 de 2006 y T. 2011-00118-01 de 10 de junio de 2011 y T. 2011-00153-01 de 27 de julio del mismo a\u00f1o, entre otras). (Subrayas fuera del texto)\u00bb (ver en CSJ STC19645-2017)\u00bb (CSJ, STC163-2021). <\/p>\n
5. Ahora, aunque el promotor del resguardo aduj\u00f3 con el escrito de impugnaci\u00f3n que tambi\u00e9n act\u00faa en calidad de agente oficioso de la se\u00f1ora Vel\u00e1squez Escalante, la Sala aprecia que no est\u00e1 cumplido el segundo requisito de procedencia de la citada figura, relativo a que el titular de los derechos fundamentales \u00abno est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa, ya sea por circunstancias f\u00edsicas o mentales\u00bb8, pues el motivo que aqu\u00e9l esgrimi\u00f3 para justificar el uso de esta fue, que la agenciada \u00abno se encuentra en el pa\u00eds desde hace varios a\u00f1os\u00bb, situaci\u00f3n que no le impide otorgar desde el lugar donde se encuentre el respectivo poder especial a un abogado, dado que este se presume aut\u00e9ntico (Art. 10, Dec. 2591\/91), o en su defecto, dadas las circunstancias9, radicar en nombre propio la demanda de amparo v\u00eda correo electr\u00f3nico, todo lo cual descarta la viabilidad del agenciamiento pretendido y, por ende, del estudio de la presente solicitud de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
CON SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2021-00001-01 <\/p>\n
Disiento de la decisi\u00f3n acogida en la providencia objeto de este pronunciamiento, porque en mi criterio el promotor s\u00ed estaba habilitado para impetrar el auxilio, seg\u00fan paso a explicar. <\/p>\n
1. Ramiro Vel\u00e1squez Mesa, aqu\u00ed gestor, conforme al poder general otorgado por su hija \u00c9rica Liliana Vel\u00e1squez Escalante en escritura p\u00fablica N\u00ba 0500 de 5 de marzo de 2010 de la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo de Pereira, critica el pronunciamiento de 9 de diciembre de 2020 y el \u201coficio N\u00ba 0386\u201d proferidos por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, al ordenar el levantamiento de la cautela decretada en el juicio verbal de \u201ccumplimiento de contrato\u201d censurado, consistente en la \u201cinscripci\u00f3n de la demanda\u201d en el bien identificado con matr\u00edcula inmobiliaria \u201cN\u00ba 290-81426\u201d. <\/p>\n
En concepto de la Sala Mayoritaria, si ruegos como el actual se impulsan por intermedio de mandatario, menester es que \u00e9ste: (i) sea abogado y (ii) allegue poder especial para el efecto, otorgado por el titular de las prerrogativas presuntamente lesionadas. <\/p>\n
Con respaldo en semejante tesis, el fallo del cual me aparto concluy\u00f3 que el petente no pod\u00eda acudir a esta sede excepcional en defensa de las garant\u00edas de \u00c9rica Liliana Vel\u00e1squez Escalante, a pesar de aportar a las diligencias copia de la escritura p\u00fablica, en donde la precitada lo design\u00f3 como su apoderado general, invisti\u00e9ndolo de amplias facultades para procurar la indemnidad de sus intereses ante todo tipo de autoridades, incluidas las jurisdiccionales. <\/p>\n
2. La antelada posici\u00f3n se apoya en la l\u00ednea jurisprudencial que la Corte empez\u00f3 a consolidar en el a\u00f1o 2006, pues previamente hab\u00eda reconocido legitimaci\u00f3n para adelantar este tipo de tr\u00e1mites, a quien verificara la condici\u00f3n de vocero judicial, especial o no10, siempre y cuando fuese abogado titulado11. <\/p>\n
Ciertamente, de conformidad con la vigente tesitura de la Sala frente a este aspecto, para la instauraci\u00f3n del resguardo consagrado en el canon 86 superior, en armon\u00eda con el precepto 10 del Decreto 2591 de 199112, fuera de los eventos de representaci\u00f3n legal \u2013de menores de edad, personas jur\u00eddicas y sujetos en situaci\u00f3n de discapacidad mental absoluta o relativa-, y de aquellos en los cuales es viable la agencia oficiosa, se torna indispensable conferir \u201cpoder espec\u00edfico\u201d a un profesional del derecho, pues, se aduce, quien plantea a nombre de otro mecanismos como el presente, act\u00faa dentro del marco legal y las reglas propias del ejercicio del indicado empleo13, siendo, por ende, aplicable la regulaci\u00f3n prevista para \u00e9ste en el ordenamiento jur\u00eddico, vale decir, por el Decreto 196 de 197114, hoy d\u00eda, por la Ley 1123 de 200715. <\/p>\n
Esta intelecci\u00f3n del asunto se ha fincado adem\u00e1s, de forma expresa, en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, quien ha pregonado, con las anotadas salvedades, la necesidad de que la representaci\u00f3n en esta materia sea confiada a un abogado, en virtud de poder especial16, entendi\u00e9ndose por \u00e9ste, el otorgado por \u201cuna sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u201d17. <\/p>\n
Desde tal perspectiva, esa Alta Corporaci\u00f3n, al discurrir acerca de los \u201crequisitos del apoderamiento judicial para interponer la acci\u00f3n de tutela\u201d, expuso que \u201cel poder por medio del cual se faculta al abogado para actuar [ha de contar] con una serie de elementos en los que se identifique en forma clara y expresa: (i) los nombres y datos de identificaci\u00f3n tanto de poderdante como del apoderado; (ii) la persona natural o jur\u00eddica contra la cual se va a incoar la acci\u00f3n de tutela; (iii) el acto o documento causa del litigio y, (iv) el derecho fundamental que se pretende proteger y garantizar\u201d18. <\/p>\n
3. En mi opini\u00f3n, estas doctrinas son equivocadas, no s\u00f3lo por cuanto considero que el mandato general con fines judiciales es suficiente para promover herramientas como la examinada, sino tambi\u00e9n porque estimo errado exigirle al sujeto as\u00ed encargado de velar por la salvaguarda de las prerrogativas de otro, demostrar con ese prop\u00f3sito su condici\u00f3n de profesional del derecho. <\/p>\n
3.1. A voces del canon 2142 del C\u00f3digo Civil, \u201c[E]l mandato es un contrato en que una persona conf\u00eda la gesti\u00f3n de uno o m\u00e1s negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera\u201d, defini\u00e9ndolo a su vez el estatuto mercantil, en su art\u00edculo 1262, como \u201cun contrato por el cual una parte se obliga a celebrar o ejecutar uno o m\u00e1s actos de comercio por cuenta de otra\u201d. <\/p>\n
Mem\u00f3rese, en lo concerniente al citado presupuesto, esta Corte, razonamiento que comparto plenamente, ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [D]esde el punto de vista jur\u00eddico, la noci\u00f3n de mandato viene asociada a la idea de favor o de encargo (\u2026). Se trata, entonces, de un instrumento de integraci\u00f3n y colaboraci\u00f3n que facilita satisfacer intereses del comitente, en cuyo beneficio se realizan actos que por circunstancias de diversa \u00edndole, no puede o no desea llevar a cabo \u00e9l directamente. Tal herramienta permite, pues, que a trav\u00e9s de una superposici\u00f3n personal, un sujeto de derecho realice una gesti\u00f3n por o para otro, ya como simple benevolencia, ora a cambio de una contraprestaci\u00f3n (\u2026)\u201d19. <\/p>\n
Con ese entendimiento, se destaca, la confianza depositada por el mandante en el mandatario, es elemento inherente a dicho convenio. Precisamente, la palabra mandato proviene del lat\u00edn \u201cmandatum\u201d, derivada a su vez de la locuci\u00f3n \u201cmanus datio\u201d o \u201cmanum dare\u201d, esto es, en el antiguo derecho romano, <\/p>\n
\u201c(\u2026) el estrechamiento de la mano derecha de una persona que encargaba una gesti\u00f3n, con la de otra que se hac\u00eda cargo de realizarla, expresando simult\u00e1neamente as\u00ed el testimonio de su amistad, y especialmente para hacer constar la primera hacia la segunda su sentimiento de confianza (\u201csymbolum fidei datae\u201d); y, por otra parte, para hacer resaltar ambas el poder vinculante de sus voluntades, porque la mano era el s\u00edmbolo de la fuerza (\u2026)\u201d20. <\/p>\n
Como lo expone D\u00edez-Picazo, el rese\u00f1ado acuerdo de voluntades encuentra su base y su fundamento en un v\u00ednculo de confianza y de fidelidad entre los participantes, deviniendo de all\u00ed el ostensible car\u00e1cter intuitu personae del mismo, y la marcada relevancia de la personalidad de los intervinientes, al punto que <\/p>\n
\u201c(\u2026) la modificaci\u00f3n sobrevenida o la desaparici\u00f3n de las circunstancias o cualidades personales sobre las cuales se bas\u00f3 la confianza de las partes tiene que tener un cauce para repercutir en la suerte de la relaci\u00f3n. La ley contempla alguno (sic) de estos cambios como causas especiales de terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n (la interdicci\u00f3n, la quiebra, la insolvencia), pero, en general, toda p\u00e9rdida de la confianza debe generar una posible terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n (\u2026)\u201d21. <\/p>\n
Es tan medular la confianza, que el contrato puede extinguirse unilateralmente cuando \u00e9sta se diluye: el mandante, revoc\u00e1ndolo, y el mandatario, renunciando. <\/p>\n
Por tanto, al impedir a un sujeto provisto por un mandato general de la facultad de resguardar las garant\u00edas de un tercero, el acatamiento de dicha gesti\u00f3n, pretextando la falta de un poder especial y\/o la carencia de una calidad superflua, la Corte desconoce la particular naturaleza del mentado negocio jur\u00eddico y los principios que lo inspiran. <\/p>\n
Los derechos fundamentales, en el contexto de la Democracia Constitucional y Social de Derecho, donde el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva22, son base angular, no pueden resistir una conceptualizaci\u00f3n de ese talante. <\/p>\n
En ese orden, me pregunto: \u00bfpor qu\u00e9 se admite la instauraci\u00f3n del auxilio por conducto de agente oficioso, aun cuando \u00e9ste no dispone ni ha de exhibir autorizaci\u00f3n alguna y\/o acreditar ser abogado, habilit\u00e1ndosele incluso para conferir poder especial23, pero al apoderado general se le proh\u00edbe, a pesar de contar, \u00e9l s\u00ed, con la aquiescencia del directo interesado en la protecci\u00f3n de las prerrogativas presuntamente quebrantadas? <\/p>\n
Si se afirmara como parte de la respuesta a este cuestionamiento, el deber de asegurar la defensa t\u00e9cnica de las garant\u00edas del inmediatamente afectado y la eventual responsabilidad profesional del representante, tal tesis claramente fallar\u00eda al intentar contestar la primera hip\u00f3tesis mencionada, pues a quien obra al abrigo de la agencia oficiosa no le son aplicables los comentados requerimientos. <\/p>\n
3.2. Es m\u00e1s, al margen de lo plasmado, de cualquier modo la postura de la Sala mayoritaria no tiene asidero jur\u00eddico, porque ni el art. 86 de la Constituci\u00f3n Nacional, consagratorio de la acci\u00f3n de tutela, ni el Decreto 2591 de 1991, reglamentario de \u00e9sta, prescriben las memoradas exigencias. <\/p>\n
Por el contrario, el referido canon superior es de contenido meridiano al pontificar que reclamos iusfundamentales como el actual, pueden ser invocados por toda persona, \u201cpor s\u00ed misma o por quien act\u00faa a su nombre\u201d, mientras el precepto 10 del aludido decreto reitera esa noci\u00f3n, a\u00f1adiendo la presunci\u00f3n de autenticidad de los poderes otorgados con miras a la formulaci\u00f3n de esta clase de tr\u00e1mites. <\/p>\n
De contera, la decisi\u00f3n de la cual discrepo est\u00e1 imponiendo a los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia el cumplimiento de requisitos no previstos en la ley, denegando as\u00ed el libre acceso a \u00e9sta24, y soslaya, igualmente, la informalidad25 de actuaciones de este linaje, sin sustento v\u00e1lido alguno. <\/p>\n
4. En los anteriores t\u00e9rminos, dejo consignado mi anunciado salvamento de voto. <\/p>\n
Fecha ut supra. <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1 Conforme con la demanda de tutela que hace parte del archivo digital contentivo del expediente de primera instancia remitido a esta Corte. <\/p>\n
2 Ejusdem. <\/p>\n
3 Informe que hace parte del archivo digital citado con antelaci\u00f3n. <\/p>\n
4 Ib\u00eddem. <\/p>\n
5 Decisi\u00f3n anexa al archivo digital enviado a esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
6 Ib\u00eddem. <\/p>\n
7 Consultar al respecto, C.C. SU-917\/10, SU-195\/12, SU-515\/13, SU-769\/14, SU-336\/17, SU-116\/18, SU-332\/19 y SU-020\/20. <\/p>\n
8 Ver al respecto, C.C. T-04\/13, T-416\/17 y T-072\/19, entre otras. <\/p>\n
9 Por efecto de la emergencia sanitaria que vive el pa\u00eds la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura adopt\u00f3 como medida la recepci\u00f3n de demandadas y actuaciones judiciales a trav\u00e9s de los correos electr\u00f3nicos dispuestos para ello. <\/p>\n
10 La Corporaci\u00f3n no puso trabas a la legitimaci\u00f3n de profesionales del derecho que cobijados por un mandato general, comparecieron a esta v\u00eda residual, en casos como el de los fallos de 8 de abril de 2002, exp. 2002-00059-01; 3 de mayo de 2002, exp. 2002-00152-01; 31 de octubre de 2002, exp. 2002-12018-01; 4 de abril de 2003, exp. 2002-02973-01; 10 de marzo de 2004, exp. 2004-00078-01; 22 de junio de 2004, exp. 2004-00295-01 [en esta causa, la accionante exhibi\u00f3 un poder general a su favor y aleg\u00f3 ser abogada; empero, la Corte no le reconoci\u00f3 legitimaci\u00f3n, por ausencia de prueba de la precitada calidad]; 25 de junio de 2004, exp. 2004-00630-00; y 26 de noviembre de 2004, exp. 2004-00524-01. Es m\u00e1s, en fallo dictado el 21 de marzo de 2001, bajo el radicado n\u00ba 2001-00052-01, la Sala desat\u00f3, sin anteponer alg\u00fan obst\u00e1culo al respecto, la impugnaci\u00f3n interpuesta por el abogado, apoderado general, de quien actu\u00f3 en primera instancia, de manera personal, como agente oficiosa de su progenitora. <\/p>\n
11 Tal fue la reiterada doctrina de la Corte hasta el a\u00f1o 2005. Cons\u00faltense al respecto las siguientes sentencias de tutela: 27 de enero 1998, exp. 4684; 1\u00ba de septiembre de 1998, exp. 5295; 28 de septiembre de 1999, exp. 7213; 31 de julio de 2000, exp. 0206; 20 de febrero de 2001, exp. 2000-0965-01; 27 de marzo de 2001, exp. 2001-00406-01; 29 de noviembre de 2001, exp. 2001-00813-00; 20 de junio de 2002, exp. 2002-00174-01; 26 de junio de 2002, exp. 2002-00276-01 [en este caso, la Colegiatura indic\u00f3 que la all\u00ed actora, en su calidad de apoderada general, no estaba legitimada para impetrar la salvaguarda, por no ser abogada, subrayando la posibilidad del otorgamiento de un poder especial por aqu\u00e9lla, a un profesional del derecho]; 4 de julio de 2002, exp. 2002-00698-01; 5 de julio de 2002, exp. 2002-02239-01; 17 de julio de 2002, exp. 2002-00240-01; 16 de agosto de 2002, exp. 2002-00031-01; 28 de agosto de 2002, exp. 2002-00333-01; 14 de febrero de 2003, exp. 2002-00071-01; 30 de septiembre de 2003, exp. 2003-00042-01; 23 de febrero de 2004, exp. 2003-00621-01; 29 de abril de 2004, exp. 2004-00155-01; 29 de julio de 2004, exp. 2004-00654-00; 13 de octubre de 2004, exp. 2004-01096-00; 26 de octubre de 2004, exp. 2004-00728-01; 29 de octubre de 2004, exp. 2004-01156-00; 11 de noviembre de 2004, exp. 2004-00479-01; 10 de junio de 2005, exp. 2005-00155-01; 13 de julio de 2005, exp. 2005-00759-00; 1\u00ba de agosto de 2005, exp. 2005-00108-01; y 14 de diciembre de 2005, exp. 2005-00209-01. <\/p>\n
12 \u201cLa acci\u00f3n de tutela podr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud. <\/p>\n
Tambi\u00e9n podr\u00e1n ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales\u201d. <\/p>\n
13 As\u00ed se ha sostenido, cuando menos desde el a\u00f1o 2006, en diversos pronunciamientos, entre los cuales destacan: sentencias de 1\u00ba de noviembre de 2006, exp. 2006-01750-00, y de 3 de mayo de 2007, exp. 2007-00039-01; auto de 16 de enero de 2008, exp. 2008-00035-00; y fallos de 10 de junio de 2011, exp. 2011-00118-01; 3 de agosto de 2011, exp. 2011-00153-01; 4 de mayo de 2012, exp. 2012-00145-01 [en dicha causa, aunque el promotor del resguardo era abogado, se concluy\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n para impetrar el auxilio a nombre de otro, por cuanto exhibi\u00f3 un poder general y no el especial requerido]; CSJ. STC de 25 de junio de 2015, exp. 2015-00365-01; CSJ. STC de 3 de julio de 2015, exp. 2015-00111-01 [en este caso, la Sala reconoci\u00f3 derecho de postulaci\u00f3n al abogado petente de la salvaguarda, quien obraba como apoderado especial constituido por el mandatario general del titular de los intereses iusfundamentales presuntamente agraviados]; CSJ. STC de 16 de junio de 2016, exp. 2016-00716-01 [en ese tr\u00e1mite, contrario sensu a lo manifestado en el precedente reci\u00e9n citado, la Corte sostuvo: \u201cAunado a lo anterior, le falta legitimaci\u00f3n al profesional del derecho que promueve el resguardo, pues el poder especial fue otorgado por mandatario general quien no est\u00e1 facultado para ello, como quiera que el instrumento p\u00fablico a \u00e9l conferido no transfiere derechos fundamentales de sus representados\u201d]; CSJ. STC de 9 de mayo de 2018, exp. 2018-00067-01; CSJ. STC de 23 de mayo de 2018, exp. 2018-00436-01; CSJ. STC de 12 de julio de 2018, exp. 2018-00171-01; CSJ. STC de 18 de julio de 2018, exp. 2018-00155-01; y CSJ. STC de 10 de agosto de 2018, exp. 2018-00130-01. <\/p>\n
14 \u201cPor el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogac\u00eda\u201d. <\/p>\n
15 \u201cPor la cual se establece el C\u00f3digo Disciplinario del Abogado\u201d. <\/p>\n
16 Corte Constitucional: T-550 de 1993, T-001 de 1997, T-658 de 2002, T-451 de 2006, T-493 de 2007 [en esta sentencia, no obstante se\u00f1alar que la acci\u00f3n de tutela se puede promover mediante apoderado judicial, \u201ccaso en el cual el apoderado debe tener la condici\u00f3n de abogado titulado, debiendo anexarse a la demanda el poder especial para el caso o en su defecto el poder general respectivo\u201d, rengl\u00f3n seguido esa Colegiatura expuso que en ese tipo de decursos el mandato siempre ha de ser espec\u00edfico, incurriendo en la misma contradicci\u00f3n en los fallos T-194 de 2012 y T-430 de 2017]; T-417 de 2013; y T-054 de 2014. <\/p>\n
17 Corte Constitucional: T-001 de 1997. <\/p>\n
18 Corte Constitucional: T-1025 de 2006. <\/p>\n
19 CSJ. Civil. Sentencia de 27 de marzo de 2012, expediente 00178. <\/p>\n
20 ESCOBAR SAN\u00cdN, Gabriel. Negocios Civiles y Comerciales I. Negocios de sustituci\u00f3n. Universidad Externado de Colombia, 1987, p\u00e1g. 297. <\/p>\n
21 D\u00edez-Picazo, Luis. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial IV. Las particulares relaciones obligatorias. Editorial Aranzadi S.A., 2010, p\u00e1g. 475. <\/p>\n
22 Sobre los derechos a las garant\u00edas y a la protecci\u00f3n judicial efectiva, pueden verse los arts. 8\u00ba y 25 de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, tambi\u00e9n conocida como Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmada en San Jos\u00e9, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, aprobada en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
23 En la sentencia T-430 de 2017, la Corte Constitucional reiter\u00f3 que \u201cha reconocido la posibilidad de agenciar el derecho de postulaci\u00f3n judicial. En efecto, un tercero podr\u00eda otorgar poder a un abogado para que interponga la acci\u00f3n de tutela. Empero, en estos casos debe probarse la necesidad de acudir a la figura de la agencia oficiosa, es decir que debe acreditarse la imposibilidad que tiene el titular de un derecho de otorgar poder por s\u00ed mismo a un profesional del derecho. Esta hip\u00f3tesis podr\u00eda ocurrir, por ejemplo, en el caso de un incapaz absoluto (\u2026)\u201d. <\/p>\n
25 Art. 14 del Decreto 2591 de 1991: \u201cEn la solicitud de tutela se expresar\u00e1, con la mayor claridad posible, la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado, el nombre de la autoridad p\u00fablica, si fuere posible, o del \u00f3rgano autor de la amenaza o del agravio, y la descripci\u00f3n de las dem\u00e1s circunstancias relevantes para decidir la solicitud. Tambi\u00e9n contendr\u00e1 el nombre y el lugar de residencia del solicitante. <\/p>\n
No ser\u00e1 indispensable citar la norma constitucional infringida, siempre que se determine claramente el derecho violado o amenazado. La acci\u00f3n podr\u00e1 ser ejercida, sin ninguna formalidad o autenticaci\u00f3n, por memorial, telegrama u otro medio de comunicaci\u00f3n que se manifieste por escrito para lo cual se gozar\u00e1 de franquicia. No ser\u00e1 necesario actuar por medio de apoderado. <\/p>\n
En caso de urgencia o cuando el solicitante no sepa escribir o sea menor de edad, la acci\u00f3n podr\u00e1 ser ejercida verbalmente. El juez deber\u00e1 atender inmediatamente al solicitante, pero, sin poner en peligro el goce efectivo del derecho, podr\u00e1 exigir su posterior presentaci\u00f3n personal para recoger una declaraci\u00f3n que facilite proceder con el tr\u00e1mite de la solicitud, u ordenar al secretario levantar el acta correspondiente sin formalismo alguno\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC3076-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC3076-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2021-00001-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 26 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[34],"tags":[],"class_list":["post-53882","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53882","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53882"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53882\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53882"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53882"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53882"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}