ATC420-2021<\/p>\n
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ATC420-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01011-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se desata el conflicto negativo de competencia suscitado entre los Juzgados Diecis\u00e9is Civil Municipal de Bogot\u00e1 y el Quinto Civil Municipal en Oralidad de Santa Marta, en la tutela instaurada por Luz Marina Rubiano Garz\u00f3n contra la Oficina de Tr\u00e1nsito Departamental del Magdalena. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primero de los despachos, la precursora acus\u00f3 a la convocada de quebrantar el \u00abdebido proceso en conexidad con los derechos de defensa e igualdad\u00bb en el tr\u00e1mite de imposici\u00f3n de un comparendo para que se disponga \u00abautorizar o realizar el procedimiento denominado audiencia contravencional brindando[le] la oportunidad de asistir de manera virtual (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. El funcionario del Distrito Capital repeli\u00f3 la demanda y la envi\u00f3 a sus hom\u00f3logos de Santa Marta \u00abde conformidad con el art\u00edculo 37 de Decreto 1983 de 2017\u00bb, porque infiri\u00f3 que la violaci\u00f3n o amenaza ocurri\u00f3 en esa ciudad. <\/p>\n
3. El estrado de la Capital del Magdalena tambi\u00e9n rehus\u00f3 el asunto porque, de conformidad con el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la competencia territorial se atribuye por el lugar \u00abdonde se produzcan sus efectos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, dispuso la remisi\u00f3n del infolio a esta Corporaci\u00f3n para dirimir la diferencia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Teniendo en cuenta que la presente colisi\u00f3n comprende despachos de distintos distritos judiciales, a esta Sala le ata\u00f1e zanjarla, a trav\u00e9s de Magistrado Sustanciador, de conformidad con el art\u00edculo 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7 de la 1285 de 2009, en armon\u00eda con los preceptos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicables con sustento en el canon 4 del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
De entrada, conviene recordar que, al tenor del art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, \u00abson competentes para conocer de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivaren la presentaci\u00f3n de la solicitud\u00bb. <\/p>\n
Tal directiva es iterada en el Decreto 1382 de 2000, ahora 1983 de 2017, que consagra \u00abentre\u00bb los jueces o tribunales de la zona en la que suceda la \u00abviolaci\u00f3n o la amenaza que motiva la solicitud o se materialicen sus efectos\u00bb, una \u00abcompetencia a prevenci\u00f3n\u00bb para conocer de la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
De cara al objeto de esas disposiciones, esta Judicatura ha enfatizado que: <\/p>\n
[s]u designio es facilitar al presunto afectado la escogencia del juez que ha de resolver, con la celeridad propia de esta acci\u00f3n, sobre la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, seg\u00fan fluye claramente de su texto, de lo cual se deduce que la competencia por el factor territorial debe establecerse por el lugar donde, seg\u00fan las afirmaciones de la respectiva demanda, adquiera materialidad la violaci\u00f3n o amenaza de tales atributos, es decir, donde se producen los efectos de la actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n que se acusan, y que regularmente coincide con el sitio donde el peticionario se desenvuelve en forma cotidiana (\u2026). De ah\u00ed, adem\u00e1s, que se trate de una competencia preventiva, significando con ello que si son varios los jueces llamados a asumir el conocimiento, el primero que lo haga excluye a los dem\u00e1s (resalte fuera de texto) (CSJ ATC330-2020, entre otras). <\/p>\n
En esa misma direcci\u00f3n, se ha aceptado que para saber cu\u00e1l es la c\u00e9lula que debe ocuparse de la salvaguarda, se exhibe definitiva la elecci\u00f3n que libremente haga el requirente al presentar su reclamo ante cualquiera de las respectivas agencias, de tal suerte que la escogida queda habilitada para resolverla (Autos 10 sep. 2002, 22 en. 2004, reiterados en CSJ ATC1322-2018 y CSJ ATC008-2019). <\/p>\n
En el caso bajo examen, la promotora aspira que la Oficina de Tr\u00e1nsito Departamental del Magdalena instale la \u00abaudiencia contravencional\u00bb y le d\u00e9 la oportunidad de hacerse presente de manera virtual para controvertir el comparendo que fue impuesto a su nombre. <\/p>\n
Para ello, escogi\u00f3 la unidad judicial de Bogot\u00e1, donde se sit\u00faa su domicilio, por lo que podr\u00eda afirmarse tiene f\u00e1cil acceso a la administraci\u00f3n de justicia y se extienden las consecuencias del tr\u00e1mite administrativo censurado. <\/p>\n
V\u00e9ase que, ese supuesto encaja en uno de los que trae el art\u00edculo 37 del citado Decreto (en torno al aspecto territorial) y, por consiguiente, era preciso respetar la selecci\u00f3n de la censora, y no, como lo hizo el primer servidor, desechar el aludido ruego tuitivo, pues como se tiene decantado <\/p>\n
(\u2026) el art\u00edculo 37 del Decreto 2591, en concordancia con el 86 de la Carta Pol\u00edtica, dispone que el conocimiento de la tutela corresponde \u201ca prevenci\u00f3n\u201d, a los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde se produce el menoscabo o la amenaza para los derechos constitucionales fundamentales, vale decir, se deben ponderar para resolver asuntos de esta especie varios factores a saber: la sede de la autoridad demandada, el lugar donde se producen los efectos de la vulneraci\u00f3n y el lugar donde el titular del derecho instaura la acci\u00f3n de tutela (resalto propio) (CSJ AT170-2021). <\/p>\n
N\u00f3tese que, aun cuando se admitiera que la presunta infracci\u00f3n igualmente proyecta efectos en Santa Marta, no le era permitido al juez de esta ciudad apartase de las diligencias, pues incluso en esos eventos, se confiere prevalencia a \u00abla elecci\u00f3n del accionante\u00bb. <\/p>\n
Bajo esa \u00f3rbita, el expediente retornar\u00e1 al servidor de este Distrito Capital. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito a lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Diecis\u00e9is Civil Municipal de Bogot\u00e1 es el competente para conocer de la disputa en referencia. <\/p>\n
Segundo: Enviar el expediente al citado Despacho judicial e informar lo decidido al Juzgado Quinto Civil Municipal en Oralidad de Santa Marta. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese al libelista lo aqu\u00ed dispuesto, por el medio m\u00e1s expedito posible. <\/p>\n
NOT\u00cdFIQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
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