AC1317-2021 (2021-00932-00)<\/p>\n
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AC1317-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n 11001-02-03-000-2021-00932-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Procede la Corte a resolver el recurso de queja interpuesto por la demandante frente al auto de 4 de agosto de 2020, por medio del cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 D.C., neg\u00f3 conceder el de casaci\u00f3n de la sentencia emitida el 30 de junio de 2020, dentro del proceso de pertenencia promovido por Giuliana Mercedes Castillo Monsalve contra Tulia Castillo L\u00f3pez y otros e indeterminados. <\/p>\n
I.-ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La accionante pidi\u00f3 declarar que adquiri\u00f3, por prescripci\u00f3n extraordinaria, el dominio del predio urbano localizado en la calle 127 A No. 71-31 de Bogot\u00e1 D.C., distinguido matr\u00edcula inmobiliaria No. 50N-341885 y disponer la inscripci\u00f3n de la sentencia en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos respectiva. <\/p>\n
2.- El a quo desestim\u00f3 las pretensiones. La actora apel\u00f3. <\/p>\n
3.- El Tribunal confirm\u00f3 \u00edntegramente esa decisi\u00f3n (30 jun. 2020). <\/p>\n
4.- Frente a la anterior decisi\u00f3n, la demandante interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, cuya concesi\u00f3n le fue negada por auto de 4 de agosto de 2020, con estribo en que no cumple el inter\u00e9s para recurrir que asciende a 1.000 salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes, ya que el aval\u00fao catastral del predio, allegado por la recurrente, es igual a $642\u2019649.000, cantidad que est\u00e1 por debajo del umbral requerido para viabilizar la concesi\u00f3n del embate extraordinario y que para 2020 correspond\u00eda a $877\u2019803.000. <\/p>\n
5. La impugnante interpuso reposici\u00f3n y en subsidio queja, para lo cual trajo a colaci\u00f3n los fines del recurso de casaci\u00f3n. Destac\u00f3, igualmente, que los aval\u00faos comerciales est\u00e1n a cargo de entidades estatales, entre ellas el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi (IGAC) que es el encargado de fijar las pautas para la valuaci\u00f3n catastral de los bienes, la que, en ning\u00fan caso podr\u00e1 ser inferior al 60% del aval\u00fao comercial, acorde con el art\u00edculo 2.2.2.1.1 del Decreto 148 de 2020. <\/p>\n
A partir de esa l\u00f3gica, indica que, para el caso, el aval\u00fao catastral del bien para 2020 era igual a $642\u2019649.000, lo que representa el 60% del aval\u00fao comercial, de modo que al sumarle el 40% restante, que equivale a $257\u2019059.600, se obtendr\u00eda un valor total de $899\u2019708.000, rubro que supera con amplitud los 1.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes para 2020, que eran necesarios para la procedencia del recurso de casaci\u00f3n, lo anterior en coherencia con la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Nacional y la Ley 1150 de 2011 (art. 24). <\/p>\n
6. La Magistrada sustanciadora mantuvo su decisi\u00f3n, tras estimar que la prescribiente no acredit\u00f3 el inter\u00e9s patrimonial exigido para autorizar la concesi\u00f3n de la casaci\u00f3n, toda vez que sus argumentos, consistentes en que las normas que indican que el aval\u00fao catastral de un inmueble no podr\u00e1 ser inferior al 60% de su valor comercial, no son de recibo, habida cuenta que tales disposiciones imponen un l\u00edmite dentro del que debe moverse el IGAC para establecer el aval\u00fao catastral, sin que ello defina que el monto determinado para cada bien es igual, en todos los casos, al 60% de su cuant\u00eda comercial. Por ello, orden\u00f3 darle curso a la queja (28 oct. 2020). <\/p>\n
7.- Al arribo de las diligencias a la Corte se surti\u00f3 traslado y la contraparte guard\u00f3 silencio, seg\u00fan se acredita con el informe secretarial adjunto (24 mar. 2021). <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Como lo indica el art\u00edculo 333 del C\u00f3digo General del Proceso el recurso de casaci\u00f3n est\u00e1 caracterizado por su naturaleza extraordinaria, de ah\u00ed que en el precepto que le sigue se establece en forma restrictiva que \u00fanicamente tiene cabida respecto de las sentencias proferidas por los Tribunales Superiores, en segunda instancia, cuando se trate de toda clase de procesos declarativos, acciones de grupo cuya competencia sea de la jurisdicci\u00f3n ordinaria y las dictadas para liquidar una condena en concreto, con la advertencia de que en asuntos relativos al estado civil s\u00f3lo recae en las de impugnaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n y las de declaraci\u00f3n de uniones maritales. <\/p>\n
Ahora bien, el art\u00edculo 338 ib\u00eddem agrega que si las expectativas del litigante vencido son netamente econ\u00f3micas el ataque procede si \u00abel valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente\u00bb excede de 1.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, lo que no tiene incidencia en \u00absentencias dictadas dentro de las acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil\u00bb. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, en los pleitos meramente patrimoniales el art\u00edculo 339 ib\u00eddem consagra que cuando \u00absea necesario fijar el inter\u00e9s econ\u00f3mico afectado con la sentencia, su cuant\u00eda deber\u00e1 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n\u00bb, precepto que contiene una carga para aquel de acreditar el monto del detrimento que le ocasiona el pronunciamiento, simult\u00e1neamente con la interposici\u00f3n del embate o a m\u00e1s tardar antes de que le venza el lapso con tal fin, salvo que lo estime determinable con los elementos obrantes en el expediente, en cuyo caso es labor del funcionario constatarlo. <\/p>\n
De todas formas, la fijaci\u00f3n del malogro debe concretarse al momento en que surge la legitimaci\u00f3n para disentir, esto es la fecha del pronunciamiento cuestionado, y tener bases susceptibles de confirmaci\u00f3n. <\/p>\n
Y si bien el art\u00edculo 336 ib\u00eddem, donde se consagran las causales a ser invocadas, en su inciso final indica que la Corte \u00abpodr\u00e1 casar la sentencia, a\u00fan de oficio, cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb, eso no quiere decir que est\u00e9 habilitado de manera irrestricta el estudio por dicho medio extraordinario para todos los asuntos a manera de un motivo adicional, ya que esa atribuci\u00f3n queda sometida al agotamiento de los pasos previos de procedencia, oportunidad, legitimaci\u00f3n, inter\u00e9s, concesi\u00f3n, admisi\u00f3n y sustentaci\u00f3n, que no pueden ser obviados. <\/p>\n
2.- La decisi\u00f3n cuestionada se encuentra ajustada al ordenamiento jur\u00eddico, por lo que no le asiste raz\u00f3n a la recurrente. <\/p>\n
Lo anterior porque al tratarse de un proceso con pretensiones de contenido patrimonial, era de cargo de la opugnante acreditar que el valor de la resoluci\u00f3n desfavorable era superior a 1.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En ese sentido, cabe decir que si bien esa parte ten\u00eda a su alcance la prerrogativa prevista en el art\u00edculo 338 ib\u00eddem, consistente en poder allegar un dictamen pericial tendiente a acreditar ese aspecto cuantitativo, lo cierto es que se conform\u00f3 con arrimar el aval\u00fao catastral del bien para 2020, en el que aparece que estaba avaluado en $642\u2019649.000, lo que respalda la inferencia que a partir de ese elemento hizo la funcionaria de segundo grado, en cuanto a que no se cumpl\u00eda el inter\u00e9s para que la recurrente pudiera interponer el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Dicha determinaci\u00f3n no se revela antojadiza, si en cuenta se tiene que para efecto de establecer la procedencia del referido embate la ley prev\u00e9 que el tribunal debe reparar en los elementos de juicio que obren en el expediente, conforme lo hizo la funcionaria encargada, quien se apoy\u00f3 en la informaci\u00f3n all\u00ed contenida, particularmente en el certificado de aval\u00fao catastral del fundo para 2020 y, con base en esa informaci\u00f3n, lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n antes expuesta. <\/p>\n
Ahora bien, carece de asidero el argumento de la recurrente, consistente en que el valor del aval\u00fao catastral que alleg\u00f3, y que mostr\u00f3 que el inmueble litigado est\u00e1 catastralmente valuado en $642\u2019649.000, corresponde, en verdad, al 60% de su valor comercial, toda vez que las normas en que se apoya, esto es, el art\u00edculo 2.2.2.1.1 del Decreto 148 de 2020 y el art\u00edculo 24 de la Ley 1150 de 2011, no respaldan tal afirmaci\u00f3n, pues lo \u00fanico que consagran es un par\u00e1metro a tener en cuenta por la autoridad encargada de establecer el valor catastral de los inmuebles, a quien de ese modo se le otorga un marco de acci\u00f3n cuantitativo dentro del cual debe acometer ese labor\u00edo, sin que ello indique que el valor otorgado al predio envuelto en el litigio corresponde, exactamente, al 60% de su valor comercial. <\/p>\n
Por ejemplo, obs\u00e9rvese que el art\u00edculo 2.2.2.1.1 del Decreto 148 de 2020, que es una de las normas en que se apoya la quejosa, dispone que el aval\u00fao catastral \u00abes el valor de un predio, resultante de un ejercicio t\u00e9cnico que, en ning\u00fan caso, podr\u00e1 ser inferior al 60% del valor comercial o superar el valor de este \u00faltimo\u00bb, de ah\u00ed que no sea posible inferir que el valor que aparece en el \u201caval\u00fao catastral\u201d que alleg\u00f3 la opugnante corresponde exactamente al 60% del valor comercial del bien, porque lo que esa norma prev\u00e9 es un marco de acci\u00f3n que limita la facultad del IGAC al momento de establecer la valuaci\u00f3n catastral, sin que se pueda entender, en todos los casos, que el rubro asignado, por dicho concepto, a determinado predio, corresponde concretamente al tope m\u00e1ximo o m\u00ednimo que, a modo de l\u00edmite, fija la ley. <\/p>\n
Desde esa l\u00f3gica, como lo \u00fanico que la censora demostr\u00f3 es que para 2020 el predio litigado estaba avaluado catastralmente en $642\u2019649.000, no hay duda que acert\u00f3 la funcionaria de segundo grado cuando determin\u00f3 que ese extremo no cumpl\u00eda con el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n, lo que desvirt\u00faa la existencia de alg\u00fan error en la providencia objeto de impugnaci\u00f3n, de ah\u00ed que resulte atinado su an\u00e1lisis, sin que la gestora hiciera el m\u00ednimo esfuerzo para hacer ver que el valor del agravio que le caus\u00f3 el fallo cuestionado cumpl\u00eda el umbral previsto para habilitar la concesi\u00f3n del embate, tanto as\u00ed que desperdici\u00f3 la posibilidad que le confer\u00eda el art\u00edculo 339 ib\u00eddem, de aportar con su recurso un peritaje en aras de acreditar ese aspecto. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, al no estar dados todos los supuestos de rigor para concederlo, el ataque propuesto por la accionante era inviable, como lo previ\u00f3 la magistrada ponente. <\/p>\n
3.- Seg\u00fan el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso, la resoluci\u00f3n desfavorable de este medio impugnativo dar\u00eda lugar a condenar en costas a la recurrente; empero, la Corte se abstendr\u00e1 de hacerlo al no evidenciar su causaci\u00f3n (arts. 365 n\u00fam. 8 y 361 inc. 2 ib\u00eddem). <\/p>\n
III.- DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar bien denegado el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Giuliana Mercedes Castillo Monsalve contra la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 D.C., en el asunto referenciado. <\/p>\n
Segundo: No hay lugar a condenar en costas por el tr\u00e1mite del recurso de queja. <\/p>\n
Tercero: Devolver la actuaci\u00f3n a la oficina de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
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