AC1102-2021 (2021-00553-00)<\/p>\n
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AC1102-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-00553-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de abril de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Resuelve la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados S\u00e9ptimo Civil Municipal de Oralidad de Medell\u00edn y Promiscuo Municipal de Sopetr\u00e1n. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Ante el primer Despacho, la copropiedad Parcelaci\u00f3n Terrabamba solicit\u00f3 librar mandamiento ejecutivo contra Farley Cardona Sep\u00falveda por las cuotas de administraci\u00f3n y dem\u00e1s expensas a su cargo, certificadas por el administrador designado, junto con los intereses de mora causados desde que cada prestaci\u00f3n se hizo exigible. Fij\u00f3 la competencia por la cuant\u00eda \u00abel lugar de cumplimiento de las obligaciones y el domicilio del administrador\u00bb. <\/p>\n
2.- Ese estrado se rehus\u00f3 a asumir el asunto y orden\u00f3 remitirlo al despacho de Sopetr\u00e1n, Antioquia, con fundamento en la regla prevista en el numeral primero del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, tras estimar que en esa urbe reside el deudor y que no hay constancia del lugar de cumplimiento de las obligaciones, sin que el domicilio del administrador sirva para demarcar la competencia territorial (10 dic. 2020). <\/p>\n
3.- El Juzgado Promiscuo Municipal de Sopetr\u00e1n, Antioquia, tambi\u00e9n lo repeli\u00f3 porque, aunque el deudor reside en esa municipalidad, la ejecutante opt\u00f3 por el lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n, que, seg\u00fan consta en la certificaci\u00f3n en que constan las expensas objeto de recaudo, es Medell\u00edn, lo que enmarca en el numeral tercero, art\u00edculo 28 del estatuto procesal civil. Por ello propuso la colisi\u00f3n a desatar por la Corte (5 feb. 2021). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Como la divergencia se trab\u00f3 entre despachos de diferente distrito judicial, a esta Corporaci\u00f3n le ata\u00f1e dirimirla como superior funcional com\u00fan de ellos, por conducto del suscrito Magistrado Sustanciador en Sala Unitaria, como lo establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el 7\u00ba de la 1285 de 2009. <\/p>\n
2.- El ordenamiento jur\u00eddico consagra las pautas que orientan la distribuci\u00f3n de las controversias ya sea que la determine uno o varios factores. En punto al territorial, el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso dispone en el numeral 1\u00ba como pauta general que \u00ab[e]n los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n en contrario, es competente el Juez del domicilio del demandado\u00bb, lo que no excluye el empleo de otras pautas que tambi\u00e9n designan el juzgador de un mismo litigio, como ocurre con la del numeral 3\u00ba relacionada con el lugar del cumplimiento de obligaciones emanadas de un negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
De modo que, cuando se pretenda la realizaci\u00f3n de conductas o prestaciones derivadas de un negocio jur\u00eddico, ser\u00e1n competentes, a prevenci\u00f3n, el juez del domicilio del demandado, o el del lugar de su cumplimiento, pero en todo caso, la escogencia y su raz\u00f3n de ser son cuestiones que deben quedar claramente determinados en el texto introductorio o aflorar de cualquier otro elemento de convicci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed lo resalt\u00f3 la Corte en CSJ AC659-2018, reiterado en AC4076-2019 y en AC1463-2020, de cara a la pluralidad de opciones, cuando sostuvo que \u00abel promotor tiene la obligaci\u00f3n de indicar cual prefiere, eso s\u00ed dejando plasmada en forma clara su intenci\u00f3n ya que de no hacerlo o quedar incierta se torna indispensable para el calificador exigir las aclaraciones pertinentes\u00bb. <\/p>\n
Realizada esa elecci\u00f3n en esta clase de asuntos, al juzgador le corresponde respetarla y adelantar el litigio, salvo que posteriormente el demandado alegue falta de competencia, evento en el cual le corresponder\u00e1 precisar y acreditar las razones de su desacuerdo con la asignaci\u00f3n primigenia. <\/p>\n
3.- En ese caso, la accionante busca obtener el recaudo de prestaciones dinerarias, espec\u00edficamente unas cuotas de administraci\u00f3n y dem\u00e1s expensas generadas a favor de la copropiedad de la que hace parte el ejecutado, lo que encaja dentro de los supuestos anteriormente relacionados y, por tanto, la facultaba para optar por una de las posibilidades de asignaci\u00f3n en vista de la concurrencia de factores existente. <\/p>\n
En ejercicio de esa potestad la libelista acudi\u00f3 ante el juzgador de Medell\u00edn con sustento en que corresponde al del lugar de cumplimiento de las obligaciones, afirmaci\u00f3n que halla respaldo en la certificaci\u00f3n expedida por el administrador de la acreedora y anexo al infolio como t\u00edtulo ejecutivo, en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 48 de la Ley 675 de 2001, en el que consta que el lugar de cumplimiento de las obligaciones objeto de recaudo es Medell\u00edn, de donde se deduce que su escogencia no fue caprichosa ni infundada porque corresponde a una de esas pautas, en concreto a la prevista en el n\u00fam. 1\u00ba, art\u00edculo 28 ejusdem, lo que torna plausible la selecci\u00f3n. <\/p>\n
Lo expresado, sin desconocer, desde luego, la facultad que le asiste al convocado para, en oportunidad, y por la v\u00eda legal pertinente, discutir ese punto. <\/p>\n
Entonces, aunque la funcionaria seleccionada atin\u00f3 en cuanto a que el domicilio del administrador no es par\u00e1metro a tener en cuenta para fijar la competencia territorial, lo cierto es que se equivoc\u00f3 al renunciar al estudio de la acci\u00f3n con estribo en que debi\u00f3 acudirse ante el juzgador de Sopetr\u00e1n. <\/p>\n
Lo anterior porque este \u00faltimo razonamiento desconoci\u00f3 el fuero concurrente (domicilio demandado-lugar de cumplimiento de las obligaciones) existente para la definici\u00f3n de la controversia, as\u00ed como la escogencia que dentro de ese marco legal hizo la impulsora, que opt\u00f3 por acudir ante el estrado judicial del lugar de cumplimiento de las obligaciones, con base en la regla tercera del art\u00edculo 28 ut supra., seg\u00fan lo indic\u00f3 en el libelo, de ah\u00ed que esa selecci\u00f3n no pod\u00eda ser inadvertida. <\/p>\n
4.- Por tanto, se remitir\u00e1 el diligenciamiento al primer receptor para que lo impulse oportunamente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Oralidad de Medell\u00edn es el competente para conocer del tr\u00e1mite en referencia; por tanto, env\u00edese el expediente a dicha agencia judicial. <\/p>\n
Segundo: Informar lo decidido al otro Despacho judicial involucrado, haci\u00e9ndole llegar copia de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
Tercero: Librar, por secretar\u00eda, los oficios correspondientes. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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