STC3477-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3477-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-00880-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de abril de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por la Fundaci\u00f3n Proaves de Colombia contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abdejar sin efectos la Sentencia del Honorable Tribunal Superior de Santa Marta, Sala Civil, de 3 de octubre de 2019 (sic)\u2026 bajo el radicado 47001-31-03-001-2015-00373-02\u00bb y, en consecuencia, se le ordene emitir un nuevo fallo \u00abdefini[endo] la l\u00ednea divisoria del predio identificado\u2026 con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 080-93216\u2026 conforme la experticia que se aporta, la cual es concordante con el fallo de primera instancia del Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta, mediante sentencia de 15 de agosto de 2018\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. La Fundaci\u00f3n Proaves de Colombia promovi\u00f3 demanda de deslinde y amojonamiento en contra de la Compa\u00f1\u00eda Cafetera La Victoria Ltda., respecto del lindero oeste de los inmuebles con folios inmobiliarios 080-93216 y 080-4067; asunto cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta, que el 22 de agosto de 2017 fij\u00f3 la l\u00ednea divisoria conforme lo argumentado por la convocante, raz\u00f3n por la que la demandada formul\u00f3 oposici\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Surtido el tr\u00e1mite, el 15 de agosto de 2018 el estrado judicial neg\u00f3 las pretensiones de la oposici\u00f3n y, en consecuencia, mantuvo los linderos fijados inicialmente; determinaci\u00f3n que, en sede de alzada, el 24 de septiembre de 2019 revoc\u00f3 el Tribunal, tras analizar el dictamen que de oficio decret\u00f3 y practic\u00f3 el IGAC, modificando la l\u00ednea divisoria \u00abfijada por la a quo en la diligencia de deslinde practicada el 22 de agosto de 2017, respecto de los predios de propiedad de Fundaci\u00f3n ProAves y la compa\u00f1\u00eda cafetera de la victoria., se\u00f1alando como tal, la que a continuaci\u00f3n se describe partiendo de los puntos 13 al 7, establecidos aqu\u00ed como 13 al 4 as\u00ed: puntos norte este descripci\u00f3n distancias p131721498, 097999861, 945 v\u00e9rtice de acuerdo ambas partes p13 – p5 1348.83 mp 51721587, 591691001226, 02334 v\u00e9rtice p5 – p2 267.98 mp 21721452, 465871001457, 44218 Cerro Jabal\u00ed p2 – p4 713.03 mp 41722127, 047891001687, 36425 R\u00edo Gaira – Mar\u00eda Teresa\u00bb, ordenando el amojonamiento sobre dicha l\u00ednea; decisi\u00f3n recurrida en casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. El 3 de diciembre de 2019 la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n declar\u00f3 prematura la concesi\u00f3n del remedio extraordinario, devolviendo las diligencias al ad quem; y, el 27 de enero siguiente, el Tribunal neg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Por v\u00eda de tutela se duele la quejosa, en s\u00edntesis, del fallo proferido por el Tribunal, pues, deduce, se adopt\u00f3 con base en el dictamen pericial rendido por el IGAC, el cual contiene imprecisiones, toda vez que afirm\u00f3 que \u00abel pol\u00edgono marcado con el nombre de Pedro D\u00e1vila, le pertenece a la Fundaci\u00f3n ProAves de Colombia, supuesto que no es cierto\u00bb; adem\u00e1s, \u00abcatastro como herramienta de georreferenciaci\u00f3n\u2026 no es infalible, toda vez que no todos los propietarios de los predios realizan las actualizaciones de los negocios jur\u00eddicos que celebran sobre los diferentes predios. Aunado a esto, los procesos de actualizaci\u00f3n de la informaci\u00f3n por parte del IGAC, trat\u00e1ndose de bienes rurales se hacen, la mayor\u00eda de veces, a trav\u00e9s de medios indirectos, es decir, mediante la proyecci\u00f3n en la oficina de unas coordenadas que en la mayor\u00eda de los casos no concuerdan con la realidad de los predios\u00bb, de ah\u00ed que no era procedente atender la experticia rendida por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi. <\/p>\n
2.5. Anot\u00f3 que al considerar que el informe rendido por los funcionarios de IGAC hizo incurrir en error al Tribunal, contrat\u00f3 un perito experto \u00abcon el prop\u00f3sito de probar los yerros que sustentan el error\u00bb, que \u00abuna vez contratado el referido profesional, este orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de una serie de tareas t\u00e9cnicas y la expedici\u00f3n de documentos necesarios para ejecutar su experticia, sin embargo, cuando se ubic\u00f3 el personal t\u00e9cnico id\u00f3neo y se suministr\u00f3 la informaci\u00f3n solicitada, se declar\u00f3 en Colombia la emergencia sanitaria por el COVID- 19\u2026 Solo a partir del mes de agosto de 2020, siguiendo los protocolos de bioseguridad exigidos por los diferentes municipios, se pudo enviar una comisi\u00f3n de topograf\u00eda al predio objeto de estudio y se inici\u00f3 la b\u00fasqueda de la informaci\u00f3n solicitada por perito\u2026 luego de los procesos t\u00e9cnicos y la consecuci\u00f3n de los documentos solicitados, se logr\u00f3 culminar el dictamen pericial, el cual fue entregado y socializado el 21 de febrero de 2021\u00bb, raz\u00f3n por la que, considera, el tiempo para acudir a la acci\u00f3n de tutela aportando dicho dictamen \u00abes razonable\u00bb. <\/p>\n
2.6. Agreg\u00f3 que el Tribunal err\u00f3 con el fallo de 24 de septiembre de 2019, raz\u00f3n por la que lo pertinente es dejarlo sin efecto y, en consecuencia, ordenarle adoptar una nueva determinaci\u00f3n que acoja lo dispuesto por el a quo, y lo corroborado por el dictamen aportado con la solicitud de amparo constitucional. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. Hugo Fernando Matallana Gaviria, quien indic\u00f3 actuar como apoderado judicial de la Compa\u00f1\u00eda Cafetera La Victoria Ltda., alleg\u00f3 escrito sin aportar el poder especial para actuar en el presente tr\u00e1mite constitucional, por lo que su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Santa Marta relat\u00f3 las actuaciones surtidas en esa instancia; pidi\u00f3 la improcedencia del resguardo al encontrar insatisfechos los presupuestos de subsidiariedad e inmediatez, pues los diferentes autos emitidos no fueron recurridos y el auto que impugn\u00f3 no era susceptible de dicho remedio; y, por otra parte, porque datan de m\u00e1s de un a\u00f1o; destac\u00f3 que no vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas, pues las decisiones est\u00e1n ajustadas a la normatividad y a la debida valoraci\u00f3n probatoria; remiti\u00f3 copia digital de las piezas procesales. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta cont\u00f3 las actuaciones adelantadas en esa sede judicial; destac\u00f3 que Proaves ha estado presente en todas las diligencias del proceso, contando con las oportunidades pertinentes para hacer valer sus derechos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que carece de actualidad, pues entre el prove\u00eddo de 27 de enero de 2020 mediante el cual el Tribunal enjuiciado neg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n -con el que cobr\u00f3 ejecutoria el fallo de 24 de septiembre de 2019-; y la interposici\u00f3n de la tutela el 16 de marzo de 2021, transcurrieron m\u00e1s de seis meses, lapso fijado por la jurisprudencia de la Sala, como razonado y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que sea de recibo las argumentos tra\u00eddos a fin de justificar dicha tardanza. <\/p>\n
A lo anterior, se a\u00f1ade que el impulso de acciones de tutela y h\u00e1beas corpus no se hallaban inmersas en la \u00absuspensi\u00f3n de t\u00e9rminos judiciales\u00bb sostenida por el Consejo Superior de la Judicatura1 a ra\u00edz de la pandemia \u00abCovid-19\u00bb, pues tales peticiones constitucionales siempre estuvieron contempladas en las exclusiones de dicha suspensi\u00f3n. <\/p>\n
Frente al requisito de inmediatez, se ha sostenido que: <\/p>\n
(…) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01). <\/p>\n
2.1. En adici\u00f3n, si lo pretendido por la reclamante al indicar que su tardanza se dio por no poder practicar en tiempo el dictamen pericial aportado con la solicitud de amparo, lo cierto es que esa actuaci\u00f3n no tiene la virtualidad de derruir las anteriores consideraciones, en tanto que, como se ha dicho en diferentes oportunidades, el lapso al que se refiere el presupuesto de la inmediatez \u00abse contabiliza a partir de la decisi\u00f3n censurada\u00bb (STC11140-2018, 31 ag., rad. 2018-01150-01) y, conforme qued\u00f3 visto, \u00e9sta cobr\u00f3 ejecutoria con el prove\u00eddo de 27 de enero de 2020. <\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
<\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 Mediante Acuerdos PCSJA20-11517\/2020, PCSJA20-11518\/2020, PCSJA20-11519\/2020, PCSJA20-11521\/2020, PCSJA20-11526\/2020, PCSJA20-11527\/2020, PCSJA20-11528\/2020, PCSJA20-11529\/2020, PCSJA20-11532\/2020, PCSJA20-11546\/2020, PCSJA20-11549\/2020, PCSJA20-11556\/2020 y PCSJA20-11567-2020. <\/p>\n
10 <\/p>\n
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