STC3485-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3485-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-00949-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de abril de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jannifer Kelly Romero Rodr\u00edguez contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerado por la autoridad judicial convocada, por lo que pidi\u00f3 que se ordene \u00abla anulaci\u00f3n de la sentencia proferida por el tribunal accionado y se disponga que confirme la de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Jannifer Kelly Romero Rodr\u00edguez promovi\u00f3 demanda contra Eugenio Cruz Rico, con la finalidad de que se declarara que entre los contendientes existi\u00f3 una uni\u00f3n marital de hecho. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia del 5 de marzo de 2020, el juzgado de conocimiento accedi\u00f3 a las pretensiones, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el demandado, siendo revocada por el Tribunal enjuiciado, a trav\u00e9s de providencia del 23 de febrero de las presentes calendas, para en su lugar, negar dichas s\u00faplicas. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del amparo que la sede judicial acusada incurri\u00f3 en un \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb por \u00abindebida valoraci\u00f3n probatoria\u00bb, toda vez que la apreciaci\u00f3n de los elementos de juicio recaudados, se alej\u00f3 \u00abde los hechos demostrados en autos y del poder suasorio que los mismos aparejan\u00bb, pues neg\u00f3 sus pretensiones, desconociendo que en el decurso procesal se demostr\u00f3 la configuraci\u00f3n de los elementos estructurales de la uni\u00f3n marital de hecho cuyo reconocimiento reclam\u00f3. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991 (folio 188). <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Eduardo Barrera Aguirre, quien dijo fungir como apoderado judicial de Eugenio Cruz Rico, sin que aportara mandato que lo facultara para representarlo en el presente tr\u00e1mite, solicit\u00f3 negar el resguardo. <\/p>\n
3. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Del escrito de demanda y de los elementos de prueba recaudados, extracta la Corte que la actora cuestion\u00f3 la providencia calendada 23 de febrero de 2021, que revoc\u00f3 el fallo dictado el 5 de marzo de 2020, para en su lugar, negar las s\u00faplicas elevadas en el juicio criticado. <\/p>\n
Con base en tal premisa, descendiendo al caso de autos, se concluye que la solicitud de resguardo resulta inviable, por cuanto para exponer las quejas que ac\u00e1 aleg\u00f3 la gestora, atinente a que el ad quem querellado valor\u00f3 erradamente el caudal probatorio acopiado, tuvo a su alcance el recurso de casaci\u00f3n contra la providencia criticada, conforme lo contempla el par\u00e1grafo del art\u00edculo 3341 del C\u00f3digo General del Proceso, mecanismo al que no acudi\u00f3, conforme se verific\u00f3 en el registro de actuaciones. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si la promotora del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
(\u2026) es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
3. Baste lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Dispone la referida disposici\u00f3n que \u00ab[t]rat\u00e1ndose de asuntos relativos al estado civil s\u00f3lo ser\u00e1n susceptibles de casaci\u00f3n las sentencias sobre impugnaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n de estado y la declaraci\u00f3n de uniones maritales de hecho\u00bb (resaltado ajeno al texto). <\/p>\n
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