AC1093-2021 (2016-00448-01)<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC1093-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001 31 03 010- 2016 00448 01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de enero de 2021) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., cinco (5) de abril de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
I.-ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Mediante escrito que posteriormente reform\u00f3, el actor pidi\u00f3 declarar que el llamado es contractualmente responsable por la tala de 8.000 \u00e1rboles sembrados en el predio \u00abEl Salitre\u00bb y, en consecuencia, que se lo condene a pagarle $980.000.000 por da\u00f1os materiales y 50 salarios m\u00ednimos legales mensuales por perjuicios morales. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que en marzo de 2006 celebr\u00f3 con el convocado un acuerdo verbal, comprometi\u00e9ndose a plantar eucaliptus, hortalizas y aligustres en el mencionado fundo, de cuya producci\u00f3n le corresponder\u00eda el 90% y el resto a su contraparte. <\/p>\n
En desarrollo del convenio pobl\u00f3 el terreno con 10.000 \u00e1rboles de la \u00faltima especie, de los que en mayo de 2013 cada uno retir\u00f3 1.000, quedando 8.000; sin embargo, en mayo de 2014, cuando ten\u00edan aproximadamente 2 metros de altura, Lega Akl los cort\u00f3 sin su permiso ni el de la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional, como represalia porque le devolvi\u00f3 un vivero que ten\u00eda en arrendamiento. <\/p>\n
Entre el 1\u00ba de agosto y el 2 de septiembre de ese a\u00f1o los contratantes cruzaron 56 correos electr\u00f3nicos \u00abcuyo objeto es el conflicto por la tala de los aligustres\u00bb, y en uno de ellos el llamado le manifest\u00f3 que tuvo que contratar un trabajador para erradicarlos (fls. 1 al 14, 18, 46 al 50 y 151 al 156 cuaderno 1). <\/p>\n
2.- El accionado se opuso a las s\u00faplicas y formul\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva del demandado\u00bb, \u00abinexistencia de contrato entre las partes\u00bb, \u00aben todo caso, los \u00e1rboles a\u00f1orados por el demandante no han sido talados\u00bb, \u00abenriquecimiento sin justa causa\u00bb, \u00abcobro de lo no debido\u00bb y \u00abcompensaci\u00f3n\u00bb (fls. 167 al 171, ib). <\/p>\n
3.- En sentencia de 20 marzo de 2019, el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 acogi\u00f3 las s\u00faplicas consignadas en el pliego introductorio (fls. 222 al 224, ejusdem). <\/p>\n
4.- Recurrida esa determinaci\u00f3n, el superior decret\u00f3 de oficio el recaudo de unos documentos, los cuales fueron tachados de falsos por el Castelblanco Su\u00e1rez en cuanto a las firmas que se le atribuyen en el \u00abcontrato de aparcer\u00eda hacienda El Salitre\u00bb y en el \u00abcontrato de comodato\u00bb, esgrimiendo al efecto un dictamen pericial en cuya contradicci\u00f3n aquel adjunt\u00f3 otro con conclusiones opuestas, cumplido lo cual se llev\u00f3 a cabo audiencia en la que los sujetos procesales interrogaron a los expertos, las partes formularon alegatos de instancia y el Tribunal anunci\u00f3 la emisi\u00f3n de fallo escrito (fls. 7 al 203, cuaderno 2). <\/p>\n
El 18 de diciembre de 2019, el ad quem revoc\u00f3 el pronunciamiento apelado, declar\u00f3 infundada la \u00abtacha\u00bb, sancion\u00f3 al proponente y neg\u00f3 las pretensiones, de conformidad con los siguientes argumentos: <\/p>\n
La legitimaci\u00f3n en la causa es un \u00abpresupuesto procesal\u00bb que, en el caso del demandado, \u00abconsiste en ser la persona que de conformidad con la ley sustancial est\u00e1 llamada a soportar las pretensiones contenidas en la demanda\u2026\u00bb. El a quo la encontr\u00f3 probada porque \u00abel apelante no alleg\u00f3 las pruebas documentales para acreditar la existencia de otros contratos diferentes al estudiado, y que fueran celebrados por el demandante con una persona jur\u00eddica\u2026as\u00ed como tampoco se demostr\u00f3 el reparto de utilidades de esos negocios\u2026\u00bb, sin reparar que al rendir su testimonio, el representante legal de Inversiones Lega S.A.S. pretendi\u00f3 aportarlas como lo autoriza el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 221 del C\u00f3digo General del Proceso y que no se le recibieron, pese a su vital importancia. <\/p>\n
La facultad que el art\u00edculo 169 \u00eddem otorga al juez para decretar pruebas de oficio confluye con el deber de los litigantes de demostrar los hechos cuyo soporte f\u00e1ctico ha sido previsto en la norma sustancial. <\/p>\n
Con base en lo anterior, en segunda instancia se recaudaron: \u00abcontrato de aparcer\u00eda Hacienda El Salitre\u00bb entre Jos\u00e9 Camilo Lega en calidad de representante legal de Inversiones Lega C\u00eda. S. en C. y Bladimir Castelblanco para que este criara novillas y cultivara especies vegetales; \u00abcontrato de comodato\u00bb de iguales fecha y extremos para el pr\u00e9stamo de dos construcciones del predio \u00abLa Hormiga\u00bb destinadas a la vivienda de los trabajadores que desarrollar\u00edan en anterior convenio; \u00abacta de liquidaci\u00f3n de la producci\u00f3n obtenida en la Hacienda El Salitre\u00bb de 7 de diciembre de 2009 (tambi\u00e9n aportada por el gestor); \u00abcontrato de arrendamiento terreno La Hormiga-Hacienda El Salitre\u00bb de 10 de abril de 2011, sobre un lote destinado a vivero, con otros\u00ed de 6 de marzo de 2013 donde se ajust\u00f3 precio, forma de pago y que en adelante el arrendatario actuar\u00eda como representante legal de Ecoambithoz Ltda.; \u00abcertificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la sociedad Inversiones Lega S.A.S.\u00bb que prueba que Jos\u00e9 Camilo Legal era su vocero para la \u00e9poca en que se suscribieron dichos instrumentos; y \u00abcertificados de libertad y tradici\u00f3n, incluso el allegado por la parte demandante\u00bb que demuestran que ese inmueble es de propiedad de la \u00faltima persona jur\u00eddica. <\/p>\n
Es evidente que entre el actor, quien obr\u00f3 en nombre propio y solo una vez como representante legal de Ecoambithoz Ltda., e Inversiones Lega S.A.S. existi\u00f3 un v\u00ednculo comercial para cultivar varias especies, establecer un vivero y criar ganado, en el cual Legal Akl siempre actu\u00f3 a nombre del segundo ente moral, encontr\u00e1ndose que, de manera especial, el contrato de aparcer\u00eda guarda relaci\u00f3n con los hechos y pretensiones debatidos, pues uno y otros se refieren al cultivo de ligustrum en la Hacienda El Salitre y en el primero se \u00abconvino un porcentaje en la distribuci\u00f3n de ingresos por ventas\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, el actor respondi\u00f3 que con su contradictor ten\u00eda varios proyectos forestales en la hacienda El Salitre, que la comercializaci\u00f3n de follajes comenz\u00f3 en 2007 o 2008 y que la relaci\u00f3n termin\u00f3 por lo que cruzaron cuentas con las actividades que ten\u00edan; versi\u00f3n que, adem\u00e1s del acta, tiene respaldo en correos electr\u00f3nicos que intercambiaron y que cobran \u00abmayor relevancia con los testimonios de la parte demandada\u00bb que, contrario a lo estimado por el juez, \u00abpara la Sala, por el v\u00ednculo laboral y parental que tienen con Jos\u00e9 Camilo Legal Akl, conocieron de fondo sobre los negocios a que se contrae este estudio\u00bb y en conjunto con los dem\u00e1s elementos resultan \u00fatiles para resolver la problem\u00e1tica planteada, m\u00e1xime que de acuerdo con el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 211 ejusdem es labor del juez valorarlos de acuerdo con las circunstancias de cada caso, es decir, no pueden desecharse de plano, sino analizarse m\u00e1s rigurosamente, de cara a los dem\u00e1s medios suasorios, siguiendo las reglas de la sana cr\u00edtica (art. 176 \u00edd.). <\/p>\n
Elber Mauricio Pedraza dio cuenta que trabaja para Jos\u00e9 Camilo Lega en la hacienda desde 1999, que la siembra de \u00e1rboles fue entre 2008 y 2010 y que un a\u00f1o despu\u00e9s fueron abandonados; Jos\u00e9 Camilo Lega Akl manifest\u00f3 ser hijo del demandado e inform\u00f3 sobre la existencia de los contratos de 21 de abril de 2008, su objeto y liquidaci\u00f3n; Wilson Rub\u00e9n L\u00f3pez Ar\u00e9valo expres\u00f3 que tiene un vivero, que aproximadamente entre 2006 y 2008 vendi\u00f3 al actor 19.000 \u00e1rboles para producci\u00f3n de follajes, que sab\u00eda de una sociedad del mismo con el demandado y que estuvo en la finca El Salitre donde los estaban sembrando; Efr\u00e9n Ar\u00e9valo Rodr\u00edguez se\u00f1al\u00f3 que no conoce a Lega Akl ni lo negocios entre las partes y que Castelblanco Su\u00e1rez lo contrat\u00f3 para la siembra de ligustrum y baby blue; finalmente, Omar Hernando Contreras Ar\u00e9valo adujo que tampoco conoce al llamado, que trabaj\u00f3 5 a\u00f1os como jardinero del gestor, que hizo mantenimiento a los ligustrum desde 2013 y que no le consta alg\u00fan acuerdo de voluntades. <\/p>\n
Tales elementos demuestran que el contrato de aparcer\u00eda sobre la Hacienda El Salitre, celebrado entre Bladimir Castelblanco Su\u00e1rez e Inversiones Lega S.A.S. el 21 de abril de 2008, es el mismo al que se refieren \u00abtanto los declarantes como el demandante en su escrito de demanda\u2026lo cual resulta inocuo, pues la relaci\u00f3n agropecuaria en debate se rige por las estipulaciones contractuales que aparecen en el citado convenio y por las personas que en \u00e9l intervinieron\u00bb. <\/p>\n
Castelblanco Su\u00e1rez no logr\u00f3 demostrar la tacha que formul\u00f3, porque frente al trabajo pericial que alleg\u00f3, ratificado por quien lo rindi\u00f3 al responder interrogatorio y que concluy\u00f3 que las firmas que se le atribuyen no son uniprocedentes en relaci\u00f3n con las muestras y material extra proceso acopiados, la experticia aportada por Lega Akl, que dedujo lo contrario y que fue corroborada en declaraci\u00f3n de su emisor, \u00abpresenta mayor consistencia\u00bb, destac\u00e1ndose que \u00abla versi\u00f3n y explicaci\u00f3n del perito Juan Carlos P\u00e9rez D\u00edaz acerca del objeto material del debate, es suficiente, certera, espont\u00e1nea y, m\u00e1s precisa y detallada que la efectuada por la perito Villalba Castro\u00bb, a lo que se suma que aquel realiz\u00f3 varios de sus estudios en la Escuela de Investigaci\u00f3n Criminal\u00edstica de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, entidad para la que, seg\u00fan especific\u00f3 en su hoja de vida, trabaj\u00f3 durante 11 a\u00f1os como t\u00e9cnico criminal\u00edstico, graf\u00f3logo y document\u00f3logo, \u00abinformaci\u00f3n que no fue desvirtuada, lo que hace que tenga mayor experiencia\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, todo lo relacionado con la siembra del ligustrum en la hacienda \u00abEl Salitre\u00bb coincide con las estipulaciones del contrato de aparcer\u00eda de 21 de abril de 2008 entre Castelblanco Su\u00e1rez e Inversiones Lega S.A.S., propietaria del predio, representada por el aqu\u00ed demandado, \u00absin que se demostrara que \u00e9l tambi\u00e9n hizo parte del negocio en nombre propio o como persona natural, motivo por el cual\u2026carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva para comparecer a este litigio\u2026\u00bb. <\/p>\n
5.- El demandante formul\u00f3 recurso de casaci\u00f3n, que el Tribunal le concedi\u00f3 y la Corte admiti\u00f3 por auto de 5 de marzo de 2020 (fls. 215 al 218 ejusdem, y 3 cuaderno 2). <\/p>\n
6.- En la debida oportunidad, el recurrente plante\u00f3 cinco cargos que apoy\u00f3 en la causal segunda del art\u00edculo 336 \u00eddem, por violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, el primero como consecuencia de error de derecho y los restantes de hecho. Adicionalmente, present\u00f3 un embate por incongruencia, con sustento en el tercero motivo ib\u00eddem (fls. 6 al 21, cuaderno 3). <\/p>\n
6.1.- Mediante la censura inaugural, denunci\u00f3 yerro de derecho porque el Tribunal dio validez al dictamen de su contraparte, pese a no satisfacer los requisitos del numeral 3 del art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso, pues el emisor \u00abcarec\u00eda de la idoneidad requerida\u00bb y \u00abno anex\u00f3 los documentos id\u00f3neos que lo habilitaban para su ejercicio, como exige el art\u00edculo 232\u00bb \u00edd., en la medida que a la certificaci\u00f3n de \u00abposgraduado\u00bb en documentolog\u00eda y grafolog\u00eda forense no ados\u00f3 la personer\u00eda jur\u00eddica a que alude el canon 24 de la Ley 30 de 1992, de la Escuela de Investigaci\u00f3n Criminal y Criminal\u00edstica de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, y acept\u00f3 que esta no tiene ese reconocimiento oficial. Precis\u00f3 que el establecimiento de ense\u00f1anza no estaba autorizado para otorgar dicho t\u00edtulo porque no es una instituci\u00f3n de educaci\u00f3n superior, ni el perito pod\u00eda cursar una especializaci\u00f3n comoquiera que las diversas constancias de estudio no evidencian que sea profesional universitario. Se quej\u00f3 de que \u00absin la certificaci\u00f3n exigida por el C\u00f3digo General del Proceso\u00bb se tuvo por acreditada la experiencia laboral del perito porque esa \u00abinformaci\u00f3n no fue desvirtuada\u00bb y de que tampoco \u00abacredit\u00f3 ninguno de los requisitos exigidos\u00bb en los numerales 4 al 9 del art\u00edculo 226 ya citado. <\/p>\n
6.2.- En el segundo reproche, por error de hecho, expuso que \u00ab[e]l Tribunal no analiz\u00f3 los aspectos puramente t\u00e9cnicos de los dos peritajes, sino que, de manera superficial e infundadamente, se limit\u00f3 a decir que el del demandado es mejor que el otro\u00bb; adem\u00e1s, que el elaborado por Juan Carlos P\u00e9rez D\u00edaz \u00abignor\u00f3, convenientemente\u00bb algunos t\u00f3picos que tuvo en cuenta el otro y omiti\u00f3 estudiar \u00abel contrato de comodato (tal vez porque su falsificaci\u00f3n es demasiado evidente) que tambi\u00e9n fue tachado\u2026\u00bb, pese a lo cual, el fallador \u00able dio validez a dicha prueba y en ella fund\u00f3 parte de su sentencia\u00bb. <\/p>\n
6.3.- El tercer cargo, igualmente por yerro f\u00e1ctico, sostiene que el Tribunal tuvo por acreditada la existencia de un \u00fanico contrato de aparcer\u00eda, escrito y liquidado, como secuela de que \u00abignor\u00f3 parcialmente o malinterpret\u00f3\u00bb los testimonios de Wilson Rub\u00e9n L\u00f3pez Ar\u00e9valo, Efr\u00e9n Ar\u00e9valo Rodr\u00edguez, Omar Hernando Contreras Ar\u00e9valo, as\u00ed como las declaraciones de las partes, en tanto que dio credibilidad a la versi\u00f3n de Eberl Mauricio Pedraza Mora y Juan Camilo Lega Barco no obstante que fueron tachadas por sospecha en raz\u00f3n de la subordinaci\u00f3n del primero y el parentesco del segundo con el demandado y \u00abporque el juez al interrogarlos lo dedujo de sus respuestas evasivas y de sus incoherencias (\u2026) y con arreglo al art. 241 del C\u00f3digo General del Proceso, dedujo indicios de esa conducta fraudulenta\u2026\u00bb. <\/p>\n
6.4.- En el cuarto cargo se doli\u00f3 de incongruencia del fallo, en cuanto \u00ab[l]a tacha de sospechosos de los testigos Elber Mauricio Pedraza y Juan Camilo Legal Akl, declarada en la sentencia proferida por el Juez D\u00e9cimo Civil del Circuito, no fue objeto del recurso de alzada y, por ende, el Tribunal no podr\u00eda pronunciarse sobre ese \u00edtem\u00bb. <\/p>\n
6.5.- Mediante la quinta censura retom\u00f3 la senda del defecto probatorio, al sostener que el ad quem \u00abse equivoc\u00f3 al tener como prueba de oficio el \u2018contrato de comodato\u2019\u2026debido a que dicho documento tambi\u00e9n fue objeto de tacha de falsedad, y no fue objeto de contradicci\u00f3n en el peritaje aportado para tal fin por el demandado\u00bb. <\/p>\n
6.6.- El ataque postrero lo caracteriz\u00f3 como vicio de hecho en la apreciaci\u00f3n del \u00abacta de liquidaci\u00f3n de la producci\u00f3n obtenida en la hacienda El Salitre\u00bb, en la medida que el Tribunal consider\u00f3 que \u00abdejaba constancia de la liquidaci\u00f3n del negocio de siembra y comercializaci\u00f3n de los aligustres, cuando en realidad lo que prueba es la liquidaci\u00f3n de otros cultivos\u2026que proced\u00edan del vivero, sobre el cual no hubo discusi\u00f3n ni pretensiones en la demanda\u00bb, para lo cual -afirm\u00f3- \u00abtuvo que ignorar lo dicho por el demandado en su declaraci\u00f3n de parte, a saber: (\u2026)\u00bb. Agreg\u00f3 que el documento data de 2009 y est\u00e1 firmado por Jos\u00e9 Camilo Lega Akl \u00abno como representante legal de una persona jur\u00eddica\u00bb, lo que el fallador \u00abni siquiera menciona en su an\u00e1lisis superficial\u00bb, a m\u00e1s que para 2010 el cultivo de aligustres estaba en pleno crecimiento, como lo hace ver un peritaje rendido en primera instancia apoyado en im\u00e1genes satelitales. Finaliz\u00f3 que no es cierto que el sentenciador hubiese analizado dicho elemento en conjunto con los dem\u00e1s, pues habr\u00eda concluido que \u00abno era prueba de la liquidaci\u00f3n del cultivo de aligustres\u00bb. <\/p>\n
II.-CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La naturaleza extraordinaria de este medio de contradicci\u00f3n exhorta a que los recurrentes observen con estrictez ciertos requisitos, ya que como dispone el numeral 2 del art\u00edculo 344 de aquel compendio, el escrito de sustentaci\u00f3n deber\u00e1 contener la \u00abformulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa\u00bb, respetando las reglas propias de cada causal. <\/p>\n
Como se hizo constar en CSJ AC2947-2017, el citado precepto impone que la argumentaci\u00f3n sea \u00abinteligible, exacta y envolvente\u00bb, toda vez que <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
como el anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisi\u00f3n y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. As\u00ed se facilita, de un lado, establecer si hay acusaci\u00f3n; y de otro, verificar, en punto de la violaci\u00f3n directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el an\u00e1lisis jur\u00eddico o probatorio del juzgador, en caso positivo, si el ataque es enfocado o totalizador. <\/p>\n
Por ende, no es labor de la Corte suplir las falencias, debilidades o vaguedades que ri\u00f1an con lo anterior, puesto que conforme a los art\u00edculos 346 y 347 ib\u00eddem el incumplimiento de dichas directrices es motivo de inadmisi\u00f3n y, aun cuando los ataques colmen tales las formalidades t\u00e9cnicas, puede ejercer selecci\u00f3n negativa en tres eventos: cuando se plantea una discusi\u00f3n sobre asuntos ampliamente decantados, sin que se proponga una tesis que justifique un cambio de criterio; frente a la inexistencia de los errores endilgados, el saneamiento de los advertidos o la intrascendencia de los mismos, o si la afrenta al ordenamiento jur\u00eddico no alcanza a perjudicar al recurrente. <\/p>\n
De ah\u00ed que, una vez cumplido ese paso preliminar, no sea posible que al fallar se tengan en cuenta motivos de inconformidad distintos de los aducidos, salvo la facultad de casar de oficio la sentencia confutada \u00abcuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb, seg\u00fan manda el inciso final del art\u00edculo 336 ejusdem. <\/p>\n
2.- Si se acude al numeral segundo del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, referido a la violaci\u00f3n indirecta de una norma jur\u00eddica sustancial, debe enunciarse por lo menos un precepto de esa estirpe que fuera considerado o desatendido en el pronunciamiento a examinar, pero eso s\u00ed que sea esencial en la determinaci\u00f3n y no una relaci\u00f3n aleatoria con el prop\u00f3sito de atinar a alguno con la categor\u00eda exigida, como se desprende del par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 344 ib\u00eddem. <\/p>\n
Al respecto, conforme se dijera en CSJ AC 23 nov. 2005, Rad. 1999-03531-01, reiterado en AC3232-2018, se recuerda que <\/p>\n
Es deber del impugnante precisar las normas sustanciales violadas, cualquiera que sea la v\u00eda que haya escogido para perfilar su acusaci\u00f3n; la directa o la indirecta, sin que, trat\u00e1ndose de esta \u00faltima, pueda excusarse su se\u00f1alamiento a pretexto de la demostraci\u00f3n de los errores de apreciaci\u00f3n probatoria que se le endilgan al fallo, o de la determinaci\u00f3n de las normas probatorias supuestamente quebrantadas -cuando se predique la comisi\u00f3n de un yerro de derecho-, pues si a esto \u00faltimo se limitare el recurrente, omitiendo la mencionada exigencia, quedar\u00eda trunca la acusaci\u00f3n, en la medida en que no podr\u00eda , al analizar el cargo, establecer oficiosamente cu\u00e1les disposiciones materiales habr\u00edan sido quebrantadas a consecuencia de los yerros que se hubieren acreditado\u2019 (\u2026), exigencia que se explica por ser \u2018\u2026la demanda de casaci\u00f3n, mutatis mutandis,\u2026 la carta de navegaci\u00f3n con arreglo a la cual la Corte adelantar\u00e1 el escrutinio de las censuras enrostradas, todo como corolario del conocido principio dispositivo, el que campea con fuerza en este recurso extraordinario\u2019. <\/p>\n
Adicionalmente, corresponde precisar si el vicio deriva de un error de derecho por inobservar una norma probatoria, en cuyo caso debe citarse y justificar puntualmente d\u00f3nde radica la infracci\u00f3n; o es el resultado de yerros de facto en la apreciaci\u00f3n del libelo, la respuesta al mismo o alg\u00fan medio de convicci\u00f3n, singularizando de manera di\u00e1fana y exacta en qu\u00e9 consiste la equivocaci\u00f3n manifiesta y trascendente en que incurri\u00f3 el sentenciador. <\/p>\n
3.- El cuestionamiento del opugnador presenta deficiencias de t\u00e9cnica que impiden su admisi\u00f3n, como pasa a verse: <\/p>\n
3.1.- Los cargos primero, segundo, tercero, quinto y sexto no satisfacen el requisito b\u00e1sico de enunciar al menos una norma sustancial que debiendo constituir la base del fallo de segunda instancia haya sido violada. <\/p>\n
Es as\u00ed como el inicial cita preceptos de disciplina eminentemente probatoria, como lo son los art\u00edculos 226 y 232 del C\u00f3digo General del Proceso, am\u00e9n del 24 de la Ley 30 de 1992 que define lo que es un \u00abt\u00edtulo\u00bb acad\u00e9mico otorgado por una instituci\u00f3n de educaci\u00f3n superior, los que por supuesto en modo alguno responden a la definici\u00f3n que reiteradamente ha dado la Corte sobre las normas de aquel linaje, en el sentido que \u00ab\u2018en raz\u00f3n de una situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas entre las personas implicadas en tal situaci\u00f3n\u2026\u2019, por lo que no ostentan esa naturaleza las que se \u2018limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos o a describir los elementos de \u00e9stos o a hacer enumeraciones o enunciaciones, como tampoco las tienen las disposiciones ordenativas o reguladoras de la actividad in procedendo\u2019\u00bb (CJS AC2188-2017). <\/p>\n
La falta se hace a\u00fan m\u00e1s evidente en los restantes ataques, en los cuales, prescindiendo de cualquier menci\u00f3n normativa el casacionista se limita a se\u00f1alar los aspectos que a su juicio constituyen la vulneraci\u00f3n que denuncia. <\/p>\n
3.2.- A lo anterior, que per se es suficiente para rechazar todos los cargos planteados por la v\u00eda indirecta, se suma que los dos primeros son incompletos, en cuanto no combaten todos los argumentos del Tribunal para desestimar la tacha de falsedad, de tal forma que aunque se aceptaran sus razones, lo cierto es que quedar\u00eda en pie la afirmaci\u00f3n que de suyo le sirve de sustento a la conclusi\u00f3n, conforme a la cual, <\/p>\n
Adem\u00e1s, de una labor de observaci\u00f3n y apreciaci\u00f3n, se puede verificar que la firma dubitada guarda estrecha similitud con algunas indubitadas, tales como las signaturas impuestas por el demandante en los siguientes documentos: acta de entrega del veh\u00edculo, acta de liquidaci\u00f3n de la producci\u00f3n de la hacienda El Salitre, otro s\u00ed al contrato de arrendamiento del 6 de marzo de 2013, las tres muestras manuscriturales que aparecen al costado derecho del acta del 25 de septiembre del a\u00f1o que avanza, y formulario de registro \u00fanico tributario. <\/p>\n
Porque al margen de la validez de semejante razonamiento, que no es el momento de entrar a analizar, lo cierto es que constituye un soporte de la decisi\u00f3n reprobada en los ataques referidos, es decir, la de negar la tacha, sin que el recurrente reparara en su presencia ni mucho menos hiciera alg\u00fan esfuerzo para demostrar que no fuera de recibo. <\/p>\n
Al respecto, en AC2537-2017 reiterado en AC3416-2018, la Corte precis\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) cuando el cargo se construye con base en el quebranto de la ley sustancial, se torna indispensable para el recurrente, por una parte, enfocar acertadamente las acusaciones que formule, (\u2026) y, por la otra, que su actividad impugnaticia tiene que estar dirigida a derruir la totalidad de esos argumentos esenciales de la sentencia, pues si el labor\u00edo del acusador no los comprende a cabalidad, al margen de que el juzgador de instancia hubiere podido incurrir en las falencias denunciadas, su sentencia no podr\u00eda quebrarse en virtud del recurso extraordinario. (CSJ. AC 19 dic. 2012, rad. 2001-00038-01, reiterado en AC4310-2014 y en AC. de 15 abr. 2016, rad. 2009-00263-01) (Subraya la Sala). <\/p>\n
3.3.- Por su lado, el tercer cargo por \u00aberror de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de los testimonios y las declaraciones de parte\u00bb se duele de que el Tribunal los \u00abignor\u00f3 parcialmente y malinterpret\u00f3\u00bb, pero no va m\u00e1s all\u00e1 de un somero resumen de los primeros y la citaci\u00f3n de apartes de los segundos, dejando de lado la necesaria labor de cotejo de ese contenido con lo que aquel se\u00f1al\u00f3 o dej\u00f3 de establecer a partir de los mismos, para hacer brotar el yerro trascendente. <\/p>\n
En asuntos de esta \u00edndole, es pertinente memorar lo dicho en CSJ AC 22 feb. 2010, rad. 1999-07596-01: <\/p>\n
(\u2026) en cuanto a la carga de demostraci\u00f3n de los errores en que habr\u00eda incurrido el juzgador ad quem, en forma invariable ha sostenido la Sala que \u201ces indispensable que el recurrente -cuando endilgue al sentenciador violaci\u00f3n de la ley sustancial, a consecuencia de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas-, m\u00e1s que disentir, se ocupe de acreditar los yerros que le atribuye al sentenciador, labor\u00edo que reclama la singularizaci\u00f3n de los medios probatorios supuestos o preteridos; su puntual confrontaci\u00f3n con las conclusiones que de ellos extrajo -o debi\u00f3 extraer- el Tribunal y la exposici\u00f3n de la evidencia de la equivocaci\u00f3n, as\u00ed como de su trascendencia en la determinaci\u00f3n adoptada\u201d (Cas. Civ., sentencia de 23 de marzo de 2004, expediente No. 7533; se subraya). <\/p>\n
3.4.- Los embates postreros, atinentes a la indebida apreciaci\u00f3n del \u00abcontrato de comodato\u00bb y del \u00abacta de liquidaci\u00f3n de la producci\u00f3n obtenida en la hacienda El Salitre\u00bb, van contra la claridad y precisi\u00f3n con que deben plantearse, por cuanto confunden y entremezclan aspectos propios de los errores \u00abde hecho manifiesto[s] y trascendente[s]\u00bb que denuncian, con temas propios del yerro de derecho. <\/p>\n
Es as\u00ed como el primero, reprocha que el \u00abTribunal se equivoc\u00f3 al tener como prueba de oficio el \u2018contrato de comodato\u2019\u2026debido a que dicho documento tambi\u00e9n fue objeto de tacha de falsedad, y no fue objeto de contradicci\u00f3n en el peritaje aportado para tal fin por el demandado\u00bb, alegaci\u00f3n que en nada tiene que ver con la objetividad de la prueba que se debe discutir en el escenario del error de hecho, sino con la validez de la misma, t\u00f3pico que se enmarca en el defecto de derecho. <\/p>\n
Otro tanto en relaci\u00f3n con el contrato de aparcer\u00eda, esta vez porque el casacionista se duele de que \u00abno es verdad que el Tribunal hubiese analizado esta prueba\u2026en conjunto con las dem\u00e1s pruebas decretadas y practicadas, pues de lo contrario habr\u00eda tenido que arribar forzosamente a otra conclusi\u00f3n, a saber, que aquel documento no era prueba de la liquidaci\u00f3n del cultivo de aligustres\u00bb. <\/p>\n
En este punto, es preciso recordar que en casos semejantes, donde la censura planteada por error de hecho se desv\u00eda a recriminar la falta de examen conjunto del material de convicci\u00f3n, la Corte ha dicho que <\/p>\n
En el planteamiento de la censura, se detecta el incumplimiento de la formalidad prevista en el numeral 2 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual ordena que la formulaci\u00f3n de los cargos debe realizarse \u00abpor separado\u00bb con \u00abexposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Visiblemente se advierte la exposici\u00f3n entremezclada de las acusaciones por errores de hecho y de derecho, pues en el desarrollo del cuestionamiento alude a la inobservancia de los principios de derecho probatorio dirigidos a la apreciaci\u00f3n conjunta de las pruebas, al punto de afirmar que \u00abse incurri\u00f3 en una grave violaci\u00f3n a la norma procedimental consagrada en el art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, modificado por el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso(\u2026)\u00bb, fundamento propio de la violaci\u00f3n indirecta de norma sustancial como consecuencia de error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria (CSJ AC4343-2019). <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto \u00ab\u2018[e]s indiscutible que el incumplimiento por parte del fallador del deber de valorar en conjunto todas las pruebas allegadas al proceso, genera un error de derecho de su parte que hace atacable la sentencia de conformidad con la causal primera de casaci\u00f3n\u00bb (CSJ SC198, 29 oct. 2002, exp. n.\u00b0 6902, reiterado CSJ AC3303-2018 de 2 de agosto de 2018, exp. 2015-00036-01 y CSJ AC743-2020) <\/p>\n
3.5.- En cuanto tiene que ver con el cuarto cargo, por incongruencia, causal tercera, que la jurisprudencia ha aceptado tambi\u00e9n se configura cuando el fallador de segunda instancia desborda los l\u00edmites que le impone el recurso de apelaci\u00f3n, su planteamiento en el caso concreto tambi\u00e9n es deficiente, toda vez que no pasa de denunciar que \u00ab[l]a tacha de sospechosos de los testigos Elber Mauricio Pedraza y Juan Camilo Legal Akl, declarada en la sentencia proferida por el Juez D\u00e9cimo Civil del Circuito, no fue objeto del recurso de alzada y, por ende, el Tribunal no podr\u00eda pronunciarse sobre ese \u00edtem\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, pasa por alto realizar la debida labor de demostraci\u00f3n, toda vez que omite determinar los pasajes mediante los cuales el Tribunal habr\u00eda incurrido en el error, limit\u00e1ndose a una menci\u00f3n gen\u00e9rica del mismo, insuficiente para los fines del ataque. <\/p>\n
Am\u00e9n de que si en gracia de discusi\u00f3n se considerara suficiente semejante esbozo, no se demuestra su trascendencia, por cuanto acota su inconformidad a la apreciaci\u00f3n de dos testimonios, pasando por alto que estos apenas fueron unos de los m\u00faltiples elementos en que se fund\u00f3 dicha determinaci\u00f3n, y que incluso otros tuvieron mayor peso, como en efecto fueron los documentos recaudados en segunda instancia. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, si el ataque prosperara y se tuviera por indebidamente valoradas dichas declaraciones, lo cierto es que el fallo continuar\u00eda sosteni\u00e9ndose, lo que muestra lo inane del ataque y, por ende, la inviabilidad de que se abra camino a su examen de fondo. <\/p>\n
4.- En consecuencia, al no ce\u00f1irse el ataque a las formalidades de rigor, resulta inviable su aceptaci\u00f3n, sin que se aprecien razones que justifiquen darle v\u00eda en los t\u00e9rminos del inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso o el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996, pues, no se advierte vulneraci\u00f3n de derechos superiores, una afrenta al principio de legalidad de los fallos, ni que se compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico. <\/p>\n
III.-DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar inadmisible la demanda de casaci\u00f3n interpuesta en este asunto por el accionante. <\/p>\n
Segundo: Devolver por la Secretar\u00eda el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA\u2003 <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC1093-2021 (2016-00448-01) OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente AC1093-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001 31 03 010- 2016 00448 01 (Aprobado en sesi\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[35],"tags":[],"class_list":["post-53887","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53887","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53887"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53887\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53887"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53887"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53887"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}