AC1125-2021 (2021-00711-00)_1<\/p>\n
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AC1125-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-00711-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de abril de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Dieciocho de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1 y Promiscuo Municipal de San Antonio del Tequendama (Cundinamarca). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Ante el Juzgado Treinta y Ocho Civil Municipal de esta capital, el Grupo de Energ\u00eda de Bogot\u00e1 S.A. E.S.P. formul\u00f3 demanda de imposici\u00f3n de servidumbre contra V\u00edctor Manuel Fern\u00e1ndez Roa, Myriam Bulla Chicame, Deogracias Villarraga y los herederos de Primitivo Cantor Duarte; y asign\u00f3 la competencia con fundamento en el numeral 10 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso esto es, en su lugar de domicilio. La autoridad remiti\u00f3 el paginario a los hom\u00f3logos de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1 debido a la cuant\u00eda de la controversia. <\/p>\n
2.- El Juzgado Dieciocho de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de esta urbe tambi\u00e9n lo rechaz\u00f3, pero con asidero en el numeral 7\u00b0 ib\u00eddem aduciendo que el litigio deb\u00eda adelantarse en el lugar de ubicaci\u00f3n del predio, a donde dispuso enviarlo. <\/p>\n
3-. Por su parte, el Juzgado Promiscuo Municipal de San Antonio del Tequendama repeli\u00f3 el asunto fincado en el criterio sostenido por esta Sala en AC140-2020 con base en el cual arguy\u00f3 que incumb\u00eda adelantarlo al funcionario remitente en virtud de la vecindad y calidad de la actora. En consecuencia, propuso la colisi\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Comoquiera que la divergencia que se analiza se trab\u00f3 entre juzgados de diferentes distritos judiciales, a esta Corporaci\u00f3n le concierne dirimirla como superior funcional com\u00fan de ellos, por conducto del suscrito Magistrado Sustanciador en Sala Unitaria, como lo establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el 7\u00ba de la 1285 de 2009. <\/p>\n
Varios de esos fueros pueden confluir en una misma causa, lo cual genera una pluralidad de jueces llamados a tramitarla, en cuyo caso la ley otorga al actor la facultad de escoger, sin que tal voluntad pueda ser desconocida por el elegido, quien, en principio, queda llamado a zanjar la disputa; empero, hay otros supuestos en que el legislador anula esa discrecionalidad y privativamente determina la potestad, indicando de forma precisa y categ\u00f3rica el funcionario que con exclusi\u00f3n de cualquier otro debe encarar el debate. <\/p>\n
Frente a este \u00faltimo punto, en AC3744-2018, la Corte destac\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) el concepto \u00abprivativo\u00bb que constituye el com\u00fan denominador de las precitadas disposiciones implica que a los juzgadores con autoridad en el territorio donde se cumple alguna de las condiciones se\u00f1aladas en ellas, es decir, del sitio donde se localizan los inmuebles sobre los que se quiere constituir ese gravamen o del que es vecino el organismo estatal, concierne conocer, tramitar y resolver de manera exclusiva los litigios cuyas pretensiones tienen esa finalidad o han sido formuladas a favor o en contra de una entidad de esa \u00edndole (\u2026). <\/p>\n
Ahora bien, atinente a las contiendas sobre imposici\u00f3n, variaci\u00f3n o extinci\u00f3n de servidumbres, el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 28 ejusdem establece una \u00abcompetencia privativa\u00bb, asign\u00e1ndolas en forma exclusiva, \u00fanica y excluyente al juzgador del lugar donde est\u00e9 el bien involucrado en la litis, en cuanto prescribe que \u00ab[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales (\u2026) en los de servidumbre\u2026.\u00bb, ser\u00e1 competente, \u00abde modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. Es pues, un claro ejemplo de fuero real exclusivo. <\/p>\n
No obstante, el numeral 10\u00ba \u00eddem previene que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb, de donde emerge otro fuero privativo que se funda en la calidad del sujeto para asignar la competencia al juez de su domicilio. <\/p>\n
Como en muchas ocasiones la demandante es una entidad que responde al memorado criterio subjetivo y es vecina de una provincia distinta de aquella donde se encuentra el inmueble sobre el que aspira obtener el gravamen, deviene palmario que en la pr\u00e1ctica surge un enfrentamiento entre los par\u00e1metros atributivos en comento. <\/p>\n
Ese dilema, desde mi perspectiva, debe solucionarse con preferencia por la ubicaci\u00f3n del bien en disputa y no a partir del domicilio de la entidad p\u00fablica involucrada. Esto, porque estimo que la pauta condensada en el art\u00edculo 29 ejusdem, seg\u00fan la cual \u00abes prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb, impera en los casos que involucran el factor subjetivo, mas no los fueros del factor territorial, como aqu\u00ed acontece. Por consiguiente, no existe disposici\u00f3n expresa que sirva para dilucidar la antinomia y ello obliga acudir a los principios constitucionales, como par\u00e1metro de definici\u00f3n, para hallar la soluci\u00f3n m\u00e1s ajustada a la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Es as\u00ed como los postulados de igualdad, econom\u00eda procesal, concentraci\u00f3n e inmediaci\u00f3n, entre otros, cobran especial significaci\u00f3n en este contexto para equilibrar las cargas teniendo en cuenta que el ciudadano-demandado, por lo general, es el m\u00e1s d\u00e9bil de la relaci\u00f3n procesal y, por ende, no resulta justo ni acorde con el derecho de defensa, obligarlo a afrontar el juicio en una ciudad distinta a su vecindad. Adem\u00e1s, la inspecci\u00f3n judicial que, por mandato del legislador debe practicarse en esa clase de asuntos ofrece mayores ventajas para su realizaci\u00f3n cuando el juez de conocimiento tiene sede en el mismo sitio del bien, lo cual evita comisionar y agiliza la definici\u00f3n del pleito. Nada de lo cual ocurre si la asignaci\u00f3n recae en el fallador del lugar donde tiene asiento la entidad p\u00fablica. <\/p>\n
Sin embargo, no se puede desconocer que la situaci\u00f3n descrita la abord\u00f3 la Sala y resolvi\u00f3 con el voto de la mayor\u00eda en AC140-2020, cuya finalidad consisti\u00f3 en servir de \u00abgu\u00eda fiable tanto para la Corte como para los jueces y las partes de los procesos, en aras de respetar y garantizar la igualdad de trato de los justiciables ante la ley\u00bb, es decir, se busc\u00f3 superar la divergencia que se presentaba entre los diferentes Despachos al dirimir las colisiones originadas en id\u00e9nticas situaciones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas. <\/p>\n
En efecto, en esa ocasi\u00f3n se concluy\u00f3 que el enfrentamiento entre los numerales 7\u00b0 y 10\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso debe dilucidarse atendiendo la prelaci\u00f3n que el art\u00edculo 29 del mismo ordenamiento reconoce por la \u00abcalidad de las partes\u00bb y el suscrito salv\u00f3 voto con cimiento en las razones all\u00e1 expuestas y compendiadas arriba. Empero, en esta oportunidad se torna indispensable aplicar el criterio prevaleciente de la Sala como fiel reflejo del ejercicio democr\u00e1tico y, en especial, para salvaguardar la igualdad y la seguridad jur\u00eddica de los usuarios del sistema de justicia. <\/p>\n
En definitiva, con todo y los reparos que he esgrimido frente a la tesis mayoritaria, las circunstancias tornan vinculante lo expuesto en CSJ AC140-2020, consistente en que \u00abla colisi\u00f3n presentada entre los dos fueros privativos de competencia consagrados en los numerales 7\u00b0 (real) y 10\u00b0 (subjetivo) del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, debe solucionarse a partir de la regla establecida en el canon 29 ibidem, raz\u00f3n por la que prima el \u00faltimo de los citados\u00bb. <\/p>\n
3.- En el presente caso, el Grupo de Energ\u00eda de Bogot\u00e1 S.A. E.S.P. pretendi\u00f3 la imposici\u00f3n de servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica respecto del inmueble con matr\u00edcula n\u00famero 166-91175, situado en San Antonio del Tequendama. De modo que la naturaleza p\u00fablica de la actora impon\u00eda tramitar la contienda ante el estrado de su vecindad de cara al par\u00e1metro d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 citado, sin que la ubicaci\u00f3n de la propiedad tuviera la virtud de alterar esa situaci\u00f3n debido a la prevalencia aplicada en el precedente ya rese\u00f1ado. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, emerge claro que el despacho de esta capital se equivoc\u00f3 al desprenderse del diligenciamiento sin argumentos admisibles en la medida que el fuero real estaba descartado, por lo que all\u00e1 retornar\u00e1 la encuadernaci\u00f3n para que avoque su conocimiento. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Dieciocho de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1 es el competente para conocer el juicio de imposici\u00f3n de servidumbre entablado por el Grupo de Energ\u00eda de Bogot\u00e1 S.A. E.S.P. contra V\u00edctor Manuel Fern\u00e1ndez Roa, Myriam Bulla Chicame, Deogracias Villarraga y los herederos de Primitivo Cantor Duarte. <\/p>\n
Segundo: Enviar el expediente al citado Despacho judicial e informar lo decidido al Juzgado Promiscuo Municipal de San Antonio del Tequendama. <\/p>\n
Tercero: Librar, por Secretar\u00eda, los oficios correspondientes. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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