ATC421-2021<\/p>\n
<\/p>\n
ATC421-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01010-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se desata el conflicto negativo de competencia suscitado entre los Juzgados Treinta y Nueve Civil Municipal de Bogot\u00e1 y el Civil Municipal de Puerto Tejada, en la tutela instaurada por Credivalores \u2013 Crediservicios S.A. contra Movilizaci\u00f3n y Transportes Guzm\u00e1n S.A.S. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
2. La funcionaria de Bogot\u00e1 repeli\u00f3 el resguardo y lo envi\u00f3 a sus hom\u00f3logos de Puerto Tejada porque \u00abel derecho de petici\u00f3n junto con la gu\u00eda de env\u00edo y entrega del mismo, tienen como \u00e1mbito de ocurrencia en la ciudad de Puerto Tejada \u2013 Cauca, siendo all\u00ed donde se vendr\u00edan vulnerando sus derechos\u00bb (fls. 61 a 62). <\/p>\n
3. El servidor de la localidad destinataria tambi\u00e9n rehus\u00f3 el asunto porque la actora, a prevenci\u00f3n, decidi\u00f3 presentar el ruego en el sitio donde se producen o extienden su efectos adversos, por lo que en consonancia con la jurisprudencia de la Corte Constitucional (C.C. A-145 de 2017), dispuso la remisi\u00f3n del infolio a esta Corporaci\u00f3n para dirimir la diferencia (fls. 64 a 68). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Teniendo en cuenta que la presente colisi\u00f3n comprende despachos de distintos distritos judiciales, a esta Sala le ata\u00f1e zanjarla, a trav\u00e9s de Magistrado Sustanciador, de conformidad con el art\u00edculo 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7 de la 1285 de 2009, en armon\u00eda con los preceptos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicables con sustento en el canon 4 del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
En orden a resolverlo, conviene recordar c\u00f3mo el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, en armon\u00eda con el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1382 de 2000, el cual fue compilado en el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, precepto a su vez modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1983 de 2017, establece que son competentes para conocer de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde ocurri\u00f3 la violaci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales o donde razonablemente pueda colegirse que se producen los efectos de las mismas. <\/p>\n
Tal disposici\u00f3n, seg\u00fan lo ha interpretado reiteradamente esta Corporaci\u00f3n, consagra un sistema atributivo de competencia preventiva en virtud del cual el accionante bien puede escoger el Juez ante quien va a formular su solicitud de amparo, siempre que de dicho lugar resulte predicable la ocurrencia del quebranto o la de sus efectos. <\/p>\n
As\u00ed lo enfatiz\u00f3 esta Corporaci\u00f3n entre otros, en CSJ ATC3154-2017 reiterado en ATC170-2021, cuando sostuvo que, <\/p>\n
[E]l art\u00edculo 37 del Decreto 2591, en concordancia con el 86 de la Carta Pol\u00edtica, dispone que el conocimiento de la tutela corresponde \u201ca prevenci\u00f3n\u201d, a los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde se produce el menoscabo o la amenaza para los derechos constitucionales fundamentales, vale decir, se deben ponderar para resolver asuntos de esta especie varios factores a saber: la sede de la autoridad demandada, el lugar donde se producen los efectos de la vulneraci\u00f3n y el lugar donde el titular del derecho instaura la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que la sede de las autoridades demandadas no es par\u00e1metro exclusivo e invariable para determinar la competencia del funcionario que ha de conocer la acci\u00f3n de tutela, porque no se puede desconocer que esta acci\u00f3n p\u00fablica tiene objetivo principal la salvaguarda de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en tales condiciones es necesaria una consideraci\u00f3n especial en cuanto al lugar donde se materializan los efectos de la violaci\u00f3n en que se basa la petici\u00f3n de amparo y tambi\u00e9n la circunscripci\u00f3n judicial escogida por el ciudadano para demandar la protecci\u00f3n de sus derechos (art\u00edculo 1\u00ba, inciso primero Decreto 1382 de 2000). (CSJ ATP, 24 jul. 2001, rad. 9848 y CSJ ATP 21 ene. 2010, rad. 46.120). <\/p>\n
De all\u00ed que, <\/p>\n
(\u2026) no necesariamente el lugar donde tenga su sede los accionados que presuntamente han violado derechos fundamentales, coincide con el sitio de ocurrencia de la vulneraci\u00f3n; y, que el conocimiento no siempre corresponde al juez con competencia donde se realiza la conducta activa u omisiva, sino al del sitio donde se produzcan sus efectos, es decir, del lugar donde se present\u00f3, ocurri\u00f3 o repercuti\u00f3 la vulneraci\u00f3n que se busca contrarrestar (Negritas ajenas al texto). <\/p>\n
En el caso bajo examen, la promotora invoc\u00f3 la salvaguarda de su derecho de petici\u00f3n ante los juzgados municipales de la capital de la rep\u00fablica, en atenci\u00f3n a que no recibi\u00f3 respuesta al requerimiento que le remiti\u00f3 a la sociedad Movilizaci\u00f3n y Transportes Guzm\u00e1n S.A.S. \u00abel 10 de noviembre de 2020\u00bb, misiva en cuyo encabezado aparece \u00abBogot\u00e1 D.C.\u00bb y donde adem\u00e1s le exige que la contestaci\u00f3n se la remita a un correo electr\u00f3nico o a la \u00abcarrera 10 n\u00b0 65-98 piso 4\u00bb de esta ciudad. <\/p>\n
Lo anterior pone en evidencia que aun cuando el impulsor ten\u00eda claridad que el domicilio de la sociedad encartada se encontraba en Puerto Tejada, prefiri\u00f3 activar el aparato jurisdiccional en el Distrito Capital, pues entendi\u00f3 que la ausencia de respuesta a su pedimento traduc\u00eda en vulneraci\u00f3n de sus atributos esenciales, cuyos efectos se extend\u00edan al lugar donde tiene su domicilio. <\/p>\n
En este orden de ideas err\u00f3 la funcionaria primigenia al desprenderse del conocimiento de la causa, por cuanto la actora la escogi\u00f3 apoyada v\u00e1lidamente en la facultad de elecci\u00f3n que le proporciona el factor territorial ya referido. <\/p>\n
Lo dicho constituye raz\u00f3n suficiente para que la Sala asigne el estudio de esta disputa a la c\u00e9lula que se acaba de hacer menci\u00f3n, a la cual se dispondr\u00e1 el env\u00edo inmediato del expediente a fin de que, sin m\u00e1s dilaciones, tramite el rito propuesto. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito a lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Treinta y Nueve Civil Municipal de Bogot\u00e1 es el competente para conocer de la disputa en referencia. <\/p>\n
Segundo: Enviar el expediente al citado Despacho judicial e informar lo decidido al Juzgado Civil Municipal de Puerto Tejada. <\/p>\n
NOT\u00cdFIQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
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