AC1114-2021 (2021-00681-00)_1<\/p>\n
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AC1114-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-00681-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de abril de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Tercero Civil Municipal de Santa Marta y su hom\u00f3logo de Bogot\u00e1 D.C. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primer despacho, la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas (UARIV) formul\u00f3 demanda de restituci\u00f3n de inmueble contra Jorge Rodr\u00edguez, para que se le ordene restituirle el predio denominado \u201cRemolino\u201d, ubicado en la Vereda Tagua, Corregimiento de Minca de Santa Marta, Magdalena, y fij\u00f3 la competencia territorial por \u00abla ubicaci\u00f3n del inmueble, el domicilio de los demandados y la cuant\u00eda\u00bb (folio 4, c.1). <\/p>\n
2. La autoridad seleccionada dijo carecer de atribuci\u00f3n para asumir el caso porque la entidad p\u00fablica accionante tiene su domicilio en Bogot\u00e1 D.C. Por ello, lo remiti\u00f3 a la capital del pa\u00eds para que fuera repartido entre los estrados de esa circunscripci\u00f3n territorial (23 oct. 2020). <\/p>\n
3. El otro despacho judicial involucrado se abstuvo de conocerlo con estribo en que la promotora cuenta con sede administrativa en el lugar en que promovi\u00f3 la acci\u00f3n; adem\u00e1s, por el sitio de ubicaci\u00f3n del predio es en ese territorio donde debe adelantarse el asunto. Por tanto, suscit\u00f3 el conflicto negativo de competencia que se entrar a zanjar (12 feb. 2021). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Comoquiera que la divergencia que se analiza se trab\u00f3 entre funcionarios de diferente distrito judicial, a esta Corporaci\u00f3n le concierne dirimirla como superior funcional com\u00fan de ellos, por conducto del suscrito Magistrado Sustanciador en Sala Unitaria, como lo establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el 7\u00ba de la 1285 de 2009. <\/p>\n
2.- Con el prop\u00f3sito de determinar la competencia por el factor territorial en los procesos contenciosos, el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 del actual compendio de las ritualidades civiles establece que \u00absalvo disposici\u00f3n legal en contrario\u00bb, la tendr\u00e1 \u00abel juez del domicilio del demandado\u00bb, por lo que corresponde examinar si en este evento se configura alguna excepci\u00f3n a dicha regla general. <\/p>\n
La respuesta no se hace esperar, ya que el art\u00edculo 80 de la Ley 1448 de 2011, sobre la regulaci\u00f3n de la acci\u00f3n de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras abandonadas y despojas, dispone que, en los procesos de restituci\u00f3n de tierras despojadas o abandonadas de que trata esa legislaci\u00f3n, \u00ab[s]er\u00e1n competentes de modo privativo los jueces y Magistrados del lugar donde se hallen ubicados los bienes, y si estos se encuentran en varios municipios con distintas jurisdicciones, ser\u00e1n competentes el juez y los magistrados del municipio de la respectiva jurisdicci\u00f3n donde se presente la demanda\u00bb. <\/p>\n
Esa pauta especial se justifica no solo porque los litigios que se adelantan bajo ese r\u00e9gimen legal tienen la virtualidad de modificar derechos reales, sino porque el hecho de radicar la competencia en los jueces del lugar de ubicaci\u00f3n de los respectivos predios permite que la inmediaci\u00f3n del juez con el bien y las circunstancias que rodearon su despojo o abandono forzado, genere un tr\u00e1mite con menor esfuerzo y mayor eficacia, evite traslados, mayores erogaciones y demoras, todo lo cual redunda en favor de los beneficiarios que son sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
As\u00ed se precis\u00f3 en CSJ AC2429-2027 cuando se enfatiz\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) al estar determinada la competencia territorial para conocer del asunto, exclusivamente por el lugar de ubicaci\u00f3n del bien a restituir, se est\u00e1 ante un fuero privativo, justificado no solo en que el juicio alude y tiene la potencialidad de modificar derechos reales o situaciones espec\u00edficas sobre inmuebles, pues al tenor del art\u00edculo 91 del citado compendio normativo, el juez, en \u201cla sentencia se pronunciar\u00e1 de manera definitiva sobre la propiedad, posesi\u00f3n del bien u ocupaci\u00f3n del bald\u00edo objeto de la demanda\u201d; sino tambi\u00e9n, y m\u00e1s importante a\u00fan, en que la inmediaci\u00f3n de aquel con el predio y las circunstancias que rodearon su despojo o abandono forzado, permiten un tr\u00e1mite con menor esfuerzo y mayor eficacia, que evita traslados, mayores erogaciones y demoras, lo cual cobra evidente relevancia siendo los beneficiarios de la acci\u00f3n sujetos en las aludidas condiciones especiales, a quienes se debe facilitar el cometido final de la restituci\u00f3n. <\/p>\n
Esa regla de asignaci\u00f3n especial se complementa con el art\u00edculo 95 de la Ley 1448 de 2011 que prev\u00e9 la acumulaci\u00f3n procesal de todos los asuntos que sean promovidos despu\u00e9s de haberse dado inicio a la acci\u00f3n de restituci\u00f3n de un predio que haya sido despojado o abandonado a causa del conflicto armado interno en el contexto de esa ley, pues, al respecto, dicho precepto, prev\u00e9 que: <\/p>\n
Para efectos del proceso de restituci\u00f3n de que trata la presente ley, se entender\u00e1 por acumulaci\u00f3n procesal, el ejercicio de concentraci\u00f3n en este tr\u00e1mite especial de todos los procesos o actos judiciales, administrativos o de cualquier otra naturaleza que adelanten autoridades p\u00fablicas o notariales en los cuales se hallen comprometidos derechos sobre el predio objeto de la acci\u00f3n. Tambi\u00e9n ser\u00e1n objeto de acumulaci\u00f3n las demandas en las que varios sujetos reclamen inmuebles colindantes, o inmuebles que est\u00e9n ubicados en la misma vecindad, as\u00ed como las impugnaciones de los registros de predios en el Registro de Tierras Despojadas y abandonadas forzosamente. <\/p>\n
Con el fin de hacer efectiva esta acumulaci\u00f3n, desde el momento en que los funcionarios mencionados sean informados sobre la iniciaci\u00f3n del procedimiento de restituci\u00f3n por el magistrado que conoce del asunto, perder\u00e1n competencia sobre los tr\u00e1mites respectivos y proceder\u00e1n a remit\u00edrselos en el t\u00e9rmino que este se\u00f1ale. <\/p>\n
La acumulaci\u00f3n procesal est\u00e1 dirigida a obtener una decisi\u00f3n jur\u00eddica y material con criterios de integralidad, seguridad jur\u00eddica y unificaci\u00f3n para el cierre y estabilidad de los fallos. Adem\u00e1s, en el caso de predios vecinos o colindantes, la acumulaci\u00f3n est\u00e1 dirigida a criterios de econom\u00eda procesal y a procurar los retornos con car\u00e1cter colectivo dirigidos a restablecer las comunidades de manera integral bajo criterios de justicia restaurativa. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO 1o. En los casos de acumulaci\u00f3n procesal de que trata el presente art\u00edculo, los t\u00e9rminos se ampliar\u00e1n por un tiempo igual al establecido para dichos procesos. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO 2o. En todo caso, durante el tr\u00e1mite del proceso, los notarios, registradores y dem\u00e1s autoridades se abstendr\u00e1n de iniciar, de oficio o a petici\u00f3n de parte, cualquier actuaci\u00f3n que por raz\u00f3n de sus competencias afecte los predios objeto de la acci\u00f3n descrita en la presente ley incluyendo los permisos, concesiones y autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos naturales que se hubieran otorgado sobre el predio respectivo. <\/p>\n
Luego, no hay duda que el legislador otorg\u00f3 una competencia privativa y exclusiva al servidor judicial que tenga a su cargo el proceso de restituci\u00f3n de tierras en el contexto de la Ley 1448 de 2011 sobre un determinado bien, para que conozca \u00abde todos los procesos o actos judiciales, administrativos o de cualquier otra naturaleza que adelanten autoridades p\u00fablicas o notariales en los cuales se hallen comprometidos derechos sobre el predio objeto de la acci\u00f3n\u00bb, seg\u00fan sea el caso, por principio de econom\u00eda procesal, a fin de que sea tramitado dentro del mismo expediente, conforme fue advertido por esta Corte en CSJ SC205-2021, donde, despu\u00e9s de casar la sentencia confutada, dispuso enviar la actuaci\u00f3n al despacho judicial que conoce del proceso de restituci\u00f3n de tierras despojadas o abandonadas sobre el respectivo bien, para que fuera all\u00ed acumulada en coherencia con el precitado art\u00edculo 95 ib\u00eddem. <\/p>\n
Ahora bien, no hay duda que al tratarse de una regla de atribuci\u00f3n especial, la misma tiene primac\u00eda sobre cualquier otra, en virtud del principio de especialidad normativa, con independencia de la naturaleza jur\u00eddica de las personas que act\u00faen en el respectivo pleito. <\/p>\n
3.- En este evento, la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas (UARIV) pretende la restituci\u00f3n del inmueble denominado \u201cRemolino\u201d, ubicado en la Vereda Tagua, Corregimiento de Minca de Santa Marta, Magdalena, ocupado por Jorge Rodr\u00edguez y acudi\u00f3 ante el juzgador del lugar en que est\u00e1 localizado dicho predio. <\/p>\n
No obstante, al revisar los documentos anexos al infolio, entre ellos el certificado de libertad y tradici\u00f3n del referido bien, se observa que sobre ese fundo hay inscrita una medida cautelar denominada \u00abadmisi\u00f3n solicitud de restituci\u00f3n de predio literal A) art. 85 Ley 1448 de 2011\u00bb, decretada por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta y comunicada a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de esa ciudad, con oficio 1429 de 29 de agosto de 2018, seg\u00fan consta en la anotaci\u00f3n n\u00ba 8 de 5 de septiembre de 2018. <\/p>\n
Con ese panorama, bien pronto se observa que, aunque el Juzgado Tercero Civil Municipal de Santa Marta atin\u00f3 al no asumir el asunto, de todos modos, se equivoc\u00f3 cuando pas\u00f3 por alto la situaci\u00f3n jur\u00eddica del inmueble y dej\u00f3 de aplicar lo dispuesto en el art\u00edculo 95 de la Ley 1448 de 2011, elementos a partir de los cuales era dable identificar al funcionario llamado a dirimir el litigio. <\/p>\n
Tambi\u00e9n anduvo desacertado el segundo receptor que inadvirti\u00f3 tales situaciones, a pesar de ser determinantes para direccionar el asunto hac\u00eda el estamento llamado a impulsarlo. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, conocida la situaci\u00f3n jur\u00eddica del bien objeto del proceso, no queda otra opci\u00f3n que asignarle el caso al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta, para que asuma su estudio, al ser el que tiene a su cargo el juicio de restituci\u00f3n de tierras que cursa sobre el mencionado inmueble. <\/p>\n
Lo anterior, en aras de poner fin a la divergencia y en vista del car\u00e1cter de orden p\u00fablico de las estipulaciones procesales que las tornan imperativas, m\u00e1xime cuando, por las particularidades del caso, se prescinde de cualquier otro factor que posibilitara una elecci\u00f3n para la accionante. <\/p>\n
Ese proceder se acogi\u00f3 en CSJ AC2731-2014, reiterado en AC8607-2017, al colegir que <\/p>\n
(\u2026) se torna necesario asignar el conocimiento del proceso al competente, aun cuando los juzgadores mencionados no hubieren participado en el conflicto que es materia de este pronunciamiento, toda vez que las reglas relativas a la competencia son de car\u00e1cter vinculante. <\/p>\n
Justamente, en oportunidades anteriores, la Sala Plena de esta Corte ha asignado la competencia territorial al funcionario judicial a quien por ley le corresponde, no obstante que no haya hecho parte del conflicto (CSJ, Autos de Sala Plena. 19 jun 2003, Rad 2003-00023, y 13 Jul 2006, Rad.2006-00028). <\/p>\n
4.- En esa secuencia, se remitir\u00e1 el diligenciamiento al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Santa Marta, en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 95 de la Ley 1448 de 2011, para que, sin tardanza, adelante el tr\u00e1mite que legalmente corresponda, y se informar\u00e1 de esta determinaci\u00f3n a los despachos inmersos en la pugna y a la interesada, por las particularidades de la situaci\u00f3n presentada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Segundo: Enviar el expediente al citado Despacho e informar lo decidido a las oficinas involucradas, as\u00ed como al demandante, haci\u00e9ndoles llegar copia de esta providencia. <\/p>\n
Tercero: Librar, por secretar\u00eda, los oficios correspondientes. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
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