AC1100-2021 (2021-00326-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC1100-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-00326-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de abril de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Ante el primer despacho, la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia -VIVA- present\u00f3 demanda ejecutiva soportada en un pagar\u00e9, atribuyendo la competencia porque el domicilio del demandado Edison C\u00f3rdoba Asprilla se encuentra en Apartad\u00f3 y all\u00ed se previ\u00f3 el cumplimiento de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
2.- La autoridad seleccionada rechaz\u00f3 el libelo y lo remiti\u00f3 a su par de Medell\u00edn, argumentando que de acuerdo con la ordenanza No. 026 de 2016 de la Asamblea de Antioquia, la promotora es una empresa industrial y comercial del orden departamental, vinculada al despacho del gobernador, dotada de personer\u00eda jur\u00eddica, patrimonio propio y autonom\u00eda administrativa, domiciliada en Medell\u00edn, por lo que el conocimiento del asunto corresponde manera privativa al juez de esa capital, de conformidad con el numeral 10 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3-. El otro estrado judicial involucrado igualmente repeli\u00f3 el asunto, plante\u00f3 colisi\u00f3n y remiti\u00f3 el expediente para que esta Sala la dirima, argumentando que de los numerales 1 y 3 idem \u00abse desprende\u2026una competencia concurrente, frente a la cual, la parte actora puede realizar la respectiva elecci\u00f3n, encontrando este despacho que la demandante decidi\u00f3 presentar la acci\u00f3n ejecutiva en el municipio de Apartad\u00f3\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Comoquiera que la divergencia que se analiza se trab\u00f3 entre juzgados de diferentes distritos judiciales, a esta Corporaci\u00f3n le concierne dirimirla como superior funcional com\u00fan de ellos, por conducto del suscrito Magistrado Sustanciador en Sala Unitaria, como lo establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el 7\u00ba de la 1285 de 2009. <\/p>\n
2.- Para distribuir los procesos entre las distintas autoridades judiciales asentadas en la geograf\u00eda nacional, el ordenamiento acude a los factores territorial, objetivo, subjetivo, funcional y de conexidad. Mediante el primero, indica cu\u00e1l es el juez que en raz\u00f3n de la circunscripci\u00f3n debe conocer del litigio, y para concretarlo establece los \u00abforos o fueros\u00bb, de modo que, por lo general, en los pleitos contenciosos acude al \u00abpersonal\u00bb al radicar la competencia en el del lugar del domicilio del demandado, o en el de su residencia; adem\u00e1s, consagra otros especiales, como el denominado \u00abforum rei sitae\u00bb o \u00abreal\u00bb, referido al escenario donde ocurrieron los hechos o a la ubicaci\u00f3n de los bienes objeto de la lid. Igualmente, impone el fuero contractual, seg\u00fan el cual, el fallador llamado a conocer el asunto es el del lugar de cumplimiento de las obligaciones emanadas de un negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
Ahora bien, atinente a las contiendas contenciosas, como criterio general, el primer numeral del art\u00edculo 28 ibidem asigna el pleito al funcionario del domicilio del convocado (fuero personal), excepto si hay \u00abdisposici\u00f3n legal en contrario\u00bb; sin embargo, para los \u00ablos procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos\u00bb el tercer numeral contempla un fuero personal concurrente, que tambi\u00e9n permite acudir al juzgador del lugar previsto para la satisfacci\u00f3n voluntaria de las prestaciones. <\/p>\n
Es por ello que en los juicios coercitivos de esta \u00edndole, el promotor est\u00e1 autorizado para escoger la sede donde quiere que se adelante el proceso conforme a cualquiera de esas dos pautas; empero, siempre debe concretar su predilecci\u00f3n y justificar su elecci\u00f3n, la cual resulta vinculante para el fallador, sin perjuicio de que el ejecutado posteriormente la discuta por v\u00eda de reposici\u00f3n, alegando, por ejemplo, que no es vecino del territorio se\u00f1alado. <\/p>\n
Al respecto, en AC2290-2020 la Sala sostuvo que <\/p>\n
(\u2026) en juicios coercitivos el promotor est\u00e1 facultado para escoger el territorio donde desea que se adelante el proceso conforme a cualquiera de esas dos directrices, para lo cual es preciso concretar el criterio conforme al cual lo adjudica y se\u00f1alar el domicilio del convocado o el lugar de cumplimiento de la prestaci\u00f3n, seg\u00fan sea el par\u00e1metro que seleccione. <\/p>\n
Sin embargo, hay otros supuestos en que el legislador anula esa discrecionalidad y privativamente determina la potestad, indicando de forma precisa y categ\u00f3rica el funcionario que con exclusi\u00f3n de cualquier otro est\u00e1 llamado a encarar el debate. <\/p>\n
Frente a este \u00faltimo punto, en AC3744-2018, la Corte destac\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) el concepto \u00abprivativo\u00bb que constituye el com\u00fan denominador de las precitadas disposiciones implica que a los juzgadores con autoridad en el territorio donde se cumple alguna de las condiciones se\u00f1aladas en ellas, es decir, del sitio donde se localizan los inmuebles sobre los que se quiere constituir ese gravamen o del que es vecino el organismo estatal, concierne conocer, tramitar y resolver de manera exclusiva los litigios cuyas pretensiones tienen esa finalidad o han sido formuladas a favor o en contra de una entidad de esa \u00edndole (\u2026). <\/p>\n
Tal es el caso contemplado el numeral 10 del art\u00edculo 28 ejusdem cuando previene que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb, de donde emerge un fuero privativo de car\u00e1cter general que se funda en la calidad de la parte para asignar la competencia al juez de su domicilio. <\/p>\n
Como en muchas ocasiones la demandante es una entidad que responde al memorado criterio subjetivo y es vecina de una provincia distinta de aquella donde se avecina el demandado o se se\u00f1al\u00f3 el cumplimiento de la prestaci\u00f3n, deviene palmario que se impone este \u00faltimo criterio. <\/p>\n
En torno a este t\u00f3pico, en AC929-2020, la Sala dijo: <\/p>\n
De ah\u00ed que, en principio, en un proceso que involucre t\u00edtulos ejecutivos, nada obsta para que el ejecutante opte por la atribuci\u00f3n de la competencia de su preferencia, ya sea el domicilio del demandado o el lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones, al tratarse de foros concurrentes por elecci\u00f3n; sin embargo, si en dicho litigio, como en el sub lite, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. <\/p>\n
3.- Ahora bien, el asunto que origin\u00f3 la colisi\u00f3n concierne a la ejecuci\u00f3n que promueve la Empresa de Vivienda de Antioquia -VIVA-, que de acuerdo con la Ordenanza No. 26 del 11 de agosto de 2016 que adicion\u00f3 la No. 34 de 2001 de la Asamblea de Antioquia, es una empresa industrial y comercial del orden departamental, dotada de personer\u00eda jur\u00eddica, patrimonio propio y autonom\u00eda administrativa, domiciliada en Medell\u00edn. <\/p>\n
Al respecto, debe tenerse en cuenta lo dicho en AC5414 de 2019, seg\u00fan el cual <\/p>\n
(\u2026) si bien no existe en la legislaci\u00f3n una definici\u00f3n, se puede hacer uso del par\u00e1grafo del art\u00edculo 104 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por cuanto advierte que [p]ara los efectos de este C\u00f3digo, se entiende por entidad p\u00fablica todo \u00f3rgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominaci\u00f3n; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participaci\u00f3n igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participaci\u00f3n estatal igual o superior al 50%. <\/p>\n
En tal sentido, se puede concluir que por su origen la mencionada entidad se encuentra incluida dentro de aquellas a las que se refiere el numeral 10\u00b0 del canon 28 referido, m\u00e1xime si se sopesa que el art\u00edculo 4\u00ba de la ordenanza que originariamente la constituy\u00f3 previ\u00f3 que su patrimonio estar\u00eda integrado, en general, por recursos p\u00fablicos y, en esa medida, el 8\u00ba idem autoriz\u00f3 al gobernador para que, con cargo al presupuesto general del departamento, vigencias 2001 y 2002, comprometiera recursos hasta por $500.000.000 con destino al capital requerido para conformarla. <\/p>\n
4.- En consecuencia, la competencia privativa para conocer los asuntos donde la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia -VIVA- intervenga como parte radica en los jueces de su domicilio, es decir, los de Medell\u00edn, por lo que se equivoc\u00f3 el de esa ciudad que rehus\u00f3 el asunto. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Octavo Civil Municipal de Oralidad de Medell\u00edn es el competente para conocer la ejecuci\u00f3n entablada por Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia -VIVA- contra Edison C\u00f3rdoba Asprilla. <\/p>\n
Segundo: Enviar el expediente al citado Despacho judicial e informar lo decidido al Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Apartad\u00f3. <\/p>\n
Tercero: Librar, por Secretar\u00eda, los oficios correspondientes. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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