STC3234-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3234-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2020-01225-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de abril de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 1 de septiembre de 2020, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Alberto Linares Camacho contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Antioquia y la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Al tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el proceso laboral No. 2013-00264-00. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia, prevalencia del derecho sustancial, favorabilidad laboral, seguridad social, m\u00ednimo vital y dignidad presuntamente vulnerados por las autoridades Judiciales demandadas. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito introductorio y las probanzas que obran en el plenario, se observa lo siguiente: <\/p>\n
2.1. El promotor en su escrito indic\u00f3 que naci\u00f3 en noviembre del a\u00f1o 1963 y trabaj\u00f3 para Ecopetrol desde el 16 de abril de 1983 hasta el 14 de octubre de 2010. <\/p>\n
2.2. Que entre el periodo de 2005 al 2010 estuvo privado de la libertad con contrato vigente puesto que la entidad no lo suspendi\u00f3. <\/p>\n
2.3. El tutelante basado en el art\u00edculo 109 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo y el inciso 4 del decreto 807 de 1994, el 28 de diciembre de 2012 present\u00f3 derecho de petici\u00f3n a Ecopetrol S.A., con el fin de solicitarle el derecho a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n por plan 70, la cual fue negada por la empresa con el argumento de que \u00abel laudo arbitral modific\u00f3 el sistema de pensi\u00f3n [\u2026]\u00bb1. Posteriormente, el 18 de diciembre de 20132 formul\u00f3 demanda ordinaria laboral contra Ecopetrol persiguiendo el reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n por haber cumplido 20 a\u00f1os de servicio en el a\u00f1o 2004. Asunto que fue de conocimiento del Juzgado Laboral del Circuito de Puerto Berrio quien mediante providencia del 24 de marzo del 20153 accedi\u00f3 a su pretensi\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Inconforme con la decisi\u00f3n, la parte demandada present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n del que conoci\u00f3 el Tribunal accionado quien por prove\u00eddo del 30 de julio de 20154, resolvi\u00f3 revocar la decisi\u00f3n proferida en primera instancia. <\/p>\n
2.5. Ante dicha determinaci\u00f3n el aqu\u00ed promotor impetr\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n resuelto por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, que mediante sentencia del 10 de febrero de 20205 decidi\u00f3 no casar el fallo emitido por el A quo. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 \u00ab Revocar y dejar sin efectos la sentencia SL395 de fecha 10 de febrero de 2020 que dentro del radicado 72771 profiri\u00f3 la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral No. 2 de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia argument\u00f3 que \u00ablas manifestaciones, inconformidades y requerimientos que ahora expone el accionante, no desquician la \u00faltima componente del fallo de casaci\u00f3n, que son de fondo, al tenor de las cuales, si se le dispensara la incuria con la que abord\u00f3 el recurso extraordinario, el Juez de la apelaci\u00f3n no se equivoc\u00f3 en la decisi\u00f3n que adopt\u00f3, sobre el derecho sustancial en disputa. \u00bb. <\/p>\n
Asimismo indic\u00f3 que \u00ab las argumentaciones de la petici\u00f3n de amparo, no pueden ser de recibo, ya que no es posible por v\u00eda constitucional anular la esencia de la providencia dictada por esta Sala, invocando para ello, la supuesta vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales y la inadecuada defensa t\u00e9cnica, pues sin perjuicio de las acciones disciplinarias a que haya lugar, este \u00faltimo no puede ser un argumento v\u00e1lido para cuestionar una sentencia proferida por el \u00f3rgano de cierre de la justicia ordinaria con apego al ordenamiento jur\u00eddico, porque aun cuando se pueda discrepar de ella, no es factible dejarla sin efecto, para revivir un debate que ya fue resuelto por el juez natural, como si se tratase de una instancia adicional\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Antioquia, resalt\u00f3 que \u00ab la decisi\u00f3n tomada en esta instancia el 24 de septiembre de 2015 fue examinada a la luz de la normativa y jurisprudencia vigente y de cara a la prueba aportada al proceso la cual fue debidamente analizada, valorada y criticada como se puede corroborar en la decisi\u00f3n en cita.\u00bb <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abLa providencia fue argumentada y sustentada ampliamente, por lo cual la suscrita ruega a la Alta Corporaci\u00f3n se sirva negar por improcedente la salvaguarda solicitada, pues no se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho alguna; am\u00e9n de que por el transcurso del tiempo no se satisface el requisito de procedibilidad de la inmediatez \u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas neg\u00f3 el amparo promovido por el gestor, al considerar que \u00ab no puede el accionante, pretender que en sede de tutela, se impartan decisiones diferentes a las admitidas dentro del proceso ordinario laboral, cuando se evidencia que, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Antioquia y la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n actuaron en derecho, y la acci\u00f3n de amparo constitucional, solo se fundamenta en las discrepancias de criterios frente a interpretaciones normativas o valoraciones probatorias realizadas por los jueces naturales en el proceso ordinario laboral 2013-00264-00\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor quien luego de un an\u00e1lisis jurisprudencial, persigue las mismas pretensiones realizadas en su escrito inaugural. Es decir, que se revoque la sentencia de proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral del 10 de febrero de 2020 y la del 30 de julio de 2015 proferida por el Tribunal accionado que revoc\u00f3 el fallo de primera instancia que le reconoci\u00f3 la pensi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el presente asunto, el gestor pretende que a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional se amparen los derechos invocados y en consecuencia se proceda a \u00ab Revocar y dejar sin efectos la sentencia SL395 de fecha 10 de febrero de 2020 que dentro del radicado 72771 profiri\u00f3 la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral No. 2 de la Corte Suprema de Justicia\u00bb. Adem\u00e1s, dejar sin efecto la sentencia del 30 de julio de 20156, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Antioquia que revoc\u00f3 el fallo de primera instancia el cual le concedi\u00f3 la pensi\u00f3n con fundamento en la convencion colectiva de trabajo. <\/p>\n
2. El fundamento de su petici\u00f3n esta centrado en cuestionar la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del acto legislativo No. 1 de 2005 por parte de las autoridades cuestionadas, al considerar que la vigencia de la convenci\u00f3n colectiva del trabajo suscrita con Ecopetrol en materia de pensi\u00f3n extraordinaria perdi\u00f3 vigencia el 31 de julio de 2010. El promotor esgrime que en su caso tiene derecho al reconocimiento de la pensi\u00f3n extraordinaria de acuerdo al art\u00edculo 109 de la Convenci\u00f3n Colectiva del Trabajo y el decreto 807 de 1994 teniendo en cuenta que cumpli\u00f3 20 a\u00f1os de servicio en la empresa en el a\u00f1o 2014 y 49 a\u00f1os de edad en el 2012. <\/p>\n
3. Sobre el particular, debe indicarse que como bien lo se\u00f1al\u00f3 el Tribunal Superior de Antioquia, eran puntos pac\u00edficos de la litis \u00abla relaci\u00f3n laboral entre las partes, la existencia y validez de la convenci\u00f3n colectiva y la condici\u00f3n del trabajador como beneficiario de la misma\u00bb7, y que la norma invocada por el demandante a su favor para el reconocimiento de su pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, era la segunda parte del art\u00edculo 109 de la Convenci\u00f3n Colectiva, la cual refer\u00eda que la empresa \u00abreconocer\u00eda la pensi\u00f3n plena a quienes habiendo prestado servicios por m\u00e1s de 20 a\u00f1os, reunan 70 puntos en su sistema, en el cual cada a\u00f1o de servicio a Ecopetrol equivale a un punto y cada a\u00f1o de edad equivale a otro punto. Esta pensi\u00f3n se reconocer\u00e1 a solicitud del trabajador o por decisi\u00f3n de la empresa [\u2026]\u00bb8, texto que fue mantenido en las convenciones colectivas suscritas posteriormente. <\/p>\n
Ahora bien, para establecer la procedencia o no de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n reclamada y contenida en dicho art\u00edculo de la Convenci\u00f3n Colectiva, deb\u00eda ante todo examinarse si el demandante cumpl\u00eda con los requisitos para tal fin, lo que en efecto nos remit\u00eda a los par\u00e1grafos 2 y 3 del art\u00edculo 1 del Acto Legislativo 1 de 2005, disposici\u00f3n que regula la vigencia de las condiciones pensionales en convenciones colectivas de trabajo, laudos arbitrales, pactos colectivos, acuerdos u otros actos jur\u00eddicos semejantes, y en donde en el par\u00e1grafo 3 ib\u00eddem estableci\u00f3 \u00abLas reglas de car\u00e1cter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos v\u00e1lidamente celebrados, se mantendr\u00e1n por el t\u00e9rmino inicialmente estipulado. En los pactos , convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podr\u00e1n estipularse condiciones pensionales mas favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perder\u00e1n vigencia el 31 de julio de 2010\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en lo relacionado a la aplicaci\u00f3n de las disposiciones convencionales en materia pensional en consonancia con el Acto Legislativo 1 de 2005, pueden resaltarse dos aspectos: a) no pueden crearse condiciones laborales m\u00e1s favorables a partir del 25 de julio de 2005 y b) la fecha l\u00edmite para que las condiciones favorables creadas por convenciones surgidas antes del Acto Legislativo o por aquellas que fueron prorrogadas o est\u00e1n vigentes por denuncia de la convenci\u00f3n o conflicto colectivo, no tendr\u00e1n supervivencia m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010. <\/p>\n
En esa medida, al revisar lo alegado por la parte demandante, en el sentido de que deb\u00eda aplicarse el Laudo Arbitral y las Convenciones Colectivas posteriores a la del 2001 y 2002, y que eran posteriores al acto legislativo9, porque en su sentir, Ecopetrol acept\u00f3 dicho beneficio, no pod\u00eda ser de recibo, pues acorde a lo anterior, lo cierto era que los pactos, convenciones o laudos suscritos entre la vigencia del acto legislativo 1 de 2005, esto es el 25 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2010, no pod\u00edan estipularse condiciones m\u00e1s favorables a las que se encontraban vigentes, y en todo caso est\u00e1s perder\u00edan vigencia el 31 de julio de 2010. <\/p>\n
Al respecto, en pronunciamiento reciente esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 el alcance de dicha disposici\u00f3n en sentencia SL2543-2020, en la que indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abla Sala considera necesario precisar aqu\u00ed y ahora su postura, en el sentido de se\u00f1alar que en aplicaci\u00f3n del par\u00e1grafo transitorio del Acto Legislativo 01 de 2005, cuando la convenci\u00f3n colectiva se encuentre surtiendo efectos a la fecha de entrada en vigor la enmienda constitucional -29 de julio de 2005-, cualquiera sea el motivo para ello- en curso de la vigencia inicialmente pactada por las partes, en curso de alguna de las pr\u00f3rrogas previstas en la ley o en tr\u00e1mite de resoluci\u00f3n de conflicto suscitado por denuncia de convenci\u00f3n-, la extinci\u00f3n de las reglas pensionales all\u00ed convenidas, solo se producir\u00e1 al vencimiento de los plazos o de las pr\u00f3rrogas autom\u00e1ticas producidas por mandato del art\u00edculo 478 del CST o por la firma de una nueva convenci\u00f3n; que en todo caso perder\u00e1n vigencia el 31 de julio de 2010. El nuevo criterio jurisprudencial encuentra soporte, tambi\u00e9n en el derecho a la seguridad social en relaci\u00f3n con el acceso a las pensiones, como garant\u00eda fundamental de los ciudadaanos, derecho reconocido en diferentes instrumentos internacionales, tales como la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos de 1948-ratificado en 1948-, el Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales de 1966-aprobado por la ley 74 de 1968-y, el Protocolo de San Salvador de 1988-Aprobdod por la Ley 319 de 1996\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, al revisar puntualmente el caso objeto de an\u00e1lisis, se encuentra que respetando los derechos adquiridos, entendidos estos como aquellos que ya est\u00e1n consolidados y han ingresado al patrimonio del trabajador, en virtud de que este ya hab\u00eda completado la totalidad de condiciones exigidas para gozar de ese beneficio, se puede establecer que como bien lo destac\u00f3 el Tribunal en el caso objeto de estudio, \u00abel Laudo Arbitral que cobr\u00f3 ejecutoria el 17 de diciembre de 2003 y en el que se dej\u00f3 la pensi\u00f3n convencional contemplada en el art\u00edculo 109 del documento colectivo que rigi\u00f3 para el 2001, el mismo tuvo una duraci\u00f3n de 2 a\u00f1os, luego dicha norma reg\u00eda hasta diciembre de 2005, por lo que estaba vigente para el 25 de julio de ese a\u00f1o\u00bb10. No obstante, a partir de dicha anualidad la Convenci\u00f3n Colectiva que rigi\u00f3 del 2006 al 2009, \u00abno pod\u00eda continuar con las disposiciones que en materia pensional hab\u00eda dejado sentado en el laudo arbitral, porque ya se tornaba en reconocimiento de beneficios m\u00e1s favorables que los previstos en el Sistema de Seguridad Social\u00bb11. <\/p>\n
Finalmente, al revisar la solicitud del demandante, esto es la petici\u00f3n que interpuso el 28 de diciembre de 201212, solicitando su pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n ante la entidad, se evidencia que la norma all\u00ed invocada por el actor no tendr\u00eda validez por disposici\u00f3n constitucional, m\u00e1s aun cuando para la fecha de finalizaci\u00f3n de vigencia del laudo arbitral (diciembre de 2005), como bien lo detall\u00f3 el Tribunal, el se\u00f1or Linares Camacho no ten\u00eda acreditado el requisito de la edad, pues \u00abcumpli\u00f3 50 a\u00f1os en septiembre (sic) de 2013\u00bb, por lo que al \u00abvencer la vigencia del laudo [\u2026] contaba con 42 a\u00f1os y como tiempo de servicios ten\u00eda 21 a\u00f1os, [\u2026] lo que de cara a la norma convencional que \u00e9l est\u00e1 invocando sumaba un total de 63 puntos, mientras que la norma convencional exig\u00eda 70 puntos\u00bb13, y en esa medida solo ten\u00eda una mera expectativa para la obtenci\u00f3n de su pensi\u00f3n, dado que no cumpli\u00f3 con todas las exigencias para la materializaci\u00f3n de su derecho. <\/p>\n
4. Ahora bien, el accionante tambi\u00e9n discrepa de los argumentos que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia tuvo en cuenta para decidir No casar la respectiva sentencia a pesar de la sustentaci\u00f3n sobre los errores t\u00e9cnicos que la Corporaci\u00f3n encontr\u00f3. <\/p>\n
5. De acuerdo a lo anterior, en el caso sub examine se identifica una dispariedad de criterios , entre lo considerado por las autoridades cuestionadas en desarrollo de sus facultades amparadas por el principio de autonom\u00eda judicial de acuerdo con los art\u00edculo 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia y lo planteado por el gestor, situaci\u00f3n frente a la cual el juez constitucional no puede entrar a evaluar dichos criterios puesto que la acci\u00f3n constitucional no esta constituida como una tercera instancia. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica la Sala ha expresado : <\/p>\n
\u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, Reiterada CSJ STC 7478-2020). <\/p>\n
6. De conformidad con lo expuesto anteriormente no encuentra la Sala actuaciones arbitrarias, caprichosas, alejadas del ordenamiento constitucional o legal por parte de las autoridades judiciales encartadas que constiuyan una v\u00eda de hecho suceptible del amparo a los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
7. As\u00ed las cosas, la acci\u00f3n constitucional no es el mecanismo idoneo para el fin propuesto por el accionante, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, que neg\u00f3 el amparo deprecado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002 Subcarpeta 1 primera instancia ordinario pdf Fl 6 <\/p>\n
2\u0002 Subcarpeta 1 primera instancia ordinario pdf Fl 1-23. <\/p>\n
3\u0002 Anexo Instancia Ordinario 245-257 Final pdf, Fl 1 <\/p>\n
4\u0002 Carpeta Respuestas, Anexo RADICADO 05579 31 05 001 2013 00264 01. ACTA 267. <\/p>\n
5\u0002 Carpeta Respuestas, Anexo SENTENCIA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
6\u0002 Carpeta Respuestas, Anexo RADICADO 05579 31 05 001 2013 00264 01. ACTA 267. <\/p>\n
7\u0002 SubCarpeta 1 Rad. 2013-00264-01. Acta 267. audio min. 35:36. <\/p>\n
8\u0002 SubCarpeta 1 Rad. 2013-00264-01. Acta 267. audio min. 37:50. <\/p>\n
9\u0002 SubCarpeta 1 Rad. 2013-00264-01. Acta 267. audio min. 42:40. <\/p>\n
10\u0002 SubCarpeta 1 Rad. 2013-00264-01. Acta 267. audio min. 1:00:00. <\/p>\n
11\u0002 SubCarpeta 1 Rad. 2013-00264-01. Acta 267. audio min. 1:00:00. <\/p>\n
12\u0002 Subcarpeta 1 primera instancia ordinario pdf Fl 6. <\/p>\n
13\u0002 Subcarpeta 1 Rad. 2013-00264-01. Acta 267. audio min. 1:02:00. <\/p>\n
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