AC1176-2021 (2018-00438-01)<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC1176-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-019-2018-00438-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiocho de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de abril de dos mil veintiuno (2021). _____ (___) de ______ dos mil veinte (2020). <\/p>\n
Dec\u00eddese sobre la admisi\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n presentada por Juan Carlos Quintero Castro e Inversiones Agromin S.A.S. frente a la sentencia de 11 de febrero de 2020 proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil, dentro del proceso verbal que en su contra promovi\u00f3 Uni\u00f3n Industrial y Comercial S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora solicit\u00f3 declarar \u00ababsolutamente simulado\u00bb el acuerdo de compraventa celebrado por los demandados mediante escritura p\u00fablica n\u00ba. 03825 de 30 de diciembre de 2016 corrida en la Notar\u00eda 69 de Bogot\u00e1, respecto del inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00ba. 190-108983 de la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos de Valledupar y ubicado en esa misma ciudad, para que, en consecuencia, se efect\u00faen \u00ablas anotaciones pertinentes\u00bb y \u00abse condene a los demandados al pago de los frutos civiles\u00bb as\u00ed como las costas. <\/p>\n
La causa petendi consisti\u00f3 en que Juan Carlos Quintero Castro y Teralda S.A.S. dejaron de pagar los c\u00e1nones de arrendamiento de unas bodegas a la accionante, lo que hizo que ese acuerdo de voluntades se resolviera judicialmente y se ordenara a los locatarios restituirlas. Posteriormente, se libr\u00f3 mandamiento ejecutivo en contra de la mencionada persona natural y de Quinver S.A.S. (deudor solidario del arrendamiento hasta por $255.000.000), sin que pudiera embargarse el inmueble \u00abque el demandado Juan Carlos Quintero hab\u00eda reportado como de su propiedad a efectos de tener la relaci\u00f3n contractual\u00bb con la demandante pues fue fingidamente vendido a Inversiones Agromin S.A.S. \u00abrepresentada legalmente por el tambi\u00e9n demandado\u2026 Juan Carlos Quintero Castro\u00bb quien, adem\u00e1s, era su accionista mayoritario. <\/p>\n
En la escritura p\u00fablica de venta se pact\u00f3 el precio de $265.717.000 que coincide con el catastral, es bastante inferior al comercial y no fue pagado. Adicionalmente, la simulaci\u00f3n perjudic\u00f3 a la demandante por quedar \u00aben incapacidad para hacer efectivo su derecho, por no poseer Juan Carlos Quintero Castro otros bienes\u00bb, aunado a que se realiz\u00f3 con \u00abaf\u00e1n\u00bb, luego del proceso de restituci\u00f3n de los inmuebles arrendados (folios 181 a 192 del cuaderno 3). <\/p>\n
2. Los convocados replicaron la demanda y se opusieron a la prosperidad de las pretensiones formulando las excepciones de m\u00e9rito de \u00abausencia de simulaci\u00f3n. Realidad de la compraventa efectuada entre\u2026 los demandados\u00bb, \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa -Inexistencia de inter\u00e9s para obrar de \u00fanico -inexistencia de causa simulandi-\u00bb, \u00abausencia de causa para reclamar frutos civiles del inmueble\u00bb y la \u00abgen\u00e9rica\u00bb (folios 219 a 232 del cuaderno 3). <\/p>\n
3. Mediante fallo escrito de 24 de septiembre de 2019, el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa para demandar por parte de sociedad Uni\u00f3n Industrial y Comercial S.A.\u00bb, neg\u00f3 las pretensiones, orden\u00f3 el levantamiento de la inscripci\u00f3n de la demanda y conden\u00f3 en costas a la actora. <\/p>\n
4. El 11 de febrero de 2010, al resolver la alzada de la demandante la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1 revoc\u00f3 el fallo y, en su lugar, declar\u00f3 la simulaci\u00f3n absoluta solicitada, orden\u00f3 oficiar a la Notar\u00eda 69 de Bogot\u00e1 y a la oficina de instrumentos p\u00fablicos correspondiente \u00abpara que efect\u00faen las anotaciones de rigor\u00bb e impuso a los demandados la obligaci\u00f3n de pagar las costas de ambas instancias. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. La legitimaci\u00f3n en la causa para demandar la simulaci\u00f3n absoluta no solo existe cuando el deudor que finge un acto jur\u00eddico queda sin otros bienes para sufragar la acreencia, sino tambi\u00e9n \u00abal enajenar el mejor bien que ostentaba en su patrimonio\u2026 y con el cual hubiere podido satisfacer la obligaci\u00f3n contra\u00edda con \u00danico S.A.\u00bb, con lo cual el supuesto vendedor \u00abdisminuy\u00f3 y desmejor\u00f3 sus activos patrimoniales, con lo que comprometi\u00f3 la realizaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb. <\/p>\n
Se bas\u00f3 en la \u00abnegaci\u00f3n indefinida\u00bb de que Juan Carlos Quintero Castro no pose\u00eda bienes distintos al enajenado, la cual no requiere prueba en consonancia con el precepto 167 del C\u00f3digo General del Proceso, correspondi\u00e9ndole al \u00abdemandado\u2026 acreditar la solvencia de bienes\u2026 en pro de responder con las obligaciones que se le reclaman\u2026\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que el convocado se limit\u00f3 a indicar que ten\u00eda activos por alrededor de $5.000`000.000, sin precisar \u00abla naturaleza, precio e identificaci\u00f3n de los bienes o activos que permitieran dar por cierta su afirmaci\u00f3n (\u2026 definida) acerca de\u2026 su haber patrimonial\u2026\u00bb, lo que impon\u00eda \u00abpresumir la ausencia de bienes que le atribuy\u00f3 la demandante\u00bb. <\/p>\n
1.1. Descart\u00f3 que \u00ablas certificaciones del revisor fiscal de Teralda S.A.S\u2026, CG Revisor\u00eda Fiscal\u2026 y Quinver S.A.S\u2026\u00bb probaran suficiencia patrimonial de Juan Carlos Quintero Castro, as\u00ed: <\/p>\n
(i) La \u00abcertificaci\u00f3n de CG Revisor\u00eda Fiscal\u2026 no indica que Quintero Castro tenga acci\u00f3n o cuota social en dicha compa\u00f1\u00eda. Es m\u00e1s, lo que de all\u00ed emana, es que\u2026 Carlos Alberto Gait\u00e1n Garc\u00eda es el revisor fiscal de las sociedades donde eventualmente\u2026 Quintero Castro ha tenido injerencia, y que la denominaci\u00f3n \u201cCG Revisor\u00eda Fiscal\u201d coincide con las letras iniciales del \u2026 revisor fiscal. Por lo tanto, no cabe colegir que ac\u00e1 se demostr\u00f3\u2026 que las acciones\u2026 correspondan\u2026 a CG Revisor\u00eda Fiscal, y ni siquiera que exista persona jur\u00eddica con tal denominaci\u00f3n\u00bb; <\/p>\n
(ii) La certificaci\u00f3n de Teralda S.A.S. no prob\u00f3 que las acciones, dividendos y cr\u00e9ditos a favor de Quintero Castro \u00abconstituyen una garant\u00eda s\u00f3lida para el acreedor demandante\u00bb, adem\u00e1s de que esa entidad afronta un proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial y \u00abseg\u00fan\u2026 la misma certificaci\u00f3n\u2026 no es posible pagar hoy y en el evento de ser pagables estar\u00e1 sujeto al acuerdo de acreedores dentro de la reorganizaci\u00f3n empresarial como cr\u00e9dito postergable\u00bb; y <\/p>\n
(iii) Sobre la certificaci\u00f3n de Quinver S.A.S. respecto de \u00abla participaci\u00f3n social de\u2026 Quintero Castro (1.600 cuotas) en esta compa\u00f1\u00eda, \u2026 las mismas no se muestran suficientes para tranquilizar al demandante, respecto de la garant\u00eda de todo lo que se le adeuda, pues ni siquiera informa sobre el monto aproximado de esa participaci\u00f3n\u00bb, aunado a que el valor del cr\u00e9dito que legitima a la accionante \u00abpor concepto de c\u00e1nones de arrendamiento\u00bb es de $1.528.713.916. <\/p>\n
1.2. Sobre la constancia del revisor fiscal de Quinver S.A.S. de que esa sociedad le adeuda a Juan Carlos Quintero Castro $713`102.807, sostuvo que, adem\u00e1s de que no precisa el concepto de la acreencia, \u00abno se muestra como garant\u00eda suficiente del cr\u00e9dito del cual es titular\u00bb la demandante. <\/p>\n
1.3. Manifest\u00f3 que la \u00abdeclaraci\u00f3n de renta del a\u00f1o gravable 2018\u00bb de Juan Carlos Quintero Castro no era \u00abid\u00f3nea para demostrar\u00bb su capacidad de pago, al no precisar \u00abla naturaleza, precio e identificaci\u00f3n de los bienes o activos que conforman dicho patrimonio, y con los cuales pudiera solventar lo adeudado a la demandante\u00bb. <\/p>\n
1.4. Frente al \u00abcomprobante de egreso n\u00ba. G-143\u00bb, \u00abel reporte transaccional de Credicorp Capital\u00bb, el abono de 12 de abril de 2019 por $120.000.000 y el \u00abacuerdo de pago de 20 de marzo de 2019\u00bb, concluy\u00f3 que el desembolso parcial fue realizado por Quinver S.A.S. -no por Juan Carlos Quintero Castro-, la solvencia de este \u00faltimo no aument\u00f3 con el paso del tiempo, \u00abel saldo no deja de alcanzar un monto importante\u00bb y \u00abel acuerdo fue incumplido, en forma\u2026 reiterada\u2026 por el deudor\u00bb. <\/p>\n
2. Estim\u00f3 probada la simulaci\u00f3n absoluta de la venta inmobiliaria con base en los siguientes indicios convergentes: <\/p>\n
2.1. El negocio se realiz\u00f3 en un \u00abtiempo sospechoso\u00bb porque la demanda de restituci\u00f3n de inmueble arrendado se radic\u00f3 el 29 de septiembre de 2016, para \u00abdisimular el grado de control que\u2026 Quintero Castro tiene en Agromin S.A.S., mediante acta de junta de socios\u2026 de 12 de octubre de 2016\u2026 se autoriz\u00f3 la cesi\u00f3n de\u2026 450 cuotas de inter\u00e9s social que Quintero Castro\u2026 ten\u00eda en dicha compa\u00f1\u00eda a\u2026 Quinver S.A.S., acto que se protocoliz\u00f3 mediante escritura p\u00fablica n\u00ba. 3222 de 2 de noviembre de 2016 de la Notar\u00eda 69\u2026 de Bogot\u00e1, \u2026 posteriormente mediante acta\u2026 de 10 de noviembre de 2016 de Agromin S.A.S. se autoriza la adquisici\u00f3n del inmueble sobre el que versa la demanda de simulaci\u00f3n, compraventa que se consolid\u00f3, seg\u00fan escritura p\u00fablica n\u00ba. 03825 de 30 de diciembre de 2016\u00bb. <\/p>\n
2.2. Se demostr\u00f3 la \u00abfalta de necesidad de enajenar el bien inmueble\u00bb. El dictamen pericial de KPMG S.A.S. desvirtu\u00f3 que la venta se hubiera realizado por \u00abrazones de planeaci\u00f3n tributaria y estrat\u00e9gicas\u00bb con miras a la siguiente reforma tributaria que gravar\u00eda \u00abduramente a las personas naturales\u00bb, como narr\u00f3 el demandado, pues el experto concluy\u00f3 que el inmueble no pod\u00eda ser reconocido como un activo, no generaba beneficios econ\u00f3micos futuros, carec\u00eda de beneficio en materia de deducci\u00f3n, es considerado un activo no depreciable y no se identific\u00f3 ingreso alguno relacionado con su explotaci\u00f3n. <\/p>\n
El prop\u00f3sito de la venta (\u00abcausa simulandi\u00bb) fue \u00abel fraude a los acreedores de\u2026 Juan Carlos Quintero Castro, dentro de los que se encuentran \u00danico S.A., y el fisco\u00bb, pues tal negocio afect\u00f3 \u00abla prenda general de los acreedores\u00bb y \u00absu inter\u00e9s era excluir el bien disputado del patrimonio de este \u00faltimo, anticipando los efectos de una posible ejecuci\u00f3n por la aqu\u00ed demandante con ocasi\u00f3n del contrato de arrendamiento de bodegaje que entre estos hubo\u00bb. <\/p>\n
El citado experto identific\u00f3 que Inversiones Agromin S.A.S. modific\u00f3 la informaci\u00f3n transaccional y la descripci\u00f3n de los registros contables, porque \u00aba pesar de que los 17 comprobantes de egreso (entre mayo y noviembre de 2016), tienen por concepto \u201cAnticipo Compra Lote Rancho M\u00edo\u201d, la compra del inmueble solo vino a ser autorizada en asamblea extraordinaria de Agromin S.A.S. del 10 de diciembre de 2016\u00bb, lo cual hace \u00absospechoso el concepto de esos comprobantes de egreso, pues\u2026 para la fecha de dichos \u201canticipos ni siquiera la adquisici\u00f3n de ese predio hab\u00eda sido aprobada en asamblea del ente societario\u201d\u00bb. <\/p>\n
2.3. Se prob\u00f3 la bajeza del precio pues en la compra se pact\u00f3 $265`717.000 a pesar de que el valor comercial a la fecha del acto jur\u00eddico era de $1.149`914.558 (folios 30 a 40 del cuaderno 4). <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Contiene 3 cargos que, por no demostrar los errores que sustentan la vulneraci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, ser\u00e1n inadmitidos (folios 12 a 41 vto del cuaderno Corte). <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Al amparo de la causal segunda de casaci\u00f3n enrostraron al Tribunal la vulneraci\u00f3n indirecta por falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 1766, 2488 y 2452 del C\u00f3digo Civil, con ocasi\u00f3n de errores de hecho sobre: (i) la certificaci\u00f3n del revisor fiscal del demandante; (ii) la \u00abprovidencia que repone el auto y libra mandamiento de fecha 15 de febrero de 2018\u00bb; (iii) el certificado de libertad y tradici\u00f3n del inmueble enajenado, con fecha 21 de septiembre de 2018; (iv) la certificaci\u00f3n de Intercr\u00e9dito de Colombia S.A.; (v) el contrato de transacci\u00f3n con que \u00abQuinver S.A.S. se hizo solidariamente responsable por el pago de c\u00e1nones de arrendamiento a favor de \u00danico S.A.\u00bb; (vi) el interrogatorio absuelto por Juan Carlos Quintero Castro, como persona natural y como representante legal de la otra convocada; (vii) el \u00abauto de la Delegatura para Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades\u00bb; y (viii) el certificado de existencia y representaci\u00f3n de Quinver S.A.S. <\/p>\n
Manifestaron que el fallador no vio las pruebas del \u00abrespaldo patrimonial para la satisfacci\u00f3n de su cr\u00e9dito, ora por la existencia de garant\u00edas constituidas en su favor o por la misma situaci\u00f3n patrimonial de\u2026 Quintero Castro\u00bb y, al mismo tiempo, err\u00f3 al concluir que el inmueble objeto de la venta era su \u00abmejor bien\u00bb o que con \u00e9l pudiera pagarse la deuda, tiene \u00abhipoteca abierta sin l\u00edmite de cuant\u00eda a favor de\u2026 Intercr\u00e9dito de Colombia S.A\u2026. sin que\u2026 obrase prueba\u2026 de que la obligaci\u00f3n garantizada hubiera sido extinguida\u00bb. <\/p>\n
Arguyeron que la acreencia de la demandante no era de $1.528.713.916, como equivocadamente conceptu\u00f3 su revisor fiscal, sino $686.683.285 (incluyendo frutos civiles causados durante 22 meses), de acuerdo con el mandamiento de pago del Juzgado Segundo Civil de Oralidad del Circuito de Itag\u00fc\u00ed para julio de 2018, valor que exig\u00eda una solvencia menor con miras a \u00abconstatar el inter\u00e9s para obrar de la activa\u00bb y que, de haberse tenido en cuenta, hubiera llevado a concluir que el patrimonio de Juan Carlos Quintero Castro era suficiente. <\/p>\n
Rebatieron que la simulaci\u00f3n absoluta desmejor\u00f3 o redujo el peculio de Juan Carlos Quintero Castro, dificult\u00f3 el cobro de su acreedor, la calificaci\u00f3n de \u00abmejor bien\u00bb dada al inmueble vendido, as\u00ed como la posibilidad de que con \u00e9l \u00abse hubiera podido saldar la totalidad del adeudo\u00bb, pues la hipoteca resguarda \u00abun cr\u00e9dito rotativo por valor de COP$700.000.000 adquirido por\u2026 Teralda S.A.S. y Juan Carlos Quintero Castro\u00bb con Intercr\u00e9dito de Colombia S.A., acreedor hipotecario con \u00abintenci\u00f3n de perseguir el inmueble en cuesti\u00f3n, debido a la mora derivada de una deuda\u00bb; igualmente, recordaron que con el fundo se pagar\u00eda primero al acreedor hipotecario (de mejor derecho) y el remanente a favor de la demandante ser\u00eda de $449.914.558, lo que evidencia el error del Tribunal al decir que \u00abel inmueble hubiese bastado para satisfacer la totalidad de la acreencia\u00bb. <\/p>\n
Censuraron que el Tribunal haya obviado que el pago de $120.000.000 realizado por Quinver S.A.S. a la demandante fue en su propio inter\u00e9s, dada su condici\u00f3n de deudor hasta por $255.000.000, lo que constituye garant\u00eda adicional de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Observaron que se pretiri\u00f3 el certificado de existencia y representaci\u00f3n de Quinver S.A.S. seg\u00fan el cual esa \u00absociedad es propietaria de activos por $18.027.073.888\u00bb, que de haberse tenido en cuenta, hubiera servido para tomar una decisi\u00f3n diversa. <\/p>\n
Sustentaron la vulneraci\u00f3n de los c\u00e1nones 1766 (por haber accedido a la simulaci\u00f3n pese a la falta de \u00abinter\u00e9s para obrar del demandante\u00bb), 2488 (dado que se olvid\u00f3 que el acreedor hipotecario del bien enajenado tiene derecho a que su deuda se pague \u00abprevalentemente\u00bb, la indebida cuantificaci\u00f3n de la deuda y la inadecuada determinaci\u00f3n de desmejoramiento patrimonial) y 2452 (en raz\u00f3n a que la hipoteca a favor de Intercr\u00e9dito de Colombia S.A. hace que el inmueble no sea \u00abgarant\u00eda id\u00f3nea para el\u2026 cr\u00e9dito de \u00danico\u00bb) del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Con fundamento en el segundo motivo casacional, se\u00f1alaron que el ad quem inaplic\u00f3 y transgredi\u00f3 de manera mediata los preceptos 1766 y 2488 del C\u00f3digo Civil, 379 del de Comercio y 4\u00ba de la ley 1116 de 2006, gracias al yerro jur\u00eddico de haber violado el art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Identificaron que el desafuero de derecho recay\u00f3 sobre (i) los \u00abdocumentos que obran a folios 5 a 8 del cuaderno del Tribunal\u00bb; (ii) las declaraciones de renta de Juan Carlos Quintero Castro de 2016 y 2017; (iii) la certificaci\u00f3n de Teralda S.A.S.; y (iv) la de Quinver S.A.S. <\/p>\n
Sustentaron la transgresi\u00f3n del art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso en haberse privado de m\u00e9rito de convicci\u00f3n a la declaraci\u00f3n de renta de Juan Carlos Quintero Castro para los a\u00f1os gravables 2017 y 2018 (fecha de presentaci\u00f3n de la demanda), que daba cuenta de un \u00abpatrimonio l\u00edquido de COP$2.506.436.000 y una renta l\u00edquida cedular de trabajo de COP$483.360.000\u00bb. Se trata de un documento con que el contribuyente informa al Estado su situaci\u00f3n patrimonial, reconocido como prueba por el \u00abConsejo de Estado\u00bb y las Salas de Casaci\u00f3n Civil y Laboral de esta Corte, pese a lo cual fue ignorado por el Tribunal con desapego a las reglas de la sana cr\u00edtica. <\/p>\n
Reprocharon que el Tribunal haya concluido que Juan Carlos Quintero Castro carec\u00eda de bienes suficientes porque, de haber visto la certificaci\u00f3n de Quinver S.A.S. \u00aben conjunto con las restantes pruebas\u00bb hubiera tenido en cuenta su condici\u00f3n de \u00abpropietario del 80% de la participaci\u00f3n social de una compa\u00f1\u00eda, cuyos activos ascend\u00edan a\u2026 COP$18.027.073.888\u00bb. <\/p>\n
Censuraron que de manera \u00abantojadiza\u00bb el ad quem le haya negado verosimilitud a la certificaci\u00f3n sobre la deuda de Quinver S.A.S. con Juan Carlos Quintero Castro por $713.102.807, cantidad superior a la reconocida jurisdiccionalmente a cargo de este \u00faltimo y a favor de la actora, sin que la falta de precisi\u00f3n sobre su concepto le reste suficiencia, pues \u00abde ser embargados, podr\u00edan cubrir la totalidad del adeudo que tiene la demandante\u00bb, adem\u00e1s de las otras v\u00edas judiciales con que cuenta la promotora. <\/p>\n
Fincaron el desconocimiento de los preceptos 1766 (por haber declarado el fingimiento pese la falta de \u00abinter\u00e9s para obrar del\u2026 actor\u00bb) y 2488 (al no ofrecer el Tribunal \u00abning\u00fan tipo de razonamiento convincente\u00bb sobre la insuficiencia patrimonial, pese a que \u00abexist\u00edan bienes suficientes para pagar la acreencia\u00bb) del C\u00f3digo Civil, 379 (al pasar por alto que las acciones de \u00abQuinver S.A.S. van mucho m\u00e1s all\u00e1 de su simple valoraci\u00f3n\u2026 de mercado, y\u2026 hacen referencia a una sociedad cuyos activos superan los COP$18.000.000.000\u00bb) del C\u00f3digo de Comercio, 4 y 59 (al lesionar el principio de universalidad porque en la reorganizaci\u00f3n de Teralda S.A.S. primero se pagar\u00eda el pasivo externo, antes de poder pagar a Juan Carlos Quintero Castro) de la ley 1116 de 2006. <\/p>\n
Remataron sosteniendo que las pruebas fueron sopesadas aisladamente y no en conjunto ni de acuerdo con las reglas de la experiencia y el sentido com\u00fan, pues daban cuenta de que el patrimonio de Juan Carlos Quintero Castro ronda los $2.000.000.000, suma bastante superior a la que legitim\u00f3 a la accionante para pedir la simulaci\u00f3n absoluta de una compraventa de la que no es parte. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Invocando la causal segunda casacional, imputaron la transgresi\u00f3n indirecta, por defectos f\u00e1cticos, de los art\u00edculos 1602 y 1766 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Luego de indicar las pruebas sobre las que recayeron los errores de hecho (folios 27 y 28 del cuaderno Corte) y precisar los argumentos que llevaron al Tribunal a declarar la simulaci\u00f3n absoluta, se\u00f1alaron que la decisi\u00f3n de instancia solamente se enfoc\u00f3 en los indicios a favor de las pretensiones y pretiri\u00f3 los \u00abcontraindicios\u00bb cuya \u00abconvergencia, concordancia y gravedad\u00bb descartaba fingimiento negocial, incurriendo \u00aben sendas falacias inferenciales\u00bb: <\/p>\n
(i) Criticaron que el colegiado hubiera considerado sospechosa la transferencia de acciones de Juan Carlos Quintero Castro en Inversiones Agromin S.A.S. a Quinver S.A.S. dirigida a disimular el control societario, pues para la fecha de la compraventa no se hab\u00eda proferido sentencia en el proceso de restituci\u00f3n de las bodegas arrendadas, la demanda que lo inici\u00f3 carec\u00eda de pretensiones condenatorias y dicha sentencia se expidi\u00f3 luego de la \u00abtransferencia de las acciones y el inmueble, concretamente el 27 de febrero de 2017\u00bb. Adem\u00e1s, el 8 de mayo de 2017 se pidi\u00f3 ejecutar la providencia de restituci\u00f3n y tan solo el 15 de febrero de 2018 se libr\u00f3 mandamiento ejecutivo. <\/p>\n
Tildaron de \u00abdescabellada\u00bb la aserci\u00f3n del Tribunal en punto a que la transferencia accionaria se perpetr\u00f3 para disimular el control societario de Quintero Castro y no por decisiones estrat\u00e9gicas, pues ese prop\u00f3sito se lograba modificando la condici\u00f3n de gerente general de Quintero Castro en Inversiones Agromin S.A.S. y de Quinver S.A. (no la de accionista). <\/p>\n
(ii) Reprocharon el olvido de las razones que motivaron la compraventa, pues el perito KPMG S.A.S. incurri\u00f3 en contradicciones al negar que la enajenaci\u00f3n del inmueble pod\u00eda causar beneficios tributarios y aceptar que, al reducir el patrimonio de Juan Carlos Quintero Castro, s\u00ed disminu\u00eda alg\u00fan impuesto. Adem\u00e1s, no se repar\u00f3 en que el adquirente esperaba realizar \u00aboperaciones de engorde o el ofrecer el bien como garant\u00eda de cr\u00e9ditos\u00bb. <\/p>\n
(iii) Combatieron la bajeza del precio con fundamento en que el predio estaba sometido a una hipoteca \u00absobre un capital de COP$700.000.000, es decir, m\u00e1s de la mitad del valor del\u2026 bien\u00bb, lo cual justificaba que se hubiera enajenado por menos de su valor comercial. <\/p>\n
(iv) Fustigaron que no se hubiera advertido que los comprobantes de egreso realizados y modificados por Inversiones Agromin S.A.S. antes de la compraventa del inmueble se encuentran justificados por las mismas conclusiones del perito contable, en virtud de que esa entidad \u00abmanejaba con regularidad anticipos o pr\u00e9stamos al Sr. Quintero\u00bb, adem\u00e1s de ser comunes en sociedades de car\u00e1cter privado, aunado a que de la certificaci\u00f3n de la revisor\u00eda fiscal tambi\u00e9n se deriva el cruce de estos anticipos. <\/p>\n
El mismo perito declar\u00f3 que \u00abser\u00eda razonable\u2026 pensar que la\u2026 transferencia sobre el inmueble y las modificaciones a los comprobantes de egreso\u2026 se debieran a una forma de cruzar cuentas\u00bb y que \u00abpodr\u00eda llegar a pensarse que la entrega del inmueble correspond\u00eda a una forma en la que\u2026 Quintero Castro pag\u00f3 las deudas que contrajo con Agromin durante el 2016\u00bb, sin pasar por alto que los comprobantes de egreso comenzaron en mayo de 2016, esto es, antes de la demanda de restituci\u00f3n de los inmuebles arrendados, lo que descarta que sus modificaciones se hubieran llevado a cabo para defraudar acreedores y llev\u00f3 al Tribunal a omitir en sus consideraciones las verdaderas razones por las que fueron reclasificados los comprobantes, pues \u00abel inmueble fue utilizado como medio para solventar\u2026 obligaciones\u00bb anteriores a la demanda de restituci\u00f3n de tenencia, pues, a pesar de que \u00ablas modificaciones\u2026 comportan una irregularidad o una mala praxis contable por parte de Agromin, ello\u2026 no logra desvirtuar que hubiesen existido causas y m\u00f3viles determinantes que llevaran a efectivamente querer transferir el inmueble\u00bb. <\/p>\n
(v) Se opusieron a que el colegiado haya concluido que la simulaci\u00f3n fue motivada por defraudar acreedores, pese a que la compraventa se realiz\u00f3 por razones tanto tributarias como estrat\u00e9gicas con miras a una pr\u00f3xima reforma fiscal que se rumoraba afectar\u00eda m\u00e1s a las personas naturales que a las jur\u00eddicas. Tal forma de decidir, adem\u00e1s de lesionar el principio de buena fe y ser contrario a la experiencia, muestra que el Tribunal \u00aberr\u00f3 en el proceso de sind\u00e9resis\u00bb, al pasar por alto que las partes s\u00ed quisieron comprar y vender. <\/p>\n
(vi) Resaltaron que se obvi\u00f3 el contraindicio de que, desde su enajenaci\u00f3n, el comprador ostenta la tenencia y posesi\u00f3n del inmueble, se ha alquilado a \u00abla alcald\u00eda\u00bb del municipio en que se encuentra y se destina a la \u00abvivienda de uno de los empleados de Agromin\u00bb, empresa que ha pagado sus impuestos y servicios p\u00fablicos. <\/p>\n
(vii) Criticaron que el Tribunal no hubiera tenido en cuenta que, mediante dineros que ya hab\u00edan sido entregados a Juan Carlos Quintero Castro, por el cruce de deudas que ten\u00eda con Inversiones Agromin S.A.S., el precio de venta s\u00ed se pag\u00f3, tal y como se afirm\u00f3 en la contestaci\u00f3n de la demanda y se estipul\u00f3 en la cl\u00e1usula cuarta de la escritura que contiene del acuerdo de compra, la cual debe tenerse como cierta seg\u00fan el art\u00edculo 1934 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Refirieron que la transgresi\u00f3n de los c\u00e1nones 1602 y 1766 ejusdem consisti\u00f3, respectivamente, en haberle restado eficacia a un negocio real, sin que hubiera motivos para declararlo simulado, y se declar\u00f3 el fingimiento cuando hab\u00eda suficientes elementos suasorios para negar las pretensiones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La condici\u00f3n extraordinaria y principalmente dispositiva del recurso de casaci\u00f3n justifica que no todo desacuerdo con el fallo permita adentrarse en su examen de fondo, sino que es necesario que se cumplan los requisitos legalmente exigidos que buscan, entre otras cosas, precisar, delimitar y facilitar el estudio y entendimiento de los embates con los cuales se pretende derruir los fundamentos de la sentencia, sin que la Corporaci\u00f3n pueda subsanar las deficiencias trascendentes del libelo casacional que lo hagan incomprensible al restarle claridad y precisi\u00f3n (CSJ AC, 16 ago.2012, rad. 2009-00466, reiterado CSJ AC, 12 jul. 2013, rad. 2006-00622-01). <\/p>\n
Sobre el particular, en palabras que conservan vigor, tiene dicho este \u00f3rgano de cierre: <\/p>\n
[P]ara que la casaci\u00f3n pueda alcanzar sus fines propios, para que le sea dado a la Corte entrar a estudiar el recurso en el fondo, no basta con que se haya interpuesto, concedido y admitido, ni tampoco que se presente una demanda a manera de alegato de conclusi\u00f3n, ya que se trata de un recurso eminentemente extraordinario y no de una tercera del proceso, sino que es menester que esa demanda llene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisi\u00f3n total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisi\u00f3n de la que ha sido defectuosamente aducida (Art. 373-4 C. de P. C.) (AC, 28 nov. 2012, rad. n.\u00b0 2010-00089-01, reiterada en providencia 11 mayo. 2010, rad. n.\u00b0 2004-00623-01). <\/p>\n
Cada cargo debe presentarse de manera separada, clara, precisa, completa, enfocada y demostrando su trascendencia, pues, de no ocurrir esto ser\u00e1 procedente inadmitir, total o parcialmente, la demanda con que pretenda sustentarse el recurso de casaci\u00f3n. Esto implica que no se incurra en mixtura (defecto donde se mezclan indebidamente embistes que no ameritan estar juntos), obscuridad (argumentaci\u00f3n ininteligible, deshilvanada o sin sentido), incompletitud (forma de combatir la sentencia sin atacar todos sus pilares), desenfoque (planteamiento de temas que no fueron ni debieron ser materia de la decisi\u00f3n), intrascendencia (traer a colaci\u00f3n defectos que no conducen al quiebre del fallo). Exigencias que se explican fundamentalmente en que, gracias a la presunci\u00f3n de acierto que resguarda la sentencia de \u00faltima instancia, la argumentaci\u00f3n del recurso debe tener un temple superior a las alegaciones de las partes durante el proceso. <\/p>\n
Como todos los cargos del caso concreto plantean la vulneraci\u00f3n indirecta de la normativa sustancial, es pertinente recordar que en esos eventos (e igualmente cuando se invoque la transgresi\u00f3n directa), resulta indispensable que el casacionista cite como transgredida al menos una disposici\u00f3n de esa naturaleza, entendiendo por tales las que \u00aben raz\u00f3n de una situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas entre las personas implicadas en tal situaci\u00f3n\u00bb (CSJ AC 943-2020, rad. 2016-00299, 19 mar. 2020). <\/p>\n
Por supuesto, la Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n ha ense\u00f1ado que las disposiciones invocadas como transgredidas, adem\u00e1s de ser sustanciales, constituyeron (o debieron constituir) base esencial del fallo recurrido, sin pasar por alto que el cargo ser\u00e1 inadmisible si se citan textos legales que no sean sustanciales o que, a pesar de serlo, carezcan de relaci\u00f3n con la controversia (CSJ AC 943-2020, rad. 2016-00299, 19 mar. 2020). <\/p>\n
A diferencia de la transgresi\u00f3n recta, la vulneraci\u00f3n mediata de disposiciones sustanciales versa sobre la plataforma f\u00e1ctica, siempre que los argumentos no sean nuevos, esto es, que hayan sido materia de discusi\u00f3n a lo largo de las instancias del proceso. Como se sabe, se incurre en esta clase de vicio jur\u00eddico cuando se comete un error de derecho o uno de hecho, formas de transgresi\u00f3n referidas en el libelo casacional de la radicaci\u00f3n. <\/p>\n
Existe error de derecho cuando se acredite que el Tribunal resolvi\u00f3 inadecuadamente por haber transgredido una norma probatoria que, a su vez, signific\u00f3 el desconocimiento de c\u00e1nones sustanciales, para lo cual es necesario indicar las disposiciones de la primera clase y motivar brevemente en qu\u00e9 consisti\u00f3 su vulneraci\u00f3n, para luego explicitar de qu\u00e9 manera result\u00f3 vulnerada indirectamente la ley sustancial. <\/p>\n
De manera similar, cuando el defecto se cometi\u00f3 como resultado de un yerro de hecho, es decir, por adici\u00f3n o supresi\u00f3n del contenido de medios de convicci\u00f3n que integran el plenario, sobre el recurrente reposa la carga argumentativa de ilustrar de forma suficiente en d\u00f3nde radica, sobre qu\u00e9 pruebas espec\u00edficas ocurri\u00f3, adem\u00e1s de contrastar el contenido de ellas con la motivaci\u00f3n que sirvi\u00f3 para decidir la instancia, con el fin de demostrar c\u00f3mo esa equivocada manera de resolver el litigio incidi\u00f3 en el desconocimiento de las normas sustantivas. <\/p>\n
La jurisprudencia de la Sala tiene establecido que el error de hecho se configura: \u00aba) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en \u00e9l no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad si existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que si existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuy\u00e9ndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adici\u00f3n o por cercenamiento\u2026\u00bb (CSJ SC, 10 Ago. 1999, Rad. 4979; CSJ SC, 15 Sep. 1998, Rad. 4886; CSJ SC, 21 Oct 2003, Rad. 7486; CSJ SC, 18 Sep. 2009, Rad. 00406, citados en CSJ AC817-2020, rad. n.\u00ba 2017-00535, 10 mar. 2020). <\/p>\n
La labor argumentativa que se espera del recurrente debe estar dirigida a demostrar que el vicio f\u00e1ctico es evidente, manifiesto, f\u00e1cil de verificar \u00abporque si se edifica a partir de un complicado proceso dial\u00e9ctico, as\u00ed sea acertado, frente a unas conclusiones tambi\u00e9n razonables del sentenciador, dejar\u00eda de ser evidente, pues simplemente se tratar\u00eda de una disputa de criterios, en cuyo caso prevalecer\u00eda la [conclusi\u00f3n] del juzgador, puesto que la decisi\u00f3n ingresa al recurso extraordinario escoltada de la presunci\u00f3n de acierto\u00bb (CSJ SC 9 ago. de 2010, Rad. 2004-00524-01, citado en CSJ AC822-2020, rad. n.\u00ba 2007-00335-01, 10 mar. 2020). <\/p>\n
La metodolog\u00eda para acreditar la comisi\u00f3n de un error de hecho exige contrastar \u00ablo que extrajo el sentenciador de las pruebas que se tildan de err\u00f3neamente apreciadas y lo que\u2026 dicen o dejan de decir, para establecer el real efecto que dimana de la preterici\u00f3n o desfiguraci\u00f3n de la prueba, siempre en el bien entendido que no basta relacionarla ni con ofrecer la visi\u00f3n del recurrente, a la manera de un alegato de instancia, sino se confronta en sus t\u00e9rminos con la sentencia acusada\u00bb. (CSJ SC de 14 de mayo de 2001, reiterada en CSJ SC de 19 de diciembre de 2012, Rad. 2006-00164-01, citado en CSJ AC901-2020, rad. n.\u00ba 2016-00446, 12, mar. 2020). <\/p>\n
El defecto f\u00e1ctico debe estar orientado a exponer con facilidad que el \u00f3rgano decisor \u00absobrepas\u00f3 los l\u00edmites de lo razonable en la valoraci\u00f3n probatoria, de manera que sus conclusiones no est\u00e1n sustentadas en ninguna l\u00f3gica racional\u00bb, es decir, \u00abque no exist\u00eda manera humana de concluir lo que el juez\u2026 ha concluido, bas\u00e1ndose en el material obrante en autos, o bien que se ha apoyado, no en m\u00e1ximas de experiencia\u2026 , sino en simples juicios intuitivos y de subjetividad que no son objetivables\u2026\u00bb1. <\/p>\n
Sobre \u00e9l la jurisprudencia de la Corte ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
no puede confundirse el error de hecho con la mera inconformidad del recurrente respecto de la libre apreciaci\u00f3n que se efect\u00faa de los elementos de persuasi\u00f3n que obran en el proceso (CSJ AC1427-2020, rad. 2015-00461, 13 jul. 2020). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la Sala ha reiterado: <\/p>\n
la opini\u00f3n divergente del litigante en relaci\u00f3n con la valoraci\u00f3n que hace el ad quem no basta para fundamentar el ataque. Debe identificar, con concisi\u00f3n, qu\u00e9 apartes concretos de las pruebas fue el apreciado incorrectamente, o cu\u00e1l consideraci\u00f3n fue fruto de tal equivocaci\u00f3n (CSJ AC1434-2020, rad. 2016-0093, 13 jul. 2020). <\/p>\n
Finalmente, tanto el error de hecho manifiesto como el de derecho deben demostrarse en la demanda de casaci\u00f3n so pena de que resulte inadmitida. <\/p>\n
2. Antes de exponer los razonamientos que justifican la inadmisi\u00f3n de los embates, es oportuno precisar que resulta innecesario integrarlos con fundamento en el par\u00e1grafo 2\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, porque a pesar de que el \u00faltimo cuestionamiento no fustig\u00f3 los razonamientos del Tribunal sobre la legitimaci\u00f3n en la causa por activa y los dos primeros nada se\u00f1alaron sobre la simulaci\u00f3n negocial, cada cargo se sostiene por s\u00ed solo pues la ausencia de legitimaci\u00f3n en la causa conducir\u00eda a negar las pretensiones, resultado que tambi\u00e9n se obtendr\u00eda al demostrar que la compraventa enjuiciada fue real. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, si los cargos se hubieran planteado de acuerdo con las exigencias legales (cosa que no sucedi\u00f3, como se explica en lo sucesivo) y cualquiera de ellos hubiera resultado exitoso, resultar\u00eda derruida la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que cobija el fallo, siendo procedente quebrarlo y reemplazarlo, raz\u00f3n que justifica mirar la admisibilidad de los embistes de forma separada, es decir, tal y como fueron planteados. <\/p>\n
2.1. Sobre el primer cargo -construido sobre la transgresi\u00f3n mediata de disposiciones sustanciales, con ocasi\u00f3n de errores de hecho sobre algunos medios de convicci\u00f3n- se echa de menos la exigencia prevista en la parte final del literal b del numeral 2 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, atinente a demostrar el yerro f\u00e1ctico manifiesto. Por el contrario, se aprecia que los recurrentes se limitaron a discrepar de las averiguaciones probatorias del Tribunal como si se tratara de una alegaci\u00f3n conclusiva de instancia, y no del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
El epicentro f\u00e1ctico de la sentencia radic\u00f3 en que la promotora estaba legitimada para pretender la prevalencia de la realidad negocial porque: (i) la legitimaci\u00f3n no solo se cumple cuando el demandado se queda sin otros bienes para sufragar la acreencia; (ii) el enajenado era \u00abel mejor bien\u00bb del patrimonio de Juan Carlos Quintero Castro para satisfacer el cr\u00e9dito del demandante; (iii) la venta fingida \u00abdisminuy\u00f3 y desmejor\u00f3 sus activos patrimoniales\u00bb y \u00abcomprometi\u00f3 la realizaci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb; (iv) el convocado no acredit\u00f3 su \u00absolvencia\u00bb pues se limit\u00f3 a afirmar de manera definida pero sin detalle que su patrimonio estaba cerca de $5.000.000.000; (v) las acciones, dividendos o cr\u00e9ditos de Juan Carlos Quintero Castro son insuficientes para establecer su capacidad de pago y no \u00abconstituyen una garant\u00eda s\u00f3lida\u00bb; y (vi) el abono a la deuda no aument\u00f3 la solvencia del accionado, el resto de lo debido es \u00abun monto importante\u00bb, am\u00e9n de que el acuerdo de pago fue incumplido reiteradamente por el deudor. <\/p>\n
Como se ha visto y merece reiterarse, un cargo fincado en errores de hecho debe demostrar con facilidad y sin espacio de duda que el Tribunal se equivoc\u00f3 en todas y cada una de las anteriores constataciones f\u00e1cticas, porque su lectura de los medios de prueba fue absurda, il\u00f3gica e irrazonable, por haberlos preterido o adicionado objetivamente. Sin embargo, nada de eso aflora del primer embate, donde se ofrece una forma distinta de sopesar las probanzas. <\/p>\n
Esto es as\u00ed, en primer lugar, porque la jurisprudencia de la Sala es pac\u00edfica en punto a que la legitimaci\u00f3n de los terceros que no participaron en el negocio cuya declaratoria de simulaci\u00f3n pretenden, se establece caso a caso determinando la certeza y actualidad del perjuicio, as\u00ed como la afectaci\u00f3n del cr\u00e9dito o el beneficio que el reconocimiento de la realidad producir\u00eda (CSJ SC16669-2016, rad. 2005-00668, 18 nov. 2016 y SC2582-2020, rad. 2008-00133, 27 jul. 2020, entre otras); sin embargo, los fundamentos del recurso est\u00e1n dirigidos a mostrar que el Tribunal deb\u00eda establecer (pr\u00e1cticamente con precisi\u00f3n matem\u00e1tica) la correspondencia entre el valor de la deuda y el patrimonio del deudor, sin que esa sea la averiguaci\u00f3n que deba hacerse en este tipo de casos. <\/p>\n
En segundo lugar, los argumentos del recurso no muestran que el Tribunal hubiera procedido de manera arbitraria o irrazonable en el ejercicio de su \u00abdiscreta autonom\u00eda\u00bb para establecer los hechos probados, pues lo cierto es que, con independencia del valor preciso de la deuda a favor de la accionante, su pago se ha visto embarazado con el fingimiento de la venta, pues esa constataci\u00f3n no requiere precisi\u00f3n aritm\u00e9tica, raz\u00f3n por la que no se avizora preterici\u00f3n del respectivo mandamiento ejecutivo. <\/p>\n
En tercer t\u00e9rmino, tampoco se ven rebatidas completamente las consideraciones del Tribunal porque el predio se encuentre cobijado por una hipoteca, pues el pago preferente al acreedor hipotecario sobre la demandante depende de vicisitudes que pueden acaecer o no. P\u00f3ngase de presente que los recurrentes no demostraron que el Tribunal pas\u00f3 por alto el certificado de libertad y tradici\u00f3n o la certificaci\u00f3n de Intercr\u00e9dito de Colombia S.A. para concluir que s\u00ed hubo legitimaci\u00f3n en la causa por activa, pues se ve que, a pesar de la existencia de esa garant\u00eda inmobiliaria, el ad quem concluy\u00f3 que la compraventa fingida s\u00ed disminuy\u00f3 el patrimonio de Juan Carlos Quintero Castro al punto de dificultar la satisfacci\u00f3n de la acreencia de la demandante, lo que evidencia que no es cierto que el Tribunal concluy\u00f3 que \u00abel inmueble hubiese bastado para satisfacer la totalidad de la acreencia\u00bb, pues saca de contexto un razonamiento m\u00e1s complejo, como se ha visto. <\/p>\n
En cuarto lugar, el fallador de \u00faltimo grado tampoco suprimi\u00f3 del caudal probatorio los medios de convicci\u00f3n atinentes a los dem\u00e1s bienes de Juan Carlos Quintero Castro. Por el contrario, su decisi\u00f3n denota que s\u00ed los apreci\u00f3 y tuvo en cuenta (descartando errores de hecho) para decidir que sus dem\u00e1s recursos econ\u00f3micos eran insuficientes por s\u00ed solos para que el acreedor ejerciera su derecho de persecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. En el segundo embiste se plante\u00f3 la transgresi\u00f3n del art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso que, a su vez, ocasion\u00f3 la inaplicaci\u00f3n de normas sustanciales. Sobre \u00e9l se configura la causal de inadmisi\u00f3n de no haberse demostrado que el fallador dej\u00f3 de ver las pruebas en conjunto y de espaldas a las reglas de la sana cr\u00edtica, prevista en la parte final del literal a, numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 ejusdem. <\/p>\n
De entrada se aprecia que el cargo no sustenta de qu\u00e9 manera la valoraci\u00f3n conjunta de los medios de convicci\u00f3n (que supuestamente no llev\u00f3 a cabo el Tribunal) hubiera servido de base para una decisi\u00f3n distinta, pues lo que se propone en el recurso es la apreciaci\u00f3n individual de varias probanzas y muestra que no se demostr\u00f3 el defecto atribuido a la sentencia. <\/p>\n
Rep\u00e1rese que los recurrentes argumentaron lo que desde su perspectiva se deriva de las declaraciones de renta de Juan Carlos Quintero Castro, las certificaciones de Teralda S.A.S. o Quinver S.A.S., de manera individual (no aunada), a pesar de que afirmaron que se hab\u00eda presentado el error probatorio de haber dejado de examinar el conjunto de los medios suasorios. Sobre este punto debe insistirse en que, si la legitimaci\u00f3n en la causa no requiere un estudio matem\u00e1tico entre el patrimonio del deudor y el valor de la deuda (como sugieren los recurrentes), sino una determinaci\u00f3n caso a caso para establecer si las maniobras simulatorias dificultaron el cobro de la acreencia, es evidente que dej\u00f3 de demostrarse el yerro jur\u00eddico atribuido al fallador colegiado y, por tanto, resulte procedente inadmitir el cargo. <\/p>\n
2.3. El embiste final, erigido sobre errores de hecho por haberse omitido examinar los contraindicios de simulaci\u00f3n, tambi\u00e9n presenta la misma falencia que condujo a inadmitir los anteriores cargos por limitarse a proponer una mirada distinta de las pruebas, en vez de demostrar preterici\u00f3n o adici\u00f3n objetiva del contenido de los medios de convicci\u00f3n. <\/p>\n
Es cierto que la jurisprudencia de la Sala ha establecido que en los procesos de simulaci\u00f3n es imperativo valorar ambos grupos de indicios, es decir, de una parte los que muestran el fingimiento negocial y, de otra, los que lo descartan, al punto que si se aprecia solamente una fracci\u00f3n de ellos se configura un defecto f\u00e1ctico que puede transgredir normas sustanciales y quebrar el fallo (CSJ SC2582-2020, rad. 2008-00103, 27 jul. 2020). <\/p>\n
Por supuesto, ese defecto f\u00e1ctico, por su propia naturaleza, debe ser evidente y manifiesto pues, de lo contrario, socavar\u00eda la discreta autonom\u00eda del ad quem. <\/p>\n
Contrastados los yerros invocados en el escrito de sustentaci\u00f3n con los indicios de simulaci\u00f3n apreciados por el Tribunal, se observa que el fallo no fue sentado sobre bases irracionales, descabelladas o absolutamente injustificadas, mucho menos en el desconocimiento de contraindicios que probaran la realidad del negocio de compraventa inmobiliaria. Por el contrario, todo el esfuerzo de los casacionistas se dirigi\u00f3 a mostrar otra visi\u00f3n de las pruebas y a lanzar dudas sobre la decisi\u00f3n, sin demostrar errores de hecho, como era menester. <\/p>\n
El hecho de que para la fecha de la compraventa no se hubiera producido sentencia en el proceso de restituci\u00f3n de los inmuebles arrendados, pero s\u00ed se hubiera instaurado la demanda y que esta careciera de pedimentos condenatorios; o que con posterioridad se haya librado mandamiento ejecutivo no muestra que el Tribunal haya preterido o adicionado el contenido objetivo de las pruebas para se\u00f1alar que la enajenaci\u00f3n se hizo en un \u00abtiempo sospechoso\u00bb, pues lo cierto es que ese tr\u00e1mite judicial se suscit\u00f3 por los c\u00e1nones de arrendamiento adeudados, es decir, el concepto de la acreencia que legitim\u00f3 a la demandante para deprecar la simulaci\u00f3n. Cosa distinta, y que no demuestra equivocaci\u00f3n f\u00e1ctica de la decisi\u00f3n, es que con posterioridad se hubiera cuantificado la acreencia. <\/p>\n
Por su parte, la alusi\u00f3n a que si se buscara disimular el control de Juan Carlos Quintero Castro en Inversiones Agromin S.A.S. se hubiera modificado su condici\u00f3n de gerente (en vez de la de accionista), no muestra un contraindicio que descarte la simulaci\u00f3n desconocido por el colegiado; por el contrario, se queda en un mero planteamiento que busca sembrar dudas leves sobre el raciocinio del Tribunal y no demuestra dislate f\u00e1ctico. <\/p>\n
Lo mismo se predica sobre las causas de la enajenaci\u00f3n que, al reducir el patrimonio del vendedor, podr\u00eda ocasionarle beneficios tributarios, as\u00ed como su posible explotaci\u00f3n por el comprador, que por su car\u00e1cter hipot\u00e9tico no sepultan los indicios expuestos por el Tribunal. <\/p>\n
Algo similar acontece con la bajeza del precio, pues no se acredit\u00f3 en el escrito casacional que, a\u00fan considerando la hipoteca que pesa sobre el bien, el valor pactado sea el justo. <\/p>\n
Esto tambi\u00e9n aplica para las disquisiciones sobre la modificaci\u00f3n de los soportes contables, sobre las que los recurrentes aceptaron su car\u00e1cter de \u00abirregularidad o una mala praxis contable\u00bb, pues las explicaciones respecto de este punto no muestran adici\u00f3n o supresi\u00f3n al contenido objetivo de las probanzas. <\/p>\n
En el mismo sentido, tampoco se logr\u00f3 demostrar el error de hecho al aludir que la adquirente esperaba obtener un beneficio econ\u00f3mico del inmueble, dado el car\u00e1cter hipot\u00e9tico de tal afirmaci\u00f3n, as\u00ed como que la venta se hizo, seg\u00fan la discreta autonom\u00eda del Tribunal, para dificultar el derecho de cr\u00e9dito de los acreedores de Juan Carlos Quintero Castro. <\/p>\n
En suma, como la argumentaci\u00f3n no demuestra de manera evidente que el Tribunal err\u00f3 al sopesar los indicios que lo llevaron a declarar la simulaci\u00f3n, pues no se prob\u00f3 que se hayan ignorado los contraindicios que supuestamente descartaban el fingimiento negocial, no se acredit\u00f3 la equivocaci\u00f3n endilgada al fallo y, por tanto, es oportuno inadmitir el embate. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, por las razones esgrimidas, se inadmitir\u00e1n todos los cargos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo discurrido, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve declarar inadmisible la demanda de casaci\u00f3n formulada por Juan Carlos Quintero Castro e Inversiones Agromin S.A.S. en el proceso de la radicaci\u00f3n. <\/p>\n
Se ordena la devoluci\u00f3n del expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 NIEVA FENOLL, Jordi. La valoraci\u00f3n de la prueba. Edit. Marcial Pons. Madrid. 2010. P. 355. <\/p>\n
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AC1176-2021 (2018-00438-01) AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente AC1176-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-019-2018-00438-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiocho de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de abril de dos mil veintiuno (2021). _____ (___) de ______ dos mil veinte (2020). Dec\u00eddese […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[35],"tags":[],"class_list":["post-53936","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53936","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53936"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53936\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53936"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53936"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53936"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}