STC3491-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC3491-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2021-00039-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de abril de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Cafesalud EPS S.A. – en liquidaci\u00f3n frente a la sentencia emitida el 15 de marzo de 2021 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que accedi\u00f3 parcialmente a la acci\u00f3n de tutela que impuls\u00f3 Disama Medic S.A.S. contra el liquidador de aqu\u00e9lla y el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en los asuntos en los que se origin\u00f3 el reclamo. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La convocante, a trav\u00e9s de apoderada judicial, deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, as\u00ed como de los principios de \u00ablegalidad\u00bb y \u00abconfianza leg\u00edtima\u00bb, presuntamente trasgredidos por los accionados. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, dejar sin efectos las Resoluciones Nros. A-002515 y A-005563, ambas de 2020, mediante las cuales el liquidador de la sociedad accionada, en su orden, rechaz\u00f3 la acreencia presentada por la aqu\u00ed accionante y mantuvo esa decisi\u00f3n; y ordenar i) al Juzgado convocado, remitir \u00abel expediente original del proceso [ejecutivo]\u2026 al liquidador de Cafesalud\u00bb, y ii) a \u00e9ste, emitir \u00abun nuevo acto administrativo\u2026 reconociendo a Disama Medic S.A.S. como beneficiario de la obligaci\u00f3n que se cobra en el proceso ejecutivo\u2026 por\u2026 $292.951.195, disponiendo su inclusi\u00f3n en el orden de prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos establecida legalmente\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para definir el prsente asunto es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. En el juicio ejecutivo que la accionante formul\u00f3 contra Cafesalud y Medimas se libr\u00f3 mandamiento de pago el 18 diciembre de 2018. <\/p>\n
2.3. Con Resoluci\u00f3n Nro. A-002515 del 15 de enero de 2020 el liquidador de Cafesalud rechaz\u00f3 la inclusi\u00f3n del cr\u00e9dito de la quejosa porque no se acredit\u00f3 la calidad de apoderado de quien dijo representarla y no se acumul\u00f3 el proceso ejecutivo donde se exig\u00eda el mismo, determinaci\u00f3n que mantuvo con Resoluci\u00f3n Nro. A-005563 del 24 de noviembre siguiente. <\/p>\n
2.4. La actora critic\u00f3 que el Juzgado no acat\u00f3 el mandato legal de remitir el expediente original a la liquidaci\u00f3n, lo cual implic\u00f3 el rechazo de su acreencia, y que esto tampoco debi\u00f3 suceder porque oportunamente notici\u00f3 al liquidador de la existencia del cr\u00e9dito, alleg\u00e1ndole copias aut\u00e9nticas de los documentos que daban cuenta del mismo. <\/p>\n
Destac\u00f3 que aunque iniciar\u00e1 \u00ablas acciones legales ordinarias\u00bb contra esos actos del liquidador, lo cierto es que \u00abun proceso de tal naturaleza mostrar\u00e1 resultados cuando ya se hayan agotado los recursos de la masa de liquidaci\u00f3n (que ya se est\u00e1n consumiendo), por ello, es imperioso que se le protejan sus derechos fundamentales, de manera transitoria, para evitar ese perjuicio irremediable que es inminente, valga decir, la acci\u00f3n contencioso administrativa no es el mecanismo id\u00f3neo, porque los procesos liquidatorios tienen una vida ef\u00edmera y es inminente el riesgo de que esa acreencia se vuelva ilusoria\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla pidi\u00f3 negar \u00ablas pretensiones de la\u2026 acci\u00f3n\u00bb porque sus actuaciones est\u00e1n \u00abajustadas a derecho, \u2026 [no] ha incurrido en ninguna causal espec\u00edfica de procedibilidad\u2026 [ni] en v\u00eda de hecho alguna que merezca ser declarada\u00bb. <\/p>\n
2. Cafesalud E.P.S. S.A. – en liquidaci\u00f3n rog\u00f3 \u00abdeclarar la improcedencia de la\u2026 acci\u00f3n\u2026, por inexistencia de los requisitos m\u00ednimos de procedibilidad, como quiera que… Disama Medic S.A.S. cuenta con otros mecanismos de defensa judicial, los actos administrativos emitidos por el Liquidador gozan de presunci\u00f3n de legalidad y no demostr\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable\u00bb; sumado a que esa entidad no ha conculcado los derechos esenciales invocados por la quejosa. <\/p>\n
3. Luz Mery Borda Torres, Diego Armando Castelblanco Alba, la Asociaci\u00f3n de Trabajadores Independientes – ASOTRAIN, el Departamento de Cundinamarca, las ESE Salud Yopal y Hospital Universitario Cari limitaron su intervenci\u00f3n a rese\u00f1ar que act\u00faan como acreedores en el tr\u00e1mite liquidatorio fustigado. <\/p>\n
4. La Sociedad de Cirug\u00eda de Bogot\u00e1 – Hospital San Jos\u00e9 indic\u00f3 estar imposibilitada para realizar alguna manifestaci\u00f3n por desconocer \u00abla situaci\u00f3n particular de\u2026 Disama Medic SAS dentro del proceso de liquidaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que en ese tr\u00e1mite el liquidador rechaz\u00f3, \u00absin ning\u00fan fundamento\u00bb, la acreencia que present\u00f3, \u00abcircunstancia que ya es de conocimiento de la Jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa y que se encuentra en tr\u00e1mite de admisi\u00f3n por parte del mismo (sic)\u00bb. <\/p>\n
5. Dismarking S.A.S. solicit\u00f3 ordenar a Cafesalud pagarle la obligaci\u00f3n que le adeuda o, subsidiariamente, informarle \u00abel tr\u00e1mite o procedimiento a seguir para que sea emitido el pago por\u2026 ($8.238.979), reconocido y aprobado por Cafesalud EPS, por concepto de las \u00f3rdenes m\u00e9dicas de incapacidad del se\u00f1or\u2026 Aguilar P\u00e1ez\u00bb. <\/p>\n
6. La ESE Hospital San Antonio del Guamo – Tolima sostuvo que el resguardo deb\u00eda denegarse porque \u00abno re\u00fane los requisitos establecidos por la Jurisprudencia Constitucional frente al principio de subsidi[a]ridad e inmediatez (sic)\u00bb. <\/p>\n
7. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social deprec\u00f3 \u00abdenegar el amparo\u2026 y\/o desvincular[lo]\u2026 por falta de legitimaci\u00f3n por pasiva, toda vez que\u2026 la tutela\u2026 versa sobre un asunto que no es de [su] competencia\u2026[,] y se ordene a la entidad encargada de dar respuesta en el caso en concreto\u00bb. <\/p>\n
8. Laboramos S.A.S. y Emermovil S.A.S. rogaron ordenar a la concursada pagarles la totalidad de las acreencias que le han reclamado, las cuales no han sido reconocidas de forma integral en el tr\u00e1mite liquidatorio. <\/p>\n
9. La Fundaci\u00f3n Uni\u00f3n Vida – Funvida IPS pidi\u00f3 acceder al resguardo rogado y ordenar a la concursada reconocer y pagarle \u00abla acreencia oportunamente presentada, por\u2026 $2.121.405.978\u00bb. <\/p>\n
10. La abogada Alba Deicy Perilla Enciso, quien dijo actuar como \u00abapoderada judicial de\u2026 Francy Trujillo Robayo, \u2026obrando en calidad de representante legal y propietaria de As\u00ed Aseamos\u00bb, se pronunci\u00f3 frente a la solicitud de protecci\u00f3n sin allegar el poder especial conferido por aqu\u00e9lla para actuar en su representaci\u00f3n en este tr\u00e1mite constitucional, por lo cual su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
11. La Cl\u00ednica Portoazul S.A. solicit\u00f3 su exclusi\u00f3n de este tr\u00e1mite supralegal \u00abal existir falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb, pues no es parte ni tiene injerencia alguna en la disputa planteada. <\/p>\n
12. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. reclam\u00f3 \u00abdeclarar la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela por encontrarse probadas las excepciones [de] falta de legitimaci\u00f3n por pasiva y la existencia de mecanismos ordinarios y administrativos para debatir la derechos mediante la expedici\u00f3n de actos a[dm]inistrativos\u00bb. <\/p>\n
13. La ESE Hospital Sagrado Coraz\u00f3n de Jes\u00fas se\u00f1al\u00f3 allegar un informe detallado de la acreencia que present\u00f3 en la actuaci\u00f3n liquidatoria, junto con las pruebas que adujo pretender \u00abhacer valer\u00bb. <\/p>\n
14. Mediservicios S.A. indic\u00f3 que en la liquidaci\u00f3n se reconoci\u00f3 a su favor \u00ab($131.761.937), suma que no corresponde a lo adeudado por la EPS entutelada y que a la fecha tampoco se ha pagado\u00bb. <\/p>\n
15. La Cl\u00ednica de Especialistas Guajira S.A. manifest\u00f3 su imposibilidad de pronunciarse frente a los hechos denunciados en la demanda de amparo porque se contraen a \u00absituaciones en las cuales\u2026 no ha tenido ninguna injerencia\u00bb. <\/p>\n
16. Mondelez Colombia S.A.S. sostuvo que la salvaguarda era inviable porque no existe un perjuicio irremediable y la quejosa \u00abcuenta con otros medios de defensa como lo es la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa\u00bb. <\/p>\n
17. La ESE Hospital San Vicente de Rovira pidi\u00f3 ordenar a Cafesalud \u00abincluir los cobros rechazados por su parte y se contin\u00fae el tramite dentro del proceso liquidatario para su correspondiente pago\u00bb. <\/p>\n
El a-quo constitucional, tras renovar la actuaci\u00f3n vinculando a todos los acreedores e intervinientes en el marco del proceso liquidatorio de Cafesalud E.P.S. S.A., de acuerdo a lo ordenado por esta Sala en auto del pasado 2 de marzo (ATC240-2021), concedi\u00f3 la salvaguarda con alcance parcial, comoquiera que declar\u00f3 la carencia actual de objeto por hecho superado en lo tocante con el Juzgado acusado y orden\u00f3 al liquidador de Cafesalud \u00abdej[ar] sin efectos las resoluciones N\u00b0 A-002515 del 15 de enero del 2020 y A-005563 del 24 de noviembre del 2020, para que en su lugar vuelva a decidir sobre la solicitud\u2026 de deudas presentada por\u2026 Disama Medic S.A.S.\u00bb. <\/p>\n
Para arribar a tal decisi\u00f3n sostuvo, en lo medular, por un lado, que el Juzgado remiti\u00f3 el proceso ejecutivo con destino al tr\u00e1mite de toma de posesi\u00f3n y liquidaci\u00f3n; y de otra parte, que si bien en \u00e9ste es indispensable que sean allegados los expedientes de esos juicios que se adelantan contra la concursada, lo cierto es que con la entrada en vigor de la virtualidad en las actuaciones jurisdiccionales, debe privilegiarse el uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones y, en esa medida, el Liquidador de Cafesalud puede realizar las valoraciones pertinentes de los documentos que componen el expediente digital del proceso ejecutivo, el cual le envi\u00f3 el estrado judicial. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La propuso Cafesalud E.P.S. S.A. – en liquidaci\u00f3n insistiendo en los argumentos expuestos al contestar la demanda de tutela, enfatizando que la quejosa cuenta con otros mecanismos para cuestionar la legalidad de los actos administrativos que fustiga. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar cuandoquiera que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar al juez natural de los asuntos ordinarios, ni tampoco a los conductos comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones judiciales y administrativas, el resguardo es factible de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de una irrefutable \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por antonomasia, cada vez que sobrevenga el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
2. Puestas as\u00ed las cosas, de cara al caso concreto, la Corte anticipa la vocaci\u00f3n de prosperidad de la impugnaci\u00f3n propuesta por la falta de satisfacci\u00f3n del presupuesto de la subsidiariedad en la formulaci\u00f3n de la demanda de amparo, lo que impone revocar la decisi\u00f3n de primer grado para, en su lugar, denegar el auxilio pretendido, al advertir que la quejosa cont\u00f3 o cuenta con otro mecanismo ordinario para atacar las decisiones que critica al liquidador de Cafesalud E.P.S. S.A., el cual no acredit\u00f3 haber agotado. <\/p>\n
En efecto, era o es propicio cuestionar la legalidad de las resoluciones disentidas, como actos administrativos que son, a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho dispuesta en el art\u00edculo 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo que configura la causal de improcedencia contemplada en el canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
2.1. Total que, en lo atinente a las determinaciones tomadas en los procesos \u00abde liquidaci\u00f3n administrativa\u00bb (como el que acapara el an\u00e1lisis de marras), el Consejo de Estado previno: <\/p>\n
\u2026[E]l liquidador en los procesos de liquidaci\u00f3n administrativa forzosa tiene la naturaleza de particular en ejercicio de funciones p\u00fablicas. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 788 de 1998, por el cual se modific\u00f3 el Decreto 1922 de 1994, que a su vez reglament\u00f3 la intervenci\u00f3n del Ministerio de Salud en el Sistema de Seguridad Social en Salud. (\u2026). Con fundamento en lo expuesto el Liquidador, designado en este caso por la Superintendencia Nacional de Salud ejerce funciones p\u00fablicas administrativas transitorias y, en consecuencia, y por virtud de lo dispuesto por el numeral 2\u00ba [del canon 295 del Decreto 663 de 1993] las decisiones que adopta son actos administrativos pasibles de control ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo\u2026 (\u00c9nfasis ajeno – CE, 8 jun. 2020, rad. 02200-00; citada en CSJ STC1153-2021, 12 feb., rad. 2020-00449-01; y reiterada en STC2001-2021, 3 mar., rad. 2020-00406-02). <\/p>\n
Frente al particular, esta Sala de Casaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
\u2026\u2018por tratarse de actos administrativos, el debate acerca de su legalidad cumple suscitarlo ante los Jueces Contencioso Administrativos competentes, a trav\u00e9s de las acciones previstas en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, de acuerdo con las circunstancias y particularidades que, a juicio del interesado, experiment\u00f3 la situaci\u00f3n que gener\u00f3 lo resuelto por la administraci\u00f3n y que es materia de inconformidad, a fin de generar las determinaciones con las cuales se obtenga el restablecimiento del derecho\u2026\u2019. Adem\u00e1s, en este escenario la interesada puede solicitar como medida cautelar la suspensi\u00f3n provisional del acto ilegal, raz\u00f3n por la cual no se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional ni siquiera como mecanismo transitorio. As\u00ed las cosas, y en vista de que no se cumple el requisito de la subsidiariedad, la Corte confirmar\u00e1\u2026, la decisi\u00f3n de primera instancia que resolvi\u00f3 negar el amparo\u2026 (CSJ STC, 9 dic. 2011, rad. 00330-01; reiterada en CSJ STC, 13 jul. 2012, rad. 00153-01). <\/p>\n
3. Lo consignado, entonces, impone infirmar el veredicto de primer rango, en tanto que la ayuda supralegal implorada no debi\u00f3 salir avante, por lo cual los pronunciamientos adoptados con ocasi\u00f3n de lo all\u00ed dirimido, de existir, quedan sin efecto alguno, seg\u00fan lo reglado en el art\u00edculo 7\u00ba del Decreto 306 de 1992.1 <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca la sentencia impugnada y, en su lugar, deniega el amparo rogado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y, en oportunidad, env\u00edese las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1 \u00ab\u2026Cuando el juez que conozca de la impugnaci\u00f3n o la Corte Constitucional al decidir una revisi\u00f3n, revoque el fallo de tutela que haya ordenado realizar una conducta, quedar\u00e1n sin efecto dicha providencia y la actuaci\u00f3n que haya realizado la autoridad administrativa en cumplimiento del fallo respectivo\u2026\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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