STC3440-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC3440-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-30-000-2020-00649-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (06) de abril de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la tutela interpuesta por el se\u00f1or Thelmo Augusto Alfonso M\u00e9ndez frente a las Salas Penal y Civil de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali y el Juzgado 18 Civil del Circuito de esa misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes de las acciones constitucionales cuestionadas, incluidos los Juzgados 11 Civil del Circuito y 31 Civil Municipal, ambos de Cali, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, la se\u00f1ora Marisol Amadda G\u00f3mez Montenegro y la Superintendencia de Sociedades. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor procura la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, la administraci\u00f3n de justicia y de petici\u00f3n, presuntamente conculcados por las autoridades acusadas. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y de la revisi\u00f3n de las pruebas allegadas al proceso, se observan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El 10 de marzo de 2019, el accionante y la se\u00f1ora Marisol Amadda G\u00f3mez Montenegro presentaron una tutela contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, los Juzgados 11 Civil del Circuito y 31 Civil Municipal de la misma ciudad y la Superintendencia de Sociedades, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, bajo el radicado 2019-00861-00. <\/p>\n
2.1.1. El 19 de marzo de ese mismo a\u00f1o, el magistrado ponente dispuso que, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1983 de 2017, el asunto deb\u00eda tramitarse por separado, seg\u00fan la autoridad censurada, por lo cual remiti\u00f3 copias de la salvaguarda a la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n y a los Jueces Civiles del Circuito de Cali. <\/p>\n
2.1.2. El 9 de abril de 2019, ante un requerimiento del tutelante, el despacho que conoci\u00f3 el radicado 2019-00861-00 inform\u00f3 que \u00abno cursa ninguna tutela en su favor, pues de la demanda constitucional de la referencia por \u00e9l presentada contra distintas autoridades se tomaron varias reproducciones y se remitieron a los jueces competentes para conocerlas\u00bb. <\/p>\n
2.1.3. A la tutela remitida al Tribunal Superior de Cali contra el Juzgado Once Civil del Circuito de esa ciudad le fue asignado el radicado 2019-00098-00 y se fall\u00f3, en primera instancia, el 26 de abril de 2019 (acta 27), declarando improcedente el amparo invocado. Esta decisi\u00f3n fue confirmada el 17 de junio de 2019 por la Sala Civil de esta Corte (STC7959-2019). Por su parte, la Corte Constitucional, mediante auto de 29 de agosto de 2019, comunicado el 12 de septiembre siguiente, excluy\u00f3 el expediente de revisi\u00f3n1. <\/p>\n
2.1.4. A la demanda enviada a la Sala de Casaci\u00f3n Penal frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Cali le correspondi\u00f3 el radicado 2019-00607-00 (103999) y fue decidida, en primera instancia, el 25 de abril de 2019 (acta 99 STP5438-2019) y confirmada el 27 de junio siguiente por la Sala de Casaci\u00f3n Civil (STC8347-2019), providencias a trav\u00e9s de las cuales se neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada. La Corte Constitucional la excluy\u00f3 de revisi\u00f3n, por auto del 29 de agosto de 2019, que fue comunicado el 12 de septiembre del mismo a\u00f1o2. <\/p>\n
2.1.5. La salvaguarda asignada al Juzgado 18 Civil del Circuito de Cali contra el Juzgado 31 Civil Municipal de esa ciudad se tramit\u00f3 con radicado 2019-00060-00 y fue igualmente negada en sentencia 98 del 7 de mayo de 2019; sin embargo, el tr\u00e1mite fue anulado el 6 de junio de 2019 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali3, por lo cual el juzgado de conocimiento, despu\u00e9s de corregir lo pertinente, dict\u00f3 sentencia el 2 de julio siguiente, negando las pretensiones. Mediante auto del 12 de septiembre de 2019, la Corte Constitucional excluy\u00f3 el expediente de revisi\u00f3n, providencia que se notific\u00f3 el 24 de septiembre del mismo a\u00f1o4. <\/p>\n
2.2. El 11 de junio de 2020, el se\u00f1or Thelmo Augusto Alfonso M\u00e9ndez present\u00f3 otra tutela contra la Consejer\u00eda Presidencial para la Paz, los Ministerios de Justicia y de Agricultura, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, la Unidad de Gesti\u00f3n para la Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas y el Tribunal Superior del Valle del Cauca, que dio origen al proceso con radicado 2020-01572-00, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
2.2.1. El 31 de julio de 2020 se inadmiti\u00f3 la tutela y se concedi\u00f3 un t\u00e9rmino de 3 d\u00edas para su correcci\u00f3n, so pena de rechazo. <\/p>\n
2.2.2. El gestor present\u00f3 ante la Presidencia de la Corte Suprema un escrito, contentivo de un derecho de petici\u00f3n y \u00abRECURSO DE S\u00daPLICA, PARA EL CAMBIO DE MAGISTRADO DE CONOCIMIENTO DE LA ACCI\u00d3N DE TUTELA EN REFERENCIA\u00bb5, en el cual, entre otras cosas, cuestion\u00f3 la providencia anterior, resalt\u00f3 que no era abogado y manifest\u00f3 que el magistrado que ten\u00eda a cargo el expediente 2020-01572-00 era el mismo que hab\u00eda conocido las tutelas 2019-00861 y 2019-00607, situaci\u00f3n que, en su criterio, generaba causal de impedimento. Dicha petici\u00f3n tambi\u00e9n fue enviada a la Corte Constitucional. <\/p>\n
2.2.3. El 6 de agosto de 2020, la Presidencia de esta Corte respondi\u00f3 su petici\u00f3n, por oficio PCSJ-No. 922, a trav\u00e9s del cual le inform\u00f3 que carec\u00eda de competencia para resolver asuntos asociados a los procesos asignados a las Salas de Casaci\u00f3n y, en consecuencia, remiti\u00f3 la petici\u00f3n al despacho del magistrado ponente. En la misma fecha se rechaz\u00f3 la tutela 2020-01572-00, por no haber sido subsanada en t\u00e9rmino, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 17 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
2.2.4. El 12 de agosto de 2020, la Corte Constitucional remiti\u00f3 el oficio 599, en el cual le inform\u00f3 que no era posible emitir un pronunciamiento frente a su petici\u00f3n, pues no correspond\u00eda a las funciones jurisdiccionales asignadas a dicha Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2.5. El 13 de agosto siguiente, el despacho de conocimiento se pronunci\u00f3 sobre el recurso de s\u00faplica, para el cambio del magistrado en el proceso 2020-01572-00, se\u00f1alando que ni el recurso ni el impedimento o recusaci\u00f3n eran procedentes, de conformidad con lo previsto en los art\u00edculos 31, 33, 39 y 52 del Decreto 2591 de 1991. Por lo anterior, resolvi\u00f3 mantener \u00abinc\u00f3lume la providencia de 6 de agosto de 2020\u00bb y le record\u00f3 al \u00abquerellante que puede volver a incoar este resguardo, sin que para ello sea necesario actuar a trav\u00e9s de abogado, pues esta acci\u00f3n no lo impone\u00bb. <\/p>\n
2.3. El 4 de septiembre de la anterior anualidad6, la Corte Constitucional dio respuesta a otra solicitud del tutelante, radicada en la misma fecha, indicando que era igual a una petici\u00f3n anterior que fue contestada por oficio PET-SGT-0741\/20, por lo cual reiter\u00f3 que s\u00f3lo cumple funciones jurisdiccionales y resalt\u00f3 que no ten\u00eda facultades para brindar asesor\u00edas o rendir conceptos. <\/p>\n
3. Conforme a los hechos relatados, el tutelante mencion\u00f3 que pretende la protecci\u00f3n de sus derechos como adulto mayor y v\u00edctima de desplazamiento y de despojo de tierras. <\/p>\n
Adujo que no se dio respuesta a los derechos de petici\u00f3n impetrados el 31 de julio de 2020 ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, \u00abjustificando el Recurso de S\u00faplica para el Cambio de Magistrado de Conocimiento de la Acci\u00f3n de Tutela\u00bb 2020-01572-00, dado que su tr\u00e1mite correspondi\u00f3 al despacho que, a su vez, hab\u00eda ordenado la separaci\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional presentada el 10 de marzo de 2019 (2019-00861-00), por lo cual fue conocida por tres autoridades judiciales distintas. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la tutela 2019-00607 se resolvi\u00f3, en segunda instancia, con ponencia del mismo magistrado que hizo la separaci\u00f3n de la solicitud de amparo primigenia, por lo cual, en su criterio, debi\u00f3 declararse impedido, \u00abpor cuanto conoci\u00f3 y decidi\u00f3 una misma Acci\u00f3n de Tutela en Sede de Primera Instancia ORDENANDO SU FRACCIONAMIENTO Y REASIGNACION A DIFERENTES DESPACHOS JUDICIALES; y en Sede de Segunda Instancia confirm\u00f3 el fallo contra la Sentencia de Tutela ya Fraccionada y ahora Impugnada\u00bb. <\/p>\n
En ese aspecto, refiri\u00f3 que los derechos de petici\u00f3n presentados ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional ten\u00edan por objeto \u00abdesatar las posibles Causales de Impedimento del Magistrado a quien se le asign\u00f3 el conocimiento de la Acci\u00f3n de Tutela (\u2026), sin que finalmente hayan resuelto a fondo los Derechos de Petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, sostuvo que \u00abesencialmente (\u2026) Tutela, es que de todo lo anterior se dio cuenta a la Honorable Sala de Revisi\u00f3n de Tutelas de la Corte Constitucional mediante CUATRO (4) solicitudes de Revisi\u00f3n virtual y f\u00edsica de los Expedientes (\u2026) enunciando como motivo que OBLIGA LA REVISION de dichos Radicados de Tutelas, las diferentes irregularidades (\u2026) al fraccionar arbitrariamente la Acci\u00f3n de Tutela presentada por los Accionantes y remitirla para su conocimiento a TRES (3) DIFERENTES OPERADORES JUDICIALES, entre ellos el Accionado Tribunal Superior de Cali (\u2026). Sin que luego de haber cursado dichas solicitudes de Revisi\u00f3n, se haya recibido el pronunciamiento final sobre (\u2026) LA GESTION OBLIGADA de parte de la Honorable Sala de Revisi\u00f3n de Tutelas\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que la revisi\u00f3n de las tutelas referidas era obligatoria, conforme al reglamento de la Corte Constitucional, por haber \u00absido producto de hechos irregulares (que) deben ser objeto de evaluaci\u00f3n\u00bb, de manera que hubo una omisi\u00f3n por parte de dicha Corporaci\u00f3n, al no seleccionar para revisi\u00f3n las acciones que fueron fraccionadas \u00abarbitrariamente\u00bb. <\/p>\n
3.1. En consecuencia, solicit\u00f3 el amparo de sus derechos y i) que se ordene a la \u00abCorte Suprema de Justicia y a la (\u2026) Corte Constitucional resolver a fondo y dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) HORAS siguientes a la ejecutoria de la presente Sentencia los Derechos de Petici\u00f3n cursados por el Accionante el 31 de Julio de 2020 y el 3 de Septiembre de 2020\u00bb; ii) que se decrete la nulidad \u00abde los siguientes Expedientes de Tutela T \u2013 7.528.507, T- 7.438.671 del 5 de Junio 2019, T- 7.510.032 del 15 de Julio de 2019 y T- 7.501.640 del 10 de Julio de 2019; y sus respectivas Sentencias: Acta No 27 del 27 de Abril de 2019 TRIBUNAL SUPERIOR DE CALI, Acta No 99 del 25 de Abril 2019 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia No 98 Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Cali, Sentencia STC8347-2019 del 27 de Junio de 2019 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA\u00bb, por el \u00abfraccionamiento irregular de la Acci\u00f3n de Tutela primigenia y censurable distribuci\u00f3n entre diferentes operadores judiciales\u00bb; y iii) que se asignen las acciones de tutela presentadas el 10 de marzo de 2019 y el 11 de junio de 2020, para el conocimiento de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
4. La resoluci\u00f3n de la presente acci\u00f3n se adopta por el magistrado ponente y los conjueces de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, debido a los impedimentos manifestados por los titulares de la Corporaci\u00f3n (Luis Armando Tolosa Villabona, \u00c1lvaro Fernando Garc\u00eda Restrepo, Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Luis Alonso Rico Puerta y Octavio Augusto Tejeiro Duque), los cuales fueron aceptados en prove\u00eddo de 9 de marzo del a\u00f1o en curso. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado 11 Civil del Circuito de Cali relat\u00f3 el tr\u00e1mite dado al proceso de restituci\u00f3n de tenencia de inmueble arrendado, instaurado por la se\u00f1ora Paola Gonz\u00e1lez Varona contra Realco Ltda. y Pedro Antonio Molina Cuellar (2012-00202-00), que culmin\u00f3 con sentencia de 25 de marzo de 2015, en la cual se \u00abdispuso la terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento de fecha 26 de junio de 2008\u00bb, suscrito entre las partes. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que el tutelante present\u00f3 un incidente de nulidad en el referido proceso, para \u00abser integrado como Litisconsorte necesario pasivo ante la existencia de un contrato de arrendamiento anterior\u00bb, petici\u00f3n que fue rechazada el 16 de octubre de 2018. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que la decisi\u00f3n proferida por ese Despacho en el tr\u00e1mite cuestionado por el gestor, mediante la anterior acci\u00f3n de tutela, no era \u00abcontraria al ordenamiento constitucional y legal y no constituye una consideraci\u00f3n arbitraria, o injusta, que desconozca los derechos debatidos por la accionante (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. La Superintendencia de Sociedades, a trav\u00e9s del Intendente Regional de Cali, puso de presente las actuaciones que adelant\u00f3 en el proceso de liquidaci\u00f3n judicial de PROQUIM INDUSTRIAL S.A., que se cuestion\u00f3 en uno de los amparos previamente propuestos por el querellante, y precis\u00f3 que \u00abla presunta violaci\u00f3n a los derechos fundamentales cuya protecci\u00f3n depreca el accionante (\u2026) es (\u2026) frente a las actuaciones desplegadas por parte de la CORTE CONSTITUCIONAL y LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA y no por parte de esta entidad, motivo por el cual, la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES solicita ser desvinculada del presente tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
3. El Juzgado 18 Civil del Circuito de Cali refiri\u00f3 que no se vulneraron los derechos fundamentales del actor en el tr\u00e1mite de la tutela 2019-00060-00, toda vez que el \u00abdespacho profiri\u00f3 fallo de conformidad con la jurisprudencia aplicable concreto (\u2026) el accionante pretende atacar mediante una nueva acci\u00f3n de tutela un fallo de tutela debidamente ejecutoriado, lo cual evidentemente no procede\u00bb. Se\u00f1al\u00f3 que \u00ablo resuelto se encuentra sustentado en las providencias (\u2026) sin que sean decisiones caprichosas, ni muchos menos configuren v\u00eda de hecho\u00bb, y pidi\u00f3 que se niegue el amparo invocado, en raz\u00f3n a que \u00abla tutela contra providencias judiciales \u2013 ni aun trat\u00e1ndose de una decisi\u00f3n de tutela- no se convierte en una tercera instancia para analizar lo f\u00e1ctico, cuando ello ya fue estudiado y resuelto con los elementos que oportunamente se arribaron al tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
4. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali inform\u00f3 que conoci\u00f3, en primera instancia, de la tutela 2019-00098-00 y declar\u00f3 improcedente la salvaguarda, \u00aben raz\u00f3n a que no observ\u00f3 defecto alguno en las decisiones censuradas proferidas por el juez accionado\u00bb, determinaci\u00f3n que fue confirmada por la Sala de Casaci\u00f3n Civil, mediante sentencia STC7959-2019. Precis\u00f3 que la Corte Constitucional no seleccion\u00f3 el tr\u00e1mite para revisi\u00f3n, por lo cual \u00abha operado el fen\u00f3meno de cosa juzgada constitucional\u00bb. <\/p>\n
5. La Corte Constitucional manifest\u00f3 que no ha vulnerado derecho fundamental alguno al tutelante, por lo cual pidi\u00f3 negar la presente acci\u00f3n de tutela en lo que corresponde a dicha Corporaci\u00f3n. Precis\u00f3, en primer lugar, que las solicitudes referidas a actuaciones estrictamente judiciales no pueden ser consideradas derechos de petici\u00f3n y que las mismas deben sujetarse a las reglas que particularmente rigen los respectivos procesos. <\/p>\n
En cuanto a los expedientes T-7.438.671, T-7.501.640, T-7.510.032 referidos en el escrito de tutela, sostuvo que no hubo solicitud de revisi\u00f3n que tuviese que ser remitida a la Sala de Selecci\u00f3n y que, frente al radicado T-7.528.507, s\u00ed se present\u00f3 una petici\u00f3n de revisi\u00f3n, que fue enviada a la Sala respectiva, pero ninguno de los asuntos fue seleccionado. <\/p>\n
Adujo que la Corporaci\u00f3n, por oficio 599 de 12 de agosto de 2020, contest\u00f3 la petici\u00f3n que ten\u00eda como prop\u00f3sito que se accediera al cambio de magistrado de conocimiento en una de sus tutelas, en el cual se puso de presente que lo reclamado no era competencia de ese colegiado, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 241 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, raz\u00f3n por la cual dio traslado al Consejo Superior de la Judicatura, para lo de su competencia; adem\u00e1s, inform\u00f3 que, mediante oficio PET-SGT-0741 del 24 de agosto de 2020, respondi\u00f3 otra de sus solicitudes, indic\u00e1ndole lo relacionado con los expedientes T7528507, T7510032, T7501640 y T7438671, as\u00ed como que las \u00abactuaciones como la notificaci\u00f3n del auto de la Sala de Selecci\u00f3n que resuelve sobre la selecci\u00f3n o exclusi\u00f3n de los procesos de revisi\u00f3n se realiza por estado publicado en la cartelera de esta Secretar\u00eda General, no personalmente, y para todos los efectos dicha providencia debe entenderse como una respuesta efectiva a cualquier solicitud de revisi\u00f3n radicada o a cualquier inquietud que se plantee respecto al proceso seleccionado o excluido\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, en lo relativo a las tutelas 2019-00607 y 2019-00060, aclar\u00f3 que fueron radicadas en la Corte Constitucional con los n\u00fameros T-7532602 y T-7555907 y que no fueron seleccionadas para revisi\u00f3n, lo cual se comunic\u00f3 por estados del 12 y el 24 de septiembre de 2019. <\/p>\n
6. El Juzgado 31 Civil Municipal de Cali report\u00f3 que conoci\u00f3 de la demanda de restituci\u00f3n de inmueble que el tutelante promovi\u00f3 contra Realco Ltda., Adiela Mej\u00eda Villa y Pedro Antonio Molina Cuellar (Exp. 2015-00298-00), que dio origen al proceso que culmin\u00f3 con sentencia de 18 de octubre de 2016, el cual se encuentra archivado. <\/p>\n
7. El Juzgado 15 Penal del Circuito de Cali mencion\u00f3 el tr\u00e1mite dado a la tutela 2007-00213-00, impetrada por Paola Gonz\u00e1lez Varona contra la Superintendencia de Sociedades, que fue fallada en segunda instancia el 21 de abril de 2008 por el Tribunal Superior de la misma ciudad, accediendo a las s\u00faplicas de la demanda y ordenando a la convocada restituir el inmueble en disputa a la entonces querellante. <\/p>\n
8. La Sala Penal del Tribunal Superior de Cali inform\u00f3 que no se encontr\u00f3 en el despacho registro del archivo f\u00edsico o electr\u00f3nico del proceso 2007-00213-00. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, pretende el accionante, en primer lugar, que se ordene a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte Constitucional resolver de fondo los derechos de petici\u00f3n radicados el 31 de julio y el 3 de septiembre de 2020. <\/p>\n
De otro lado, solicita que se decrete la nulidad de los expedientes \u00abT \u2013 7.528.507, T- 7.438.671 del 5 de Junio 2019, T- 7.510.032 del 15 de Julio de 2019 y T- 7.501.640 del 10 de Julio de 2019; y sus respectivas Sentencias: Acta No 27 del 27 de Abril de 2019 TRIBUNAL SUPERIOR DE CALI, Acta No 99 del 25 de Abril 2019 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia No 98 Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Cali, Sentencia STC8347-2019 del 27 de Junio de 2019 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA\u00bb, por el \u00abfraccionamiento irregular de la Acci\u00f3n de Tutela primigenia y censurable distribuci\u00f3n entre diferentes operadores judiciales\u00bb, para que la salvaguarda que dio origen a las mismas, presentada el 10 de marzo de 2019, sea tramitada por esta Corporaci\u00f3n, al igual que la tutela del 11 de junio de 2020. <\/p>\n
2. Respecto de la presunta vulneraci\u00f3n, por la falta de respuesta de los escritos radicados el 31 de julio de 2020 ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, en los cuales present\u00f3 una petici\u00f3n y recurso de s\u00faplica, para el cambio de magistrado que ten\u00eda asignado el expediente 2020-01572-00, aduciendo, entre otros, que estaba incurso en una causal de impedimento, advierte la Sala que el amparo invocado es a todas luces improcedente. <\/p>\n
En efecto, en trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales, esta Corte ha precisado que \u00ablas peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC323-2019, reiterada en STC1622-2020). <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, cuando por v\u00eda de tutela se alega la violaci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n por parte de una autoridad judicial, concierne dilucidar si la solicitud comporta o no un tema propio del litigio correspondiente. <\/p>\n
2.1. En el sub examine, los escritos del 31 de julio de 2020 estaban directamente relacionados con un asunto judicial, expediente 2020-01572-00, y no con una actuaci\u00f3n meramente administrativa, por tanto, a tono con la jurisprudencia de la Sala tra\u00edda a colaci\u00f3n, no es posible exigir una respuesta en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Bajo estos par\u00e1metros, si bien el tutelante enfila su reclamo por la senda del derecho de petici\u00f3n, lo cierto es que la solicitud que se analiza ata\u00f1e a aspectos expresamente normados, por lo que no resulta viable amparar la garant\u00eda fundamental invocada. <\/p>\n
2.2. Lo anterior, sin perjuicio de se\u00f1alar que, mediante oficio PCSJ-922 del 6 de agosto de 2020, la Presidencia de esta Corporaci\u00f3n inform\u00f3 al querellante que no ten\u00eda facultades para pronunciarse sobre lo requerido, pues estaba referido a un aspecto judicial, de manera que deb\u00eda ser promovido en el proceso y ante el juez natural, por lo que lo remiti\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
El 13 de agosto del mismo a\u00f1o se profiri\u00f3 un auto en el tr\u00e1mite constitucional respectivo por parte del magistrado ponente, quien resolvi\u00f3 no dar curso al recurso de s\u00faplica ni al impedimento o recusaci\u00f3n, por improcedentes, al tenor de lo dispuesto en los art\u00edculos 31, 33, 39 y 52 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Por su parte, la Corte Constitucional, mediante oficio 599 del 12 de agosto de 2020, le inform\u00f3 que no era competente para atender lo requerido, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 241 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. El 24 de agosto siguiente, por oficio 0741, se pronunci\u00f3 frente a los expedientes T-7528507, T-7510032, T-7501640 y T-7438671, informando que lo relativo a las peticiones de revisi\u00f3n se resolv\u00eda a trav\u00e9s de los autos de selecci\u00f3n o exclusi\u00f3n notificados por estado y, el 4 de septiembre del mismo a\u00f1o, a trav\u00e9s de oficio 0891\/20, reiter\u00f3 la respuesta anterior y resalt\u00f3 que no ten\u00eda facultades para brindar \u00abasesor\u00edas o conceptos con relaci\u00f3n a asuntos particulares o controversias de car\u00e1cter jur\u00eddico particular\u00bb7. <\/p>\n
2.3 De manera que las solicitudes invocadas fueron atendidas, conforme a las reglas y competencias asignadas, por lo que no se vislumbra vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del accionante. <\/p>\n
3. Frente a la nulidad de los expedientes de tutela T-7.528.507, T-7.438.671, T-7.510.032 y T-7.501.640, en los cuales, seg\u00fan lo afirmado por el promotor, se profirieron las sentencias constitucionales de 25 de abril de 2019 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia (Acta 99, STP5438-2019. Exp. 2019-00607), confirmada el 27 de junio por la Sala de Casaci\u00f3n Civil (STC8347-2019); 26 de abril de 2019 por el Tribunal Superior de Cali (Acta 27. Exp. 2019-00098), confirmada el 17 de junio por la Sala de Casaci\u00f3n Civil (STC7959-2019); y de 7 de mayo de 2019 por el Juzgado 18 Civil del Circuito de Cali (No. 98. Exp. 2019-00060), resulta pertinente aclarar que, de acuerdo con la respuesta dada por la Corte Constitucional, las pruebas allegadas a este tr\u00e1mite y lo registrado en el sistema de consulta de dicha Corporaci\u00f3n, los asuntos referidos se tramitaron ante dicha colegiatura, en su orden, con los n\u00fameros T-7.532.602, T- 7528507 y T-7555907. <\/p>\n
Igualmente, se precisa que el fallo del 7 de mayo de 2019, proferido por el Juzgado accionado fue anulado el 6 de junio de 2019 por el Tribunal Superior de Cali, de manera que la decisi\u00f3n definitiva se adopt\u00f3 el 2 de julio siguiente, sin que fuera impugnada. <\/p>\n
3.1. Ahora bien, los tr\u00e1mites referidos tuvieron origen en la tutela presentada el 10 de marzo de 2019 por el gestor y la se\u00f1ora Marisol Amadda G\u00f3mez Montenegro, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, bajo el radicado 2019-00861-00, en el cual se dispuso, mediante prove\u00eddo del 19 de marzo de 2019, que los asuntos all\u00ed referenciados deb\u00edan surtirse por separado ante los competentes, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1983 de 2017. <\/p>\n
Por lo anterior, se remitieron copias de la salvaguarda a los Jueces Civiles del Circuito de Cali, a la Sala Civil del Tribunal Superior de esa misma ciudad y a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, lo cual dio origen a los expedientes 2019-00060, 2019-00098 y 2019-00607, as\u00ed como a las sentencias atacadas. <\/p>\n
As\u00ed las cosas y como quiera que el reproche del querellante en relaci\u00f3n con dichos tr\u00e1mites se centra en el \u00abfraccionamiento irregular de la Acci\u00f3n de Tutela primigenia y censurable distribuci\u00f3n entre diferentes operadores judiciales\u00bb, es evidente que, desde el momento en que se profiri\u00f3 la providencia cuestionada, esto es, la que orden\u00f3 el tr\u00e1mite separado de la tutela 2019-000861-00, de 19 de marzo de 2019, y la presentaci\u00f3n del l\u00edbelo que dio origen a este tr\u00e1mite constitucional, el 9 de septiembre de 20208, trascurrieron m\u00e1s de los seis meses contemplados en la jurisprudencia para promover el amparo. T\u00e9rmino igualmente superado frente a las sentencias censuradas y a los autos que dispusieron la no selecci\u00f3n de las mismas, para revisi\u00f3n de la Corte Constitucional. <\/p>\n
Es por eso que el reclamante no puede acudir a este medio, para se\u00f1alar la afectaci\u00f3n de sus garant\u00edas superiores, comoquiera que, pese a que no existe un t\u00e9rmino de caducidad propiamente dicho para invocar la protecci\u00f3n constitucional, s\u00ed se impone ejercerla dentro de un plazo prudencial, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que la salvaguarda inmediata de los derechos fundamentales de la persona, sobre todo cuando la urgencia que se precisa para predicar lo grave del perjuicio, justamente por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo. <\/p>\n
Sobre esta materia, la jurisprudencia de la Corte ha reiterado que \u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 agt. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 agt. rad. 01142-01). <\/p>\n
Igualmente, la Corte ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abPrecisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 agt. rad. 01250-01). <\/p>\n
Ahora bien, trat\u00e1ndose de asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, la Corte Constitucional ha considerado que el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente ya que ello sacrificar\u00eda los principios de cosa juzgada y de seguridad jur\u00eddica\u00bb (Sentencias CC T-410\/2013 y CC T-206\/2014). <\/p>\n
3.2. Por otra parte, es necesario resaltar que la jurisprudencia ha sostenido, reiteradamente, la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela para atacar sentencias o actuaciones surtidas en diligencias de la misma naturaleza. En esa direcci\u00f3n, esta Corporaci\u00f3n ha aseverado que \u00ab[L]as equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n al ocuparse de la sustanciaci\u00f3n de sus decisiones no se resuelven con un nuevo ruego de naturaleza id\u00e9ntica para contrarrestar el supuesto quebranto. Para ese aspecto, el ordenamiento jur\u00eddico dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para el efecto\u00bb (CSJ STC 20 de abril de 2020, Rad. 2020-00852-00). <\/p>\n
Solo en algunos eventos se ha permitido la procedencia excepcional de la tutela contra una decisi\u00f3n proferida en id\u00e9ntica acci\u00f3n; al respecto, en sentencia SU-627 de 2015, la Corte Constitucional unific\u00f3 las subreglas bajo las cuales este mecanismo constitucional puede abrirse paso: <\/p>\n
\u00ab4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si esta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede (\u2026). <\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si estas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia (…) <\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb. <\/p>\n
En ese orden de ideas, en el presente asunto, incluso si la petici\u00f3n de amparo se hubiera presentado en t\u00e9rmino, se advierte su improcedencia, pues no se vislumbra, a partir de las manifestaciones o de las pruebas aportadas, que las decisiones atacadas hubieran sido producto de una actuaci\u00f3n que conduzca a la consolidaci\u00f3n de una \u00abcosa juzgada fraudulenta\u00bb. <\/p>\n
4. Por otra parte, acerca de la tutela presentada el 11 de junio de 2020 por el se\u00f1or Thelmo Augusto Alfonso M\u00e9ndez contra la Consejer\u00eda Presidencial para la Paz, los Ministerios de Justicia y de Agricultura, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, la Unidad de Gesti\u00f3n para la Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas y el Tribunal Superior del Valle del Cauca, a la cual se le asign\u00f3 el radicado 2020-01572-00, que fue inadmitida el 31 de julio de 2020 y rechazada el 6 de agosto siguiente, por no haber sido subsanada en tiempo, advierte la Sala, igualmente, que el amparo no est\u00e1 llamado a prosperar. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto las decisiones cuestionadas no albergan anomal\u00eda que imponga la perentoria salvaguardia, independientemente de que sean o no compartidas, y porque el accionante no agot\u00f3 el medio que tuvo a su alcance, atendiendo la solicitud de correcci\u00f3n formulada. <\/p>\n
En efecto, en providencia del 31 de julio de 2020, el magistrado de conocimiento inadmiti\u00f3 la tutela y concedi\u00f3 un t\u00e9rmino 3 d\u00edas para que fuera corregida, so pena de rechazo, \u00aben el sentido de (i) exponer, de manera concreta, las acciones u omisiones presuntamente lesivas de sus garant\u00edas; y (ii) precisar si el reparo se dirige frente a tr\u00e1mites judiciales, se\u00f1alando, para ese efecto, las autoridades jurisdiccionales cognoscentes y las partes de los mismos\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, en consonancia con el art\u00edculo 17 del Decreto 2591 de 1991, por el cual \u00abSi no pudiere determinarse el hecho o la raz\u00f3n que motiva la solicitud de tutela se prevendr\u00e1 al solicitante para que la corrija en el t\u00e9rmino de tres d\u00edas, los cuales deber\u00e1n se\u00f1alarse concretamente en la correspondiente providencia. Si no la corrigiere, la solicitud podr\u00e1 ser rechazada de plano\u00bb. Sin embargo, como la misma no fue subsanada en t\u00e9rmino, el 6 de agosto siguiente se rechaz\u00f3, haci\u00e9ndole saber al querellante que \u00abLo anterior no obsta para que la parte accionante, si a bien tiene, instaure nuevamente su amparo\u00bb, lo cual fue reiterado en auto del 13 de agosto del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
Como se observa, en la providencia del 31 de julio de 2020 se expresaron claramente los aspectos que deb\u00edan ser corregidos y se otorg\u00f3 un plazo para el efecto, no obstante, el promotor no agot\u00f3 la instancia respectiva allegando la correspondiente subsanaci\u00f3n, por lo cual proced\u00eda su rechazo, sin perjuicio de que pudiera presentar una nueva tutela, con lo cual no se vulneran sus derechos, pues las decisiones adoptadas no imped\u00edan promover el amparo deseado. <\/p>\n
5. Por \u00faltimo, frente a lo alegado por el accionante, en cuanto a que el magistrado que dispuso que la tutela 2019-00861 se tramitara por separado, al ser el mismo que posteriormente actu\u00f3 como ponente de la sentencia en uno de los asuntos (2019-00098 y 2019-00607) y ser, a su vez, quien rechaz\u00f3 la tutela 2020-01572, se encontraba en causal de impedimento, la Sala precisa que la situaci\u00f3n descrita no se encuentra contemplada como causal de impedimento, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 56 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los asuntos de tutela, por remisi\u00f3n expresa del art\u00edculo 39 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
<\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n solicitada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
GABRIEL HERN\u00c1NDEZ VILLARREAL <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
GUILLERMO MONTOYA P\u00c9REZ <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
EDGAR JAVIER MUNEVAR ARCINIEGAS <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
GABRIEL JAIME VIVAS DIEZ <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
2\u0002 Expediente digital 2020911161633, T-7532602 \/ Sistema de informaci\u00f3n de la Corte Constitucional. <\/p>\n
3\u0002 Folios 182, 184, 254, 336, cuaderno 1 tutela 2019-00060. <\/p>\n
4\u0002 Folios 1-2, cuaderno 3 tutela 2019-00060, expediente T-7555907 \/ Sistema de informaci\u00f3n de la Corte Constitucional. <\/p>\n
5\u0002 2020-01572-00. <\/p>\n
6\u0002 Oficio 0891\/20. <\/p>\n
7\u0002 Informe de la Corte Constitucional. <\/p>\n
8\u0002 Expediente digital, correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC3440-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC3440-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-30-000-2020-00649-00 Bogot\u00e1, D.C., seis (06) de abril de dos mil veintiuno (2021). Se decide la tutela interpuesta por el se\u00f1or Thelmo Augusto Alfonso M\u00e9ndez frente a las Salas Penal y Civil de la Corte Suprema de Justicia, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[35],"tags":[],"class_list":["post-54062","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54062","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54062"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54062\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54062"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54062"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54062"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}