AC1148-2021 (2020-02385-00)<\/p>\n
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AC1148-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n 11001-02-03-000-2020-02385-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., cinco (5) de abril de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Resuelve la Corte el recurso de queja interpuesto por Jos\u00e9 Herling Villareal S\u00e1nchez contra el auto de 24 de julio de 2020, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 le neg\u00f3 el de casaci\u00f3n de la sentencia emitida el 30 de junio anterior dentro del proceso verbal que le iniciaron John Alexander Sosa Quiroga, Rosaura Ch\u00e1vez, Diana Carolina Sosa Quiroga y Beatriz Elena Penagos, en el que formul\u00f3 reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
I.-ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los demandantes pidieron que la judicatura ordenara a su oponente entregarles materialmente el predio situado en la calle 75 No. 23-43 de Bogot\u00e1, con matr\u00edcula 50C-1434782, que compraron mediante escritura No. 2680 de 17 de octubre de 2015 de la Notar\u00eda 25 de la ciudad. <\/p>\n
A su turno, el convocado contrademand\u00f3 la nulidad absoluta del instrumento p\u00fablico. <\/p>\n
2.- Desistidas las s\u00faplicas iniciales, el 15 de enero de 2020 el Juzgado 42 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 neg\u00f3 las sobrevinientes. <\/p>\n
3.- Apelada esa sentencia por el reconviniente, el 30 de junio siguiente el Tribunal la confirm\u00f3 integralmente. <\/p>\n
4.- Frente a la anterior decisi\u00f3n, el promotor propuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, no concedido por auto de 24 de julio del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
5.- El impugnante plante\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y en subsidio queja. <\/p>\n
Aleg\u00f3 que la nulidad absoluta, am\u00e9n de que debe ser reconocida de oficio, constituye una pretensi\u00f3n meramente declarativa que abre paso a la casaci\u00f3n sin necesidad de acudir al inter\u00e9s pecuniario. <\/p>\n
Puso de presente que est\u00e1 probado documentalmente que el predio fue objeto de transacci\u00f3n para pagar obligaciones por valor de $874.743.900; que al reconvenir fij\u00f3 la cuant\u00eda en $ 1.300.000.000; y que el respectivo certificado de libertad da cuenta del registro en 2020 de un contrato de fiducia celebrado entre sus contradictores y la Fiduciaria del Banco de Bogot\u00e1, que ascendi\u00f3 a $920.000.000. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el precio del acuerdo que aqu\u00ed se debate no sirve de referente, pues se demostr\u00f3 que es ficticio. <\/p>\n
6.- El 13 de agosto pasado, la funcionaria sustanciadora mantuvo su decisi\u00f3n y dio tr\u00e1mite a la queja. <\/p>\n
Al prop\u00f3sito, tras descartar que se trate de un asunto declarativo sin consecuencia cremat\u00edstica alguna, desech\u00f3 los dem\u00e1s argumentos que el inconforme blandi\u00f3 para suplir la aportaci\u00f3n de un dictamen pericial, porque se refieren a negocios ulteriores y ajenos al aqu\u00ed debatido. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Examinado el asunto, se advierte que el Tribunal se equivoc\u00f3 al negar el paso a la senda extraordinaria intentada por el quejoso. <\/p>\n
2.- La procedencia del recurso de casaci\u00f3n est\u00e1 supeditada a la satisfacci\u00f3n de los precisos requisitos consagrados en la normativa procedimental. Al respecto, el art\u00edculo 334 del C\u00f3digo General del Proceso dispone que este mecanismo es pertinente, entre otras, contra las sentencias proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia en \u00abtoda clase de procesos declarativos\u00bb. <\/p>\n
A su turno, el canon 338 ibidem prev\u00e9 que <\/p>\n
Cuando las pretensiones sean esencialmente econ\u00f3micas, el recurso procede cuando el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv). Se excluye la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil. <\/p>\n
Como puede apreciarse, el actual compendio procesal mantuvo la exigencia de la estimaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n desfavorable, fij\u00e1ndola en mil (1000) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes para los supuestos de pretensiones esencialmente patrimoniales. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, para la prosperidad de la aspiraci\u00f3n de acudir en casaci\u00f3n es preciso que al momento de interponer el recurso obren en el dossier elementos de juicio que sirvan para determinar que el inter\u00e9s pecuniario del impugnante alcanza el monto requerido y, de no existir o ser insuficientes, que a m\u00e1s tardar con su formulaci\u00f3n este aporte una experticia, de tal forma que, en todo caso, el magistrado sustanciador cuente con los insumos necesarios al momento de decidir, pues lo hace de plano, es decir, en el acto y con lo que tiene en el expediente. <\/p>\n
3.- En el sub lite, en primer lugar, el promotor sostiene que la sentencia que desata la pretensi\u00f3n de nulidad absoluta del contrato de compraventa es meramente declarativa y, por ende, puede acceder al recurso de casaci\u00f3n sin necesidad de acreditar inter\u00e9s patrimonial alguno, en lo cual carece de raz\u00f3n, porque en la medida que tal acto jur\u00eddico tiene por objeto un bien apreciable econ\u00f3micamente, el valor del mismo constituye el referente primario para dicho fin, sin perjuicio de contabilizar los dem\u00e1s rubros que haya reclamado y no le hayan sido reconocidos. <\/p>\n
As\u00ed lo sostuvo la Corte en AC8156-2017 al predicar que <\/p>\n
(\u2026) se torna inadmisible la apreciaci\u00f3n de los quejosos en cuanto a que la nulidad solicitada no constituye una pretensi\u00f3n esencialmente econ\u00f3mica, en tanto que ning\u00fan sentido tendr\u00eda la sola declaratoria de nulidad, sin el reintegro de dichos bienes; uno y otro pedimento se torna esencial, formalmente hablando, o en otros t\u00e9rminos, la nulidad aqu\u00ed buscada, jam\u00e1s podr\u00eda desligarse de la restituci\u00f3n de las acciones, igualmente pretendida, y como \u00e9stas tienen un indiscutible contenido econ\u00f3mico, entonces, para efectos casacionales, se requiere acreditar la magnitud del detrimento patrimonial inferido a los recurrentes, con el fallo cuestionado. <\/p>\n
4.- Sin embargo, a la luz del art\u00edculo 339 citado, es claro que el primer referente que el juzgador debe tener en cuenta a la hora de determinar dicha cuant\u00eda son \u00ablos elementos de juicio que obren en el expediente\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, es oportuno memorar que <\/p>\n
(\u2026) para justipreciar el valor monetario actualizado de ese \u201cinter\u00e9s\u201d, el nuevo estatuto procesal trae como un mandato (deber\u00e1) para el magistrado ponente del Tribunal, la tarea de deducirlo de \u201clos elementos de juicio que obren en el expediente\u201d, es decir, que se propugna hoy en d\u00eda por dejar atr\u00e1s la pr\u00e1ctica corriente en la codificaci\u00f3n anterior, de decretar un dictamen pericial para justipreciar el inter\u00e9s, cuando \u00e9l no afloraba preciso y vigente en el plenario, actividad que conllevaba un considerable tiempo y un significativo costo para el interesado, y que en e1 marco del derecho fundamental a un debido proceso de duraci\u00f3n razonable, faro indiscutible de la Ley 1564 de 2012, ya no es en principio procedente, sin perjuicio, claro est\u00e1, de la facultad (podr\u00e1) que se confiere al impugnante de \u201caportar un dictamen si lo considera necesario\u201d (CSJ AC4465-2017). <\/p>\n
En este caso, el Tribunal, am\u00e9n de extra\u00f1ar el dictamen pericial, se propuso averiguar el inter\u00e9s del recurrente, por un lado, escrutando en el aval\u00fao catastral del predio correspondiente a 2015, y por el otro, examinando el precio de la compraventa atacada ($420.000.000 ) a la que sum\u00f3 los perjuicios perseguidos hasta la fecha de la demanda ($334.000.000), lo que en un caso arroja un monto de $344.841.000 y en el otro de $754.000.000, inferiores al inter\u00e9s fijado en 2020, a\u00f1o de la sentencia, en $877.803.000. <\/p>\n
Con lo cual no fue lo suficientemente acucioso, pues pas\u00f3 por alto que <\/p>\n
El valor del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n, cuando se trata de sentencias completamente desestimatorias, est\u00e1 constituido por aquello que esperaba recibir el demandante y que, a la larga, no le fue concedido. Desde luego, esa expectativa aparece recogida en la demanda, pues es en las pretensiones donde el demandante determina cu\u00e1l es el alcance concreto de sus aspiraciones (AC, 23 mar. 2011, exp. 2011-00289-00). <\/p>\n
En ese sentido, en ambas cuentas no sopes\u00f3 que las pretensiones de la demanda de nulidad por da\u00f1os materiales fueron por la suma de $11.000.000 mensuales, que si bien a la fecha en que se radic\u00f3 acumulaban $264.000.000, en la medida que se pidieron \u00abhasta el d\u00eda que se declare la nulidad\u00bb, es dable proyectarla hasta cuando se produjo la sentencia atacada, 30 de junio de 2020, con lo que se obtiene una cifra de $620.766.666 que, agregada el valor catastral del inmueble en 2015, asciende a $965.607.666, superando holgadamente el monto requerido. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, que de suyo es suficiente para colmar el quantum requerido, exist\u00edan otros elementos que por s\u00ed solos tambi\u00e9n permit\u00edan arribar a la anotada conclusi\u00f3n, entre los que destacan los documentos de transacci\u00f3n aportados por los contrademandados, que suscribieron con Expresi\u00f3n Constructora S.A.S. la misma calenda en que se protocoliz\u00f3 la escritura p\u00fablica censurada, 17 de octubre de 2015, en cuales asignaron al inmueble un costo $874.743.900; igualmente, el valor del precontrato que el actual quejoso ados\u00f3 con su reconvenci\u00f3n en relaci\u00f3n con el predio materia de la controversia, por valor de $1.1000.000.000, signado por esa persona jur\u00eddica. <\/p>\n
No es de recibo el argumento del Tribunal, que no pod\u00eda ponderar actos jur\u00eddicos ajenos al aqu\u00ed debatido, en cuanto el prop\u00f3sito de analizarlos simplemente es determinar razonablemente el valor comercial del bien objeto del contrato y, por esa senda, el monto real del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n del interesado, que se compone del precio del mismo y dem\u00e1s conceptos que dej\u00f3 de percibir como secuela del fallo atacado. <\/p>\n
5.- En suma, exist\u00edan suficientes fundamentos para determinar que el recurrente ten\u00eda un inter\u00e9s superior al exigido por el art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso en 2020 para acudir en casaci\u00f3n, por lo que fue mal denegada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
Primero: Declarar mal denegado el recurso de casaci\u00f3n que Jos\u00e9 Herling Villareal S\u00e1nchez interpuso frente a la sentencia emitida el 30 de junio de 2020 dentro del proceso verbal que le iniciaron John Alexander Sosa Quiroga, Rosaura Ch\u00e1vez, Diana Carolina Sosa Quiroga y Beatriz Elena Penagos, en el que formul\u00f3 reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
Segundo: En consecuencia, se revoca el auto de 24 de julio de 2020 y se concede el recurso extraordinario. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese esta providencia al Tribunal para que adelante las labores de su incumbencia, de conformidad con el par\u00e1grafo del art\u00edculo 341 del C\u00f3digo General del Proceso, y posteriormente remita el expediente a esta Corte. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
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