AC1484-2021 (2021-01013-00)<\/p>\n
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AC1484-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-01013-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Doce Civil del Circuito de Barranquilla y Cincuenta de la misma especialidad y categor\u00eda de Bogot\u00e1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Ante el primer despacho, el Instituto Nacional de V\u00edas (INV\u00cdAS) formul\u00f3 demanda de expropiaci\u00f3n contra Patricia Elena Zapata \u00c1lvarez y asign\u00f3 la competencia con fundamento en el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, toda vez que el inmueble implicado se encuentra ubicado en el municipio de Tubar\u00e1, adscrito al circuito judicial de Barranquilla. <\/p>\n
2.- El Juzgado Octavo Civil del Circuito de esa ciudad admiti\u00f3 la demanda, notific\u00f3 a la convocada que no protest\u00f3 frente a la asignaci\u00f3n y despu\u00e9s de varias actuaciones, de manera oficiosa, se declar\u00f3 incompetente para seguir conociendo del pleito con apoyo en la providencia de esta Sala AC930-2020, de donde infiri\u00f3 que el numeral 10\u00b0 ib\u00eddem era la regla aplicable en virtud de lo cual remiti\u00f3 en ese momento las diligencias al lugar de domicilio de la entidad p\u00fablica demandante. <\/p>\n
3-. Repartido el asunto al Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1, tambi\u00e9n lo repeli\u00f3 basado en que la prelaci\u00f3n del art\u00edculo 29 ib\u00eddem estaba destinada a regular el factor subjetivo y no el fuero subjetivo como aqu\u00ed aconteci\u00f3, a lo que a\u00f1adi\u00f3 que en el caso oper\u00f3 la figura de perpetuatio jurisdictionis. En consecuencia, propuso la presente colisi\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Comoquiera que la divergencia que se analiza se trab\u00f3 entre juzgados de diferentes distritos judiciales, a esta Corporaci\u00f3n le concierne dirimirla como superior funcional com\u00fan de ellos, por conducto del suscrito Magistrado Sustanciador en Sala Unitaria, como lo establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el 7\u00ba de la 1285 de 2009. <\/p>\n
Varios de esos fueros pueden confluir en una misma causa, lo cual genera una pluralidad de jueces llamados a tramitarla, en cuyo caso la ley otorga al actor la facultad de escoger, sin que tal voluntad pueda ser desconocida por el elegido, quien, en principio, queda llamado a zanjar la disputa; empero, hay otros supuestos en que el legislador anula esa discrecionalidad y privativamente determina la potestad, indicando de forma precisa y categ\u00f3rica el funcionario que con exclusi\u00f3n de cualquier otro debe encarar el debate. <\/p>\n
Frente a este \u00faltimo punto, en AC3744-2018, la Corte destac\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) el concepto \u00abprivativo\u00bb que constituye el com\u00fan denominador de las precitadas disposiciones implica que a los juzgadores con autoridad en el territorio donde se cumple alguna de las condiciones se\u00f1aladas en ellas, es decir, del sitio donde se localizan los inmuebles sobre los que se quiere constituir ese gravamen o del que es vecino el organismo estatal, concierne conocer, tramitar y resolver de manera exclusiva los litigios cuyas pretensiones tienen esa finalidad o han sido formuladas a favor o en contra de una entidad de esa \u00edndole (\u2026). <\/p>\n
Ahora bien, atinente a las contiendas sobre expropiaci\u00f3n, el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 28 ejusdem establece una \u00abcompetencia privativa\u00bb, asign\u00e1ndolas en forma exclusiva, \u00fanica y excluyente al juzgador del lugar donde est\u00e9 el bien involucrado en la litis, en cuanto prescribe que \u00ab[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales (\u2026) en los de expropiaci\u00f3n\u2026.\u00bb, ser\u00e1 competente, \u00abde modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. Es pues, un claro ejemplo de fuero real exclusivo. <\/p>\n
No obstante, el numeral 10\u00ba \u00eddem previene que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb, de donde emerge otro fuero privativo de car\u00e1cter general que se funda en la calidad del sujeto para asignar la competencia al juez de su domicilio. <\/p>\n
Como en muchas ocasiones la demandante es una entidad que responde al memorado criterio subjetivo y es vecina de una provincia distinta de aquella donde se encuentra el inmueble sobre el que aspira adquirir el dominio, deviene palmario que en la pr\u00e1ctica surge un enfrentamiento entre los par\u00e1metros atributivos en comento. <\/p>\n
Ese dilema, desde mi perspectiva, debe solucionarse con preferencia por la ubicaci\u00f3n del bien en disputa y no a partir del domicilio de la entidad p\u00fablica involucrada. Esto, porque estimo que la pauta condensada en el art\u00edculo 29 ejusdem, seg\u00fan la cual \u00abes prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb, impera en los casos que involucran el factor subjetivo, mas no los fueros del factor territorial, como aqu\u00ed acontece. Por consiguiente, no existe disposici\u00f3n expresa que sirva para dilucidar la antinomia y ello obliga acudir a los principios constitucionales, como par\u00e1metro de definici\u00f3n, para hallar la soluci\u00f3n m\u00e1s ajustada a la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Es as\u00ed como los postulados de igualdad, econom\u00eda procesal, concentraci\u00f3n e inmediaci\u00f3n, entre otros, cobran especial significaci\u00f3n en este contexto para equilibrar las cargas teniendo en cuenta que el ciudadano-demandado, por lo general, es el m\u00e1s d\u00e9bil de la relaci\u00f3n procesal y, por ende, no resulta justo ni acorde con el derecho de defensa, obligarlo a afrontar el juicio en una ciudad distinta a su vecindad. Adem\u00e1s, la inspecci\u00f3n judicial que, por mandato del legislador debe practicarse en esa clase de asuntos ofrece mayores ventajas para su realizaci\u00f3n cuando el juez de conocimiento tiene sede en el mismo sitio del bien, lo cual evita comisionar y agiliza la definici\u00f3n del pleito. Nada de lo cual ocurre si la asignaci\u00f3n recae en el fallador del lugar donde tiene asiento la entidad p\u00fablica. <\/p>\n
Sin embargo, no se puede desconocer que la situaci\u00f3n descrita la abord\u00f3 la Sala y resolvi\u00f3 con el voto de la mayor\u00eda en AC140-2020, cuya finalidad consisti\u00f3 en servir de \u00abgu\u00eda fiable tanto para la Corte como para los jueces y las partes de los procesos, en aras de respetar y garantizar la igualdad de trato de los justiciables ante la ley\u00bb, es decir, se busc\u00f3 superar la divergencia que se presentaba entre los diferentes Despachos al dirimir las colisiones originadas en id\u00e9nticas situaciones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas. <\/p>\n
En efecto, en esa ocasi\u00f3n se concluy\u00f3 que el enfrentamiento entre los numerales 7\u00b0 y 10\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso debe dilucidarse atendiendo la prelaci\u00f3n que el art\u00edculo 29 del mismo ordenamiento reconoce por la \u00abcalidad de las partes\u00bb y el suscrito salv\u00f3 voto con cimiento en las razones all\u00e1 expuestas y compendiadas arriba. Empero, en esta oportunidad se torna indispensable aplicar el criterio prevaleciente de la Sala como fiel reflejo del ejercicio democr\u00e1tico y, en especial, para salvaguardar la igualdad y la seguridad jur\u00eddica de los usuarios del sistema de justicia. <\/p>\n
En definitiva, con todo y los reparos que he esgrimido frente a la tesis mayoritaria, las circunstancias tornan vinculante lo expuesto en CSJ AC140-2020, consistente en que \u00abla colisi\u00f3n presentada entre los dos fueros privativos de competencia consagrados en los numerales 7\u00b0 (real) y 10\u00b0 (subjetivo) del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, debe solucionarse a partir de la regla establecida en el canon 29 ibidem, raz\u00f3n por la que prima el \u00faltimo de los citados\u00bb. <\/p>\n
En esa oportunidad, tambi\u00e9n se dej\u00f3 claro que el hecho de que el organismo de derecho p\u00fablico radique el libelo con estribo en la regla s\u00e9ptima aludida no implica renuncia al fuero prevalente del numeral d\u00e9cimo porque, entre otros motivos, queda descartada la perpetuatio jurisdictionis. As\u00ed se dijo: <\/p>\n
(\u2026) esa forma de disciplinar la competencia para los factores funcional y subjetivo, trae consigo otra cuesti\u00f3n sumamente importante, cu\u00e1l es la imposibilidad de dar aplicaci\u00f3n al principio de la perpetuatio jurisdictionis (\u2026) En tal sentido, no puede afirmarse que si un \u00f3rgano, instituci\u00f3n o dependencia de la mencionada calidad [p\u00fablica] radica una demanda en un lugar distinto al de su domicilio, est\u00e1 renunciando autom\u00e1ticamente a la prebenda procesal establecida en la ley adjetiva civil a su favor, pues, como se ha reiterado, no le es autorizado disponer de ella, comoquiera que la competencia ya le viene dada en forma privativa y prevalente a un determinado juez, esto es, el de su domicilio; de ah\u00ed que, no puede renunciar a ella. <\/p>\n
Por \u00faltimo, aunque esa soluci\u00f3n se dio en un certamen de imposici\u00f3n de servidumbre, la regla de juicio que all\u00ed se emple\u00f3, esto es, la competencia prevalente del \u00abfactor subjetivo\u00bb en atenci\u00f3n a la calidad de los extremos, resulta aplicable a cualquier otro pleito en que sea parte una entidad de aquellas a que se refiere el numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 28 ej\u00fasdem. <\/p>\n
3.- En el presente caso, el Instituto Nacional de V\u00edas pidi\u00f3 la expropiaci\u00f3n del predio con folio n\u00famero 040-322065 ubicado en la localidad de Tubar\u00e1, perteneciente al circuito judicial de Barranquilla. A pesar de que el extremo demandado no censur\u00f3 la competencia asumida en un primer momento por el Juzgado Doce Civil del Circuito de esa urbe, la decisi\u00f3n adoptada despu\u00e9s de trabada la litis consistente en remitir el paginario a los hom\u00f3logos de Bogot\u00e1 con respaldo en la pauta d\u00e9cima del art\u00edculo 28 citado no luce equivocada, de acuerdo con la doctrina mayoritaria consolidada en AC140-2020, seg\u00fan se vio. <\/p>\n
Efectivamente, en virtud de la naturaleza p\u00fablica de la actora resultaba atendible dicho par\u00e1metro para establecer el juez competente de cara a su domicilio y no pod\u00eda aducirse, como lo hizo el segundo juzgado, que se prorrog\u00f3 la asignaci\u00f3n producto del silencio de la convocada dado que la prelaci\u00f3n escogida para dirimir la situaci\u00f3n (art. 29) imped\u00eda que las partes y el juez modificaran las reglas de orden p\u00fablico aplicables y evitaban configurar la perpetuatio jurisdictionis en la primera agencia. <\/p>\n
4.- En consecuencia, la \u00faltima funcionaria cognoscente no estaba autorizada para desprenderse del diligenciamiento, por lo que all\u00e1 retornar\u00e1 para que siga su curso normal. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Cincuenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 es el competente para seguir conociendo el presente juicio de expropiaci\u00f3n. <\/p>\n
Segundo: Enviar el expediente al citado Despacho judicial e informar lo decidido al Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla. <\/p>\n
Tercero: Librar, por Secretar\u00eda, los oficios correspondientes. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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