AC1257-2021 (2014-00494-01)<\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
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AC1257-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-020-2014-00494-01 <\/p>\n
Aprobado en sala virtual del jueves once de febrero de dos mil veintiuno. <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecinueve (19) de abril de dos mi veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide a continuaci\u00f3n sobre la admisibilidad del recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la Organizaci\u00f3n Campestre S en C frente a la sentencia de 7 de febrero de 2019, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso de responsabilidad civil contractual promovido por la opugnadora contra Seguros del Estado S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La promotora pidi\u00f3 que la convocada pagara la indemnizaci\u00f3n del siniestro que cubri\u00f3 con la p\u00f3liza de seguro No. 101000765, respecto del predio denominado \u00abLa Palma\u00bb, ubicado en la vereda La Trinidad del municipio de Fusagasug\u00e1. Solicit\u00f3, adem\u00e1s, el reconocimiento de los da\u00f1os y perjuicio ocasionados en virtud de la mora en el pago de la indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
En sustento de sus pretensiones inform\u00f3 que el 25 de mayo de 2011 tom\u00f3 una p\u00f3liza de seguro para amparar el bien atr\u00e1s aludido, entre otros siniestros, por \u00abanegaci\u00f3n, avalancha y deslizamiento\u00bb. Ocurrido el evento funesto, el 15 de diciembre del mismo a\u00f1o solicit\u00f3 visita al predio por parte del personal de la aseguradora a efectos de clasificar, determinar, avalar \u00aby tomar decisiones respecto de la p\u00f3liza adquirida\u00bb, as\u00ed como formul\u00f3 \u00abla reclamaci\u00f3n correspondiente en procura del pago de la indemnizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
El 2 de agosto de 2012, la aseguradora objet\u00f3 el reclamo fundada en que la tomadora y asegurada, Organizaci\u00f3n Campestre S. en C., no era la propietaria del inmueble, en tanto lo \u00abes la firma Ortiz Delgado S. en C.\u00bb. Y, aunque solicit\u00f3 reconsiderar dicha determinaci\u00f3n, aquella mantuvo su criterio, \u00abolvidando y dejando de lado que el seguro adquirido mediante la p\u00f3liza en discusi\u00f3n, no es para amparar a uno u otro propietario inscrito, m\u00e1xime cuando una y otra sociedad -la que adquiere la p\u00f3liza y la que figura como propietaria del inmueble asegurado- est\u00e1n conformadas por las mismas personas\u00bb. <\/p>\n
Previo a iniciar este tr\u00e1mite, quiso conciliar el litigio, pero en audiencia de 7 de marzo de 2014 fue declarado fallido el intento (fls. 328 a 336, cno. 1). <\/p>\n
2. La demandada se resisti\u00f3 y propuso las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u00abineficacia de pleno derecho del contrato de seguro, por ausencia de dos de sus elementos esenciales, inter\u00e9s asegurable y riesgo asegurable\u00bb, \u00abinexistencia de la obligaci\u00f3n por reticencia e inexactitud\u00bb, \u00abausencia de cobertura por iniciarse el riesgo por fuera de la vigencia de la p\u00f3liza\u00bb, \u00abprescripci\u00f3n extintiva de las acciones derivadas del contrato de seguro\u00bb, \u00abcobro de lo no debido\u00bb, \u00abl\u00edmite de responsabilidad\u00bb, \u00abdeducible de la p\u00f3liza\u00bb y \u00abla gen\u00e9rica\u00bb (fls. 500 a 512, cno 1). <\/p>\n
3. El Juzgado Cuarenta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 declar\u00f3 probada la \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n derivada del contrato de seguro\u00bb. Dicho pronunciamiento fue recurrido por la demandante (fls. 129 a 132, cno. 2). <\/p>\n
4.- El Tribunal confirm\u00f3 el veredicto de su antecesor, basado en los siguientes razonamientos: <\/p>\n
La norma aplicable al caso es el art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio, en concreto, el inciso segundo que prev\u00e9 la modalidad ordinaria de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n derivada del contrato de seguro, as\u00ed como el cuarto que se\u00f1ala c\u00f3mo dicho t\u00e9rmino, esto es, 2 a\u00f1os, no puede ser modificado por las partes. <\/p>\n
De la lectura del inciso tercero del canon mencionado se extrae que el bienio comenzar\u00e1 a contabilizarse desde cuanto el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acci\u00f3n. Lapso que, como ya se dijo, no puede ser modificado por los intervinientes. As\u00ed lo sostuvo la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia en CSJ SC130-2017. Adem\u00e1s, en el mismo fallo, se dijo que \u00abla reclamaci\u00f3n del beneficiario y el silencio del asegurador frente a \u00e9sta, en condiciones normales no pueden tener el efecto de interrumpir la prescripci\u00f3n, ni en forma civil ni natural\u00bb. <\/p>\n
El mentado art\u00edculo 1081 del estatuto comercial nada estipula sobre la ocurrencia de los llamados \u00abda\u00f1os continuados\u00bb. Por ello surge la necesidad de traer a colaci\u00f3n el art\u00edculo 1075 del mismo compendio a fin de recordar el procedimiento por seguir cuando el asegurado o beneficiario conoce de la ocurrencia del siniestro, de donde se colige \u00abque por ninguna parte limita el n\u00famero de amparos acaecidos (\u2026) quedando s\u00f3lo como restricci\u00f3n para el pago hasta la concurrencia de la suma asegurada\u00bb. <\/p>\n
De conformidad con el canon 94 del C\u00f3digo General del Proceso, la presentaci\u00f3n de la demanda interrumpe el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n siempre y cuando dicho actuar ocurra durante los dos a\u00f1os que prev\u00e9 la ley mercantil para la prescripci\u00f3n ordinaria, aunado a que debe notificarse al demandado del auto admisorio dentro del a\u00f1o siguiente al enteramiento de este prove\u00eddo a su contraparte. <\/p>\n
Precisado lo anterior, no le asiste raz\u00f3n a la alzada, por cuanto en el proceso se prob\u00f3 que: <\/p>\n
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1. La Organizaci\u00f3n Campestre S. en C. adquiri\u00f3 la p\u00f3liza con la compa\u00f1\u00eda Seguros del Estado S.A., con una vigencia entre el 24 de mayo de 2011 y el 24 de mayo de 2012. Y en dicho pacto no se estipul\u00f3 que en el evento de que la \u00faltima sociedad no resolviese la reclamaci\u00f3n en el t\u00e9rmino establecido en la ley, tal incumplimiento \u00abse tuviera como asentimiento de lo pedido de manera extrajudicial, ni tampoco obra que se hubiera acordado tiempo diferente para ello o que esto constituya causal de interrupci\u00f3n, igualmente, tampoco se dijo expresamente que la contabilizaci\u00f3n del t\u00e9rmino prescriptivo tuviera iniciaci\u00f3n diferente a la fecha que se hubiere tenido conocimiento del siniestro, ni media salvedad acerca de que su consumaci\u00f3n se hubiere extendido en el tiempo y que ello, pudiera afectar la contabilizaci\u00f3n del mismo\u00bb. <\/p>\n
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2. Con anterioridad a la entrada en vigor del contrato de seguro, es decir, el 19 de mayo de 2011, la sociedad demandante solicit\u00f3 al Comit\u00e9 Local de Prevenci\u00f3n y Atenci\u00f3n de Desastres (Clopad) realizar una visita t\u00e9cnica al predio, \u00abcon \u00e1nimo simplemente preventivo dada la ola invernal iniciada en la regi\u00f3n donde se encontraba ubicado el inmueble asegurado hasta el 24 siguiente\u00bb. <\/p>\n
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3. La \u201cUmata\u201d de Fusagasug\u00e1, el 18 de agosto de 2011, certific\u00f3 \u00abque como consecuencia de la ola invernal se activ\u00f3 un movimiento de suelo que afect\u00f3 la estructura de la vivienda ocasionando fisuras en paredes y pisos rompiendo algunas tuber\u00edas de agua, alcantarillado y luz, con un da\u00f1o de la casa principal de un 50%. Igualmente, la casa auxiliar y el kiosco social se afectaron en un 70%, tambi\u00e9n se da\u00f1aron los corrales de las vacas y de los pollos con una p\u00e9rdida de un 70%. As\u00ed mismo, se rompieron 2 lagos y se corrieron las palmeras con fisuras y movimientos de suelo (\u2026), las v\u00edas de acceso se perdieron en un 100% y el \u00e1rea afectada de potreros fue de 3 hect\u00e1reas (…)\u00bb. <\/p>\n
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4. Mediante escrito adiado 15 de diciembre de 2011, la actora present\u00f3 reclamaci\u00f3n con cargo a la p\u00f3liza de seguro aludida. <\/p>\n
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6. El 21 de septiembre de 2012, Seguros del Estado S.A. al resolver la solicitud de reconsideraci\u00f3n, ratific\u00f3 los t\u00e9rminos y el contenido de la objeci\u00f3n atr\u00e1s citada. <\/p>\n
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7. El 11 de diciembre de 2013, la accionante formul\u00f3 solicitud de conciliaci\u00f3n extrajudicial, la que se celebr\u00f3 el 7 de marzo de 2014 sin que se llegara a alg\u00fan acuerdo. <\/p>\n
Significa lo anterior, que el primer reparo del recurrente no prospera en la medida en que no se prob\u00f3 que con posterioridad al 18 de agosto de 2011 se hubieran presentado otros siniestros. Adem\u00e1s, \u00abel art\u00edculo 1075, citado, no prev\u00e9 pago de varios siniestros durante la vigencia de la p\u00f3liza\u00bb, sumado a que \u00abel art\u00edculo 1079 siguiente, s\u00f3lo contempla la cancelaci\u00f3n de da\u00f1os amparados hasta la concurrencia del valor asegurado\u00bb. De all\u00ed que la iniciaci\u00f3n del t\u00e9rmino prescriptivo sea el d\u00eda ya indicado, puesto que \u00abla parte apelante (\u2026) no denunci\u00f3 nuevos hechos posteriores para su constataci\u00f3n para que incidiera en el reconocimiento y pago total de lo amparado en raz\u00f3n a que la certificaci\u00f3n de existencia de da\u00f1os no dio por perdido totalmente el inmueble asegurado, solo 3 de las 5 hect\u00e1reas se afectaron\u00bb. <\/p>\n
Con lo dicho, para la Sala la fecha en que comenz\u00f3 el conteo prescriptivo es el 18 de agosto de 2011, ya que fue el d\u00eda en que el representante legal del ente actor conoci\u00f3, por parte del Clopad, la afectaci\u00f3n del inmueble. En consecuencia, la fecha de finalizaci\u00f3n de aqu\u00e9l fue el 18 de agosto de 2013. <\/p>\n
La solicitud de conciliaci\u00f3n extrajudicial no suspendi\u00f3 el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n por cuanto no se llev\u00f3 a cabo en el interregno en que traseg\u00f3, esto es, \u00abentre el 18 de agosto de 2011 y el 18 de agosto de 2013, ya que solo ocurri\u00f3 tiempo despu\u00e9s, es decir, hasta el 11 de diciembre de 2013, cuando la acci\u00f3n ya estaba prescrita\u00bb. <\/p>\n
El hecho de que la aseguradora se haya tardado ocho meses en resolver sobre la reclamaci\u00f3n formulada no interrumpe el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n, porque no media norma que as\u00ed lo establezca. Adem\u00e1s, admitir dicha circunstancia como motivo de interrupci\u00f3n de la fatalidad estudiada ir\u00eda en contrav\u00eda de lo mandado por el art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio, as\u00ed como crear\u00eda una ventaja para el tomador del seguro, sobre todo cuando \u00abbrilla por su ausencia tal cl\u00e1usula en la p\u00f3liza aportada\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en lo que ata\u00f1e a la inconformidad que el apelante hizo consistir en no haberse tenido como causal de interrupci\u00f3n la fecha de la presentaci\u00f3n de la demanda, d\u00edgase que para el momento en que se present\u00f3, \u00ab\u20138 de mayo o 28 de julio de 2014-, ya la acci\u00f3n se encontraba prescrita\u00bb (fls. 11, 12, 13, 55 y 56, cno. 5). <\/p>\n
5.- La vencida interpuso casaci\u00f3n que concedi\u00f3 el Tribunal (fls. 16 y 17, ibidem). <\/p>\n
6.- La Corte admiti\u00f3 la impugnaci\u00f3n y la interesada la sustent\u00f3 en tiempo con la formulaci\u00f3n de seis cargos que desarroll\u00f3 en los siguientes t\u00e9rminos. <\/p>\n
a)- Primer cargo: Fundada en la causal primera de casaci\u00f3n, contemplada en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, acus\u00f3 el fallo por aplicar indebidamente el art\u00edculo 2544 del C\u00f3digo Civil, ya que \u00abdicha norma establece que las prescripciones a corto tiempo se interrumpen \u201c\u2026desde que interviene requerimiento\u2026\u201d\u00bb, fen\u00f3meno que se presenci\u00f3 en el caso, pues \u00abla demandada Seguros del Estado S.A. se tom\u00f3 en su sede ocho (8) meses para objetar la reclamaci\u00f3n presentada por la demandante\u00bb. <\/p>\n
El juzgador tampoco tuvo en cuenta el lapso durante el cual se tramit\u00f3 la conciliaci\u00f3n extrajudicial, \u00absino que, por el contrario, simple y llanamente se limit\u00f3 a despachar favorablemente a la demandada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n propuesta, en tanto que deneg\u00f3 las s\u00faplicas de la demanda, al contabilizar los dos (2) a\u00f1os de que trata el art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio a partir del 18 de agosto de 2011, sin consideraci\u00f3n a ning\u00fan tipo de interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
La demanda se present\u00f3 \u00abantes de que se configurara la prescripci\u00f3n\u00bb. Si partimos de la fecha que el Tribunal tuvo como hito inicial del c\u00e1lculo (18 de agosto de 2011) y le sumamos los ocho meses que tard\u00f3 la aseguradora en objetar la reclamaci\u00f3n realizada por la convocante, \u00abtenemos que la fecha para iniciar ese conteo se ubicar\u00eda en el 18 de abril de 2012\u00bb. Y si, adem\u00e1s, se adicionan los ochenta y seis d\u00edas que dur\u00f3 el tr\u00e1mite de la conciliaci\u00f3n extrajudicial, \u00abcontados desde el 11 de diciembre de 2013 hasta el 7 de marzo de 2014, (\u2026) el conteo de t\u00e9rminos prescriptivos nos llevar\u00eda al 14 de julio de 2012\u00bb. Luego, vencer\u00edan los dos a\u00f1os el 14 de julio de 2014. De all\u00ed la afirmaci\u00f3n inicial, ya que el libelo se radic\u00f3 el 5 de mayo de 2014. <\/p>\n
b)- Segundo cargo: El prove\u00eddo viol\u00f3 de forma directa la ley sustancial, en tanto aplic\u00f3 indebidamente el art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso. La disposici\u00f3n en comento se\u00f1ala que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n se interrumpe por el requerimiento escrito realizado al deudor directamente por el acreedor, \u00aby ello fue precisamente lo que hizo mi mandante desde el momento de verificar la ocurrencia del siniestro\u00bb. La impugnante acudi\u00f3 a la reclamaci\u00f3n directa ante la compa\u00f1\u00eda y no activ\u00f3 el aparato judicial \u00abpues para ese momento y durante los ocho (8) meses en que la compa\u00f1\u00eda aseguradora guarda silencio, (\u2026) conserv[\u00f3] la expectativa de que recibir\u00e1 noticia positiva\u00bb. Con la sentencia, la aseguradora se beneficia de su silencio, \u00abpues dado ese lapso de tiempo, m\u00e1s aqu\u00e9l en que se tramit\u00f3 la conciliaci\u00f3n, fue casi un a\u00f1o que en definitiva ha jugado a su favor, perjudicando a la sociedad\u00bb. <\/p>\n
La actitud de la demandada ri\u00f1e con el principio general del derecho, seg\u00fan el cual, \u00abnadie puede alegar a su favor su propia culpa\u00bb, pues, de un lado, \u00abla aseguradora guarda negligente silencio para posteriormente en sede judicial alegar la prescripci\u00f3n (\u2026) y de otro lado, el a-quem (sic), avala dicho comportamiento al decretar la prosperidad de la excepci\u00f3n propuesta, perjudicando a mi mandante al inaplicar las disposiciones procesales que, claramente, establecen la forma en que se interrumpe la prescripci\u00f3n, esto es, con la presentaci\u00f3n del requerimiento escrito ante la aseguradora\u00bb. <\/p>\n
c)- Tercer cargo: Sustentada en la misma causal atr\u00e1s invocada, acus\u00f3 la sentencia de aplicar indebidamente el art\u00edculo 822 del C\u00f3digo de Comercio. Para la colegiatura \u00abbast\u00f3 solamente con la lectura del precepto normativo contenido en el art\u00edculo 1081 de la misma obra para decretar la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n derivada del contrato de seguro, sin detenerse a analizar razones o fundamentos que permitieran determinar si operaba o no la interrupci\u00f3n de esa prescripci\u00f3n\u00bb. El C\u00f3digo de comercio presenta un vac\u00edo legal respecto de la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n que debe ser llenado con los preceptos 2544 del C\u00f3digo Civil y 94 del C\u00f3digo General del Proceso. Como el Tribunal no realiz\u00f3 ese tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n de la especialidad mercantil a la civil, con apoyo en el art\u00edculo 822 del C\u00f3digo de Comercio, incurri\u00f3 en el error indicado. <\/p>\n
d)- Cuarto cargo: El juez plural, v\u00eda recta, aplic\u00f3 de forma inadecuada el art\u00edculo 1080 del C\u00f3digo de Comercio. Dicho precepto impone al asegurador el t\u00e9rmino de un mes para proceder al pago del siniestro, luego de lo cual, de ser incumplido el mandato, deber\u00e1 reconocer y pagar intereses moratorios junto con la obligaci\u00f3n principal. Entonces, esa norma no faculta a la instituci\u00f3n financiera a guardar silencio por un prolongado espacio de tiempo, \u00abaprovechando tal circunstancia para que su silencio se traduzca en beneficio, en detrimento de los intereses del asegurado, como ha ocurrido en este caso\u00bb. <\/p>\n
Como la norma citada establece una sanci\u00f3n pecuniaria para aquellos casos en los que la obligada guarda silencio, err\u00f3 el Tribunal en decidir como lo hizo, puesto que \u00ablo procedente era revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar reconocer y ordenar (\u2026) el pago de las sumas de dinero pretendidas con la demanda, junto con los intereses moratorios a manera de perjuicios derivados de la p\u00f3liza que oportunamente se hab\u00eda tomado, no decretando la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n sino contabilizando t\u00e9rminos de su interrupci\u00f3n, para verificar que la demanda fue radicada oportunamente\u00bb. <\/p>\n
La sociedad demandante cumpli\u00f3 con la carga que le impuso la disposici\u00f3n aducida, pues demostr\u00f3 la ocurrencia del siniestro, como la cuant\u00eda del perjuicio, y dio cuenta de ello a la convocada de forma oportuna. Aunado a que esta aument\u00f3 las expectativas de la primera al dar indicios de que su reclamaci\u00f3n se atender\u00eda positivamente. <\/p>\n
e)- Quinto cargo: Por haber violado de forma directa la norma sustancial, atac\u00f3 el fallo por subsumir de manera equivocada el art\u00edculo 1054 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Para la recurrente la norma se\u00f1ala \u00abque el riesgo es aquel suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario y cuya realizaci\u00f3n da origen a la obligaci\u00f3n del asegurador, hoy denegada en virtud de la sentencia recurrida\u00bb. <\/p>\n
El deslizamiento de tierras es un suceso incierto en el cual no intervino la voluntad de la recurrente, entonces \u00abha debido determinarse la realizaci\u00f3n del siniestro con fecha igual a la terminaci\u00f3n de la p\u00f3liza, esto es, el 25 de mayo de 2012, con lo cual, simple y llanamente se determinar\u00eda que la demanda se radic\u00f3 oportunamente, debiendo haber sido acogidas las s\u00faplicas de la demanda\u00bb. <\/p>\n
Significa todo lo dicho que, \u00abla situaci\u00f3n evidenciada corresponde con la de un riesgo que se ha presentado en forma evolutiva, teniendo un momento inicial -el deslizamiento- y un momento de expiraci\u00f3n que (sic) para el caso, se da aun despu\u00e9s de finalizada la vigencia de la p\u00f3liza, debiendo tomarse, como se dijo, la fecha de finalizaci\u00f3n de la vigencia ante la ausencia de pr\u00f3rroga del contrato de seguro entre las partes\u00bb. <\/p>\n
f)- Sexto cargo: Se quebrant\u00f3 de forma directa la norma contemplada en el art\u00edculo 1613 del C\u00f3digo Civil, en tanto se aplic\u00f3 de manera inadecuada, ya que la finalidad del contrato de seguro es amparar el patrimonio de las empresas ante la ocurrencia del riesgo asegurado, tal como el deslizamiento que en este asunto se asumi\u00f3 y, acontecido el siniestro, es obligaci\u00f3n de la aseguradora responder por la indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n opugnada \u00abha desconocido a mi poderdante su legal derecho a obtener la indemnizaci\u00f3n que le corresponde en virtud de la p\u00f3liza suscrita, junto con el da\u00f1o emergente y el lucro cesante y los intereses moratorios ante la ausencia de respuesta de la aseguradora demandada, lo cual aumento los perjuicios que en su contra se han presentado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De conformidad con el art\u00edculo 1\u00b0 del Acuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura, el C\u00f3digo General del Proceso entr\u00f3 \u00aben vigencia en todos los distritos judiciales del pa\u00eds el d\u00eda 1\u00b0 de enero de 2016, \u00edntegramente\u00bb, por lo que rige para todos los efectos la presente impugnaci\u00f3n planteada el 14 de febrero de 2019, a pesar de corresponder a un pleito iniciado bajo el r\u00e9gimen del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, conforme al numeral 5\u00ba del art\u00edculo 625 del primer estatuto citado seg\u00fan el cual \u00ablos recursos interpuestos (\u2026) se regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpusieron\u00bb. <\/p>\n
2.- La naturaleza extraordinaria de este medio de contradicci\u00f3n exhorta el cumplimiento de ciertos requisitos a ser observados por los censores con estrictez, ya que, como dispone el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, el escrito de sustentaci\u00f3n deber\u00e1 contener la \u00abformulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa\u00bb, respetando las reglas propias de cada causal. <\/p>\n
Seg\u00fan se hizo constar en CSJ AC2947-2017, el citado numeral impone que la argumentaci\u00f3n sea \u00abinteligible, exacta y envolvente\u00bb, toda vez que <\/p>\n
(\u2026) como el anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisi\u00f3n y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. As\u00ed se facilita, de un lado, establecer si hay acusaci\u00f3n; y de otro, verificar, en punto de la violaci\u00f3n directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el an\u00e1lisis jur\u00eddico o probatoria del juzgador, en caso positivo, si el ataque es enfocado o totalizador. <\/p>\n
Por ende, no es labor de la Corte suplir las falencias, debilidades o vaguedades que ri\u00f1en con lo anterior, puesto que conforme a los art\u00edculos 346 y 347 ibidem el incumplimiento de dichas directrices es motivo de inadmisi\u00f3n y, a\u00fan de superar los ataques las formalidades t\u00e9cnicas previstas, puede la Sala ejercer selecci\u00f3n negativa en tres eventos: cuando se plantea una discusi\u00f3n sobre asuntos ampliamente decantados, sin que se proponga una tesis que justifique un cambio de criterio; frente a la inexistencia de los errores endilgados, el saneamiento de los advertidos o la intrascendencia de los mismos; y si la afrenta al ordenamiento jur\u00eddico no alcanza a perjudicar al recurrente. <\/p>\n
De ah\u00ed que, una vez cumplido ese paso preliminar, no sea posible que al fallar se tengan en cuenta motivos de inconformidad distintos a aquellos aducidos, salvo la facultad de casar de oficio la sentencia confutada \u00abcuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb, seg\u00fan manda el inciso final del art\u00edculo 336 ejusdem. <\/p>\n
3.- Si se acude al numeral primero del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, referido a la violaci\u00f3n directa de una norma jur\u00eddica sustancial, debe enunciarse por lo menos un precepto de esa estirpe que fuera considerado o desatendido en el pronunciamiento a examinar, pero eso s\u00ed que sea basilar de la determinaci\u00f3n y no una relaci\u00f3n aleatoria con el prop\u00f3sito de atinar a alguno con la categor\u00eda exigida, como se desprende del par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 344 ib\u00eddem. <\/p>\n
Adicionalmente, seg\u00fan indica el literal a) numeral 2\u00ba de dicho precepto, la discusi\u00f3n se ce\u00f1ir\u00e1 a \u00abla cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb, por lo que debe estructurarse en forma adecuada c\u00f3mo se produjo la vulneraci\u00f3n ya por tomar en cuenta normas completamente ajenas al caso, pasar por alto las que lo reg\u00edan o, a pesar de acertarse en la selecci\u00f3n, terminar reconoci\u00e9ndoles implicaciones que no tienen. <\/p>\n
4.- La demanda propuesta no cumple a cabalidad las exigencias formales y t\u00e9cnicas para ser admitida, seg\u00fan pasa a exponerse. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los cargos segundo, tercero y sexto aun cuando acusan la sentencia por violar de forma directa la ley sustancial, no indicaron una norma con esa caracter\u00edstica, esto es, que tuviera la virtualidad de declarar, crear, modificar o extinguir relaciones jur\u00eddicas concretas. <\/p>\n
En efecto, el primero de estos se\u00f1al\u00f3 como infringido el art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso; sin embargo, dicho canon regula la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n, regla que importa al tr\u00e1mite o ritualidad de los procesos y que, por lo tanto, no tiene el car\u00e1cter de material o sustancial. <\/p>\n
En tal sentido, la Corte ha expresado: <\/p>\n
(\u2026) no tienen la calidad de norma sustancial las que (\u2026) van dirigidas a regular el tr\u00e1mite, como tampoco son en principio normas sustanciales aquellas otras que regulan la actividad de las partes y el juez en orden al decreto y pr\u00e1ctica de las pruebas, normas por eso llamadas probatorias, que aun cuando pueden contener la garant\u00eda de derechos fundamentales como el del debido proceso, de defensa y contradicci\u00f3n, derechos que asimismo se garantizan con las normas meramente procedimentales, no regulan una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta\u201d (CSJ AC de 3 de octubre de 2003, Rad. 2000-00375-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, en CSJ AC1493-2018, dijo: <\/p>\n
De los tres primeros art\u00edculos citados, a saber, el art\u00edculo 94, 40 y 41, el primero, del C\u00f3digo General del Proceso, y los dos siguientes de la ley 153 de 1887, se advierte que claramente se trata de normas procedimentales. En efecto, la primera de ellas regula la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n, y las siguientes, la vigencia de las normas en el tiempo. De manera que, las mismas no sirven para soportar el cargo. (subrayas de ahora). <\/p>\n
Y en fecha reciente, en CSJ AC604-2020, la Corte sostuvo: <\/p>\n
De igual forma se advierte de los art\u00edculos 7, 11, 12, 14, 94, 118 y 625 del C\u00f3digo General del Proceso, pues estos contienen los principios generales que rigen las actuaciones de los funcionarios judiciales y de las partes dentro del curso de un litigio, as\u00ed como regulan la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n, el conteo de los t\u00e9rminos en el transcurso del tr\u00e1mite judicial y el tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n, por lo que es claro que \u00fanicamente disciplinan la actividad procesal y por ende, carecen como las anteriores, de las caracter\u00edsticas necesarias para ser consideradas sustanciales (resalta la Corte). <\/p>\n
Por su parte, el tercer embate contiene la misma deficiencia pues se bas\u00f3 en la afrenta del art\u00edculo 822 del C\u00f3digo de Comercio, cuando este \u00fanicamente establece los supuestos en que es posible la aplicaci\u00f3n de normas civiles y probatorias a los negocios de comercio, es decir, entronca la legislaci\u00f3n civil con la comercial, ya que como se dijo en CSJ AC 180-2000, 11 jul. 2000, rad. 1798, <\/p>\n
(\u2026) se duele el censor de la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 822 del C\u00f3digo de Comercio y 1624 del C\u00f3digo Civil, sin advertir, no obstante, que ninguno de esos dos preceptos tiene la naturaleza de norma sustancial; en efecto, la primera es una norma remisoria de car\u00e1cter general y abstracta, al paso que la segunda ata\u00f1e a las reglas de interpretaci\u00f3n de los contratos, sin que ninguna de ellas consagre en forma concreta derechos subjetivos o potestades a los particulares (se resalta). <\/p>\n
Y aunque en CSJ AC653-2020 se le reconozca categor\u00eda material, sin explicar el porqu\u00e9, la cita aislada del mismo que no va emparentada a alg\u00fan otro precepto aplicable al caso que tenga indiscutiblemente tal categor\u00eda, la torna en insuficiente como aqu\u00ed acontece, puesto que la recurrente no demostr\u00f3 la trascendencia de ese precepto dentro de la estructura argumentativa de la sentencia recurrida. <\/p>\n
Como se dijo en CSJ AC 24 sep. 1998, rad. 7251 <\/p>\n
(\u2026) si la transgresi\u00f3n que se invoca versa tan solo sobre normas rituales que de suyo, por su propia \u00edndole, no pueden ser las que reconocen el derecho subjetivo del demandante que se dice menoscabado por el fallo que se impugna, y si de otra parte la Corte tiene circunscrita su atribuci\u00f3n decisoria por los l\u00edmites precisos que trace la censura en casaci\u00f3n -pues es la demanda punto de partida ineludible de cualquier consideraci\u00f3n cr\u00edtica respecto del juicio jurisdiccional cuya legalidad se controvierte (G. J. T. CXXXVIII, p\u00e1g. 244, y CXXX, p\u00e1g. 165)-, p\u00f3nese as\u00ed de manifiesto la falta de idoneidad del escrito bajo estudio en el aparte de marras y la p\u00e9rdida de toda perspectiva de prosperidad del cargo por este rumbo, lo que hace asimismo ostensible la inutilidad de un tr\u00e1mite posterior que inevitablemente, en cuanto a dicho cargo tercero concierne, tendr\u00e1 que terminar con el registro en la sentencia del defecto advertido desde un principio. <\/p>\n
A lo que se a\u00f1adi\u00f3 en CSJ AC4084-2019 que <\/p>\n
(\u2026) el escrito para sustentar la inconformidad en casaci\u00f3n \u201c\u2018ha de ser en \u00faltimas y ante la sentencia impugnada, una cr\u00edtica sim\u00e9trica de consistencia tal que, por m\u00e9rito de la tesis expuesta por el recurrente de manera precisa, y no por intuici\u00f3n oficiosa de la Corte, forzoso sea en t\u00e9rminos de legalidad aceptar dicha tesis en vez de las apreciaciones decisorias en que el fallo se apoya\u2026\u2019 (Cas. Civ. de 10 de septiembre de 1991)\u2026 la simetr\u00eda de la acusaci\u00f3n referida por la Corte en el aparte anterior, debe entenderse no s\u00f3lo como armon\u00eda de la demanda de casaci\u00f3n con la sentencia en cuanto a la plenitud del ataque, es decir, porque aquella combate todas y cada una de las apreciaciones jur\u00eddicas y probatorias que fundamentan la resoluci\u00f3n, sino como coherencia l\u00f3gica y jur\u00eddica, seg\u00fan se dej\u00f3 visto, entre las razones expuestas por el juzgador y las propuestas por el impugnante, pues en vano resulta para el \u00e9xito del recurso hacer planteamientos que se dice impugnativos, si ellos son aparente y realmente extra\u00f1os al discurso argumentativo de la sentencia’ (G.J. CCLV, P\u00e1g. 116)\u201d (auto de 8 de agosto de 2003, Exp. No. 40301, reiterado en autos de 7 de marzo de 2006 Exp. No. 00490-01 y 18 de octubre de 2006, Exp. No. 00328-01)\u201d (Auto del 18 de octubre de 2007, exp. 11001-3103-016-1993-12450-01). <\/p>\n
Lo mismo ocurre con el sexto cargo, en la medida en que el art\u00edculo 1613 del C\u00f3digo Civil no tiene la connotaci\u00f3n que se requiere para fundar un ataque por v\u00eda recta. Y es que dicho precepto \u00fanicamente describe qu\u00e9 elementos componen la indemnizaci\u00f3n de perjuicios, lo cual sirve de gu\u00eda para el juzgador al momento de dimensionar el da\u00f1o material, pero all\u00ed no se incorporan presupuestos f\u00e1cticos y consecuencias jur\u00eddicas que influyan de manera concreta en el caso. <\/p>\n
Al respecto, en CSJ AC2506-2016, se precis\u00f3 que \u00ablos art\u00edculos 1613, 1614 y 1615, del Estatuto Civil, que explican los componentes de la indemnizaci\u00f3n de perjuicios (da\u00f1o emergente y lucro cesante), no son sustanciales pues tan s\u00f3lo hacen una clasificaci\u00f3n y explicaci\u00f3n de dos modalidades de da\u00f1os resarcibles\u00bb, lo que, en relaci\u00f3n con los dos primeros, se reiter\u00f3 en CSJ AC3597-2018 y AC2117-2020. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Los cargos primero, cuarto y quinto experimentan como deficiencia com\u00fan que son confusos. <\/p>\n
La casacionista asegur\u00f3, en las tres ofensivas aludidas, que el juzgador emple\u00f3 indebidamente las normas contempladas en los art\u00edculos 2544 del C\u00f3digo civil y 1080 y 1054 del C\u00f3digo de Comercio. No obstante, como se pudo constatar en el recuento realizado a los argumentos expresados por la judicatura, las normas que operaron en el caso a efectos de adoptar la decisi\u00f3n conocida fueron las consagradas en los art\u00edculos 1081 y 1075 del C\u00f3digo de Comercio. De all\u00ed lo impreciso del embate, en la medida en que la cr\u00edtica se hizo consistir en la existencia de un menoscabo de aquellos preceptos por su \u00abindebida aplicaci\u00f3n\u00bb, cuando esas disposiciones no fueron objeto de subsunci\u00f3n por parte del juez. <\/p>\n
No se pierda de vista que la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, como un error in iudicando, se ubica en el elemento normativo que prefiere el juez a efectos de resolver sobre las pretensiones de la demanda o las excepciones de m\u00e9rito, y ocurre cuando no se aplica una norma material llamada a gobernar el caso o, tras escogerse apropiadamente, se usa de manera inadecuada, o cuando, seleccionada con atino, se interpreta de una forma que distorsiona la voluntad del legislador. <\/p>\n
De suerte que el casacionista debe tener claridad sobre el modo en que se incurri\u00f3 en el defecto reprochado, y si alega que existi\u00f3 una \u00abaplicaci\u00f3n indebida\u00bb, entonces, acepta de forma impl\u00edcita que dicha norma fue usada por el juez, solo que en el proceso de subsunci\u00f3n le dio una consecuencia diversa a la contemplada en la ley. <\/p>\n
Por eso no es entendible c\u00f3mo ocurri\u00f3 el yerro en el pronunciamiento que es objeto de impugnaci\u00f3n, en tanto, se insiste, los art\u00edculos 2544 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como los 1080 y 1054 del C\u00f3digo de Comercio, no influyeron en la resoluci\u00f3n de la reyerta, por lo que no pudieron ser mal aplicados. Aspecto que no puede ser subsanado por la Corte, dado el car\u00e1cter eminentemente dispositivo de este recurso extraordinario. No se olvide que \u00abel recurrente, como acusador que es de la sentencia, est\u00e1 obligado a proponer cada cargo en forma concreta, completa y exacta para que la Corte, situada dentro de los l\u00edmites que demarca la censura, pueda decidir el recurso sin tener que moverse oficiosamente a completar la acusaci\u00f3n planteada, por imped\u00edrselo el car\u00e1cter eminentemente dispositivo de la casaci\u00f3n\u00bb (CSJ AC3769-2014). <\/p>\n
Ahora, aunque se superara dicho desatino por afirmarse que la acusaci\u00f3n correcta se finca en una inaplicaci\u00f3n de los c\u00e1nones pluricitados, la imposibilidad de su admisi\u00f3n se mantiene, como pasa a explicarse. <\/p>\n
El primer cargo luce desenfocado, pues la visi\u00f3n que quiere imponer la recurrente no ataca de forma sim\u00e9trica los argumentos enarbolados por el tribunal. F\u00edjese que aquella insisti\u00f3 en que \u00abcuando interviene requerimiento\u00bb se interrumpe la prescripci\u00f3n y en este caso ello ocurri\u00f3 en el momento en el que se formul\u00f3 la reclamaci\u00f3n ante la aseguradora. Empero, al confrontar tal postura con la dilucidada en el fallo se advierte una disparidad parcialmente en tanto la demandante olvid\u00f3 que esa Sala no comparti\u00f3 el entorpecimiento del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n alegado en raz\u00f3n a que consider\u00f3 que dicha \u00abreclamaci\u00f3n\u00bb no era un aviso que tuviera la virtualidad de generar dicho efecto. Posici\u00f3n que soport\u00f3 en CSJ SC130-2017, cuando sobre el punto sostuvo que \u00abla reclamaci\u00f3n del beneficiario y el silencio del asegurador frente a \u00e9sta, en condiciones normales no pueden tener el efecto de interrumpir la prescripci\u00f3n, ni en forma civil ni natural\u00bb (Resalta la Corte). <\/p>\n
En efecto, la determinaci\u00f3n de la colegiatura de Bogot\u00e1 se apoy\u00f3 en que: 1. No se prob\u00f3 que hubieren ocurrido siniestros posteriores al conocido el 18 de agosto de 2011. 2. El art\u00edculo 1075 del C\u00f3digo de Comercio no prev\u00e9 el pago de varios siniestros. 3. La iniciaci\u00f3n del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n fue el 18 de agosto de 2011 y termin\u00f3 el mismo d\u00eda y mes del a\u00f1o 2013. 4. Como la solicitud de conciliaci\u00f3n se formul\u00f3 el 11 de diciembre de 2013 no se suspendi\u00f3 el t\u00e9rmino preclusivo en tanto este ya hab\u00eda ocurrido. 5. La tardanza en resolver la reclamaci\u00f3n (8 meses) no interrumpe el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n, porque no media norma que as\u00ed lo disponga, ello desconocer\u00eda lo contemplado en el art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio, ser\u00eda crear una ventaja al tomador y la p\u00f3liza no contempla una cl\u00e1usula en tal sentido. 6. La demanda no interrumpi\u00f3 el t\u00e9rmino prescriptivo porque se present\u00f3 luego de que este se hubiera concretado. <\/p>\n
Quiere decir que el tribunal no ignor\u00f3 que la exhortaci\u00f3n que realiza un acreedor frente a su deudor interrumpe el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n, solo que en el sub judice dicha regla no estaba llamada a emplearse porque la petici\u00f3n que realiz\u00f3 el asegurado a la aseguradora no constituye un \u00abrequerimiento\u00bb que pueda entorpecer el paso del tiempo que extingue la acci\u00f3n. De all\u00ed que, al estructurarse el ataque \u00fanicamente en lo primero sin confrontar la identidad jur\u00eddica que le asign\u00f3 el ad quem a la \u00abreclamaci\u00f3n formulada\u00bb, resulte di\u00e1fano c\u00f3mo se olvid\u00f3 por completo la otra raz\u00f3n con la que se construy\u00f3 el argumento. <\/p>\n
El cuarto cargo, adem\u00e1s de que se estructur\u00f3 como si de un alegato de instancia se tratara, lo que a todas luces va en contrav\u00eda de la t\u00e9cnica del recurso de casaci\u00f3n, dado que en esta sede no se surte una instancia adicional y el fallo arriba con una presunci\u00f3n de acierto y legalidad, se muestra desenfocado, pues no ataca las razones fidedignas en que se soport\u00f3 el pronunciamiento del ad quem -atr\u00e1s referidas- sino que se limita a insistir en que la reclamaci\u00f3n realizada a la aseguradora debi\u00f3 responderse dentro del mes siguiente a su radicaci\u00f3n so pena de empezar a reconocerse intereses moratorios, aspectos que ciertamente refiere el art\u00edculo 1080 del C\u00f3digo de Comercio, pero que, como concluy\u00f3 el tribunal, no pudieron ser estudiados al configurarse el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n extintiva. <\/p>\n
De modo que el embate no se esforz\u00f3 por confrontar los motivos en que se soport\u00f3 el fallo impugnado, sino que en \u00e9l incorpor\u00f3 reflexiones relacionadas con lo que hubiera ocurrido de no haberse declarado prescrita la acci\u00f3n derivada del contrato de seguro. Por manera que se pifi\u00f3 la casacionista al no constituir su arremetida en simetr\u00eda con los basamentos de la sentencia que recurri\u00f3. <\/p>\n
El quinto cargo sobrelleva el mismo yerro, comoquiera que la opugnadora se enfrenta al fallo cuestionado para recalcar c\u00f3mo la prescripci\u00f3n extintiva no debi\u00f3 declararse en tanto, desde su perspectiva, el conteo debi\u00f3 iniciarse desde que la p\u00f3liza perdi\u00f3 su vigencia, esto es, desde el 25 de mayo de 2012, de all\u00ed que haya demandado en tiempo. Sin embargo, no atin\u00f3 en refutar el meollo del asunto planteado en la sentencia, esto es, que no se probaron nuevos siniestros con posterioridad al 18 de agosto de 2011. <\/p>\n
Reit\u00e9rese que, en lo que correspondi\u00f3 al momento de iniciaci\u00f3n del conteo del lapso prescriptivo, el juez plural asegur\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) se tiene probado en este caso que si bien es cierto el d\u00eda 24 de mayo de 2011, la sociedad demandante tom\u00f3 la aludida p\u00f3liza de da\u00f1os, ostentando adem\u00e1s la calidad de asegurado y beneficiario, para reclamar lo hoy pretendido, y que el 18 de agosto de 2011, se inici\u00f3 el conteo prescriptivo ordinario para formular la respectiva reclamaci\u00f3n judicial por haber tenido conocimiento de la ocurrencia del siniestro dada la certificaci\u00f3n emitida en dicha fecha por la Umata-Fusagasug\u00e1, en tal sentido, no queriendo ello decir que en dicho d\u00eda (sic) se hubiere modificado por la ocurrencia de otros siniestros posteriores hasta la finalizaci\u00f3n de la p\u00f3liza -24 de mayo de 2012- porque no media prueba al respecto. Es decir que el inmueble hubiere resultado afectado totalmente o en mayor hectareaje al certificado del 18 de agosto citado (\u2026) Por consiguiente, este primer reparo carece de asidero legal y probatorio, y por ende la iniciaci\u00f3n del t\u00e9rmino prescriptivo ordinario contemplado en el fallo apelado -18 de agosto de 2011- se mantiene. Aunado al hecho que la parte apelante no aleg\u00f3 ni prob\u00f3 tal circunstancia durante el proceso porque como ya se dijo, no denunci\u00f3 nuevos hechos posteriores para su constataci\u00f3n, para que incidiera en el reconocimiento y pago total de lo amparado en raz\u00f3n a que la certificaci\u00f3n de existencia de da\u00f1os no dio por perdido totalmente el inmueble asegurado, solo 2 de las 5 hect\u00e1reas se afectaron. <\/p>\n
De manera tal que la impugnante en la formulaci\u00f3n de este ataque olvid\u00f3 por completo refutar la afirmaci\u00f3n que hizo el juzgador al fijar la calenda de inicio de la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n, para, en su lugar, dedicarse a sostener que existieron otros siniestros posteriores al conocido el 18 de agosto de 2011, desconociendo, asimismo, que el embate planteado por la v\u00eda recta parte de admitir que la reconstrucci\u00f3n factual elaborada por el juez fue acertada. <\/p>\n
Sobre los desaciertos aludidos, la Corte se\u00f1al\u00f3 en CSJ AC250-2015 que los cargos <\/p>\n
(\u2026) deben plantearse \u201ccon estricto ce\u00f1imiento a las razones o fundamentos del fallo impugnado, porque l\u00f3gica y jur\u00eddicamente debe existir cohesi\u00f3n entre el ataque o ataques contenidos en la demanda de casaci\u00f3n y la sentencia del ad quem (\u2026). El recurso de casaci\u00f3n -ha dicho la Corte- \u2018ha de ser en \u00faltimas y ante la sentencia impugnada, una cr\u00edtica sim\u00e9trica de consistencia tal que, por m\u00e9rito de la tesis expuesta por el recurrente de manera precisa, y no por intuici\u00f3n oficiosa de la Corte, forzoso sea en t\u00e9rminos de legalidad aceptar dicha tesis en vez de las apreciaciones decisorias en que el fallo se apoya\u2026\u2019 (Cas. civ. de 10 de septiembre de 1991). (\u2026). La simetr\u00eda de la acusaci\u00f3n referida por la Sala en el aparte anterior, debe entenderse no solo como armon\u00eda de la demanda de casaci\u00f3n con la sentencia en cuanto a la plenitud del ataque, sino tambi\u00e9n como coherencia l\u00f3gica y jur\u00eddica, seg\u00fan se dej\u00f3 visto, entre las razones expuestas por el juzgador y las propuestas por el impugnante, pues en vano resulta para el \u00e9xito del recurso hacer planteamientos que se dicen impugnativos, por pertinentes o depurados que resulten, si ellos son realmente extra\u00f1os al discurso argumentativo de la sentencia, por desatinada que sea, seg\u00fan el caso\u201d (CSJ, SC del 10 de diciembre de 1999, Rad. No. 5294; se subraya). <\/p>\n
As\u00ed como en CSJ AC2537-2017 que <\/p>\n
(\u2026) cuando el cargo se construye con base en el quebranto de la ley sustancial, se torna indispensable para el recurrente, por una parte, enfocar acertadamente las acusaciones que formule, (\u2026) y, por la otra, que su actividad impugnaticia tiene que estar dirigida a derruir la totalidad de esos argumentos esenciales de la sentencia, pues si el labor\u00edo del acusador no los comprende a cabalidad, al margen de que el juzgador de instancia hubiere podido incurrir en las falencias denunciadas, su sentencia no podr\u00eda quebrarse en virtud del recurso extraordinario. (CSJ. AC 19 dic. 2012, rad. 2001-00038-01, reiterado en AC4310-2014 y en AC. de 15 abr. 2016, rad. 2009-00263-01) (Subraya la Sala). <\/p>\n
5.- En s\u00edntesis, al no ce\u00f1irse los ataques propuestos a los requerimientos formales de esta extraordinaria senda de impugnaci\u00f3n, resulta inviable su aceptaci\u00f3n, sin que se aprecien razones que justifiquen darle v\u00eda en los t\u00e9rminos del inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso o el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996, pues, no se advierte vulneraci\u00f3n de derechos superiores, una afrenta al principio de legalidad de los fallos, ni que se comprometa gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar inadmisible la demanda de casaci\u00f3n interpuesta por la Organizaci\u00f3n Campestre S en C frente a la sentencia de 7 de febrero de 2019, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso de responsabilidad civil contractual promovido por la opugnadora contra Seguros del Estado S.A. <\/p>\n
Segundo: Devolver por la Secretar\u00eda el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-020-2014-00494-01 <\/p>\n
Con el acostumbrado respeto me permito disentir de la afirmaci\u00f3n realizada en el proyecto aprobado, en el sentido de que el art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso, en su conjunto, es una norma procesal, pues tal colof\u00f3n desconoce que el inciso segundo tiene un contenido material, como es la constituci\u00f3n en mora del deudor. <\/p>\n
1. Recu\u00e9rdese que los c\u00e1nones sustanciales son aquellos \u00abque en situaciones espec\u00edficas \u2018declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas\u2019\u00bb (SC3941, 19 oct. 2020, rad. n.\u00b0 2011-00643-001); dicho en otras palabras, son \u00abpreceptos que crean, modifican o extinguen derechos subjetivos\u00bb (SC1656, 18 may. 2018, rad. n.\u00b0 2012-00274-01). <\/p>\n
2. Dentro de este contexto conviene analizar el mandato antes mencionado, a saber: \u00abLa notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo produce el efecto del requerimiento judicial para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo exija para tal fin, y la notificaci\u00f3n de la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito, si no se hubiere efectuado antes. Los efectos de la mora solo se producir\u00e1n a partir de la notificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
La jurisprudencia tiene dicho: <\/p>\n
2. Seg\u00fan la ley, la indemnizaci\u00f3n de perjuicios se debe desde que el deudor se ha constituido en mora en el cumplimiento de sus obligaciones positivas (de dar y de hacer) o, desde el momento de la contravenci\u00f3n, si la obligaci\u00f3n es negativa (de no hacer), pues as\u00ed lo establece expresamente el art\u00edculo 1615 del C\u00f3digo Civil, cuando prescribe que se \u201cdebe la indemnizaci\u00f3n de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora, o, si la obligaci\u00f3n es de no hacer, desde el momento de la contravenci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
3. Al tenor del art\u00edculo 1608 del C\u00f3digo Civil y en consideraci\u00f3n a los alcances o efectos de la mora se sienta la regla general de que el deudor queda constituido en mora a partir de la reconvenci\u00f3n judicial hecha por el acreedor al deudor para que cumpla con sus obligaciones, regla que s\u00f3lo tiene las excepciones se\u00f1aladas en los ordinales 1\u00b0 y 2\u00b0 del mencionado precepto, o sea, cuando el deudor no ha cumplido la obligaci\u00f3n dentro del t\u00e9rmino pactado, salvo que la ley exija requerirlo (Art. 2007 del C. C.), y cuando la obligaci\u00f3n no haya podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo y el deudor lo ha dejado pasar sin cumplir (SC, 21 sep. 1986, GJ Tomo CLXXXIV, n.\u00b0 2423). <\/p>\n
Por tanto, el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 94 realmente fija el moj\u00f3n inicial para reclamar los da\u00f1os ocasionados por la desatenci\u00f3n de los deberes contractuales, lo que se traduce en un efecto jur\u00eddico concreto frente a situaciones determinadas, raz\u00f3n para reconocerle naturaleza sustancial. <\/p>\n
Dicho de otra forma, este mandato tiene un efecto directo sobre el derecho del acreedor a obtener la reparaci\u00f3n de los agravios irrogados, con incidencia directa frente a la relaci\u00f3n obligatoria en concreto. <\/p>\n
3. Es cierto que, por autos AC1483-2019 y AC604-2020, la Corte asinti\u00f3 en que el art\u00edculo 94 de la codificaci\u00f3n adjetiva no es sustancial; sin embargo, esta calificaci\u00f3n se hizo respecto al inciso primero, relativo a la suspensi\u00f3n de la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
Por tanto, lo all\u00ed afirmado no puede extenderse sin m\u00e1s consideraciones a la constituci\u00f3n en mora del deudor, no s\u00f3lo por tratarse de fen\u00f3menos diferentes, sino por cuanto la constituci\u00f3n en mora, como se explic\u00f3, incide de forma directa en la exigibilidad del d\u00e9bito indemnizatorio. <\/p>\n
4. No obstante lo anterior, estimo que el cargo deb\u00eda ser inadmitido en cuanto existe jurisprudencia reiterada de la Sala en punto a desde cu\u00e1ndo se cuenta el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de las acciones derivadas del contrato de seguro, cuya norma especial aplicable es el art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio (SC, 19 feb. 2002, 4 jul. 1977, 3 may. 2000, reiteradas en SC, 19 feb. 6571, sc, 12 feb. 2007, rad. 1999-00749-01, SC, 4 abr. 2013; SC130, 12 feb. 2018, rad. 2002-01130-01, entre otras). Por consiguiente, como el recurrente no hace un planteamiento tendiente demostrar la necesidad de variar el sentido de la jurisprudencia, es dable inadmitir el cargo con apoyo en lo reglado en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 347 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
5. En los anteriores t\u00e9rminos dejo sentada mi aclaraci\u00f3n de voto. <\/p>\n
Fecha ut supra. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
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AC1257-2021 (2014-00494-01) OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente AC1257-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-020-2014-00494-01 Aprobado en sala virtual del jueves once de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[35],"tags":[],"class_list":["post-53959","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53959","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=53959"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/53959\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=53959"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=53959"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=53959"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}