AC1357-2021 (2021-00805-00)<\/p>\n
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AC1357-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-00805-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Cuarenta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y Cuarto Civil del Circuito de Popay\u00e1n (Cauca), para conocer de la demanda de declaraci\u00f3n de existencia de la sociedad de hecho civil entre compa\u00f1eros promovida por Sandra Milena S\u00e1nchez Echeverry contra Ana Cristina Fern\u00e1ndez S\u00e1nchez en calidad de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite y Juan Camilo Mart\u00ednez Fern\u00e1ndez como heredero determinado de Luis Alonso Mart\u00ednez Ch\u00e1ves, as\u00ed como contra sus indeterminados. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primero de los despachos en menci\u00f3n la promotora instaur\u00f3 demanda con el fin de que se declare que entre ella y Luis Alonso Mart\u00ednez Ch\u00e1ves existi\u00f3 una sociedad de hecho civil, en consecuencia, se proclame est\u00e1 en estado de disoluci\u00f3n y se disponga su liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
En el libelo invoc\u00f3 que ese juzgado es el competente, por \u00ablo contemplado en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
2. El despacho judicial de esa ciudad la rechaz\u00f3 por falta de competencia territorial, en raz\u00f3n a que la promotora indic\u00f3 en la demanda que el domicilio de Ana Cristina Fern\u00e1ndez S\u00e1nchez y Juan Camilo Mart\u00ednez Fern\u00e1ndez es la ciudad de Popay\u00e1n (Cauca), por lo que es aplicable el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso; adem\u00e1s, al sub lite es inaplicable el numeral 4\u00ba de la citada disposici\u00f3n porque no se evidencia que el asiento principal de la sociedad civil objeto de declaraci\u00f3n de existencia haya sido Bogot\u00e1, por lo que remiti\u00f3 el escrito introductorio a su hom\u00f3logo de la capital del Cauca. <\/p>\n
3. El juzgado receptor del expediente declin\u00f3 su conocimiento y plante\u00f3 la colisi\u00f3n negativa de esta especie, en raz\u00f3n a que de los hechos sustentadores del escrito introductorio se desprende que los convocados residen en la urbe de Popay\u00e1n y el domicilio de la sociedad de hecho civil fue Bogot\u00e1, como tambi\u00e9n en el ac\u00e1pite de competencia del libelo se indic\u00f3 que esta correspond\u00eda a la \u00faltima localidad citada de conformidad con el numeral 4\u00ba del canon 28 del C.G.P.; adem\u00e1s, la demandante eligi\u00f3 presentar la demanda en la capital de la Rep\u00fablica lo cual se evidencia de los elementos de juicio allegados. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Habida cuenta que la presente colisi\u00f3n de atribuciones de la misma especialidad jurisdiccional enfrenta juzgados de diferentes distritos judiciales, incumbe a esta Sala de Casaci\u00f3n desatarla como superior funcional com\u00fan de ambos, de acuerdo con los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996 modificado por el 7\u00ba de la ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso consagra como regla general de competencia el domicilio del demandado, precisando que si tiene varios domicilios, o son varios los enjuiciados, puede accionarse ante el juez de cualquiera de ellos, a elecci\u00f3n del accionante, adem\u00e1s de otras pautas para casos en que el convocado no tiene domicilio o residencia en el pa\u00eds. <\/p>\n
Al respecto la Sala ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026 como al demandante es a quien la ley lo faculta para escoger, dentro de los distintos fueros del factor territorial, la autoridad judicial que debe pronunciarse sobre un asunto determinado, suficientemente se tiene dicho que una vez elegido por aqu\u00e9l su juez natural, la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales que sean procedentes. (AC2738, 5 may. 2016, rad. 2016-00873-00). <\/p>\n
A su vez, el numeral 4\u00b0 dispone que \u00ab[e]n los procesos de nulidad, disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de sociedades, y en los que se susciten por controversias entre los socios en raz\u00f3n de la sociedad, civil o comercial, aun despu\u00e9s de su liquidaci\u00f3n, es competente el juez del domicilio principal de la sociedad\u00bb (subrayado fuera de texto). <\/p>\n
Por ende, en los procesos en que se ejercen derechos relativos a la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de sociedades, aquellos en los cuales se pida su nulidad, as\u00ed como los derivados de conflictos entre los socios en raz\u00f3n de \u00e9sta, sin distinguir que el ente sea de \u00edndole civil o mercantil, se aplica el fuero territorial correspondiente al \u00abdomicilio principal de la sociedad\u00bb, en pro de garantizar el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, el principio de publicidad y la eficiencia para recolectar el acervo probatorio del litigio, lo cual puede lograrse con la tramitaci\u00f3n del juicio en dicha localidad. <\/p>\n
Al respecto la Sala ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026con respecto a sociedades, el art\u00edculo 23 numeral 6o del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, establece que el juez competente para conocer de los procesos que \u00abse susciten por controversias entre socios en raz\u00f3n de la sociedad’, es el del \u201cdomicilio principal de la sociedad\u201d. Se trata de un fuero exclusivo, generador de competencia privativa, seg\u00fan el cual uno solo de los jueces ubicados en el territorio nacional, le corresponde conocer de esa especie de procesos, sin alternativa distinta, con el fin de facilitar, por la proximidad del lugar, el curso del proceso, especialmente en cuanto a la pr\u00e1ctica de pruebas y dem\u00e1s elementos para la soluci\u00f3n del conflicto. <\/p>\n
3 – Como se sabe, al lado de las sociedades regulares e irregulares, es decir, las que se constituyen y funcionan legalmente y las que no obstante la escritura p\u00fablica no tienen permiso de funcionamiento, existen dos tipos de sociedades que se forman de hecho, unas conocidas como sociedades de hecho por derivaci\u00f3n o degeneraci\u00f3n y otras sociedades de hecho o por los hechos. Las primeras surgen cuando no obstante el consentimiento expresamente manifestado de asociaci\u00f3n, los constituyentes han omitido una o varias de las solemnidades exigidas en la ley para su formaci\u00f3n, mientras las segundas nacen sin que los socios se lo hayan propuesto, a partir de un consentimiento t\u00e1cito o impl\u00edcito. <\/p>\n
Como la ley no distingue, es claro que en cualquier tipo de sociedades, el fuero exclusivo al que se hizo referencia, trat\u00e1ndose de controversias entre los socios en raz\u00f3n de la sociedad, indefectiblemente debe aplicarse, teniendo en cuenta para ello, como tiene dicho la Corte, en relaci\u00f3n con las sociedades de hecho, que \u00abel domicilio social ha de deducirse, conforme a su propia naturaleza, del lugar donde desarroll\u00f3 la empresa social para lo cual estaba destinada, porque precisamente aqu\u00ed, como para configurar su propia existencia, los hechos son los determinantes de una y otra connotaci\u00f3n jur\u00eddica\u00bb1. <\/p>\n
4- En el caso concreto, si bien una de las pretensiones se encamina a que se declare la existencia de la sociedad de hecho, no por esa circunstancia debe descartarse la aplicaci\u00f3n del fuero exclusivo del domicilio principal de la sociedad para establecer la competencia territorial, porque no puede entenderse que el objeto del proceso tiene como mira conferir a la sociedad de hecho personalidad jur\u00eddica y, por ende, subsistencia legal, pues bien se sabe que no la tiene (art\u00edculos 498 y 499 del C\u00f3digo de Comercio), sino reconocer su existencia, pero en estado de disoluci\u00f3n, como siempre ha estado. <\/p>\n
Sobre el particular esta Corporaci\u00f3n ha dicho que la intervenci\u00f3n judicial en tales eventos, lo es \u00fanicamente \u00abpara darle certeza jur\u00eddica a la existencia en estado de disoluci\u00f3n que en el pasado tuvo una sociedad de hecho. Esta intervenci\u00f3n judicial, pues, no es para disolverla, porque, se repite, por haberse formado de hecho, desde ese mismo momento, por no haber nacido a la vida jur\u00eddica como persona jur\u00eddica, la ley estima que ha estado siempre en disoluci\u00f3n. Y si ello es as\u00ed, esa intervenci\u00f3n judicial mucho menos puede tener por finalidad darle continuidad o diferir una situaci\u00f3n de hecho, que, por esencia, la ley siempre la ha considerado en disoluci\u00f3n, y que, cuando medie solicitud de los interesados, debe procederse r\u00e1pidamente a su liquidaci\u00f3n\u00bb2 (CSJ AC, 24 sep. 1999, rad. 7808). <\/p>\n
3. Desde esta \u00f3ptica, carece de raz\u00f3n el Juzgado Cuarenta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1 para rehusar la competencia en el asunto que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, por cuanto en la demanda la accionante afirm\u00f3 el domicilio de la sociedad de hecho se estableci\u00f3 en la ciudad de Bogot\u00e1, lugar en el que aduce igualmente se desarroll\u00f3 toda su actividad, circunstancia que sin lugar a dudas otorga atribuci\u00f3n a ese estrado judicial, en raz\u00f3n al fuero especial de competencia contemplado en el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Por ende, es inadmisible el argumento de ese estrado judicial al pretender apartarse del conocimiento del asunto, porque si bien el domicilio de los herederos determinados de Luis Alonso Mart\u00ednez Ch\u00e1ves es el fuero general de atribuci\u00f3n de competencia territorial, tambi\u00e9n lo es el lugar de asiento principal de los negocios de la entidad, por aplicaci\u00f3n del numeral 4\u00b0 aludido. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la citada regla de competencia territorial igualmente incluye en su aplicaci\u00f3n las controversias originadas entre los socios de los entes de hecho con ocasi\u00f3n de \u00e9stos, de ah\u00ed que el factor territorial citado debe aplicarse para fijar la competencia del funcionario conocedor del litigio, teniendo en cuenta lo se\u00f1alado por la jurisprudencia de esta Corte, a cuyo tenor en este tipo de organizaciones, \u00abel domicilio ha de deducirse, conforme a su propia naturaleza, del lugar donde desarroll\u00f3 la empresa social para lo cual estaba destinada, porque precisamente aqu\u00ed, como para configurar su propia existencia, los hechos son los determinantes de una y otra connotaci\u00f3n jur\u00eddica\u00bb (CSJ AC, 11 dic 1998, No. 287). <\/p>\n
4. Como consecuencia de lo anotado, se remitir\u00e1 el expediente al Juzgado Cuarenta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1, por ser el competente para conocer del mencionado proceso y se informar\u00e1 de est\u00e1 determinaci\u00f3n al otro funcionario involucrado en la colisi\u00f3n que aqu\u00ed queda dirimida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, declara que el competente para conocer del proceso de la referencia es el Juzgado Cuarenta y Cinco Civil del Circuito de Bogot\u00e1, al que se le enviar\u00e1 de inmediato el expediente. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta decisi\u00f3n al otro estrado judicial involucrado en el conflicto, para lo cual se remitir\u00e1 una copia de esta providencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Auto No. 207 de 11 de diciembre de 1998. <\/p>\n
2\u0002 G.J. Tomo CCXXVIII. Volumen II. P\u00e1g. 1448. Sentencia de 8 de junio de 1994. <\/p>\n
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