SC1084-2021 (2006-00125-01)<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC1084-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-31-03-003-2006-00125-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiocho de enero de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de abril de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Transportes Sarvi Ltda. frente a la sentencia proferida el 27 de mayo de 2016, por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en el proceso ordinario que Ruth Stella Vega Albino promovi\u00f3 contra la recurrente, Francisco Torres Rodr\u00edguez, Sime\u00f3n Rivera Riveros y Aseguradora Colseguros S.A., hoy Allianz Seguros S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante solicit\u00f3 declarar a los demandados civilmente responsables de los perjuicios que padeci\u00f3, como consecuencia del accidente de tr\u00e1nsito ocurrido el 9 de agosto de 2005, entre los veh\u00edculos de placas SUL-540 y XVM -369; se les condene al pago de $67\u2019023.000 por concepto de da\u00f1o emergente, o la cantidad que resulte probada en el proceso, debidamente actualizada; y $5\u2019760.000 mensuales por lucro cesante a partir de la fecha citada. <\/p>\n
2. Tales pretensiones tuvieron como sustento f\u00e1ctico el que a continuaci\u00f3n se sintetiza: <\/p>\n
2.1. El 9 de agosto de 2005 el automotor de placas SUL-540, conducido por Sime\u00f3n Rivera Riveros, de propiedad de Francisco Torres Rodr\u00edguez y afiliado a Transportes Sarvi Ltda., estrell\u00f3 al de placas XVM-369 de la demandante, caus\u00e1ndole da\u00f1os que desde tal \u00e9poca lo mantienen inutilizado y fuera de servicio. <\/p>\n
2.2. La Inspecci\u00f3n de Tr\u00e1nsito de Puerto Boyac\u00e1, a trav\u00e9s de la resoluci\u00f3n 055 de 18 de octubre del mismo a\u00f1o, responsabiliz\u00f3 \u00fanicamente al conductor Rivera Riveros porque actu\u00f3 con imprudencia y negligencia en la producci\u00f3n del accidente; adem\u00e1s calcul\u00f3 en $66\u2019073.000 los da\u00f1os ocasionados al rodante de placas XVM-369. <\/p>\n
2.3. Adicional a este perjuicio la promotora destin\u00f3 $950.000 para transportar el bien siniestrado en gr\u00faa y dej\u00f3 de recibir ganancias por $5\u2019760.000 mensuales, pues se trata de un cami\u00f3n destinado al servicio de transporte de carga. <\/p>\n
2.4. En la fecha del accidente, el carro de placas SUL-540 estaba amparado con la p\u00f3liza expedida por Aseguradora Colseguros S.A., cuya cobertura ascend\u00eda a $100\u2019000.000 por responsabilidad civil extracontractual; motivo por el cual Ruth Stella Vega Albino present\u00f3 reclamaci\u00f3n, sin obtener respuesta. <\/p>\n
Sin embargo, recibi\u00f3 un ofrecimiento que implic\u00f3 aceptaci\u00f3n de la responsabilidad de su asegurado, pero no se lleg\u00f3 a un acuerdo por la \u00ednfima indemnizaci\u00f3n ofrecida. <\/p>\n
3. Una vez vinculada al juicio, Aseguradora Colseguros se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones perentorias de \u00abcausa extra\u00f1a\u00bb y \u00abmala fe en la reclamaci\u00f3n formulada\u00bb. <\/p>\n
Transportes Sarvi Ltda. hizo lo propio mediante las defensas meritorias de \u00abprescripci\u00f3n\u00bb, \u00abno responsabilidad por parte de la empresa afiliadora de acuerdo al contrato de afiliaci\u00f3n firmado con el propietario del veh\u00edculo de placas SUL-540\u00bb, \u00abno responsabilidad (\u2026) por la actuaci\u00f3n del conductor del veh\u00edculo de placas SUL-540 ya que este \u00faltimo no es de propiedad ni era de propiedad de Transportes Sarvi Ltda. para la \u00e9poca de los hechos ni actualmente\u00bb, \u00abno responsabilidad (\u2026) por la actuaci\u00f3n del conductor del veh\u00edculo de placas SUL-540 ya que la mera afiliaci\u00f3n de un veh\u00edculo a una empresa de transporte no genera responsabilidad, exclusividad y dependencia a la \u00faltima\u00bb, \u00abno hay prueba de la relaci\u00f3n de dependencia ni subordinaci\u00f3n\u00bb y \u00abcausa extra\u00f1a\u00bb. <\/p>\n
Francisco Torres Rodr\u00edguez guard\u00f3 silencio, a pesar de su vinculaci\u00f3n personal, y el curador ad litem designado a Sime\u00f3n Rivera Riveros radic\u00f3 la salvaguarda de \u00abprescripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. Una vez agotadas las fases del proceso, el Juzgado Primero Civil del Circuito de descongesti\u00f3n de Bucaramanga, con sentencia de 27 de marzo de 2015, declar\u00f3 infundadas todas las excepciones, accedi\u00f3 a las pretensiones de la promotora y conden\u00f3 a los demandados al pago de $83\u2019092.040 por concepto de da\u00f1o emergente y $892\u2019840.000 a t\u00edtulo de lucro cesante. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Al resolver la apelaci\u00f3n interpuesta por las dos empresas enjuiciadas, el superior modific\u00f3 la decisi\u00f3n en cuanto al lucro cesante para tasarlo en $743\u2019040.000, precis\u00f3 que la Aseguradora Colseguros s\u00f3lo pagar\u00e1 la condena hasta el valor pactado en la p\u00f3liza y en lo dem\u00e1s confirm\u00f3 el prove\u00eddo recurrido, con base en las siguientes consideraciones: <\/p>\n
1. De entrada indic\u00f3 que la apelaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda de seguros tuvo el fin de mostrar la responsabilidad del conductor de la demandante en la producci\u00f3n del accidente de tr\u00e1nsito, mientras que la alzada de Transportes Sarvi se fund\u00f3 en su ausencia de responsabilidad por no detentar la condici\u00f3n de guardiana del automotor de placas SUL-540, as\u00ed como que fue exagerada la tasaci\u00f3n de los da\u00f1os reconocidos a la promotora. <\/p>\n
2. Con base en tales puntos de partida se\u00f1al\u00f3, en relaci\u00f3n con el primer motivo de discordia, que el choque vial no fue desconocido, ni sus secuelas, pues las apelaciones se fincan en la ausencia de culpa de los accionados, presupuesto que es objeto de acreditaci\u00f3n por la accionante al ser inviable presumirlo como derivado del ejercicio de actividades peligrosas, en tanto los dos coches involucrados las estaban ejecutando al momento del accidente. <\/p>\n
Con ese prop\u00f3sito probatorio, agreg\u00f3, al sub lite se alleg\u00f3 copia del informe del accidente de tr\u00e1nsito, el cual muestra que el veh\u00edculo de placas SUL-540 invadi\u00f3 el carril por el cual circulaba el automotor de la demandante, y si bien es cierto que tal documento da cuenta de la ubicaci\u00f3n de los dos camiones con posterioridad al percance vial, s\u00ed constituye indicio grave acerca de la responsabilidad de los encausados, m\u00e1xime si no obra prueba de la alteraci\u00f3n del escenario o del traslado de los rodantes luego de la colisi\u00f3n. <\/p>\n
Otro indicio acerca de la responsabilidad de los enjuiciados es la resoluci\u00f3n 055 de 18 de octubre de 2005 de la Inspecci\u00f3n de Tr\u00e1nsito de Puerto Boyac\u00e1, que declar\u00f3 infractor de las normas de tr\u00e1nsito al conductor convocado por actuar con imprudencia y negligencia; y a pesar de que las recurrentes alegan la incompetencia de esa autoridad administrativa para emitir ese pronunciamento, lo cierto es que tal acto se presume legal en raz\u00f3n a que no aparece impugnado mediante la acci\u00f3n pertinente. <\/p>\n
Y no es cierto que el conductor del carro de placas XVM-369 hubiera enceguecido a su colega -como lo aleg\u00f3 la aseguradora para justificar la invasi\u00f3n por este del carril contrario despu\u00e9s de caer en los huecos existentes en la carretera- pues la versi\u00f3n del piloto de aquel coche deja ver que tal alumbramiento fue realizado despu\u00e9s de la irrupci\u00f3n vial. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la alegaci\u00f3n de Colseguros tampoco es de recibo porque, de un lado, no puede valorarse el relato que Sime\u00f3n Rivera Riveros dio al agente de polic\u00eda que realiz\u00f3 el croquis del suceso, ya que no re\u00fane las exigencias formales de una declaraci\u00f3n de parte o de tercero; de otro, apreci\u00e1ndolo como un indicio tras las falencias aludidas, no merece credibilidad por cuanto los automotores estaban en una carretera plana, recta y no existe evidencia del motivo por el cual el conductor del veh\u00edculo de la demandante habr\u00eda hecho cambio de luces con anterioridad a que su hom\u00f3logo invadiera su carril. <\/p>\n
Por consecuencia, coligi\u00f3 el ad-quem, fue acreditada la culpa del maquinista Rivera Riveros en la producci\u00f3n del accidente de marras, lo que estructura la responsabilidad pedida, ya que son temas pac\u00edficos el da\u00f1o causado a la demandante y el nexo causal entre este y aquella. <\/p>\n
3. Habida cuenta que la Aseguradora Colseguros acept\u00f3 tener amparado el veh\u00edculo de placas SUL-540 por responsabilidad civil extracontractual, lo cual es corroborado con la copia de la p\u00f3liza aportada al plenario, y como quiera que no acredit\u00f3 la causa extra\u00f1a que excepcion\u00f3, est\u00e1 obligada al pago reclamado por la promotora. <\/p>\n
5. En cuanto a la tasaci\u00f3n de los perjuicios, a\u00f1adi\u00f3 el tribunal, no existi\u00f3 reparo respecto al da\u00f1o emergente, a m\u00e1s de que est\u00e1 acreditado con el dictamen pericial practicado que, a su vez, se bas\u00f3 en las cotizaciones recaudadas por la aseguradora accionada. <\/p>\n
Por ende, qued\u00f3 desvirtuada la mala fe excepcionada en raz\u00f3n a que la v\u00edctima no estaba obligada a aceptar los ofrecimientos que le hizo la aseguradora, por dem\u00e1s no demostrados en el sub judice, m\u00e1xime cuando involucraba a otra compa\u00f1\u00eda de seguros de la cual no se obtuvo consentimiento, esto es, aquella que ampar\u00f3 el veh\u00edculo de la demandante. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el lucro cesante liquidado por el a-quo, mensura criticada por las apelantes aduciendo que la accionante abandon\u00f3 su automotor agravando los da\u00f1os, argument\u00f3 el juzgador colegiado que no cabe duda acerca del deber de mitigaci\u00f3n que tiene la v\u00edctima, del cual da cuenta la doctrina especializada que cit\u00f3; pero \u00e9sta tambi\u00e9n expone que debe ser valorado en cada eventualidad, proceder que para el caso de autos denota c\u00f3mo Ruth Stella Vega Albino radic\u00f3 su reclamaci\u00f3n ante la Aseguradora Colseguros, \u00e9sta guard\u00f3 silencio en desmedro de la confianza depositada por el asegurado y beneficiario, y no fue infirmada la calamitosa situaci\u00f3n econ\u00f3mica alegada por la accionante que le impidi\u00f3 proceder en los t\u00e9rminos reclamados por las procesadas. <\/p>\n
El ad-quem tampoco acogi\u00f3 el argumento de Transportes Sarvi relativo a la obligaci\u00f3n de Ruth Stella Vera Albino de radicar reclamaci\u00f3n ante su propia aseguradora, porque esto no es forzoso, m\u00e1xime cuando la afectaba econ\u00f3micamente en comparaci\u00f3n con la reclamaci\u00f3n que inco\u00f3 ante Colseguros. <\/p>\n
6. Por \u00faltimo, el estrado judicial de segunda instancia coligi\u00f3 necesario disminuir la tasaci\u00f3n del lucro cesante, toda vez que la sentencia de primer grado acogi\u00f3 el peritaje recaudado para tal efecto sin justificarlo, no obstante que carece de precisi\u00f3n y claridad respecto de los ingresos que percib\u00eda la demandante; al paso que obra en el expediente certificaci\u00f3n expedida por contador p\u00fablico, quien ratific\u00f3 su trabajo en audiencia, y tal documento concuerda con lo estimado por la reclamante. <\/p>\n
Igualmente concluy\u00f3 el fallo que la responsabilidad de la aseguradora se extiende hasta la cuant\u00eda plasmada en la p\u00f3liza n\u00ba 867307, en virtud de la cual fue convocada al pleito. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Solamente Transportes Sarvi Ltda. acudi\u00f3 a este mecanismo extraordinario, proponiendo tres cargos erigidos, los dos primeros, en la causal segunda de casaci\u00f3n regulada en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, el \u00faltimo, en el primero de dichos motivos. <\/p>\n
Al admitir tales planteamientos la Corte integr\u00f3 los dos finales, por aplicaci\u00f3n de la parte final del par\u00e1grafo 2\u00ba del art\u00edculo 344 de la obra en cita. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
1. Adujo que el fallo atacado vulner\u00f3 por v\u00eda indirecta los art\u00edculos 2347, 2356 del C\u00f3digo Civil, 1\u00ba de la ley 95 de 1890 por aplicaci\u00f3n indebida, 1613 a 1615, 2341 de aquella obra, 36 de la ley 336 de 1996, 16 de la ley 446 de 1998 y 10 de la ley 153 de 1887 modificado por el canon 4\u00ba de la ley 169 de 1896, por falta de empleo, a consecuencia de errores de hecho en la valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
2. Como pilar del reproche anot\u00f3 la empresa recurrente que fue preterido el informe del accidente de tr\u00e1nsito elaborado por la Polic\u00eda Nacional, que da cuenta del mal estado de la carretera en el lugar donde ocurri\u00f3 el accidente de tr\u00e1nsito al existir huecos por los cuales pas\u00f3 el automotor de placas SUL-540; as\u00ed como el testimonio de Diego Fernando Su\u00e1rez Moreno, piloto del cami\u00f3n de la demandante, que ratifica la versi\u00f3n que dio Sime\u00f3n Rivera Riveros -valorada por el tribunal como prueba indiciaria-, seg\u00fan la cual este perdi\u00f3 el control de su veh\u00edculo tras sucumbir en los aludidos baches y producto de esto impact\u00f3 al otro carro. <\/p>\n
3. As\u00ed mismo, fue apreciada la resoluci\u00f3n 055 de la Inspecci\u00f3n de Tr\u00e1nsito de Puerto Boyac\u00e1, no obstante que fue expedida con falta de competencia, no se aport\u00f3 en copia aut\u00e9ntica ni se \u00abpractic\u00f3 en el proceso primitivo a petici\u00f3n de la parte contra quien se adujo o con su audiencia\u00bb y se bas\u00f3 en testimonios no ratificados en esta causa -salvo el de Diego Fernando Su\u00e1rez Moreno-. <\/p>\n
4. La sentencia omiti\u00f3 el hecho notorio consistente en la existencia de los hundimientos de la v\u00eda. <\/p>\n
5. Igualmente el tribunal tuvo por probado, sin estarlo, que Sime\u00f3n Rivera Riveros carec\u00eda de pericia y conocimiento en el manejo de veh\u00edculos de carga, para lo cual distorsion\u00f3 las declaraciones de los dos automovilistas involucrados en el choque. <\/p>\n
6. Finaliz\u00f3 la inconforme se\u00f1alando que por la errada valoraci\u00f3n de estos elementos probatorios el tribunal no observ\u00f3 que fue acreditada la causa extra\u00f1a excepcionada, consistente en el mal estado de la v\u00eda, detonante del accidente mencionado, lo cual constituye eximente de la responsabilidad civil derivada del ejercicio de actividades peligrosas, como lo tiene sentado la jurisprudencia sobre la materia, que transcribi\u00f3 en extenso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Es pertinente indicar que, por entrar en vigencia de manera \u00edntegra el C\u00f3digo General del Proceso a partir del 1\u00ba de enero de 2016, al sub judice resulta aplicable ya que consagr\u00f3, en los art\u00edculos 624 y 625 numeral 5\u00ba, que los recursos, entre otras actuaciones, deber\u00e1n surtirse bajo \u00ablas leyes vigentes cuando se interpusieron\u00bb, tal cual sucede con el que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, en raz\u00f3n a que fue radicado con posterioridad a la fecha citada. <\/p>\n
2. El fallo del a-quo declar\u00f3 infundadas todas las excepciones propuestas por los procesados y accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda, decisi\u00f3n que apel\u00f3 Transportes Sarvi Ltda. fundada en su ausencia de responsabilidad al no ostentar la guarda del tracto cami\u00f3n causante del accidente, as\u00ed como porque la tasaci\u00f3n de los da\u00f1os reconocidos a la promotora desbord\u00f3 los perjuicios realmente padecidos por esta. <\/p>\n
Conforme se desprende de dicha sinopsis, a pesar de que el juzgador de primer grado proclam\u00f3 impr\u00f3spera la defensa que Transportes Sarvi denomin\u00f3 \u00abcausa extra\u00f1a\u00bb, en la cual aleg\u00f3 que el motivo del accidente de tr\u00e1nsito fue el mal estado de la v\u00eda p\u00fablica y que esto era raz\u00f3n suficiente para eximir de responsabilidad a los enjuiciados, la recurrente consinti\u00f3 t\u00e1citamente dicha determinaci\u00f3n en tanto no la censur\u00f3 en su apelaci\u00f3n. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, a pesar de que tal litigante prescindi\u00f3 de la oportunidad consagrada en el ordenamiento adjetivo para censurar el razonamiento del fallador, de manera sorpresiva lo expone a trav\u00e9s del presente mecanismo extraordinario de defensa. <\/p>\n
Es decir que la recurrente dej\u00f3 de lado la segunda instancia del pleito y ahora pretende, como \u00faltimo remedio, suscitar una protesta a la que inicialmente renunci\u00f3. <\/p>\n
Tal proceder, por configurar un alegato novedoso, impide a la Corte hacer un pronunciamiento de fondo porque, como lo ha puntualizado de anta\u00f1o, avalar en el curso del juicio una situaci\u00f3n f\u00e1ctica y criticarla sorpresivamente en esta sede extraordinaria denota incoherencia en quien as\u00ed procede, actuar que por desleal no es admisible como quiera que habilitar\u00eda la conculcaci\u00f3n del derecho al debido proceso de su contendor, habida cuenta que \u00e9ste ver\u00eda cercenada la oportunidad de defensa regulada en la segunda instancia del proceso, caracter\u00edstica que no tiene el recurso de casaci\u00f3n; as\u00ed como porque implicar\u00eda tachar el prove\u00eddo del tribunal con base en argumentos que ante \u00e9l no fueron expuestos y de los cuales, por ende, no tuvo oportunidad de pronunciarse. <\/p>\n
Ciertamente, la Sala tiene establecido: <\/p>\n
Sobre el punto, en incontables ocasiones esta Corporaci\u00f3n ha predicado la improcedencia de ese proceder, en una de las cuales dijo lo siguiente: se quebranta \u2018el derecho de defensa si uno de los litigantes pudiese echar mano en casaci\u00f3n de hechos, extremos o planteamientos no alegados o formulados en instancia, respecto de los cuales, si lo hubiesen sido entonces, la contraparte habr\u00eda podido defender su causa. Pero promovidos ya cerrando el proceso, la infirmaci\u00f3n de la sentencia con apoyo en ellos, equivaldr\u00eda a la pretermisi\u00f3n de las instancias, de las formas propias del tr\u00e1mite requerido, con quebranto de la garant\u00eda institucional de no ser condenado sin haber sido o\u00eddo y vencido en juicio. La sentencia del ad quem no puede enjuiciarse, entonces, sino con vista en los materiales que sirvieron para estructurarlo; no con materiales distintos, extra\u00f1os y desconocidos. Ser\u00eda lo contrario, un hecho desleal, no solo entre las partes, sino tambi\u00e9n respecto del Tribunal fallador, a quien se le emplazar\u00eda a responder en relaci\u00f3n con hechos o planteamientos que no tuvo ante sus ojos, y a\u00fan respecto del fallo mismo, que tendr\u00eda que defenderse de armas para \u00e9l hasta entonces ignoradas\u2019.\u00bb (CSJ SC de 1\u00ba abr. 2002, rad. 7251). <\/p>\n
Sobre la misma tem\u00e1tica, en oportunidad m\u00e1s reciente la Corte precis\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) Como se revela de dicho compendio, a pesar de que el juzgado de primera instancia dispuso el pago de los intereses comerciales moratorios desde una fecha anterior a la pedida por el demandante, la recurrente consinti\u00f3 t\u00e1citamente dicha determinaci\u00f3n porque no la censur\u00f3 en su apelaci\u00f3n, al limitar su alzada a reiterar las alegaciones que inicialmente blandi\u00f3 en su escrito de excepciones. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, resulta sorpresivo que a pesar de que tal litigante desech\u00f3 la oportunidad prevista en el ordenamiento adjetivo para atacar el desd\u00e9n del fallador, de manera sorpresiva lo exponga a trav\u00e9s del presente mecanismo extraordinario de defensa. <\/p>\n
Es decir que, haciendo a un lado la segunda instancia del pleito, la recurrente pretende, como \u00faltimo remedio y de forma novedosa, suscitar una protesta a la que inicialmente renunci\u00f3. <\/p>\n
Ese obrar, por configurar un alegato nuevo, impide a la Corte hacer un pronunciamiento de fondo porque, como lo ha puntualizado de anta\u00f1o, avalar en el curso del juicio una situaci\u00f3n f\u00e1ctica y criticarla sorpresivamente en esta sede extraordinaria denota incoherencia en quien as\u00ed procede, actuar que por desleal no es admisible comoquiera que habilitar\u00eda la conculcaci\u00f3n del derecho al debido proceso de su contendor, en la medida en que \u00e9ste ver\u00eda cercenadas las oportunidades de defensa reguladas en las instancias del proceso, caracter\u00edstica que no tiene el recurso de casaci\u00f3n. (CSJ, SC129 de 2018, rad. 2010-00364-01). <\/p>\n
Por consiguiente, el cargo bajo estudio padece del aludido desatino que lo hace impr\u00f3spero. <\/p>\n
1. Arguye la transgresi\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 27, 30, 2347, 2356 del C\u00f3digo Civil, 991 del C\u00f3digo de Comercio, as\u00ed como de los c\u00e1nones 164, 165 y 176 del C\u00f3digo General del Proceso, puesto que estos tres \u00faltimos exigen, en su orden, que la acreditaci\u00f3n de los hechos se haga a trav\u00e9s de pruebas conducentes, previstas legalmente y \u00fatiles, as\u00ed como que el juzgador exponga motivadamente el m\u00e9rito que asigna a cada elemento suasorio. <\/p>\n
2. La recurrente hace consistir el quebranto en que el prove\u00eddo atacado coligi\u00f3 que ella ten\u00eda la guarda del veh\u00edculo causante del da\u00f1o, que el conductor era su dependiente y que estaba cumpliendo una labor encomendada por la empresa, no obstante que los dos medios probatorios apreciados para ese prop\u00f3sito nada dicen al respecto, como fueron el \u00abcertificado de existencia y representaci\u00f3n legal de Transportes Sarvi Limitada, en el que consta que su objeto social es el transporte\u00bb y el contrato de afiliaci\u00f3n del automotor. <\/p>\n
3. A\u00f1adi\u00f3 que, por el contrario, este convenio acredita que el tractocami\u00f3n de placas SUL-540 sigui\u00f3 siendo detentado por su propietario, quien adem\u00e1s siempre tuvo la potestad de elegir al conductor y este ni aquel ten\u00edan subordinaci\u00f3n frente a la empresa, lo cual muestra que Francisco Torres Rodr\u00edguez era el guardi\u00e1n de la actividad ejecutada, al tenor del inciso final del art\u00edculo 991 del C\u00f3digo de Comercio, resaltador de la tenencia del bien sobre un t\u00edtulo a efectos de determinar en qui\u00e9n recae la responsabilidad demandada. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que trat\u00e1ndose del traslado de pasajeros las empresas transportadoras s\u00ed adquieren la direcci\u00f3n absoluta de los automotores que vinculan, pero no ocurre lo mismo en el transporte de carga por falta de regulaci\u00f3n, de donde el afiliado queda facultado para prestar este servicio sin la intervenci\u00f3n de la empresa, si as\u00ed lo pactan. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, adujo la censura, Transportes Sarvi no ten\u00eda la guarda del veh\u00edculo de Francisco Torres Rodr\u00edguez porque carec\u00eda de facultad para administrarlo y dirigir al conductor elegido por el propietario, al punto que no intervino en el servicio que estaba prestando al momento del accidente materia de este litigio, seg\u00fan da cuenta la relaci\u00f3n de env\u00edos aportada con el escrito de contestaci\u00f3n a la demanda iniciadora de la contienda. <\/p>\n
De all\u00ed que el contrato de afiliaci\u00f3n dio cuenta del pacto con el cual el due\u00f1o del rodante exoner\u00f3 a la empresa por cualquier responsabilidad civil extracontractual que pudiera derivarse de su uso y goce. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Denuncia el agravio por v\u00eda directa los art\u00edculos 30 del C\u00f3digo Civil, 991 del C\u00f3digo de Comercio y 36 de la ley 336 de 1996, en sustento de lo cual reiter\u00f3 la argumentaci\u00f3n que en el numeral 3\u00ba del cargo anterior qued\u00f3 sintetizada. <\/p>\n
Adicion\u00f3 que el tribunal err\u00f3 al considerar que la afiliaci\u00f3n de un veh\u00edculo y la realizaci\u00f3n de su objeto social la hacen responsable por los da\u00f1os causados con \u00e9l cuando ejerce una actividad peligrosa as\u00ed como por el hecho ajeno, pues ello s\u00f3lo se pregona de quien tiene la guarda material del bien o recibe provecho econ\u00f3mico de la actividad con \u00e9l desplegada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Los dos \u00faltimos embates propuestos en el libelo extraordinario fueron integrados en uno solo para su estudio, conforme lo posibilita el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 51 del Decreto 2651 de 1991 adoptado como legislaci\u00f3n permanente por el precepto 62 de la Ley 446 de 1998, a cuyo tenor \u00ab[s]in perjuicio de lo dispuesto en los respectivos c\u00f3digos de procedimiento acerca de los requisitos formales que deben reunir las demandas de casaci\u00f3n, cuando mediante ellas se invoque la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial se observar\u00e1n las siguientes reglas: (\u2026) 3. Si se formulan acusaciones en distintos cargos y la Corte considera que han debido proponerse a trav\u00e9s de uno solo, de oficio los integrar\u00e1 y resolver\u00e1 sobre el conjunto seg\u00fan corresponda.\u00bb <\/p>\n
Esto en tanto que los dos embates se complementan, por cuanto el segundo expone la forma en la cual -conforme al criterio de la empresa recurrente- el fallo criticado incurri\u00f3 en errores de valoraci\u00f3n probatoria, al paso que el tercer reproche explica la forma en la que fue conculcada la ley sustancial a consecuencia de aquellos desdenes. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que incluso en el \u00faltimo cargo se reiteran las falencias explicadas en su antecesor, quedando en evidencia que realmente los dos reproches son uno s\u00f3lo. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, la integraci\u00f3n de los reparos se justifica en cuanto ambos desarrollan id\u00e9ntico alegato en relaci\u00f3n con la supuesta conculcaci\u00f3n del ordenamiento sustancial, cual es la interpretaci\u00f3n dada por el juzgador de segunda instancia a la condici\u00f3n de guardi\u00e1n de la actividad desplegada con el rodante que gener\u00f3 el accidente de tr\u00e1nsito referido. <\/p>\n
2. El numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso consagra que el escrito con que se promueve la casaci\u00f3n debe contener \u00ab[l]a formulaci\u00f3n, por separado, los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa.\u00bb <\/p>\n
Y es que este recurso, por su naturaleza extraordinaria, impone al censor el respeto de unas reglas t\u00e9cnicas orientadas a facilitar la comprensi\u00f3n de los argumentos con que pretende rebatir los sustentos del prove\u00eddo atacado. De ello se deriva la aplicaci\u00f3n del principio dispositivo, en cuya virtud esta Corporaci\u00f3n no puede subsanar las deficiencias observadas en la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed lo tiene advertido la Sala al exigir que \u00ab[s]in distinci\u00f3n de la raz\u00f3n invocada, deben proponerse las censuras mediante un relato hilvanado y claro, de tal manera que de su lectura emane el sentido de la inconformidad, sin que exista cabida para especulaciones o deficiencias que lo hagan incomprensible y deriven en deserci\u00f3n, m\u00e1xime cuando no es labor de la Corte suplir las falencias en que incurran los litigantes al plantearlos\u00bb (CSJ AC7250 de 2016, rad. 2012-00419-01). <\/p>\n
No podr\u00eda ser de otra forma, pues la impugnaci\u00f3n se encuentra en manos del recurrente, quien establece los motivos y las razones que en su sentir pueden dar lugar a la casaci\u00f3n, sin que el \u00f3rgano de conocimiento pueda sustituir al legitimado en su argumentaci\u00f3n, ya que asumir\u00eda el rol de un juez de instancia y suplantar\u00eda al censor1. <\/p>\n
2.1. Con base en tales premisas colige la Sala que la censura adolece de defectos t\u00e9cnicos que bastar\u00edan para desestimarla, al entremezclar cr\u00edticas que corresponden a errores de hecho con otras que comportan yerros de derecho, sin realizar la indispensable argumentaci\u00f3n que justifique su invocaci\u00f3n conjunta. <\/p>\n
En efecto, se le imputa al ad-quem no observar que los c\u00e1nones 164 y 165 del C\u00f3digo General del Proceso exigen la acreditaci\u00f3n de los hechos alegados mediante pruebas conducentes, previstas legalmente y \u00fatiles, respectivamente, de donde tales cr\u00edticas, de cara al recurso extraordinario de casaci\u00f3n, correspond\u00eda ponerlas de presente invocando el error de derecho. <\/p>\n
Sin embargo, a rengl\u00f3n seguido la recurrente atribuye al fallador falencias equivalentes a errores de hecho, aduciendo que tergivers\u00f3 el contrato de afiliaci\u00f3n ajustado entre Transportes Sarvi Ltda. y Francisco Torres Rodr\u00edguez, as\u00ed como el \u00abcertificado de existencia y representaci\u00f3n legal de Transportes Sarvi Limitada, en el que consta que su objeto social es el transporte\u00bb, porque de estos documentos el tribunal extract\u00f3 que dicha sociedad ten\u00eda la guarda del veh\u00edculo causante del da\u00f1o, que el conductor era su dependiente y que este cumpl\u00eda una labor encomendada por la empresa. <\/p>\n
Por consecuencia, las cr\u00edticas expuestas no deslindaron los errores de derecho con los de hecho. Por el contrario los entremezclaron como si no existiera diferencia entre unos y otros, no obstante que, se tiene decantado, el juez puede quebrantar la ley sustancial de forma indirecta al cometer errores de hecho, que aluden a la ponderaci\u00f3n objetiva de las pruebas, o de derecho, cuando de su validez jur\u00eddica se trata. <\/p>\n
La inicial afectaci\u00f3n -por faltas f\u00e1cticas- ocurre cuando el fallador se equivoca al apreciar materialmente los medios de convicci\u00f3n, ya sea porque supone el que no existe, pretermite el que s\u00ed est\u00e1 o tergiversa el que acertadamente encontr\u00f3, modalidad \u00e9sta que equivale a imaginar u omitir parcialmente el elemento probatorio porque la distorsi\u00f3n, en que incurre el Juzgador implica agregarle algo de lo que carece o quitarle lo que s\u00ed expresa, con alteraci\u00f3n de su contenido de forma significativa. <\/p>\n
Los errores de hecho probatorios se relacionan con la constataci\u00f3n material de los medios de convicci\u00f3n en el expediente o con la fijaci\u00f3n de su contenido objetivo. Se configuran, en palabras de la Corte, \u2018(\u2026) a) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en \u00e9l no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad s\u00ed existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que s\u00ed existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuy\u00e9ndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adici\u00f3n o por cercenamiento (…)\u2019 (CSJ, SC9680, 24 jul. 2015, rad. 2004-00469-01). <\/p>\n
La otra modalidad de yerro, el de derecho, se configura en el escenario de la diagnosis jur\u00eddica de los elementos de prueba, al ser desconocidas las reglas sobre su aducci\u00f3n e incorporaci\u00f3n, m\u00e9rito demostrativo asignado por el legislador, contradicci\u00f3n de la prueba o valoraci\u00f3n del acervo probatorio en conjunto. La Corte ense\u00f1\u00f3 que se incurre en esta falencia si el juzgador: <\/p>\n
Aprecia pruebas aducidas al proceso sin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producci\u00f3n; o cuando, vi\u00e9ndolas en la realidad que ellas demuestran, no las eval\u00faa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente proh\u00edbe para el caso; o cuando, requiri\u00e9ndose por la ley una prueba espec\u00edfica para demostrar determinado hecho o acto jur\u00eddico, no le atribuye a dicho medio el m\u00e9rito probatorio por ella se\u00f1alado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificaci\u00f3n de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere. (CXLVII, p\u00e1gina 61, citada en CSJ SC de 13 abr. 2005, rad. n\u00ba 1998-0056-02; CSJ SC de 24 nov. 2008, rad. n\u00ba 1998-00529-01; CSJ SC de 15 dic. 2009, rad. n\u00ba 1999-01651-01, entre otras). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la falencia t\u00e9cnica aludida del escrito casacional, consistente en fusionar el error de hecho del fallo fustigado con el yerro de derecho cual si fueran uno s\u00f3lo, ser\u00eda suficiente para colegir inviable el ataque, porque los cargos invocados deben guardar correspondencia con la causal escogida por el censor, en desarrollo de la autonom\u00eda de los motivos de casaci\u00f3n, toda vez que: <\/p>\n
[D]ada la autonom\u00eda de las distintas causales previstas en la ley para la procedencia del recurso de casaci\u00f3n y el modo independiente como cada una de ellas debe operar de acuerdo con la \u00edndole del error judicial de fondo o de forma que tienden a corregir, es claro que no queda al arbitrio de quien a este medio de impugnaci\u00f3n acude, hacer uso de dichas causales como mejor le parezca, tom\u00e1ndolas como un simple asunto de nomenclatura sin mayor importancia (CSJ SC de 16 dic. 2005, rad. 1993-0232-01). <\/p>\n
El legislador, en el art\u00edculo 368 del C. de P. C., consagr\u00f3 diferentes causales de casaci\u00f3n para que el interesado, al momento de exponer las razones de su inconformidad e invocar la senda pertinente pudiera, ciertamente, presentar una adecuada denuncia o encauzar su queja de manera id\u00f3nea. Atendiendo esa perspectiva, al censor le est\u00e1 vedado, al momento de formalizar los cargos, involucrar indistintamente reproches que refieran a una y otra senda casacional; tambi\u00e9n mixturar o entremezclar, simult\u00e1neamente, la fundamentaci\u00f3n que sirve de soporte a cualquiera de ellas. (CSJ, AC5139 de 2018, rad. n\u00ba 2001-00636-01; se subraya). <\/p>\n
2.2. De otro lado, observa la Corte que los aludidos reproches carecen de la necesaria simetr\u00eda que debe existir entre las consideraciones vertidas en la sentencia atacada y las inconformidades de la recurrente en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Con otras palabras, los cargos lucen parcialmente desenfocados, en la medida en que es de rigor para quien acude a este mecanismo de defensa orientar acertadamente sus cr\u00edticas, lo que implica que debe atacar las razones, sean jur\u00eddicas o f\u00e1cticas, de la sentencia cuestionada. <\/p>\n
De all\u00ed que si para tales efectos son aducidas consideraciones ajenas a tal decisi\u00f3n, por una incorrecta o incompleta asunci\u00f3n de lo realmente plasmado en ella, la recriminaci\u00f3n no deba ser acogida, por no estar dirigida hacia los pilares de la providencia del ad-quem. <\/p>\n
Sobre el tema esta Corporaci\u00f3n ha establecido lo siguiente: <\/p>\n
(\u2026) \u2018la Corte ha se\u00f1alado que \u2018[d]e manera, pues, que en esas condiciones el reproche resulta desenfocado, en la medida en que no guarda una estricta y adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar\u2019 (\u2026) o que \u2018resulta desenfocado, pues deja de lado la raz\u00f3n toral de la que se vali\u00f3 el ad quem para negar las pretensiones (\u2026) Ignorado fue, entonces, el n\u00facleo argumentativo del fallo impugnado, haciendo del cargo una embestida carente de precisi\u00f3n, pues apenas comprende algunas de las periferias del asunto, lo cual anticipa su ineficacia para propiciar el pronunciamiento de la Corte.\u2019 (CSJ AC 23 nov. 2012, rad. 2006-00061-01). <\/p>\n
De tal falencia padecen los cargos bajo estudio, en raz\u00f3n a que la reclamante censura la decisi\u00f3n del Tribunal por colegir, con base en su certificado de existencia y representaci\u00f3n legal, que pose\u00eda la guarda del veh\u00edculo de placas SUL-540, a pesar de que en dicho documento solo \u00abconsta que su objeto social es el transporte\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, la sentencia de segunda instancia no se fund\u00f3 en el aludido certificado sino, \u00fanicamente, en el contrato de afiliaci\u00f3n. <\/p>\n
Y a pesar de citar el certificado de tradici\u00f3n del automotor -documento totalmente distinto al de existencia y representaci\u00f3n legal-, lo fue para establecer la propiedad del tractocami\u00f3n en Francisco Torres Rodr\u00edguez, no para tener por acreditada la vinculaci\u00f3n del rodante con Transportes Sarvi Ltda., como erradamente esta lo aduce. <\/p>\n
Ciertamente, ese estrado judicial consider\u00f3 que \u00ab[l]a demandada TRANSPORTES SARVI LTDA., por l\u00ednea de principio por ser la empresa afiliadora del veh\u00edculo de placas SUL-540 es obligada solidaria como guardi\u00e1n de la actividad desplegada con el automotor afiliado seg\u00fan el contrato celebrado entre el due\u00f1o Francisco Torres Rodr\u00edguez, seg\u00fan el certificado del 19 de enero de 2006 expedido por el Coordinador de la Unidad Regional de Tr\u00e1nsito y Transportes La Calera, documento no redarg\u00fcido de falso y por lo mismo merece tenerse como prueba para este efecto y TRANSPORTES SARVI LTDA., celebrado el 4 de marzo de 2005, documento aportado por esta demanda (sic) cuyo contenido por este hecho, hace fe en su contra de la existencia del contrato de afiliaci\u00f3n y secuela del mismo, es su compromiso en la responsabilidad civil aqu\u00ed debatida.\u00bb (Resaltado ajeno. Folio 46, cuaderno). <\/p>\n
Consecuentemente, el agravio bajo estudio fue parcialmente asim\u00e9trico, por estar dirigido a enjuiciar consideraciones del fallo del Tribunal que en verdad no est\u00e1n contenidas en \u00e9l. <\/p>\n
3. Pero aun dejando de lado las precedentes faltas t\u00e9cnicas del escrito sustentador de la impugnaci\u00f3n extraordinaria, esta Corporaci\u00f3n concluye que no ser\u00e1 declarada pr\u00f3spera, como pasa a verse: <\/p>\n
3.1. La presente acci\u00f3n de responsabilidad civil extracontractual propende por el resarcimiento de los perjuicios derivados del accidente de tr\u00e1nsito relatado en la demanda, de donde encuentra su principal fundamento en el art\u00edculo 2341 del C\u00f3digo Civil, que impone a quien ha cometido delito o culpa infiriendo da\u00f1o a otro el deber de indemnizarlo. <\/p>\n
Adem\u00e1s, correspondiendo el hecho generador de la lesi\u00f3n a un accidente de tr\u00e1nsito, procede el encuadramiento de la acci\u00f3n bajo la teor\u00eda de las actividades peligrosas desarrollada con base en el art\u00edculo 2356 ib\u00eddem, aplicable a la conducci\u00f3n de veh\u00edculos automotores, como doctrinaria y jurisprudencialmente ha sido calificada. <\/p>\n
En tal eventualidad y con el fin de establecer la responsabilidad deprecada, a la v\u00edctima le basta acreditar el ejercicio de la actividad peligrosa por su contendor, el da\u00f1o que padeci\u00f3 y la relaci\u00f3n de causalidad entre aquella y este; al paso que el demandado s\u00f3lo puede exonerarse demostrando que el perjuicio no fue producido por la actividad peligrosa en tanto obedeci\u00f3 al devenir de un elemento extra\u00f1o y exclusivo, como la fuerza mayor o caso fortuito, la intervenci\u00f3n de la v\u00edctima o la de un tercero, circunstancias que rompen el nexo causal citado. <\/p>\n
Es desacertado, entonces, enfocar la defensa alegando la ausencia de culpa de los enjuiciados, toda vez que s\u00f3lo pueden exonerarse de responsabilidad rompiendo la causalidad. <\/p>\n
Como el ejercicio de la actividad peligrosa se sirve, las m\u00e1s de las veces, de bienes inanimados (arts. 2350, 2351, 2355 y 2356 C.C.), generando potencial riesgo para terceros, recae en el guardi\u00e1n de la operaci\u00f3n causante del detrimento la obligaci\u00f3n de repararlo, ostentando dicha posici\u00f3n quien tenga la detentaci\u00f3n del bien utilizado, ya sea de forma directa o indirecta, cual sucede, como regla de general, respecto de su propietario o empresario, en cabeza de quienes se presume legalmente la potestad de control; los poseedores materiales y tenedores leg\u00edtimos de la cosa con facultad de uso y goce; y los detentadores ileg\u00edtimos y viciosos, tambi\u00e9n denominados usurpadores, en tanto que asumieron de hecho el poder aut\u00f3nomo de mando, obstaculizando el de los leg\u00edtimos titulares. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con esta tem\u00e1tica tiene dicho la Corte que: <\/p>\n
(\u2026) por principio la prueba por cualquier medio probatorio id\u00f3neo de la afiliaci\u00f3n o vinculaci\u00f3n del veh\u00edculo destinado al transporte, \u2018legitima suficientemente a la empresa afiliadora para responder por los perjuicios que se causan a terceros en el ejercicio de la actividad peligrosa que entra\u00f1a la movilizaci\u00f3n de veh\u00edculos automotores para la satisfacci\u00f3n del aludido servicio, pues si ella es la que crea el riesgo\u2026\u2019 (cas. civ. sentencia n\u00famero 021 de 1\u00ba de febrero de 1992) debe responder por los da\u00f1os causados, dado que \u2018el solo hecho de estar afiliado un veh\u00edculo a determinada sociedad, implica que \u00e9sta en principio soporte alguna responsabilidad y tenga alg\u00fan control sobre el veh\u00edculo\u2019 (CCXXXI, 2\u00ba volumen, 897), quedando comprendido el detrimento en la esfera o c\u00edrculo de su actividad peligrosa. (CSJ SC de 17 may. 2011, rad. 2005-00345-01). <\/p>\n
De all\u00ed que, en concordancia, el art\u00edculo 991 del C\u00f3digo de Comercio, modificado por el canon 9\u00ba del decreto 01 de 1990, consagre que \u00ab[c]uando la empresa de servicio p\u00fablico no sea propietaria o arrendataria del veh\u00edculo en que se efect\u00faa el transporte, o no tenga a otro t\u00edtulo el control efectivo de dicho veh\u00edculo, el propietario de \u00e9ste, la empresa que contrate y la que conduzca, responder\u00e1n solidariamente del cumplimiento de las obligaciones que surjan del contrato de transporte. La empresa tiene el control efectivo del veh\u00edculo cuando lo administra con facultad de utilizarlo y designar el personal que lo opera, directamente y sin intervenci\u00f3n del propietario.\u00bb <\/p>\n
3.2. Con base en las anteriores premisas, extracta la Corte que el juzgador de segundo grado err\u00f3 al considerar que la afiliaci\u00f3n del automotor causante del accidente vial impon\u00eda, sin m\u00e1s, la declaratoria de responsabilidad extracontractual demandada en contra de la empresa de transporte, por cuanto el tribunal no advirti\u00f3 que la presunci\u00f3n de guardiana que recae en contra de la sociedad mercantil admite prueba en contrario. <\/p>\n
Como lo ha precisado la Corte, la presunci\u00f3n de guardi\u00e1n de la actividad desarrollada puede ser infirmada si se \u00abdemuestra que transfiri\u00f3 a otra persona la tenencia de la cosa en virtud de un t\u00edtulo jur\u00eddico, como el de arrendamiento, el de comodato, etc., o que fue despojado inculpablemente de la misma, como en el caso de haberle sido robada o hurtada [\u2026]\u00bb (CSJ SC de 17 may. 2011, rad. 2005-00345-01). <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, inadvirti\u00f3 el juzgador colegiado que no se trata de una presunci\u00f3n de derecho -la cual no admite prueba en contrario- sino legal -que s\u00ed la acepta-, conforme lo regula el inciso final del art\u00edculo 166 del C\u00f3digo General del Proceso, al se\u00f1alar que \u00ab[e]l hecho legalmente presumido se tendr\u00e1 por cierto, pero admitir\u00e1 prueba en contrario cuando la ley lo autorice.\u00bb <\/p>\n
Efectivamente, el prove\u00eddo criticado coligi\u00f3 que \u00absea lo primero advertir que TRANSPORTES SARVI LTDA., por el solo hecho del contrato de afiliaci\u00f3n en principio s\u00ed es responsable solidario del da\u00f1o causado por su afiliado.\u00bb (Resaltado ajeno al texto). <\/p>\n
Y aun cuando en su disertaci\u00f3n el ad-quem se\u00f1al\u00f3 que esto operaba como regla de principio, no desarroll\u00f3 ni tampoco valor\u00f3 el acervo probatorio a efectos de dilucidar si se present\u00f3 excepci\u00f3n alguna frente a la aludida presunci\u00f3n, de donde se colige que en verdad la aplic\u00f3 radicalmente, esto es, como se tratara de una presunci\u00f3n de derecho. <\/p>\n
3.3. A pesar del desacierto de la sentencia cuestionada puesto de presente en l\u00edneas precedentes, este s\u00f3lo tendr\u00e1 efectos de rectificaci\u00f3n doctrinaria, al carecer de la trascendencia necesaria para que esta Corporaci\u00f3n acceda al recurso extraordinario, en raz\u00f3n a que si la Corte se situara en sede de segunda instancia concluir\u00eda que el contrato de afiliaci\u00f3n enarbolado por Transportes Sarvi no desvirt\u00faa su condici\u00f3n de guardiana de la actividad transportadora ejercida con el veh\u00edculo de placas SUL-540. <\/p>\n
Sobre la trascendencia que debe ostentar el error de la sentencia para hallar pr\u00f3spero el recurso de casaci\u00f3n, la Sala ha expresado que: <\/p>\n
A tono con la naturaleza extraordinaria del recurso de casaci\u00f3n, tiene establecido la jurisprudencia vern\u00e1cula de la Corte que dicho medio de impugnaci\u00f3n, no obstante habilitarse frente a aquellas sentencias que, como resultado de errores en la apreciaci\u00f3n probatoria, resultan infringiendo la ley sustancial, no constituye una instancia m\u00e1s en la que pueda intentarse una aproximaci\u00f3n al litigio, de suerte que, trat\u00e1ndose de la causal primera y cuando se acusa al fallador de haber incurrido en ese tipo de yerros, ser\u00e1 necesario que el recurrente demuestre, si de error de hecho se trata, no s\u00f3lo que la equivocaci\u00f3n es manifiesta, abultada o evidente, es decir, que \u201cpuede detectarse a simple golpe de vista, tanto que para descubrirlo no se exigen mayores esfuerzos o razonamientos, bastando el cotejo de las conclusiones de hecho a que llega el sentenciador y lo que las pruebas muestren\u201d (cas. civ. de 2001; exp. 6347), sino que tambi\u00e9n es trascendente, \u201cesto es, influyente o determinante de la decisi\u00f3n ilegal o contraria a derecho; lo cual, descarta, entonces, seg\u00fan lo tienen entendido jurisprudencia y doctrina, aquellos errores inocuos o que no influyen de manera determinante en lo dispositivo de la sentencia, porque su reconocimiento ning\u00fan efecto pr\u00e1ctico producir\u00eda\u201d (cas. civ. de octubre 20 de 2000; exp: 5509), por lo menos frente al cometido de la Corte de proveer a la realizaci\u00f3n del derecho objetivo que, en esa hip\u00f3tesis, no se ver\u00eda lesionado. (CSJ S-158 de 2001, rad. 5993). <\/p>\n
Pues bien, la condici\u00f3n de guardiana de la actividad desplegada con el tracto cami\u00f3n causante del accidente vial originador de la litis es, precisamente, lo que repele la recurrente, aduciendo que no ostentaba el veh\u00edculo a pesar de tenerlo afiliarlo a su parque automotor, porque aquella facultad de mutuo acuerdo qued\u00f3 radicada en el propietario del rodante, al punto que este designaba el conductor y ejecut\u00f3 el servicio que era prestado el d\u00eda del infortunio. <\/p>\n
Sin embargo, la Sala bien pronto colige que estas alegaciones no dan lugar a desvirtuar la condici\u00f3n de guardiana citada, a pesar de ser ciertas, porque un pacto en tal sentido, celebrado entre el propietario del veh\u00edculo y la empresa que lo vincula, no configura causa que desvirt\u00fae la guarda de que se trata. <\/p>\n
La posici\u00f3n de guardi\u00e1n de la actividad desarrollada con un rodante causante de da\u00f1os en accidente de tr\u00e1nsito se predica de las empresas de transporte, entre otras personas, \u00abno s\u00f3lo porque obtienen aprovechamiento econ\u00f3mico como consecuencia del servicio que prestan con los automotores as\u00ed vinculados sino debido a que, por la misma autorizaci\u00f3n que le confiere el Estado para operar la actividad, p\u00fablica por dem\u00e1s, son quienes de ordinario ejercen sobre el automotor un poder efectivo de direcci\u00f3n y control, dada la calidad que de tenedoras leg\u00edtimas adquieren a ra\u00edz de la afiliaci\u00f3n convenida con el propietario o poseedor del bien, al punto que, por ese mismo poder que desarrollan, son las que determinan las l\u00edneas o rutas que debe servir cada uno de sus veh\u00edculos, as\u00ed como las sanciones a imponer ante el incumplimiento o la prestaci\u00f3n irregular del servicio, al tiempo que asumen la tarea de verificar que la actividad se ejecute previa la reuni\u00f3n integral de los distintos documentos que para el efecto exige el ordenamiento jur\u00eddico y las condiciones mec\u00e1nicas y t\u00e9cnicas mediante las cuales el parque automotor a su cargo debe disponerse al mercado.\u00bb (CSJ SC de 20 jun. 2005, rad. 7627). <\/p>\n
Es que, \u00ab[e]l servicio p\u00fablico de Transporte dentro del pa\u00eds tiene un alcance nacional y se prestar\u00e1 por empresas, personas naturales o jur\u00eddicas, legalmente constituidas de acuerdo con las disposiciones colombianas y debidamente habilitadas por la autoridad de transporte competente\u00bb (art. 9\u00ba, ley 336 de 1996). <\/p>\n
Entonces, el prop\u00f3sito del contrato de vinculaci\u00f3n de un automotor a una sociedad transportista es posibilitarle la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de traslado de pasajeros u objetos para el cual fue autorizada por el Estado, aval que se otorga con base en la capacidad transportadora acreditada, al tenor del art\u00edculo 22 de la ley 336 de 1996, seg\u00fan el cual \u00ab[t]oda empresa del servicio p\u00fablico de transporte contar\u00e1 con la capacidad transportadora autorizada para atender la prestaci\u00f3n de los servicios otorgados.\u00bb <\/p>\n
La raz\u00f3n de ser de la aludida consagraci\u00f3n legal ata\u00f1e al orden p\u00fablico, porque tiende a regular el uso de automotores en una actividad que concierne al Estado, como es el transporte p\u00fablico en sus diversas modalidades, sometido a reglas de intervenci\u00f3n. <\/p>\n
Efectivamente, el literal b del art\u00edculo 2\u00ba de la ley 105 de 1993 lo dispone expresamente al se\u00f1alar que \u00ab(c)orresponde al estado la planeaci\u00f3n, el control, la regulaci\u00f3n y la vigilancia del transporte y de las actividades a \u00e9l vinculadas\u00bb, todo por las implicaciones de \u00edndole econ\u00f3mico y social que genera tal servicio p\u00fablico, pues a trav\u00e9s de \u00e9l son suplidas necesidades de la ciudadan\u00eda, b\u00e1sicas las m\u00e1s de las veces. <\/p>\n
Por consecuencia, la responsabilidad en la ejecuci\u00f3n de tal servicio requiere de las empresas transportadoras la facultad de tener bajo su control los bienes y el personal necesario para prestar el servicio, por tratarse de requisitos exigidos por el Estado para la concesi\u00f3n de la autorizaci\u00f3n. <\/p>\n
De all\u00ed que sea del resorte de las sociedades transportadoras contratar directamente a los conductores de los veh\u00edculos, conforme al art\u00edculo 36 de la ley 336 de 1996, seg\u00fan el cual \u00ab[l]os conductores de los equipos destinados al servicio p\u00fablico de transporte ser\u00e1n contratados directamente por la empresa operadora de transporte, quien para todos los efectos ser\u00e1 solidariamente responsable junto con el propietario del equipo\u00bb; as\u00ed como velar por el mantenimiento adecuado de los automotores (art. 38); entre otras obligaciones. <\/p>\n
En pasada oportunidad y aludiendo a dichas cargas, la Corte decant\u00f3 que: <\/p>\n
En el sentido que se acaba de exponer la Corporaci\u00f3n dej\u00f3 sentado, teniendo como punto de referencia las normas incorporadas en el decreto 1393 de 1970, \u201cvigente para la \u00e9poca de ocurrencia de los hechos, que las empresas de transporte son, por definici\u00f3n, una unidad de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica permanente, con los equipos, instalaciones, y \u00f3rganos de administraci\u00f3n adecuados para efectuar el acarreo de personas o bienes de un lugar a otro (art. 9\u00ba ), que las mismas deben poseer un sistema adecuado de mantenimiento de los veh\u00edculos, bien que lo hagan por cuenta propia o faciliten a los dem\u00e1s los medios para hacerlo (art. 21); que deben forzosamente contratar los conductores y les asignan los honorarios (arts. 2\u00ba, 47 y 51); que son las que elaboran tanto el reglamento de funcionamiento como el interno de trabajo (arts. 9\u00ba y 24); las que, cuando no son propietarias de todos los veh\u00edculos, los vincula \u00b4por cualquier forma contractual legalmente establecida\u00b4 (art. 9\u00ba), y en fin, la de que una vez obtenida la licencia de funcionamiento, que la acredita encontrarse en posibilidad \u00b4de prestar el servicio p\u00fablico de transporte terrestre automotor\u00b4 (art.23), obtiene la tarjeta de operaci\u00f3n de los veh\u00edculos\u201d(G. J., t. CXCVI, pag.155). (CSJ SC de 20 jun. 2005, rad. 7627) <\/p>\n
Con otras palabras, mientras un veh\u00edculo se encuentre vinculado a una sociedad transportadora a ra\u00edz de un convenio suscrito en tal sentido con su propietario, aquella no podr\u00e1 exonerarse de la responsabilidad extracontractual como la auscultada en el sub judice, aduciendo haber pactado con este que la administraci\u00f3n, control y, en general, disposici\u00f3n del rodante no estar\u00eda en cabeza del ente social sino del due\u00f1o del veh\u00edculo; alianza en ese sentido es contraria a su prop\u00f3sito, como es la entrega del bien a una empresa dedicada al ramo del transporte p\u00fablico, m\u00e1xime si el art\u00edculo 13 de la ley 336 de 1996, aludiendo a la autorizaci\u00f3n que otorga el Estado para prestar el servicio p\u00fablico de transporte, prev\u00e9 que \u00ab[l]a habilitaci\u00f3n es intransferible a cualquier t\u00edtulo. En consecuencia, los beneficiarios de la misma no podr\u00e1n celebrar o ejecutar acto alguno que, de cualquier manera, implique que la actividad transportadora se desarrolle por persona diferente a la que inicialmente le fue concedida, salvo los derechos sucesorales.\u00bb (Resaltado ajeno). <\/p>\n
En suma, al margen de que el contrato de afiliaci\u00f3n izado por Transportes Sarvi cumpla los requisitos impuestos por las autoridades administrativas para autorizarle la prestaci\u00f3n de este servicio p\u00fablico de transporte que presta -aspecto en el cual no incursiona la Corte por no ser de su competencia-, lo cierto es que tal convenio no desvirt\u00faa la posici\u00f3n de guardiana de la actividad desarrollada con el coche causante de la colisi\u00f3n generadora del presente litigio, pues esto puede lograrse si la sociedad acredita que le fue hurtado el bien, igualmente si celebr\u00f3 otro acuerdo de voluntades en virtud del cual entreg\u00f3 la posesi\u00f3n o tenencia del bien, seg\u00fan sea el caso, entre otras eventualidades; mas no porque haya delegado el servicio que le fue autorizado. <\/p>\n
4. De lo analizado emerge que el ad quem no incurri\u00f3 en la conculcaci\u00f3n del ordenamiento sustancial enrostrada en los cargos estudiados conjuntamente, circunstancia que conlleva a la frustraci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n extraordinaria, sin que haya lugar a la imposici\u00f3n de costas a su proponente, en virtud de la rectificaci\u00f3n doctrinaria realizada por la Corte (inc. final, art. 349 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 27 de mayo de 2016, por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en el proceso ordinario que Ruth Stella Vega Albino promovi\u00f3 contra Transportes Sarvi Ltda., Francisco Torres Rodr\u00edguez, Sime\u00f3n Rivera Riveros y Aseguradora Colseguros S.A., hoy Allianz Seguros S.A. <\/p>\n
Sin condena en costas. <\/p>\n
El magistrado ponente reconoce personer\u00eda al abogado Ricardo V\u00e9lez Ochoa como apoderado judicial de Allianz Seguros S.A., en los t\u00e9rminos del poder a \u00e9l conferido. <\/p>\n
En firme este prove\u00eddo devu\u00e9lvase la actuaci\u00f3n surtida al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Jorge Nieva Fenoll. El recurso de casaci\u00f3n ante el Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas, J.M. Bosh, Barcelona, 1998. <\/p>\n
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SC1084-2021 (2006-00125-01) AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente SC1084-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-31-03-003-2006-00125-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiocho de enero de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de abril de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Transportes […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[35],"tags":[],"class_list":["post-54060","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54060","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54060"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54060\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54060"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54060"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54060"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}