AC1279-2021 (2021-00953-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC1279-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-00953-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primer despacho, la empresa Transmisora Colombiana de Energ\u00eda S.A.S., E.S.P., solicit\u00f3 imponer servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda sobre el inmueble \u00abLa Italia\u00bb de la Vereda Montecristo de Risaralda, Caldas. Justific\u00f3 la escogencia de esa sede, en lo pertinente, por \u00abla ubicaci\u00f3n del predio y la cuant\u00eda\u00bb. <\/p>\n
2. La autoridad seleccionada rechaz\u00f3 el libelo y orden\u00f3 remitirlo a los juzgados de Bogot\u00e1 donde se halla la vecinidad de la convocante, fundada en la posici\u00f3n que concret\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Civil en CSJ AC140-2020 (16 dic. 2020). <\/p>\n
3. El Juzgado Diecis\u00e9is Civil Municipal de Bogot\u00e1 D.C., a quien le fue reasignado, lo repeli\u00f3 con estribo en que debe seguir siendo impulsado por el receptor inicial, toda vez que la postulante renunci\u00f3 a la prerrogativa que ten\u00eda de acudir ante el estrado de su vecindad. Por ende, propuso la colisi\u00f3n que se entra a resolver (22 ene. 2021). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Comoquiera que la divergencia que se analiza se trab\u00f3 entre funcionarios de diferente distrito judicial, a esta Corporaci\u00f3n le concierne dirimirla como superior funcional com\u00fan de ellos, por conducto del suscrito Magistrado Sustanciador en Sala Unitaria, como lo establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el 7\u00ba de la 1285 de 2009. <\/p>\n
2.- Para distribuir los procesos entre las distintas autoridades judiciales asentadas en la geograf\u00eda nacional, el ordenamiento acude a los factores territorial, objetivo, subjetivo, funcional y de conexidad. Mediante el primero, indica cu\u00e1l es el juez que en raz\u00f3n de la circunscripci\u00f3n debe conocer del litigio, y para concretarlo establece los \u00abforos o fueros\u00bb, de modo que, por lo general, en los pleitos contenciosos se acude al \u00abpersonal\u00bb que radica la competencia en el del lugar del domicilio del demandado, o en el de su residencia; adem\u00e1s, consagra otros especiales, como el denominado por la doctrina \u00abforum rei sitae\u00bb o \u00abreal\u00bb, referido al sitio donde ocurrieron los hechos o a la ubicaci\u00f3n de los bienes objeto de la lid. Igualmente, impone el fuero contractual, seg\u00fan el cual es llamado a conocer el asunto el fallador del lugar de cumplimiento de las obligaciones emanadas de un negocio jur\u00eddico, entre otros. <\/p>\n
Varios de esos fueros pueden confluir en una misma causa, lo cual genera una pluralidad de jueces llamados a tramitarla, en cuyo caso la ley otorga al actor la facultad de escoger entre ellos, sin que tal voluntad pueda ser desconocida por el elegido, quien, en principio, queda llamado a zanjar la disputa; empero, hay otros supuestos en que el legislador anula esa discrecionalidad y privativamente determina la potestad, indicando de forma precisa y categ\u00f3rica el funcionario que con exclusi\u00f3n de cualquier otro est\u00e1 llamado a encarar el debate. <\/p>\n
Al respecto, en AC3744-2018, la Corte destac\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el concepto \u00abprivativo\u00bb que constituye el com\u00fan denominador de las precitadas disposiciones implica que a los juzgadores con autoridad en el territorio donde se cumple alguna de las condiciones se\u00f1aladas en ellas, es decir, del sitio donde se localizan los inmuebles sobre los que se quiere constituir ese gravamen o del que es vecino el organismo estatal, concierne conocer, tramitar y resolver de manera exclusiva los litigios cuyas pretensiones tienen esa finalidad o han sido formuladas a favor o en contra de una entidad de esa \u00edndole (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, atinente a los juicios sobre servidumbres, el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 ejusdem fija una \u00abcompetencia privativa\u00bb que asigna en forma exclusiva, \u00fanica y excluyente al estrado del lugar donde est\u00e9 el bien envuelto en la litis el deber de conocerlas, en cuanto prescribe que \u00ab[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales (\u2026) en los de servidumbre\u2026.\u00bb, ser\u00e1 competente, \u00abde modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb, siendo ese un claro ejemplo de fuero real exclusivo. <\/p>\n
No obstante, el numeral 10\u00ba, ejusdem, previene que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb, de donde emerge otro fuero privativo de car\u00e1cter general o personal que se funda en la calidad del sujeto para asignar competencia al juez de su domicilio. <\/p>\n
Como en muchas ocasiones la actora es una entidad que responde al memorado criterio \u201csubjetivo\u201d y es vecina de una provincia distinta de aquella donde se encuentra el inmueble sobre el que aspira obtener el gravamen, deviene palmario que en la pr\u00e1ctica surge un enfrentamiento entre los par\u00e1metros atributivos en comento. <\/p>\n
Ese dilema, desde mi perspectiva, debe solucionarse con preferencia por la ubicaci\u00f3n del bien en disputa y no a partir del domicilio de la entidad p\u00fablica involucrada. Esto, porque estimo que la pauta condensada en el art\u00edculo 29 ejusdem, seg\u00fan la cual \u00abes prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb, impera en los casos que involucran el factor subjetivo, mas no los fueros del factor territorial, como aqu\u00ed acontece. Por consiguiente, no existe disposici\u00f3n expresa que sirva para dilucidar la antinomia y ello obliga acudir a los principios constitucionales, como par\u00e1metro de definici\u00f3n, para hallar la soluci\u00f3n m\u00e1s ajustada a la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Es as\u00ed como los postulados de igualdad, econom\u00eda procesal, concentraci\u00f3n e inmediaci\u00f3n, entre otros, cobran especial significaci\u00f3n en este contexto para equilibrar las cargas teniendo en cuenta que el ciudadano-demandado, por lo general, es el m\u00e1s d\u00e9bil de la relaci\u00f3n procesal y, por ende, no resulta justo ni acorde con el derecho de defensa, obligarlo a afrontar el juicio en una vecindad distinta a su vecindad. Adem\u00e1s, la inspecci\u00f3n judicial que, por mandato del legislador debe practicarse en esa clase de asuntos, ofrece mayores ventajas para su realizaci\u00f3n cuando el juez de conocimiento tiene sede en el mismo sitio del bien, lo cual evita comisionar y agiliza la definici\u00f3n del pleito. Nada de lo cual ocurre si la asignaci\u00f3n recae en el fallador del lugar donde tiene asiento la entidad p\u00fablica. <\/p>\n
Sin embargo, no se puede desconocer que la situaci\u00f3n descrita la abord\u00f3 la Sala y resolvi\u00f3 con el voto de la mayor\u00eda en AC140-2020, cuya finalidad consisti\u00f3 en servir de \u00abgu\u00eda fiable tanto para la Corte como para los jueces y las partes de los procesos, en aras de respetar y garantizar la igualdad de trato de los justiciables ante la ley\u00bb, es decir, se busc\u00f3 superar la divergencia que se presentaba entre los diferentes Despachos al dirimir las colisiones originadas en id\u00e9nticas situaciones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas. <\/p>\n
En efecto, en esa ocasi\u00f3n se concluy\u00f3 que el enfrentamiento entre los numerales 7\u00b0 y 10\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso debe dilucidarse atendiendo la prelaci\u00f3n que el art\u00edculo 29 del mismo ordenamiento reconoce por la \u00abcalidad de las partes\u00bb y el suscrito salv\u00f3 voto con cimiento en las razones all\u00e1 expuestas y compendiadas arriba. Empero, en esta oportunidad se torna indispensable aplicar el criterio prevaleciente de la Sala como fiel reflejo del ejercicio democr\u00e1tico y, en especial, para salvaguardar la igualdad y la seguridad jur\u00eddica de los usuarios del sistema de justicia. <\/p>\n
En definitiva, con todo y los reparos que he esgrimido frente a la tesis mayoritaria, las circunstancias tornan vinculante lo expuesto en CSJ AC140-2020, consistente en que \u00abla colisi\u00f3n presentada entre los dos fueros privativos de competencia consagrados en los numerales 7\u00b0 (real) y 10\u00b0 (subjetivo) del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, debe solucionarse a partir de la regla establecida en el canon 29 ib\u00eddem, raz\u00f3n por la que prima el \u00faltimo de los citados\u00bb. <\/p>\n
Soluci\u00f3n que, adem\u00e1s, debe ser aplicada sin observancia del principio de la perpetutatio jurisdictionis, pues al no prorrogarse la competencia por estar involucrado el fuero subjetivo, \u00ablos jueces pueden declarar su falta de competencia por esos factores incluso despu\u00e9s de haber impartido tr\u00e1mite al proceso, con independencia que esta haya sido o no alegada por las partes y de que la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal haya sido trabada, en cuyo caso lo actuado hasta antes de la sentencia conservar\u00e1 validez, incluidas las medidas cautelares que hayan sido practicadas\u00bb. <\/p>\n
3.- Con ese panorama, bien pronto se observa que el juzgado de Risaralda, Caldas, se equivoc\u00f3 al rehusar el conocimiento de este asunto, ya que inadvirti\u00f3 que la doctrina que la Sala consolid\u00f3 en CSJ AC140-2020, no es aplicable a aquellos pleitos de servidumbers que se suscitan entre particulares, pues en estos, por expresa disposici\u00f3n del legislador, la atribuci\u00f3n recae en el juez del lugar de ubicaci\u00f3n del predio objeto de la servidumbre (n\u00fam. 7 art. 28 ib\u00eddem). <\/p>\n
Lo anterior se explica porque la accionante, que es la Transmisora Colombiana de Energ\u00eda S.A.S., E.S.P., de acuerdo con el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal aportado, detenta naturaleza jur\u00eddica privada, aunado a que la acci\u00f3n se emprende contra un particular, lo que torna inviable la regla d\u00e9cima del art\u00edculo 28 ib\u00eddem, debi\u00e9ndose, por tanto, aplicar la del numeral s\u00e9ptimo del referido art\u00edculo, sobre todo porque el hecho de que las empresas de servicios p\u00fablicos tengan una tipolog\u00eda especial, como lo ha reconocido por ejemplo la Corte Constitucional en la sentencia C-736 de 2007, no significa que las mismas se conviertan autom\u00e1ticamente en entidades p\u00fablicas, pues ello depender\u00e1 de la forma en la que fueron creadas y, en algunos casos, de su composici\u00f3n accionaria. <\/p>\n
Se equivoc\u00f3, por tanto, el primer receptor al haberse negado a impulsar el asunto, a pesar que el predio que se busca gravar con servidumbre est\u00e1 localizado dentro de su territorio, seg\u00fan consta en el certificado de libertad y tradici\u00f3n que da cuenta de su localizaci\u00f3n geograf\u00edca, y el litigio se da entre personas de derecho privado. <\/p>\n
4.- En ese orden, se resolver\u00e1 la disputa en el sentido de asignar el asunto al juez de Risaralda, Caldas, para que lo impulse como corresponda, y se comunicar\u00e1 lo definido al otro despacho involucrado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado \u00danico Promiscuo Municipal de Risaralda, Caldas, es el competente para conocer la causa de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Enviar el expediente al citado Despacho e informar lo decidido al otro estrado judicial. <\/p>\n
Tercero: Librar, por secretar\u00eda, los oficios correspondientes. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
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