AC1060-2021 (2021-00529-00)_1<\/p>\n
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AC1060-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-00529-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., Cinco (05) de abril de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo Promiscuo Municipal de Monterrey, Casanare y Cincuenta y Cinco de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1 D.C. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primer despacho, la Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. TGI S.A., solicit\u00f3 imponer servidumbre legal de gasoducto y tr\u00e1nsito sobre el inmueble denominado \u00abPuerto Llano\u00bb de la vereda Monterrey del Municipio de Monterrey, Casanare. Justific\u00f3 la escogencia de esa sede, en lo pertinente, por \u00abla ubicaci\u00f3n del inmueble objeto de servidumbre y la cuant\u00eda\u00bb. <\/p>\n
2. La autoridad seleccionada admiti\u00f3 el libelo y adelant\u00f3 actuaciones tendientes a definirlo; empero, en desarrollo de la pr\u00e1ctica probatoria, profiri\u00f3 auto en el que se declar\u00f3 incompetente y remiti\u00f3 el asunto a los juzgados de Bogot\u00e1 donde se halla la vecinidad de la convocante, fundada en la posici\u00f3n que concret\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Civil en CSJ AC140-2020 (7 oct. 2020). <\/p>\n
3. El Juzgado Cincuenta y Cinco de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1 D.C., a quien le fue reasignado, lo repeli\u00f3 con estribo en que debe seguir siendo impulsado por el receptor inicial al ser el del lugar de ubicaci\u00f3n del predio a intervenir, sobre todo la comptencia se le prorrog\u00f3 al haberlo asumido. Por ello, gener\u00f3 la colisi\u00f3n que se entra a desatar (18 dic. 2020). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Comoquiera que la divergencia que se analiza se trab\u00f3 entre funcionarios de diferente distrito judicial, a esta Corporaci\u00f3n le concierne dirimirla como superior funcional com\u00fan de ellos, por conducto del suscrito Magistrado Sustanciador en Sala Unitaria, como lo establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el 7\u00ba de la 1285 de 2009. <\/p>\n
2.- Para distribuir los procesos entre las distintas autoridades judiciales asentadas en la geograf\u00eda nacional, el ordenamiento acude a los factores territorial, objetivo, subjetivo, funcional y de conexidad. Mediante el primero, indica cu\u00e1l es el juez que en raz\u00f3n de la circunscripci\u00f3n debe conocer del litigio, y para concretarlo establece los \u00abforos o fueros\u00bb, de modo que, por lo general, en los pleitos contenciosos se acude al \u00abpersonal\u00bb que radica la competencia en el del lugar del domicilio del demandado, o en el de su residencia; adem\u00e1s, consagra otros especiales, como el denominado por la doctrina \u00abforum rei sitae\u00bb o \u00abreal\u00bb, referido al sitio donde ocurrieron los hechos o a la ubicaci\u00f3n de los bienes objeto de la lid. Igualmente, impone el fuero contractual, seg\u00fan el cual es llamado a conocer el asunto el fallador del lugar de cumplimiento de las obligaciones emanadas de un negocio jur\u00eddico, entre otros. <\/p>\n
Varios de esos fueros pueden confluir en una misma causa, lo cual genera una pluralidad de jueces llamados a tramitarla, en cuyo caso la ley otorga al actor la facultad de escoger entre ellos, sin que tal voluntad pueda ser desconocida por el elegido, quien, en principio, queda llamado a zanjar la disputa; empero, hay otros supuestos en que el legislador anula esa discrecionalidad y privativamente determina la potestad, indicando de forma precisa y categ\u00f3rica el funcionario que con exclusi\u00f3n de cualquier otro est\u00e1 llamado a encarar el debate. <\/p>\n
Al respecto, en AC3744-2018, la Corte destac\u00f3, en concreto, que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el concepto \u00abprivativo\u00bb que constituye el com\u00fan denominador de las precitadas disposiciones implica que a los juzgadores con autoridad en el territorio donde se cumple alguna de las condiciones se\u00f1aladas en ellas, es decir, del sitio donde se localizan los inmuebles sobre los que se quiere constituir ese gravamen o del que es vecino el organismo estatal, concierne conocer, tramitar y resolver de manera exclusiva los litigios cuyas pretensiones tienen esa finalidad o han sido formuladas a favor o en contra de una entidad de esa \u00edndole (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, atinente a los juicios sobre servidumbres, el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 ejusdem fija una \u00abcompetencia privativa\u00bb que asigna en forma exclusiva, \u00fanica y excluyente al estrado del lugar donde est\u00e9 el bien envuelto en la litis el deber de conocerlas, en cuanto prescribe que \u00ab[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales (\u2026) en los de servidumbre\u2026.\u00bb, ser\u00e1 competente, \u00abde modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb, siendo ese un claro ejemplo de fuero real exclusivo. <\/p>\n
No obstante, el numeral 10\u00ba, ejusdem, previene que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb, de donde emerge otro fuero privativo de car\u00e1cter general o personal que se funda en la calidad del sujeto para asignar competencia al juez de su domicilio. <\/p>\n
Como en muchas ocasiones la demandante es una entidad que responde al memorado criterio subjetivo y es vecina de una provincia distinta de aquella donde se encuentra el inmueble sobre el que aspira obtener el gravamen, deviene palmario que en la pr\u00e1ctica surge un enfrentamiento entre los par\u00e1metros atributivos en comento. <\/p>\n
Dilema que conforme el criterio mayoritario de la Sala plasmado en AC140-2020, del que el suscrito ponente disinti\u00f3 con salvamento de voto, pero que en sometimiento a los principios de igualdad y seguridad jur\u00eddica aplica ahora, tiene soluci\u00f3n en el inciso primero del art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00abes prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb, por lo que en todos los tr\u00e1mites en donde participe un organismo de linaje \u00abp\u00fablico\u00bb habr\u00e1 de preferirse su \u00abfuero personal\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, en dicha providencia se concluy\u00f3 que \u00abla colisi\u00f3n presentada entre los dos fueros privativos de competencia consagrados en los numerales 7\u00b0 (real) y 10\u00b0 (subjetivo) del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, debe solucionarse a partir de la regla establecida en el canon 29 ib\u00eddem, raz\u00f3n por la que prima el \u00faltimo de los citados\u00bb. <\/p>\n
Soluci\u00f3n que, adem\u00e1s, debe ser aplicada sin observancia del principio de la perpetutatio jurisdictionis, pues al no prorrogarse la competencia por estar involucrado el fuero subjetivo, \u00ablos jueces pueden declarar su falta de competencia por esos factores incluso despu\u00e9s de haber impartido tr\u00e1mite al proceso, con independencia que esta haya sido o no alegada por las partes y de que la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal haya sido trabada, en cuyo caso lo actuado hasta antes de la sentencia conservar\u00e1 validez, incluidas las medidas cautelares que hayan sido practicadas\u00bb. <\/p>\n
3.- En ese contexto, bien pronto se observa que el juzgado de Bogot\u00e1 se equivoc\u00f3 al rehusar el conocimiento de este asunto, comoquiera que olvid\u00f3 la doctrina que la Sala consolid\u00f3 en CSJ AC140-2020, la que, aplicada a este evento, respalda la posici\u00f3n del estrado de Monterrey. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que aunque la controversia se inici\u00f3 y tramit\u00f3 ante la \u00faltima autoridad referida, de todos modos, como se vio, al considerarse que el fuero personal del numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso contempla un evento constitutivo del \u201cfactor subjetivo\u201d y \u00e9ste tiene prelaci\u00f3n (art. 29), as\u00ed como impide la prorrogabilidad de la competencia (art. 16), la aplicaci\u00f3n del principio de la perpetutatio jurisdictionis no es admisible, contrario a lo que expuso el segundo receptor. <\/p>\n
Lo expuesto porque, de conformidad con el art\u00edculo 38 de la Ley 489 de 1998, la Rama Ejecutiva del poder p\u00fablico est\u00e1 integrada en el sector descentralizado por servicios, entre otras, por \u201c[l]as sociedades p\u00fablicas y las sociedades de econom\u00eda mixta\u201d, por lo que es evidente que la gestora es una de las personas jur\u00eddicas a que alude el numeral d\u00e9cimo del canon 28 referido, el que resulta, entonces, aplicable. <\/p>\n
Ello se explica porque la Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. TGI S.A., es una empresa de servicios p\u00fablicos, constituida como sociedad an\u00f3nima por acciones, acorde con la Ley 142 de 1994, con auton\u00f3mia administrativa, patrimonial y presupuestal, en la que el Grupo de Energ\u00eda de Bogot\u00e1 tiene el 99,995568% de las acciones que la integran1, lo que indica que se trata de una entidad p\u00fablica. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que el Grupo Energ\u00eda de Bogot\u00e1 S.A. ESP, es una empresa de servicios p\u00fablicos, constituida como sociedad an\u00f3nima por acciones, conforme a las disposiciones de la ley 142 de 1992 (art. 17), con autonom\u00eda administrativa, patrimonial y presupuestal, en la cual el Estado posee el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social, acorde con el Acuerdo 001 de 1996 del Concejo de Bogot\u00e1 y con el art\u00edculo 2\u00ba de los Estatutos Sociales, elementos que revelan su naturaleza p\u00fablica porque el art\u00edculo 104 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que, por \u00abentidad p\u00fablica se entiende todo \u00f3rgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominaci\u00f3n; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participaci\u00f3n igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participaci\u00f3n estatal igual o superior al 50%\u00bb, adem\u00e1s, su domicilio es Bogot\u00e1, seg\u00fan se extrae del certificado de existencia y representaci\u00f3n legal. <\/p>\n
Por manera que al ser el domicilio de la entidad descentralizada demandante la capital del pa\u00eds, es ese el lugar donde debe ser adelantado este ritual, sin que la competencia del juzgado de Monterrey haya sido prorrogada, por lo que no habr\u00e1 otra opci\u00f3n sino la de ordenar remitir las diligencias al funcionario que gener\u00f3 el conflicto. <\/p>\n
4.- En ese orden, se resolver\u00e1 la disputa en el sentido de asignar el asunto al juez de Bogot\u00e1 y se comunicar\u00e1 lo definido al otro despacho involucrado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Cincuenta y Cinco de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1 D.C., es el competente para conocer la causa de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Enviar el expediente al citado Despacho e informar lo decidido al otro estrado judicial. <\/p>\n
Tercero: Librar, por secretar\u00eda, los oficios correspondientes. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n