AC1320-2021 (2020-03011-00)<\/p>\n
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AC1320-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n 11001-02-03-000-2020-03011-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Procede la Corte a resolver el recurso de queja interpuesto por la demandante y uno de los demandados frente al auto de 3 de septiembre de 2020, por medio del cual la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, neg\u00f3 conceder el de casaci\u00f3n de la sentencia emitida el 27 de julio de 2020, dentro del proceso verbal de pertenencia promovido por Mar\u00eda Cecilia Toro de Montoya contra Orlando Antonio Montoya Toro y otros. <\/p>\n
I.-ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La accionante pidi\u00f3 declarar que adquiri\u00f3, por prescripci\u00f3n extraordinaria, el dominio del predio urbano localizado en la carrera 25 No. 8-39 de Honda, Tolima, distinguido matr\u00edcula inmobiliaria No. 362-89 y disponer la inscripci\u00f3n de la sentencia en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos respectiva. <\/p>\n
2.- El a quo desestim\u00f3 la usucapi\u00f3n y, en cambio, le abri\u00f3 paso a la reinvindicatoria entablada por los conradictores Liliana Karina, Andr\u00e9s Ram\u00f3n y Juan David L\u00f3pez Montoya. La actora principal y el demandado Orlando Antonio Montoya Toro apelaron. <\/p>\n
3.- El Tribunal reform\u00f3 esa decisi\u00f3n, en el sentido de revocar lo resuelto respecto de la reivindicaci\u00f3n para, en su lugar, negar las pretensiones de esa acci\u00f3n. En lo dem\u00e1s, confirm\u00f3 el fallo en cuanto neg\u00f3 la prescripci\u00f3n (27 jul. 2020). <\/p>\n
4.- Frente a la anterior decisi\u00f3n, la demandante en pertenencia y el convocado Orlando Antonio Montoya Toro interpusieron recurso extraordinario de casaci\u00f3n, cuya concesi\u00f3n les fue negada por auto de 3 de septiembre de 2020. <\/p>\n
El de la usucapiente con estribo en que esta no cumple el inter\u00e9s para recurrir que asciende a 1.000 salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes, ya que el dictamen pericial allegado para acreditar ese elemento carece de los requisitos de forma y fondo previstos en la ley procesal, lo que impide otorgarle m\u00e9rito demostrativo, debi\u00e9ndose acudir al aval\u00fao catastral que ten\u00eda el pretendido bien en 2016 y que correspond\u00eda a $642\u2019547.000, valor que tras ser indexado arroj\u00f3 un total de $732\u2019336.141, cantidad que est\u00e1 por debajo del umbral requerido para viabilizar la concesi\u00f3n del embate extraordinario y que para 2020 era igual a $877\u2019803.000. <\/p>\n
El del aludido demandado con sustento en que no sufri\u00f3 ning\u00fan agravio con la sentencia de segunda instancia, habida cuenta que \u00e9sta neg\u00f3 las pretensiones de la postulante principal. <\/p>\n
5. Ambos impugnantes interpusieron reposici\u00f3n y en subsidio queja. <\/p>\n
La prescribiente adujo que aport\u00f3 oportunamente un dictamen pericial con el que prob\u00f3 que para 2016 el fundo estaba avaluado en $1.350\u2019000.000, lo que significa que el expediente cont\u00f3 con pruebas ser\u00edas y objetivas para establecer el valor del agravio, sin que ello se desvirt\u00fae por el hecho de haber sido desalojada del predio, porque luego lo recobr\u00f3, de ah\u00ed que la decisi\u00f3n cuestionada sea insostenible, sumado a que se trata de una persona cabeza de hogar, de la tercera edad, por lo que la negaci\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n constituye un exceso ritual manifiesto. <\/p>\n
Por su parte, Orlando Antonio Montoya Toro sostuvo que cuando inici\u00f3 la acci\u00f3n figuraba como titular del derecho real de dominio del bien que ella persigue, lo que indica que s\u00ed estaba legitimado para recurrir en casaci\u00f3n. <\/p>\n
6. La Magistrada sustanciadora mantuvo su decisi\u00f3n, tras estimar que la prescribiente no acredit\u00f3 el inter\u00e9s patrimonial exigido para autorizar la concesi\u00f3n de la casaci\u00f3n, toda vez que el peritaje que alleg\u00f3 no colma las exigencias de que trata el art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso, debido a que guard\u00f3 silencio sobre el procedimiento, fundamento y soportes que sirvieron de base al experto que lo elabor\u00f3 para tasar el valor comercial del metro cuadrado que le atribuy\u00f3 al bien, sumado a que dej\u00f3 de probar su experiencia e idoneidad. <\/p>\n
Reiter\u00f3 que, en vista de tal circunstancia, era necesario medir la magnitud del agravio a partir de los elementos obrantes en el infolio, entre ellos, el aval\u00fao catastral del bien para 2016, sin que la actualizaci\u00f3n de ese valor supere el umbral previsto en la ley para 2020. <\/p>\n
Por otro lado, destac\u00f3 que Orlando Antonio Montoya Toro carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar la sentencia de segunda instancia, dado que esta en nada lo afect\u00f3 y sin perjuicio no hay recurso <\/p>\n
Por ello, en ambos casos, orden\u00f3 darle curso a la queja (14 oct. 2020). <\/p>\n
7.- Al arribo de las diligencias a la Corte se surti\u00f3 traslado y la contraparte guard\u00f3 silencio, seg\u00fan se acredita con el informe secretarial adjunto (4 nov. 2020). <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Como lo indica el art\u00edculo 333 del C\u00f3digo General del Proceso el recurso de casaci\u00f3n est\u00e1 caracterizado por su naturaleza extraordinaria, de ah\u00ed que en el precepto que le sigue se establece en forma restrictiva que \u00fanicamente tiene cabida respecto de las sentencias proferidas por los Tribunales Superiores, en segunda instancia, cuando se trate de toda clase de procesos declarativos, acciones de grupo cuya competencia sea de la jurisdicci\u00f3n ordinaria y las dictadas para liquidar una condena en concreto, con la advertencia de que en asuntos relativos al estado civil s\u00f3lo recae en las de impugnaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n y las de declaraci\u00f3n de uniones maritales. <\/p>\n
Ahora bien, el art\u00edculo 338 ib\u00eddem agrega que si las expectativas del litigante vencido son netamente econ\u00f3micas el ataque procede si \u00abel valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente\u00bb excede de 1.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, lo que no tiene incidencia en \u00absentencias dictadas dentro de las acciones de grupo y las que versen sobre el estado civil\u00bb. <\/p>\n
Por dem\u00e1s, en los pleitos meramente patrimoniales el art\u00edculo 339 ib\u00eddem consagra que cuando \u00absea necesario fijar el inter\u00e9s econ\u00f3mico afectado con la sentencia, su cuant\u00eda deber\u00e1 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n\u00bb, precepto que contiene una carga para aquel de acreditar el monto del detrimento que le ocasiona el pronunciamiento, simult\u00e1neamente con la interposici\u00f3n del embate o a m\u00e1s tardar antes de que le venza el lapso con tal fin, salvo que lo estime determinable con los elementos obrantes en el expediente, en cuyo caso es labor del funcionario constatarlo. <\/p>\n
De todas formas, la fijaci\u00f3n del malogro debe concretarse al momento en que surge la legitimaci\u00f3n para disentir, esto es la fecha del pronunciamiento cuestionado, y tener bases susceptibles de confirmaci\u00f3n. <\/p>\n
Y si bien el art\u00edculo 336 ib\u00eddem, donde se consagran las causales a ser invocadas, en su inciso final indica que la Corte \u00abpodr\u00e1 casar la sentencia, a\u00fan de oficio, cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb, eso no quiere decir que est\u00e9 habilitado de manera irrestricta el estudio por dicho medio extraordinario para todos los asuntos a manera de un motivo adicional, ya que esa atribuci\u00f3n queda sometida al agotamiento de los pasos previos de procedencia, oportunidad, legitimaci\u00f3n, inter\u00e9s, concesi\u00f3n, admisi\u00f3n y sustentaci\u00f3n, que no pueden ser obviados. <\/p>\n
2.- La decisi\u00f3n cuestionada se encuentra ajustada al ordenamiento jur\u00eddico, por lo que no le asiste raz\u00f3n a los recurrentes. <\/p>\n
2.1.- En lo que respecta a Mar\u00eda Cecilia Toro de Montoya, demandante en pertenencia, porque el dictamen pericial que alleg\u00f3 en procura de acreditar su inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n, incumple los requisitos de que trata el art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso, habida cuenta que no es exhaustivo, preciso ni detallado, en raz\u00f3n a que nada dice en torno a c\u00f3mo obtuvo el perito el valor del metro cuadrado con base en el cual estableci\u00f3 el del inmueble envuelto en la reyerta, a pesar que deb\u00eda brindar claridad al respecto, toda vez que ello hace parte de la fundamentaci\u00f3n de que debe estar revestida una prueba de esa naturaleza y que debe ser el respaldo de sus conclusiones. <\/p>\n
Tambi\u00e9n hace alusi\u00f3n a un porcentaje del proyecto vendido del terreno (15%), pero no explica a qu\u00e9 \u201cproyecto\u201d se est\u00e1 refiriendo, pues al respecto no precisa nada, lo que conlleva a que esa base se torne inconclusa. <\/p>\n
Adicionalmente, tampoco prob\u00f3 la idoneidad del perito que realiz\u00f3 ese estudio, comoquiera que no se acompa\u00f1aron los documentos que demuestran que est\u00e1 habilitado para ejercer esa labor, tampoco los t\u00edtulos obtenidos, ni los soportes que certifiquen su experiencia, en recta contravenci\u00f3n de lo dispuesto en el numeral tercero del art\u00edculo 226 ib\u00eddem. <\/p>\n
Precisamente, en CSJ AC639-2021, al hacer alusi\u00f3n a los requisitos previstos en la aludida disposici\u00f3n, se llam\u00f3 la atenci\u00f3n en cuanto a que, <\/p>\n
(\u2026) el citado precepto prescribe que todo dictamen, para asign\u00e1rsele m\u00e9rito demostrativo, debe cumplir con unas exigencias, que por su importancia frente al caso se destacan las siguientes: i) ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; ii) explicar los ex\u00e1menes, m\u00e9todos, experimentos e investigaciones efectuadas; iii) exponer los fundamentos t\u00e9cnicos y cient\u00edficos de las conclusiones; iv) incluir los datos de contacto del perito; v) explicitar la profesi\u00f3n, oficio, arte o actividad que es ejercida por el experto, anexando los t\u00edtulos acad\u00e9micos y la prueba de su experiencia; vi) se\u00f1alar los casos en que el perito ha participado y, en caso de haber aplicado t\u00e9cnicas diferentes a la considerada para el caso, indicar las razones para ello; y vii) manifestar que no se encuentra en una situaci\u00f3n que le impida actuar como perito. <\/p>\n
En ese mismo sentido, se reliev\u00f3 lo expuesto en CSJ AC5405, 23 ago. 2016, rad. n\u00b0 2008-00324-01; AC7246, 25 oct. 2016, rad. n.\u00ba 2012-00116-01; AC1641, 2 abr. 2014, rad. n.\u00ba 2009-01202-01, en cuanto a que \u00abtoda peritaci\u00f3n debe observar los requerimientos especiales antes enunciados, so pena que la decisi\u00f3n de admisi\u00f3n del mecanismo extraordinario no pueda soportarse en ella\u00bb. <\/p>\n
Luego, en esas condiciones, era imposible otorgarle m\u00e9rito demostrativo al estudio aportado por la postulante de la acci\u00f3n principal, al no colmar las exigencias previstas en la norma procesal que regula la forma en que debe ser presentado y soportado un trabajo pericial, conforme se concluy\u00f3 en la providencia confutada. <\/p>\n
Por consiguiente, deb\u00eda el juzgador basarse en los elementos obrantes en el plenario, conforme lo hizo cuando recurri\u00f3 al aval\u00fao catastral que ten\u00eda el inmueble en 2016 y lo index\u00f3 a valor presente, a partir del cual estableci\u00f3 que no se cumpl\u00eda el umbral necesario para que esa parte pudiera recurrir en casaci\u00f3n, toda vez que el valor del perseguido bien ascend\u00eda, para 2020, a $732\u2019336.141, rubro inferior a los $887\u2019803.000 requeridos para autorizar la concesi\u00f3n del embate extraordinario, sin que las reflexiones que guiaron esa conclusi\u00f3n se muestren equivocadas o exiguas al estar suficientemente explicadas y ser coherentes con la realidad documentada en el infolio. <\/p>\n
Ahora bien, esa decisi\u00f3n no es arbitraria ni excesiva, porque est\u00e1 en contexto con las reglas de juicio establecidas en el C\u00f3digo General del Proceso para el tr\u00e1mite de los asuntos jurisdiccionales all\u00ed previstos, sin que la situaci\u00f3n particular que dice afrontar la prescribiente o su condici\u00f3n como integrante de la \u201ctercera edad\u201d sean motivo para sustituir o dejar de lado tales normas y otorgarle un tratamiento particular, pues ello implicar\u00eda desconocer el car\u00e1cter vinculante de esas reglas procesales y, por ah\u00ed derecho, el debido proceso y dem\u00e1s garant\u00edas superlativas de que tambi\u00e9n son titulares los otros litigantes, a quienes, de proceder del modo como lo propone la quejosa, se les otorgar\u00eda un trato desigual, en contrav\u00eda con los postulados que inspiran el desenvolvimiento de los procesos que se siguen a la luz del actual estatuto adjetivo, entre ellos el que le impone al juez el deber de buscar la igualdad real entre las partes (art. 4\u00ba). <\/p>\n
2.2. Por otra parte, tampoco proced\u00eda la casaci\u00f3n interpuesta por el demandado Orlando Antonio Montoya Toro, comoquiera que la sentencia del tribunal no le ocasion\u00f3 ning\u00fan agravio. <\/p>\n
Ello porque dicho litigante no formul\u00f3 contrademanda enderezada a obtener la reivindicaci\u00f3n del bien pretendido en pertenencia, y aunque recurri\u00f3 el fallo de primer grado, lo hizo para cuestionar la decisi\u00f3n en virtud de la cual se accedi\u00f3 a la reivindicaci\u00f3n propuesta por otros demandados en pertenencia, valga decir, Liliana Karina, Andr\u00e9s Ram\u00f3n y Juan David L\u00f3pez Montoya, por estimarla equivocada, tanto as\u00ed que pidi\u00f3 que fuera abolida y que, en cambio, se desestimaran las s\u00faplicas restitutorias enarboladas por esos convocados, con estribo en que carec\u00edan de legitimaci\u00f3n en la causa al no ser los due\u00f1os del bien litigado, de modo que al haberse revocado la sentencia apelada y negado la reivindicaci\u00f3n instada por esos tres demandados, no por \u00e9l, que ni siquiera contest\u00f3 la demanda de pertenencia, es claro que a dicho litigante nada se le quit\u00f3. Antes bien, se puede decir que la decisi\u00f3n de segundo grado lo favoreci\u00f3 si en cuenta se tiene que lo que \u00e9l pretend\u00eda era que la dominical no triunfara respecto de los dem\u00e1s codemandados que s\u00ed la propusieron, lo que, en efecto, aconteci\u00f3. <\/p>\n
Entonces, como sin perjuicio no hay recurso, hizo bien el funcionario de segundo grado al no autorizar el embate extraordinario que dicho censor propuso, debido a que carec\u00eda de legitimaci\u00f3n para tal efecto, dado que ning\u00fan agravio le irrog\u00f3 el veredicto que por esa v\u00eda busc\u00f3 derruir. <\/p>\n
En ese orden, al no estar dados todos los supuestos de rigor para concederlos, los ataques propuestos por la prescribiente y el demandado Orlando Antonio Montoya Toro, eran inviables, como as\u00ed lo previ\u00f3 el magistrado ponente. <\/p>\n
3.- Seg\u00fan el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso, la resoluci\u00f3n desfavorable de este medio impugnativo dar\u00eda lugar a condenar en costas a los recurrentes; empero, la Corte se abstendr\u00e1 de hacerlo al no evidenciar su causaci\u00f3n (arts. 365 n\u00fam. 8 y 361 inc. 2 ib\u00eddem). <\/p>\n
III.- DECISI\u00d3N <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar bien denegado el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Mar\u00eda Cecilia Toro de Montoya y Orlando Antonio Montoya Toro, contra la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en el asunto referenciado. <\/p>\n
Segundo: Sin costas por el tr\u00e1mite del recurso de queja. <\/p>\n
Tercero: Devolver la actuaci\u00f3n a la oficina de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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