ATC422-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC422-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2019-00224-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n extraordinaria virtual del seis de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (06) de abril de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte procede a resolver la consulta respecto de la decisi\u00f3n proferida el 24 de marzo de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del incidente de desacato formulado por Luz Stella Garc\u00eda Jim\u00e9nez y Joseliano Londo\u00f1o Bedoya, frente al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, mediante la cual se impuso a la doctora Hilda Mar\u00eda Saff\u00f3n Botero, como titular de esa sede judicial, multa equivalente a tres (3) s.m.l.m.v. y arresto por tres (3) d\u00edas, que \u00abse convierte a multa de un (1) salario m\u00ednimo legal mensual vigente\u00bb. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante fallo del 15 de mayo de 2019, esta Sala de Casaci\u00f3n Civil revoc\u00f3 la decisi\u00f3n tomada el 26 de febrero de ese mismo a\u00f1o por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, para en su lugar, salvaguardar la garant\u00eda superior al debido proceso de que son titulares los ciudadanos Joseliano Londo\u00f1o Bedoya y Luz Stella Garc\u00eda Jim\u00e9nez, raz\u00f3n por la que orden\u00f3 a la Juez Cuarta Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad, que \u00aben el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia y tras dejar sin valor ni efecto la decisi\u00f3n proferida el 18 de enero pasado, proceda a resolver nuevamente el recurso vertical interpuesto contra el auto dictado el 20 de octubre de 2017 por el Juzgado Catorce Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de la misma ciudad, motivando la decisi\u00f3n en la forma que legalmente corresponda y teniendo en cuenta los criterios aqu\u00ed expuestos\u00bb. <\/p>\n
La orden fue sustentada, en s\u00edntesis, en que \u00ablos funcionarios judiciales censurados al resolver sobre la terminaci\u00f3n invocada por [los accionantes], se apartaron de la jurisprudencia que esta Sala, junto con la de la Corte Constitucional, ha emitido sobre el deber de \u00abreestructurar\u00bb el cr\u00e9dito de vivienda adquirido antes de la vigencia de la Ley 546 de 1999, como requisito para adelantar y proseguir la ejecuci\u00f3n, si en cuenta se tiene que, por una parte, la obligaci\u00f3n exigida por la parte ejecutante fue adquirida por los deudores el 17 de diciembre 1992 en Unidades de Poder Adquisitivo Constante; y por la otra, que de manera alguna se certific\u00f3 en la controversia que en efecto se hubiera practicado el requisito contemplando en el art\u00edculo 42 \u00eddem, no siendo suficiente, ni de recibo, el argumento tendiente a que la tan memorada exigencia fue satisfecha con la reliquidaci\u00f3n igualmente memorada y el alivio, pues t\u00e9ngase en cuenta, que esos elementos distan diametralmente de la reestructuraci\u00f3n de la mentada obligaci\u00f3n, que en el asunto criticado, se itera, se denota ausente. <\/p>\n
2. Los accionantes solicitaron la apertura de incidente de desacato, por considerar que la funcionaria judicial en comento no ha acatado la orden constitucional que le fue impartida, comoquiera que, si bien el 28 de mayo de 2019 dej\u00f3 sin valor ni efecto la decisi\u00f3n del 18 de enero del mismo a\u00f1o, para \u00abordenar al juez de primera instancia iniciar el tr\u00e1mite donde se decreten practiquen pruebas tendientes a verificar la existencia o no de la reestructuraci\u00f3n del proceso y si se dan las particularidades se\u00f1aladas para decidir sobre la reestructuraci\u00f3n del proceso\u00bb, decisi\u00f3n que pidieron adicionar y complementar sin recibir respuesta por parte del Estrado accionado por haber devuelto el expediente al Juzgado Catorce Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la ciudad, donde dicen, tampoco se ha acatado lo dispuesto, es notorio que \u00abal presentar la demanda, no aporta la demandante documento suscrito entre Banco y deudor que demuestre que existi\u00f3 acuerdo entre las partes para reestructurar el cr\u00e9dito\u00bb. <\/p>\n
3. La Sala Civil del Tribunal de Bogot\u00e1 mediante auto del d\u00eda 22 de febrero de los corrientes requiri\u00f3 a la titular del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma urbe para que se pronunciaran frente a lo manifestado por los actores, remiti\u00e9ndose para los efectos los oficios de rigor <\/p>\n
4. Frente al requerimiento, la doctora Hilda Mar\u00eda Saff\u00f3n Botero puso de presente, que mediante auto del 28 de mayo de 2019 acat\u00f3 la orden constitucional, sin que la decisi\u00f3n resultara \u00abfruto del capricho o la arbitrariedad\u00bb ni fuera recurrida por los gestores, adem\u00e1s de que ha transcurrido un tiempo \u00abm\u00e1s que prudencial\u00bb desde que la profiri\u00f3. <\/p>\n
5. Mediante prove\u00eddo del 2 de marzo de la presente anualidad se abri\u00f3 formalmente incidente de desacato contra la funcionaria antes individualizados, libr\u00e1ndose las respectivas comunicaciones de enteramiento, y orden\u00e1ndose a la titular del Juzgado Catorce Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1, que del proceso ejecutivo cuestionado en la tutela remitiera copia de la demanda y sus anexos, as\u00ed como de todo lo actuado a partir del prove\u00eddo del 20 de octubre de 2017. <\/p>\n
6. El 10 de marzo siguiente se tuvieron como pruebas los documentos aportados con el escrito del incidente, las copias parciales del proceso requeridas al a quo y todo lo rituado en el proceso objeto del resguardo. <\/p>\n
7. Luego, el 24 de marzo pasado se profiri\u00f3 la determinaci\u00f3n materia de consulta, luego de observarse, en lo fundamental, que \u00abla colegiatura constitucional lo que le orden\u00f3 al Juzgado del Circuito (mas no al Municipal), luego de echar de menos el mentado requisito de la reestructuraci\u00f3n que debi\u00f3 acompa\u00f1ar al acreedor con el t\u00edtulo, fue que la titular incidentada procediera a \u201cresolver [que no devolver] nuevamente el recurso vertical interpuesto contra el auto dictado el 20 de octubre de 2017 por el Juzgado Catorce Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de la misma ciudad\u201d, lo que no acaeci\u00f3, so pretexto de que la \u201cparte \u2013 sin precisar cu\u00e1l \u2013 no present\u00f3 las pruebas para reconocer tal consecuencia jur\u00eddica – la terminaci\u00f3n-\u201d, como si la presentaci\u00f3n de la demanda no hubiere sido la oportunidad de la demandante para acompa\u00f1ar el t\u00edtulo, la reliquidaci\u00f3n (lo que s\u00ed tuvo lugar) y la \u201creestructuraci\u00f3n\u201d que ech\u00f3 de menos la Corte, aunado a que si la segunda instancia contaba el juicio coercitivo objeto de reproche (pues mediante oficio No. OOCES19-AZ03197 de 6 de junio de 2019 devolvi\u00f3 el a quo 22 cuadernos con \u201c12, 24, 1, 390, 821, 60, 13, 89, 25, 27, 103, 30, 1 \u2013 328, 328-736, 26, 14, 27, 88, 27, 13, 25, 631-664 y 1-338\u201d folios) inexplicable se aviene que no se resolviera como lo dispuso el ad quem constitucional (\u2026) por lo anterior, se colige el prop\u00f3sito de la incidentada de desobedecer el mandato tutelar \u2013 elemento subjetivo-, pues aqu\u00e9lla conoci\u00f3 del fallo proferido, no mostr\u00f3 su falta de comprensi\u00f3n o alcance, sabe que a la fecha no lo ha cumplido, y pese a ello, emiti\u00f3 dentro del proceso ejecutivo que conoce, una decisi\u00f3n distinta que, en todo caso, ciertamente no puede considerarse encaminada a dar cumplimiento a la orden constitucional\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De entrada cabe precisar, que acorde con lo previsto en el inciso 2\u00aa del art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, \u00abla sanci\u00f3n por desacato ser\u00e1 impuesta por el mismo juez\u00bb que profiri\u00f3 la orden, mediante tr\u00e1mite incidental; en raz\u00f3n a lo cual no existe duda de la competencia de esta Sala para desatar el grado de consulta respecto de la sanci\u00f3n impuesta por el Tribunal Constitucional de instancia. <\/p>\n
2. Ahora, de conformidad con la norma en cita, el \u00e1mbito de esta decisi\u00f3n ata\u00f1e en determinar si debe mantenerse o revocarse la sanci\u00f3n impuesta por el Cuerpo Colegiado de Bogot\u00e1, circunstancia que impone verificar el destinatario de la orden, el t\u00e9rmino temporal para ejecutarla, y, el alcance de la misma, con el fin de examinar si efectivamente se cumpli\u00f3 la orden impartida mediante la sentencia; de este modo, entonces, si de dicho an\u00e1lisis se concluye la inobservancia de lo ordenado constitucionalmente, habr\u00e1 que determinarse si \u00e9ste fue total o parcial, y las razones por las cuales se produjo, e igualmente si hubo o no responsabilidad subjetiva del sujeto obligado, para finalmente, si \u00e9sta existe, imponerle la sanci\u00f3n y para esto, obviamente, es necesario darle tr\u00e1mite al incidente propuesto. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la actividad que la Corte debe realizar, se ci\u00f1e a efectuar un ejercicio de comparaci\u00f3n o cotejo entre lo dispuesto en la decisi\u00f3n emitida dentro del memorado proceso constitucional, y la conducta calificada como indiferente, negligente o insuficiente que se reprocha, dado que como lo indicara esta Sala en oportunidad anterior al resolver un asunto de igual naturaleza al que ahora se examina, \u00abel desacato se predica de quien incumple la orden emanada del Juez de tutela, pues se parte del supuesto de que el sujeto contra quien se pronunci\u00f3 la decisi\u00f3n, debe ajustar estrictamente su conducta a los par\u00e1metros se\u00f1alados por el fallador, tendiente a ordenar que cese la vulneraci\u00f3n que motiv\u00f3 el proceso constitucional\u00bb (reiterado entre otras en CSJ ATC767-2018). <\/p>\n
4. Una vez establecida la competencia funcional de esta Corte en el escenario de la consulta prevista en la ley, y revisadas las diligencias allegadas, se revela que habr\u00e1 de ratificarse la sanci\u00f3n impuesta a la Juez Cuarta Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, pues el pronunciamiento que efectu\u00f3 al interior de las presentes diligencias en procura de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto constitucionalmente a favor de Luz Stella Garc\u00eda Jim\u00e9nez y Joseliano Londo\u00f1o Bedoya y las pruebas recaudadas durante el tr\u00e1mite accesorio, no reflejan que la funcionaria haya resuelto nuevamente el recurso de apelaci\u00f3n contra el auto del 20 de octubre de 2017 del Juzgado Catorce Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad, siguiendo los lineamientos dados en la parte motiva de la sentencia de tutela. <\/p>\n
La precisa orden impartida por esta Sala consisti\u00f3, en que la funcionaria judicial procediera a \u00abresolver\u00bb el precitado mecanismo, \u00abmotivando la decisi\u00f3n en la forma que legalmente corresponde, y teniendo en cuenta los criterios aqu\u00ed expuestos\u00bb, pero en vez de ello, \u00e9sta mediante auto del 28 de mayo de 2019 orden\u00f3 la devoluci\u00f3n del expediente del proceso al a quo, para \u00abiniciar el tr\u00e1mite donde se decreten y practiquen pruebas tendientes a verificar la existencia o no de la reestructuraci\u00f3n del proceso y si se dan las particularidades se\u00f1aladas para decidir sobre la terminaci\u00f3n del proceso\u00bb, proceder con el cual, no solo traslad\u00f3 el cumplimiento de la imposici\u00f3n a una persona diferente de la espec\u00edficamente se\u00f1alada en el fallo de tutela, sino que tambi\u00e9n dej\u00f3 de emitir la decisi\u00f3n exigida o si quiera emprender las actuaciones que estimara necesarias para tal cometido. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que contrario a lo argumentado por la incidentada en su intervenci\u00f3n, en la sentencia de tutela se dej\u00f3 establecido que \u00ab(\u2026) la obligaci\u00f3n exigida por la parte ejecutante fue adquirida por los deudores el 17 de diciembre 1992 en Unidades de Poder Adquisitivo Constante; y por la otra, que de manera alguna se certific\u00f3 en la controversia que en efecto se hubiera practicado el requisito contemplando en el art\u00edculo 42 \u00eddem\u00bb (se subraya), lo que relevaba a la accionada de acudir a la pr\u00e1ctica de pruebas para determinar la presencia en el plenario de esa renegociaci\u00f3n, y dejaba entonces la labor de la juez limitada al estudio del expediente del proceso objeto de cuestionamiento, en b\u00fasqueda de los dem\u00e1s elementos necesarios para terminar, o no, el juicio ejecutivo seguido contra los promotores de la tutela, elementos que, valga resaltar, fueron ampliamente expuestos en la parte considerativa del fallo constitucional. <\/p>\n
5. De este modo, como es claro que la funcionaria encargada de obedecer lo ordenado, no ha acatado lo dispuesto constitucionalmente a favor de los prenombrados desde el a\u00f1o 2019, es deber de esta Corporaci\u00f3n mantener la sanci\u00f3n impuesta a la doctora Hilda Mar\u00eda Saff\u00f3n Botero como titular del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1. <\/p>\n
6. Sin perjuicio de lo dicho, t\u00e9ngase en cuenta que lo aqu\u00ed decidido no exime a la sancionada de cumplir las \u00f3rdenes impartidas en el fallo de tutela proferido el 15 de mayo de 2019, pues de acuerdo con el contenido y alcance del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la finalidad de la orden tutelar emitida para proteger derechos constitucionales fundamentales, es que ella se cumpla de inmediato, siendo deber de todas las autoridades garantizar que el respectivo prove\u00eddo ciertamente se obedezca, ya que: <\/p>\n
\u00abcomo [e]n la sentencia T-098\/2002 se record\u00f3 que el Art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece que a consecuencia de la acci\u00f3n de tutela la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales se traduce en una ORDEN, es decir, una decisi\u00f3n que debe ser obedecida o satisfecha. \u2026 Seg\u00fan el decreto 2591 de 1991 es el Juez de primera instancia el encargado del cumplimiento cabal de la orden impartida. La labor del Juez no es solamente tramitar el incidente de desacato, cuando se instaure por incumplimiento de lo ordenado, sino lo fundamental es que sea efectivo el respeto a los derechos fundamentales. El Juez de primera instancia no pierde competencia hasta tanto la orden sea completamente cumplida\u00bb. <\/p>\n
\u00abEn la sentencia T-942\/00 la Corte Constitucional expres\u00f3: \u20186. Competencia y funciones del juez de primera instancia. En conclusi\u00f3n, el incidente de desacato no es el punto final de una tutela incumplida. El desacato es un simple incidente que puede o no tramitarse. Lo que es obligatorio para el juez de primera instancia, en cuanto no pierde competencia para ello, es hacer cumplir la orden de tutela\u2019\u00bb (sent. T-235\/02, se subraya)\u00bb (CSJ ATC1338-2018). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, CONFIRMA la resoluci\u00f3n sancionatoria impuesta a la preanotada funcionaria el 24 de marzo de 2021, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Previa notificaci\u00f3n a las partes por el medio m\u00e1s expedito, devu\u00e9lvase la actuaci\u00f3n surtida a la oficina judicial de origen para que forme parte del respectivo expediente. Of\u00edciese. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
ATC422-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente ATC422-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2019-00224-02 (Aprobado en sesi\u00f3n extraordinaria virtual del seis de abril de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., seis (06) de abril de dos mil veintiuno (2021). La Corte procede a resolver la consulta respecto de la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[35],"tags":[],"class_list":["post-54047","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54047","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54047"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54047\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54047"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54047"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54047"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}